Esfuerzos de Brasil para luchar con los grupos criminales en las prisiones revelan las limitaciones de esta estrategia

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Durante los últimos meses, el gobierno del estado de São Paulo ha intentando realizar una tarea casi titánica: limitar el poder del grupo criminal dirigido desde la prisión más grande de Brasil, el Primer Comando Capital (PCC). Pero un éxito en el largo plazo requerirá de profundas reformas estructurales en el sistema judicial y penal.

En octubre de 2013, el gobernador del estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, dio a conocer un nuevo grupo de trabajo encargado de acabar con la estructura de mando del PCC. Su principal tarea es la de aislar a los líderes encarcelados del PCC de su base de operaciones. El gobierno también investigará los vínculos del grupo con los policías corruptos, dijo Alckmin, e instalará una nueva tecnología de bloqueo de teléfonos celulares en las prisiones de alta seguridad a lo largo del estado.

Con sede en São Paulo, pero con operaciones en Paraguay, Bolivia y en otros 22 estados del país, el PCC tiene un estimado de 11.000 miembros y controla una vasta y multimillonaria red criminal que incluye dentro de sus actividades tráfico nacional e internacional de drogas, prostitución, secuestro y extorsión.

El máximo líder del grupo, Marcos Willians Herbas Camacho, alias “Marcola”, fue capturado en 1999. En los años posteriores, Marcola y otros líderes influyentes del PCC han coordinado exitosamente actividades ilícitas desde la cárcel, comunicándose a través de terceros y de teléfonos celulares ingresados de contrabando.

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En mayo de 2006, el PCC orquestó ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad y los servicios de transporte público en las calles de São Paulo -una ciudad de 20 millones de personas- y contra 73 prisiones en todo el estado, paralizando durante días la actividad comercial.

Últimamente el grupo viene llevando a cabo una lucha contra la policía. Al parecer, también está aumentando gradualmente sus actividades a medida que se acerca la Copa Mundial.

Aunque los administradores de las prisiones en Brasil llevan mucho tiempo intentado limitar el contacto de los pandilleros con el exterior, el progreso es lento. Las autoridades aseguran haber incautado casi 35.000 teléfonos celulares a los reclusos solamente en 2012, lo que representa un teléfono por cada 15 presos, si se contrasta con la población penitenciaria nacional, sin embargo, las incautaciones no parecen haber tenido ningún impacto.

¿Cortar contacto con el exterior?

En enero, la gobernación inauguró el nuevo sistema de bloqueo de teléfonos celulares. Su primer objetivo fue la penitenciaria Mauricio Henrique Guimarães Pereira, un centro de máxima seguridad en el oeste del estado, la cual alberga a los principales líderes del PCC, entre ellos Marcola, Claudio Barbara da Silva, alias “Barbara”, y Celio Marcelo da Silva, conocido como “Bin Laden”.

Un mes después de este anuncio, la prensa local informó que el PCC estaba desarrollando un plan para liberar a Marcola y a otros tres líderes del grupo -incluyendo a Bin Laden- de sus celdas. El plan era complejo, y tenía tanto de una película de acción como de un reality show. Supuestamente implicó la compra de dos helicópteros, uno de los cuales cubriría al otro con una ametralladora, el cual recogería a los presos en un pequeño patio.

La policía dijo haber descubierto el plan por medio conversaciones telefónicas interceptadas, por lo que los administradores de las prisiones trasladaron a los aspirantes a fugitivos a confinamiento solitario. Pero el plan parecía, por lo menos exagerado, si no completamente ficción, y los medios de comunicación brasileños decidieron ignorarlo.

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Además, el plan reveló fallas en la estrategia de seguridad del gobierno para aislar las comunicaciones de los presos. Según el diario O Estado de São Paulo, el primero en publicar la historia, una de las últimas llamadas relacionadas con el plan de escape tuvo lugar desde el interior del centro penitenciario, en el que alias “Bin Laden” llamó por teléfono a un cómplice el 2 de febrero, dos días después de que el estado supuestamente implementara el sistema de bloqueo de teléfono dentro de las prisiones.

Camila Dias, una socióloga de la Universidad de São Paulo y miembro del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), dijo que esta historia trata más sobre política que sobre prisiones. Las elecciones para gobernador son en octubre, y publicar un dramático plan de escape puede afectar las decisiones del electorado.

“Hay una contradicción aquí: o bien los bloqueadores de señal no funcionaron, o las interceptaciones no eran recientes, o se utilizaron otras formas de intercepción”, dijo Dias. “Para mí, este supuesto plan no estuvo bien explicado, y está más relacionado con las recientes disputas políticas entre los diversos grupos del gobierno y la oposición con respecto a las próximas elecciones”.

Incluso sin teléfonos celulares, los presos poderosos tienen otros mecanismos de comunicación: enviar mensajes al exterior a través de visitantes, o sobornar o amenazar a los guardias para que pasen sus mensajes a los intermediarios.

Ya el PCC ha probado tener un historial de ordenar ataques sin depender de la comunicación móvil. En enero de 2007, un miembro del PCC conocido como “Carrefour” transmitió, a través de un abogado, un mensaje a un camarada en una prisión al otro lado del estado, en el municipio de Mauá, organizando el asesinato del administrador de una prisión.

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No exíste una formula probada de cómo el Estado debería reclamar su control de las cárceles. Las estrategias más comunes incluyen a aquellas que las autoridades han ensayado durante años obteniendo poco o ningún resultado: segregando a los líderes de la población general de la prisión, tomando medidas enérgicas contra el contrabando y restringiendo los privilegios.

Sin embargo, los reclusos siguen gozando de ventajas en diversos frentes. Su control total les permite reclutar a sus filas tanto a los prisioneros como a sus familias. Esto se facilita por el hecho de que las condiciones en las prisiones son muy precarias.

El hacinamiento en las instalaciones, los alimentos antihigiénicos y la falta de atención médica son comunes en el sistema penitenciario brasileño. En los cárceles de todo el país se niega sistemáticamente a los presos el acceso confiable a elementos básicos como jabón, papel higiénico y pasta de dientes. Estas prácticas sólo profundizan el poder de las pandillas.

“Como estas condiciones no se cumplen, una forma de sobrevivir es depender del suministro de ellas por parte del PCC (…) así como de su provisión de otras sustancias, como el tabaco y las drogas ilícitas. Como nada es gratis, el precio a pagar es la lealtad. Y por supuesto, esto refuerza aún más el poder del PCC”, dijo Dias del FBSP. “Las recurrentes violaciones y la represión por parte de las instituciones estatales refuerzan el poder del PCC, legitimando su discurso y fortaleciendo la lealtad entre sus miembros – la lealtad que los une en contra del Estado”.

Los guardias, los administradores de las prisiones, y sus familias también son vulnerables, y su pobre sueldo genera pocos incentivos para desafiar a las notoriamente sofisticadas y peligrosas pandillas, cuyos propios contactos llegan hasta los niveles más altos de las fuerzas de seguridad.

Ni siquiera los funcionarios de Estados Unidos tienen algún estándar probado o algún método que de verdad funcione para acabar con el control de las pandillas dentro de los centros penitenciarios, lo cual en ocasiones también se traduce en un significativo poder por fuera de la cárcel. Una encuesta de 2010 sobre las estrategias de gestión de pandillas, realizada por los especialistas en justicia criminal John Winterdyk y Rick Ruddell, encontró poco consenso entre los administradores de los centros penitenciarios en cuanto a “las mejores prácticas”. No encontraron un patrón claro entre los enfoques más exitosos, con un 75 por ciento de los encuestados reportando un incremento en la aficiliación a pandillas dentro de la prisión durante los últimos cinco años.

Así, con las herramientas estándar de los administradores de prisiones brasileñas, que son aparentemente inútiles contra la amplia influencia y capacidad del PCC para conectar a los líderes encarcelados con la parte operativa del negocio, ¿existe alguna esperanza de que São Paulo ponga freno a la influencia de las pandillas en el sistema penitenciario? Los expertos creen que sí, pero que no va a ser fácil.

Según Melina Risso del Instituto Sou da Paz, una organización que investiga el crimen y la violencia en São Paulo, la solución radica en un enfoque sistemático que se concentre en la reducción de la población carcelaria del país. La lógica es sencilla: a medida que las pandillas toman control de las cárceles, inundarlas con nuevos reclutas es contraproducente.

Se estima que actualmente hay 500.000 reclusos en el país, el tercer mayor número de presos en el mundo después de Estados Unidos y China. Parte de esto se debe a un sistema judicial basado en la detención preventiva, con un 40 por ciento los acusados en prisión bajo esta figura.

En 2012, los tribunales comenzaron a adoptar una ley aprobada el año anterior, que permitió a los jueces emitir sentencias alternativas, así, ciertos delincuentes cumplen su condena bajo arresto domiciliario haciendo uso de pulseras de seguimiento electrónico.

La ley está un paso adelante, pero Risso afirma que su progreso todavía está limitado.

“Aunque tenemos un marco legal, tenemos un poder judicial realmente conservador. Algunos jueces no están utilizando lo suficiente estas [sentencias alternativas]”, dijo Risso. “No las aplican porque que no confían en la estructura. Tenemos que invertir en estas, para demostrar que están siendo mucho más eficaces que la construcción de nuevas unidades penitenciarias”.

Pero mientras que la lucha contra el hacinamiento es un tema que sigue recibiendo cierta atención, las condiciones carcelarias en São Paulo y el país en general permanecen en una situación desesperada. Según Dias del FBSP, realmente acabar con los grupos en la prisión requiere de una mejora en la gestión básica de los centros penitenciarios.

Y mientras que los recientes titulares sobre violencia en las cárceles en el estado de Maranhão centraron brevemente la atención sobre las malas condiciones, este tema se escapó de la conciencia nacional en las semanas posteriores.

Por último, recuperar a las cárceles de São Paulo de las manos del PCC requerirá mucho más que aumentar la vigilancia, señalan estos analistas. Hasta que las autoridades no asuman una mayor responsabilidad por las necesidades básicas y el bienestar de los reclusos, el PCC y otros grupos rivales poderosos, seguirán siendo la única autoridad viable para quienes se encuentran detrás de las rejas.

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1 Comentario

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