Estados Unidos ha solicitado la extradición de varios esmeralderos colombianos por cargos relacionados con el tráfico de drogas, siendo la primera vez que las autoridades estadounidenses van tras miembros de la lucrativa industria esmeraldera del país, lo que posiblemente daría pie a una nueva cadena de acusaciones en el futuro.
Los fiscales de una corte federal de Florida acusaron a cuatro prominentes esmeralderos colombianos y a un político del departamento de Boyacá por conspirar para traficar cocaína entre 2002 y 2015. Según una denuncia presentada el 28 de julio, su red de tráfico de drogas se extendía a Colombia, Venezuela, México, Haití y la República Dominicana.
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A raíz de estos cargos, Estados Unidos ha solicitado la extradición de José Rogelio Nieto, exalcalde de Coper, en el departamento de Boyacá, así como de los hermanos Gilberto, Omar y Pedro Rincón y de su cuñado Horacio Triana, todos los cuales han ocupado destacadas posiciones en la lucrativa industria esmeraldera de la región.
Gilberto Rincón dirige actualmente el negocio de la minería de esmeraldas de la familia y se desempeña como concejal local. Sus hermanos, Omar y Pedro Rincón, se encuentran encarcelados por sendos cargos de homicidio. Triana también fue arrestado en 2016 por cargos de intento de asesinato.
Según Semana, Estados Unidos podría solicitar en extradición a jueces, fiscales y un periodista por cargos de obstrucción a la justicia en este caso.
Análisis de InSight Crime
Esta sería la primera vez que Estados Unidos solicita la extradición de importantes figuras vinculadas al lucrativo y violento sector esmeraldero de Colombia. Pero a pesar de que hay abundantes sospechas sobre algunas de las posibles acciones ilegales de los acusados en torno al comercio de minerales, que a menudo ha estado vinculado a la criminalidad, Estados Unidos ha optado por solicitar a los sospechosos solamente por cargos de narcotráfico.
Petrit Baquero, quien en su libro "La nueva guerra verde" presenta evidencias de los vínculos entre esmeralderos de Boyacá y diversos grupos del crimen organizado, le dijo a InSight Crime que la región de Boyacá "siempre ha sido un terreno fértil para el lavado de dinero porque las esmeraldas son caras y el costo se determina con base en lo que el mercado está dispuesto a pagar […], por lo que es muy fácil lavar dinero, y en muchos casos se trata de dinero de la droga".
Baquero dijo además que Triana y los hermanos Rincón "son importantes esmeralderos" que "siempre, desde el principio, han estado vinculados a actividades ilegales y al tráfico de drogas".
Triana y los Rincón han sido relacionados con diversos grupos ilegales, entre ellos las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como mafias locales y narcotraficantes, dijo Baquero.
Sin embargo, la acusación de Estados Unidos contra ellos no menciona las esmeraldas ni el lavado de dinero —sólo la conspiración para traficar cocaína—. Esto ejemplifica el patrón tradicional de las solicitudes de extradición que Estados Unidos hace por cargos de tráfico de drogas para personas que presuntamente han cometido crímenes en su país de origen, que incluso podrían ser más graves.
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Por ejemplo, Colombia extraditó a 14 exlíderes paramilitares de las AUC a Estados Unidos en 2008 para que enfrentaran cargos de narcotráfico, a pesar de que algunos de estos líderes estaban acusados de "crímenes de lesa humanidad" en Colombia, como desplazamientos masivos, asesinatos y desapariciones forzadas.
Más recientemente, y en otro contexto, Estados Unidos solicitó la extradición del exministro de Gobierno de Guatemala, Mauricio López Bonilla, y de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, por cargos de narcotráfico. Ambos exfuncionarios están acusados de participar en una amplia gama de actividades criminales; pero, una vez más, Estados Unidos solamente los está enjuiciando por las actividades relacionadas con las drogas.
Quizá esto se debe a que Estados Unidos necesita establecer jurisdicción jurídica sobre los casos de extranjeros sospechosos de haber cometido delitos en otros países. Para las autoridades estadounidenses sería difícil argumentar que tienen jurisdicción sobre crímenes como lavado de dinero, corrupción o incluso asesinato, si esos crímenes se producen enteramente en otro país y sólo involucran víctimas y autores extranjeros. Sin embargo, para Estados Unidos resulta mucho más fácil demostrar jurisdicción en casos de conspiración para el tráfico de drogas, si los fiscales logran argumentar que el propósito de la conspiración era introducir drogas a Estados Unidos.
Baquero dijo que los sospechosos de Boyacá "tienen bastante sobre lo que rendir cuentas, incluyendo muchos asesinatos y hasta masacres". Pero se pregunta si las instituciones colombianas serían capaces de hacer justicia en sus casos. Y señaló que la extradición, incluso si es sólo con relación a los cargos de narcotráfico, podría generar un efecto disuasivo más eficaz.
Los sospechosos "todavía tienen mucho poder en Colombia", dijo Baquero. "Y pueden llegar a convertirse en jefes de las cárceles […] Creo que estas personas, que son reconocidas aquí como importantes esmeralderos —no como narcotraficantes—, le temen a la extradición".
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