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ANÁLISIS

Espacios para desmovilizados, otro reto para la paz en Colombia

COLOMBIA / 1 NOV 2019 POR MARÍA FERNANDA RAMÍREZ ES

El asesinato de un exguerrillero en un campamento de reincorporación colombiano ha disparado la incertidumbre de los excombatientes desmovilizados de las antiguas FARC sobre su seguridad, inclusive en los lugares dispuestos para su protección.

El 24 de octubre, Alexánder Parra, exguerrillero que sirvió 30 años en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue asesinado presuntamente por un sicario enmascarado en el campamento de reincorporación de Mesetas, en el departamento de Meta, centro del país. Aunque desde la firma del acuerdo de paz en 2016, han sido asesinados por lo menos 158 excombatientes, Parra fue el primero contra el que atentaron dentro de uno de esos territorios, conocidos como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

El homicidio de Parra, pareja de una candidata local por el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), conmocionó a los excombatientes. Tras el hecho, el presidente Iván Duque ordenó refuerzos de seguridad para los ETCR, pero es posible que el daño sea irreversible.

Actualmente se encuentran en funcionamiento 24 ETCR en los que habitan más de 3.000 exguerrilleros de las FARC. Estos espacios se implementaron en el marco del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC como lugares para que los excombatientes hicieran su transición a la vida civil.

El mandato de los campamentos, que tenían una disposición provisional, expiró en agosto, pero poco después el gobierno anunció que esos espacios se transformarían en permanentes.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Paz con las FARC

El 9 de septiembre de 2019, el gobierno expidió el Decreto 1629, que adicionó funciones a la Agencia para la Reincorporación y para la Normalización (ARN), organismo encargado de reinsertar a los exguerrilleros. Esas nuevas funciones incluyeron administrar los inmuebles que requiera la Fuerza Pública, así como los bienes y servicios de los espacios..

Análisis de InSight Crime

Los espacios de capacitación y reincorporación, que debían brindar paz y seguridad a los excombatientes, se encuentran ahora en un limbo legal en medio del desmoronamiento del proceso de paz, y con ellos los desmovilizados.

Aunque en el mes de agosto el gobierno expidió un nuevo decreto para los ETCR, este no ofreció muchas respuestas concretas. No estipula la vigencia de los mismos, ni tampoco establece una figura de transición que dicte su empleo y administración futuros.

El gobierno también ha manifestado la idea de que los espacios transitorios se conviertan en sitios permanentes como veredas, centros poblados o corregimientos, pero esto no siempre será posible. En mayo del presente año, se anunció que 11 de esos ETCR serían sujetos de reubicación, debido a que están localizados en zonas especiales, donde no es posible fundar asentamientos permanentes.

Y el actual decreto no aclara la responsabilidad de la ARN en la adquisición de nuevos terrenos para los espacios. Esto solo ha creado una profunda zozobra entre las comunidades que han convertido estos territorios en sus hogares.

También es incierto si se mantendrá la financiación para la fuerza pública que resguarda la seguridad en los espacios por medio de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), y el Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET) del Ejército Nacional.

VEA TAMBIÉN: Ejecución extrajudicial agrava perspectivas para reincorporación de ex-FARC en Colombia

Mientras tanto, los excombatientes han cuestionado la capacidad de la fuerza pública para protegerlos. Esto se evidenció en las visitas que hizo InSight Crime por todo el país a estos espacios territoriales.

Por ejemplo, en el ETCR La Carmelita, de Puerto Asís, Putumayo, los excombatientes se quejaron de las amenazas constantes a su seguridad dentro del espacio. A esto se suma que, en Mesetas, algunos desmovilizados le contaron a InSight Crime que existía un alto nivel de desconfianza frente a la capacidad de la fuerza pública para garantizar su seguridad.

Esas críticas no harán más que agudizarse después del asesinato de Parra, quien era también empleado del ARN.

En el caso del ETCR de Vidrí, en Antioquia, el gobierno aseguró que ya se había cumplido la misión del espacio y lo cerró. Pero las autoridades parecieron hacer caso omiso de las alertas de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaba incursionando en la zona desde finales de 2017. En septiembre de 2019, el ELN logró tomarse el territorio donde estaba el ETCR.

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