Por lo alto, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén insiste en que no dialogará con la pandilla MS13, que a principios de enero de este año hizo pública una nueva propuesta de negociación que esta vez incluye su propia desarticulación. Las señales más recientes provenientes del gobierno indican que la propuesta no será tomada en serio. Sin embargo, hay otras señales de que podría estarse gestando un intento paralelo de conversaciones no oficiales.
El 9 de enero, a través de una carta que hizo pública El Faro, otro líder de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) en la calle, quien dijo hablar por toda la organización, hizo pública la propuesta de sentarse a negociar con el gobierno salvadoreño e incluso de permitir a sus miembros salirse de la pandilla como mecanismo de desarticulación.
Esta no es la primera vez que la pandilla más grande del país propone un diálogo; ya lo había hecho en marzo del año pasado, en el marco de la ejecución de medidas "extraordinarias" de seguridad por parte del gobierno salvadoreño y de la incipiente tendencia de reducción en los homicidios. Sin embargo, la de enero pasado fue la primera vez en que la MS13 habló abiertamente de una desarticulación.
El gobierno, o al menos su gabinete de seguridad, parece no creerle a la MS13.
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El más reciente oficial en hablar ha sido el ministro de Seguridad Pública, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, un policía de carrera. Ramírez, como lo había hecho antes el director de la policía, descartó el diálogo.
"No es cierto, ellos no están abandonando esta situación […] No hay intención de parte de las estructuras de las pandillas de establecer un diálogo con el gobierno y menos de desarticularse", dijo el ministro a un canal de televisión local.
No bstante, también hay silencios significativos en esta discusión: el presidente Sánchez Cerén, que antes se había pronunciado con respecto a propuestas similares, aún no ha dicho nada.
Fuentes del Ejecutivo salvadoreño han dicho a InSight Crime que el gobierno aún no descarta seguir de cerca una eventual participación de la Iglesia católica en diálogos con líderes pandilleros.
Otro escenario para posibles discusiones podría ser gestionada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de un nuevo enviado especial a El Salvador, cuyo objetivo es "facilitar el diálogo nacional". Sin embargo, tanto el gobierno como la ONU evitaron referirse directamente a las pandillas el 16 de enero, cuando presentaron al enviado, a propósito del XXV aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador.
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, quien fue el principal gestor de la llegada del enviado de la ONU, dijo hace poco a la Revista Factum que el gobierno estaría dispuesto a oír lo que salga del trabajo de los diálogos impulsados por la ONU.
Todavía hay poca claridad y la señales desde el gobierno aún son mixtas, una diferencia respecto a ocasiones de diálogos anteriores.
Luego está, por supuesto, lo que ocurre en la calle.
La baja en homicidios y enfrentamientos
La propuesta de la MS13 llegó a pocos días del final de 2016, un año menos violento que el anterior, cuando pandillas y Estado se enfrascaron en una especie de guerra de baja intensidad que, en 2015, terminó causando gran parte de los 6.640 homicidios registrados ese año.
Si bien los homicidios en 2016 fueron menos, la cifra continuó siendo bastante elevada. El año pasado cerró con poco menos de 5.300 asesinatos, lo que significa unos 14 al día y una tasa de 81 por cada 100.000 habitantes.
De cualquier forma, entre febrero y marzo de 2016 tanto las pandillas como el gobierno intentaron adjudicarse el mérito en las bajas parciales de homicidios que empezaron a registrarse en esos meses.
En marzo, las pandillas hicieron propuestas tímidas de diálogo e incluso anunciaron treguas unilaterales parciales, a las que también intentaron atribuir la baja en los homicidios.
La administración de Sánchez Cerén atribuyó los leves descensos en los índices a las “medidas extraordinarias” aplicadas por su gobierno, incluidas en un paquete de disposiciones legales transitorias que otorgan libertades operativas a la policía y ratifican la participación del ejército en funciones de seguridad pública.
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En la práctica, el gobierno se ha embarcado en una nueva versión de la "mano dura" sobre el terreno, enfocada esta vez en la persecución policial de líderes pandilleros y en la desarticulación de clicas. Según denuncias y avisos hechos por la Procuraduría de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales e incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos, las acciones gubernamentales han incluido, no pocas veces, acciones ilegales como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones.
En la narrativa oficial, buena parte de las acciones contra las pandillas se saldan en "enfrentamientos" que concluyen con puñados de pandilleros muertos en supuestos intercambios de disparos en los que muy pocas veces se reportan bajas en el lado de la fuerza pública.
El gobierno se ha negado a responder con contundencia a los señalamientos, pero parece resultarle cada vez más difícil obviarlos, sobre todo después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitiera un hábeas corpus para aclarar la desaparición de tres jóvenes a manos del ejército en 2014 en Armenia, un pueblo agrícola al occidente del país.
Las pandillas, por su lado, han solido responder con ataques focalizados a agentes de la fuerza pública y sus familiares. En 2016 poco menos de 50 policías murieron por ataques individuales atribuidos a grupos pandilleros; una veintena de soldados corrieron la misma suerte.
La propuesta más reciente de la MS13 se da en un contexto de constante violencia –en una guerra entre el Estado y las pandillas. Parece, por un lado, que las acciones del gobierno, legales e ilegales, han hecho mella en los grupos pandilleros. Y, por otro, que las pandillas, sobre todo la MS13, siguen utilizando la violencia, sobre todo los homicidios y la extorsión, como monedas de cambio para impulsar su interacción con las autoridades. Eso fue algo para lo que el mismo Estado ya les había dado luz verde en 2012.
Las pláticas secretas pasadas y las posibilidades futuras
El gobierno de Mauricio Funes y sus más cercanos colaboradores negociaron con las pandillas en 2012. Representantes del presidente electo Salvador Sánchez Cerén también negociaron con las pandillas en 2014. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el poder desde 2009, negoció votos con las pandillas . El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el principal de oposición, también negoció votos. Hoy, cuando por primera vez la más grande de las pandillas pone en la mesa incluso la posibilidad de desarticularse, nadie quiere hablar con ellos; al menos en apariencia.
La tregua de 2012, además de provocar durante medio año una baja incontestable en los homicidios, dio a las tres pandillas más importantes del país —la MS13 y las dos facciones del Barrio 18, Los Revolucionarios y Los Sureños —, una condición de beligerancia política temporal basada en el uso selectivo de la violencia.
Es a esa beligerancia que las pandillas siguen apelando hoy, en distintas condiciones, para hablar de negociación como única forma de salida a la violencia.
Si se escucha a los responsables de la seguridad pública, el Estado sigue estando dispuesto a llegar hasta el final con sus medidas extraordinarias y su tolerancia a los abusos ya señalados por casos como el de Armenia. El silencio del presidente Sánchez Cerén, por otro lado, parece marcado por cálculos políticos que aún no terminan de sumar a favor del diálogo.
La posible participación de la Iglesia católica, esta vez con todo el apoyo institucional del cuerpo de obispos y la representación diplomática del Vaticano (la Nunciatura local), así como los susurros sobre una posible participación de la ONU, parecieran indicar que algunas dinámicas podrían ser diferentes.
Sin embargo, hasta el momento nada termina de indicar que eso vaya a concluir en un diálogo productivo, aun después de la propuesta de la MS13 y de las buenas intenciones de los obispos católicos.
Y mientras tanto, en El Salvador, los asesinatos siguen dándose al macabro ritmo de 12 por día.
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