Los gobiernos estatales de México están fallando en utilizar los fondos federales para depurar la policía, un claro ejemplo de cómo la falta de coordinación y seguimiento pueden hundir planes bien diseñados.
Según informó Milenio, durante el primer semestre de 2013, 31 estados de México, además del Distrito Federal, no lograron hacer uso del 88 por ciento de los fondos federales disponibles para ellos, para realizar la investigación de sus cuerpos policiales. Los fondos iban a ser utilizados en una amplia gama de medidas, como las pruebas de drogas y del polígrafo. En 2012, los estados dejaron de gastar el 33 por ciento de los fondos disponibles, esencialmente dejando aproximadamente US$190 millones sobre la mesa.
En parte como consecuencia de ello, los programas que enviarían a la policía estatal a los procesos de investigación desafortunadamente están retrasados. De hecho, la información fue hecha pública por la Cámara de Diputados cuando la Cámara Baja emitió una extensión de la fecha límite para el pleno escrutinio de la policía estatal. Aunque se les había pedido completar los programas antes del 29 de diciembre de 2013, ahora los estados tendrán hasta octubre de 2014.
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Debido a los antecedentes de los oficiales de la policía, en todos los niveles, que trabajan con grupos criminales locales, la realización de programas de control de calidad, tanto en el estado como en los departamentos policiales locales, se considera una tarea de vital importancia. Por otra parte, esta es una de las pocas iniciativas llevadas a cabo en México en los últimos años que ataca directamente el problema. Aunque una sola investigación de toda la policía del país no sería suficiente para romper definitivamente con los antiguos patrones de corrupción, iría mucho más lejos en dirección hacia la solución del problema, que todos los helicópteros transferidos en la Iniciativa Mérida.
Análisis de InSight Crime
Esta no es la primera vez que los legisladores han marcado los problemas con la capacidad de los gobiernos estatales y locales para depurar los departamentos de policía de los elementos corruptos. En febrero de 2011, sólo el 8 por ciento de todos los policías estatales se había sometido a una evaluación completa de su competencia y honestidad. En noviembre de 2011, el entonces presidente Felipe Calderón se enfrentó con los gobernadores a quienes culpó de la lentitud de la investigación. Los gobernadores respondieron en el momento que el ritmo de la reforma policial no era realista. Sin embargo, más de dos años después, persistieron los mismos problemas, lo que sugiere que un ritmo demasiado ambicioso no es el único problema.
Ejemplos similares de los gobiernos estatales y locales, fallando en tomar ventaja de los fondos federales puestos a disposición para abordar los problemas de seguridad, han surgido periódicamente. En febrero de 2011, El Universal informó que una multitud de estados gastó menos de la mitad de sus gastos federales para la capacitación del personal y la renovación de las instalaciones durante el año anterior. Sólo dos estados gastaron todo su dinero asignado.
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Estas cifras, y otras como ellas, hablan de dos problemas profundamente conectados. El primero es la falta de coordinación entre los gobiernos federales y subnacionales. Hay poco beneficio en la realización de nuevas inversiones en el aparato de seguridad si las agencias y los gobiernos responsables de la administración de las inversiones no están en la misma página. En tales casos, el dinero se puede desperdiciar o, como indican las historias anteriores, simplemente se puede quedar sin usar. Pero, en cualquier caso, es de poco beneficio. En términos más generales, la presencia de diferentes organismos gubernamentales, trabajando con propósitos cruzados, limita su capacidad para cumplir una tarea tan monumental como lo es la mejora de la seguridad pública de México.
En relación a esto, los gobiernos estatales y locales parecen haber perdido la capacidad de absorción de tomar ventaja de los cientos de millones de dólares que tienen a su disposición. Los gastos federales abordan defectos claros en los gobiernos subnacionales, desde equipo obsoleto hasta niveles persistentes de corrupción. En teoría, el dinero federal debería permitir a estos gobiernos hacerle frente a los grupos criminales sin depender de la ayuda federal. Sin embargo, los líderes de estos gobiernos no son capaces de tomar las medidas básicas para abordar estas deficiencias, incluso cuando se les da todo el dinero necesario para hacerlo.
Esto no es una gran sorpresa. A lo largo de siete décadas, bajo el altamente centralizado sistema del PRI, hubo poca autonomía para los gobiernos estatales y locales, y los efectos de este enfoque para el gobierno siguen siendo evidentes hoy en día. El mero hecho de que los gobiernos locales sean tan dependientes de las transferencias federales para sus ingresos es un hecho significativo.
Desde el punto de vista de combatir a las pandillas transnacionales y cerrar el espacio en el que operan, la falta de capacidad local es preocupante. No habrá una solución duradera a los males de seguridad de México sin agencias estatales y locales más capaces. Es de interés de todo el mundo reducir la dependencia en las tropas federales -en especial de las fuerzas armadas- en las calles de México, y el único sustituto son las fuerzas locales. Pero esta falta de capacidad de absorción sugiere que tirar dinero al problema no es una solución.
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