Corren rumores de que se está investigando a casi tres docenas de alcaldes, diputados, jueces, y oficiales del ejército y la policía en Honduras por conexiones con un cartel de drogas, una investigación que podría ser explosiva en cuanto ayudaría a poner al descubierto los profundos nexos entre las élites y el crimen organizado en ese país.
Según una fuente anónima consultada por La Prensa, agentes de inteligencia hondureños y estadounidenses investigan a 35 personas, entre ellos a ocho alcaldes, nueve diputados, dos jueces, cuatro oficiales activos del ejército, tres empresarios y un número no revelado de agentes de policía. No se divulgaron los nombres de los sospechosos para evitar interferencias en la investigación en curso, informó La Prensa.
Estas personas son sospechosas de trabajar con el cartel del Atlántico, organización criminal asentada en los departamentos de Copán y Ocotepeque, al occidente de Honduras, donde operaba el clan de los Valle Valle, puntualizó la fuente. Esta añadió que el cartel del Atlántico tiene “alianzas importantes” con el cartel AA, que supuestamente dirige Alexánder Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán.
La Embajada de Estados Unidos en Honduras anunció el 7 de octubre que el presunto jefe del cartel, Wilter Neptaly Blanco Ruiz, es objeto de investigación por narcotráfico y corrupción junto con otros siete sospechosos, como Carlos Alberto Maradiaga Izaguirre, oficial de las Fuerzas Armadas hondureñas. La embajada siguió este anuncio con una declaración del 10 de octubre donde anunciaba que Santos Rodríguez Orellana, capitán de las Fuerzas Armadas Hondureñas, estaba bajo investigación por cargos similares.
Las Fuerzas Armadas Hondureñas anunciaron poco después que había suspendido a los dos capitanes investigados. Maradiaga Izaguirre ha negado vínculos con el crimen organizado.
Según La Prensa, la investigación se intensificó luego de un ataque reciente contra varios agentes antidrogas de Estados Unidos en un operativo bilateral de seguridad en San Pedro Sula. Los agentes conducían un vehículo blindado cuando se vieron atacados por artillería pesada por parte de sospechosos de pertenecer al cartel del Atlántico. (Vea la foto de La Prensa abajo)
Se dice que los investigadores dieron al grupo de casi tres docenas de sospechosos el apodo de “Los Piratas del Caribe” por su capacidad de eludir los controles aéreos y marítimos. Según un informe de inteligencia, se sospecha que uno de los miembros de las fuerzas armadas bajo investigación manipulaba el sistema de radar del país, que monitorea el movimiento de aviones con droga.
Cinco agentes de la policía hondureña extraditados en julio a Estados Unidos por acusaciones de tráfico de armas y de narcóticos han entregado información sobre el caso a las autoridades estadounidenses, según la fuente de La Prensa.
Análisis de InSight Crime
Tomados en conjunto, el reportaje de La Prensa y los comunicados de la Embajada de Estados Unidos pintan un cuadro espantoso de la magnitud de la corrupción en Honduras. Aunque está por confirmarse el reportaje del periódico, es poco probable que la embajada hubiera hecho sus recientes pronunciamientos sin evidencia creíble de acciones criminales.
“Deben tener pruebas irrefutables y han dado los nombres [de los sospechosos] por alguna razón que desconocemos”, comentó Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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Las informaciones pueden ser también una señal de que al gobierno estadounidense se le está agotando la paciencia con sus contrapartes hondureñas. La embajada solicitó una minuciosa investigación sobre el homicidio de la reconocida activista Berta Cáceres, y aplaudió los arrestos de cuatro sospechosos en mayo. Pero en un raro y bochornoso giro, a comienzos de octubre se dio a conocer la noticia de que el expediente sobre el homicidio de la activista había sido robado. Dos los sospechosos están ligados a una empresa que construye una represa a la que Cáceres se oponía, y muchos creen que altos funcionarios del gobierno y directivos de la empresa son cómplices en el homicidio.
Otras indicaciones de lo arraigado de la corrupción entre las élites en Honduras saltó a la palestra el año pasado luego del arresto en Miami de Yankel Rosenthal, heredero de una de las familias más adineradas y con mejores conexiones políticas en Honduras. La familia es sospechosa de tener tratos ilícitos con la organización narcotraficante Los Cachiros.
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Y en abril, el New York Times publicó como primicia documentos oficiales que implicaban a 25 oficiales de policía hondureños, incluyendo a dos exdirectores de la policía nacional, en el magnicidio del zar antidrogas del país en 2009. Ahora se investiga a los agentes porque podrían trabajar con el cartel del Atlántico y con Blanco Ruiz, quien supuestamente ordenó el golpe contra el jefe antinarcóticos. Pero los documentos indican un encubrimiento sistemático de los crímenes, que se prolongó por años, escribió en aquel momento el diario estadounidense.
“Había un pacto de silencio”, dijo al Times la periodista hondureña Thelma Mejía.
En 2015, las autoridades hondureñas se incautaron de más de 140 propiedades pertenecientes a Blanco Ruiz, pero se cree que sigue operando en la región Mosquitia de la costa nororiental del país.
Por ahora, el reportaje de La Prensa y los comunicados de la embajada dejan más preguntas que respuestas. Pero las investigaciones en desarrollo podrían poner al descubierto una capa más de corrupción de alto nivel en un país que sigue acosado por revelaciones de actividad corrupta protagonizada por las élites y el crimen organizado.