Estados Unidos no debería exportar el ‘éxito’ de la guerra de Colombia contra las drogas

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Estados Unidos le está pagando a Colombia para que ofrezca entrenamiento a las fuerzas de seguridad de Centroamérica, pero no ha evaluado si esta medida es beneficiosa o perjudicial. Es hora de que las autoridades comiencen a preguntarse acerca de cuáles aprendizajes del ejército colombiano es conveniente exportar.

Según cálculos del gobierno colombiano, sus fuerzas de seguridad han matado al menos a 4.475 civiles. Más de 5.000 agentes del Estado se han visto implicados en estas muertes. Según el gobierno de Estados Unidos, el ejército colombiano continuó matando civiles hasta el 2014.

Sin embargo, documentos del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos muestran que el país norteamericano aumentó los fondos este año para un programa mediante el cual se le paga a Colombia para exportar sus conocimientos en materia de derechos humanos y guerra contra las drogas, a pesar de las grandes inquietudes en materia de derechos humanos que despierta esta estrategia bastante invisible.

Desde 2007, y con mayor intensidad desde 2011, Estados Unidos les ha pagado a las fuerzas de seguridad colombianas para que entrenen al ejército y la policía de Centroamérica, el Caribe, México, Paraguay, Perú, e incluso África Occidental, en tácticas antinarcóticos.

Según documentos obtenidos mediante solicitudes de la Ley por la Libertad de la Información (FOIA por sus iniciales en inglés), en 2014 Estados Unidos apoyó al país en el entrenamiento de 6.526 policías y soldados de 10 países del hemisferio Occidental, entre los que se encuentran Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá —más de cinco veces el número de personal entrenado en 2013—. En el año 2015, el Ministerio de Defensa colombiano informó que este programa se expandió a varios países del Caribe. Los cursos incluyen temas relacionados con el narcotráfico, que van desde un entrenamiento de fuerzas especiales durante seis meses en Honduras y tres semanas de ejercicios de combate fluviales en Panamá, hasta instrucción sobre inteligencia policial en El Salvador y Guatemala.

Dada la arremetida de acusaciones contra los altos rangos del ejército colombiano, los contribuyentes estadounidenses deberían exigir detalles sobre qué enseñanzas están siendo exportadas a miembros de fuerzas de seguridad de México, el Caribe y Centroamérica que han sido notoriamente corruptos y abusivos.

Colombia comenzó a desempeñar este papel con la capacitación de la policía afgana. Debido a diversos factores, como diferencias en los contextos de seguridad, los resultados no fueron lo que las autoridades esperaban. En 2009, las fuerzas colombianas empezaron a intensificar y ampliar sus programas de entrenamiento a fuerzas de México y Centroamérica, dado que las crisis de seguridad en esos países se estaban agudizando.

Aunque la existencia de este tipo de entrenamientos no es ningún secreto (de hecho los gobiernos participantes lo promueven públicamente), algunos detalles claves no son divulgados. Desde 2009, el ejército y la policía de Colombia han capacitado a 30.000 miembros de fuerzas de seguridad en más de 60 países. Estados Unidos ha financiado parte de estos entrenamientos, especialmente en el hemisferio Occidental. Sin embargo, hay poca información sobre exactamente quién ha recibido esta formación y cuántos dólares estadounidenses han recibido estos programas.

Los resultados de la formación en seguridad colombiana apoyada por Estados Unidos no son monitoreados o evaluados por la rama legislativa o federal. Esta falta de información hace casi imposible saber si este programa tiene algún efecto positivo, o si está haciendo más perjudicial que beneficioso.

Además, el Congreso ha hecho pocos cuestionamientos, a pesar del riesgo evidente de contratar los servicios de entrenamiento de un aparato de seguridad que regularmente se ha visto implicado en torturas, desapariciones, corrupción y lo que Human Rights Watch ha denominado ejecuciones extrajudiciales “generalizadas y sistemáticas”.

Dada la arremetida de acusaciones contra los altos rangos del ejército colombiano, los contribuyentes estadounidenses deberían exigir detalles sobre qué enseñanzas están siendo exportadas a miembros de fuerzas de seguridad de México, el Caribe y Centroamérica que han sido notoriamente corruptos y abusivos.

Exportando el “éxito” de la guerra colombiana contra las drogas

El gobierno de Estados Unidos ha justificado esta estrategia con base en la idea generalizada de que la guerra contra las drogas apoyada por Estados Unidos tuvo éxito en Colombia. Según datos de Security Assistance Monitor, de los casi US$10 mil millones que Estados Unidos asignó al Plan Colombia entre los años fiscales 2000 y 2015, casi US$7 mil millones estuvieron dirigidos a entrenar, ayudar, instruir y equipar fuertemente al ejército y la policía del país. Durante este tiempo, las fuerzas de seguridad aumentaron sus victorias contra la guerrilla de las FARC, los secuestros disminuyeron y miles de paramilitares se desmovilizaron. Sin embargo, otros problemas de seguridad persistieron, mutaron o incluso se profundizaron en el país, mientras que los ciudadanos, especialmente la población más vulnerable de Colombia, sufrió los altos costos de la guerra.

Muchos de los aspectos abordados por el Plan Colombia, como producción y tráfico de drogas, crimen organizado y las violentas confrontaciones por los mercados locales y los corredores de tráfico internacionales de drogas, simplemente emigraron. Y los mismos problemas se intensificaron, primero en México y después por toda Centroamérica, que se ha convertido en una de las regiones más violentas del mundo. En Colombia, otras formas de violencia, como el desplazamiento forzado y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por tropas del ejército, se intensificaron durante el momento de más ayuda militar de Estados Unidos.

A pesar de la falta de información sobre el impacto real de este programa, Estados Unidos aumenta anualmente el entrenamiento en seguridad ofrecido por Colombia.

La principal razón por la que Estados Unidos apoya fuertemente esta estrategia es por cuestiones económicas. Es mucho menos costoso para Estados Unidos pagar el hospedaje, la alimentación y el equipamiento militar de un aprendiz que financiar el viaje al extranjero de un escuadrón de instructores. Además le permite a Estados Unidos dejar una “huella menos perceptible” en varios países sin la impresión negativa de una gran presencia militar.

Los funcionarios estadounidenses también ven esta estrategia como un retorno de la inversión. En una audiencia del Congreso en 2013, William Brownfield, asistente del secretario adjunto de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, señaló: “Es un dividendo que obtenemos por haber invertido más de US$9.000 millones en apoyo al Plan Colombia”.

Esta es también es una opción atractiva para las fuerzas armadas de Colombia. En caso de que el gobierno llegue a un acuerdo de paz con los guerrilleros de las FARC, poniendo fin al conflicto armado del país que ha durado 51 años, las fuerzas armadas necesitarán nuevas misiones para poder mantener su presupuesto y sus filas.

A pesar de la falta de información sobre el impacto real de este programa, Estados Unidos aumenta anualmente el entrenamiento en seguridad ofrecido por Colombia. En 2013, Estados Unidos apoyó 39 actividades de capacitación. En 2014, ese número se incrementó a 152, y se prevé que para 2015 llegará a 205.

Aunque Colombia paga los salarios de los entrenadores, Estados Unidos costea los viajes, el alojamiento y la alimentación de instructores y alumnos.

Desde 2013, el número de soldados que recibieron entrenamiento de militares colombianos con apoyo de Estados Unidos ha aumentado 720 por ciento. Documentos del Departamento de Defensa muestran que hubo apoyo para 179 alumnos en 2013, 696 en 2014, y se estima que unos 1.470 recibirán capacitación en el año 2015. Este año Guatemala, República Dominicana y El Salvador serán los principales destinatarios.

El número de miembros de la policía que reciben cursos de entrenamiento coordinados por el Departamento de Estado aumentó casi 600 por ciento, con cifras que van desde 848 alumnos en 2013 a 5.830 en 2015. La policía hondureña es de lejos el mayor beneficiario, con 3.068 miembros de la policía nacional que participarán en el programa este año.

México ha sido el mayor receptor de entrenamiento de militares y policías colombianos, pero ello se debe en gran parte a un acuerdo entre Colombia y México. Según el gobierno colombiano, la policía nacional del país entrenó a 10.310 policías mexicanos entre 2009 y 2013.

Muchos de estos cursos se dan en Colombia, pero los instructores también viajan a los países receptores, bien sea para entrenamientos cortos o por períodos prolongados para enseñar en escuelas de guerra o en academias de policía. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos han confirmado que aunque Colombia paga los salarios de los entrenadores, Estados Unidos costea los viajes, el alojamiento y la alimentación de instructores y alumnos. Estados Unidos también proporciona equipos y suministros, como municiones y combustible.

El Departamento de Defensa ha gastado unos US$4 millones desde 2013, mientras que el Departamento de Estado invirtió unos US$12 millones solo en el programa de 2014, principalmente mediante la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI por sus iniciales en inglés), el principal paquete de ayuda de Estados Unidos a Centroamérica. No se sabe cuánto se gastó en años anteriores o cuánto se destinará para CARSI 2016. Además, el presupuesto asignado por la Cámara de Representantes para el Departamento de Estado en 2016 incluye US$10 millones para que Colombia entrene a policías a nivel mundial.

Además de financiar y coordinar cursos de entrenamiento impartidos por Colombia, Estados Unidos también ofrece abundante infraestructura. El gobierno estadounidense apoyó la construcción de una escuela policial con instructores colombianos en Tegucigalpa, Honduras, y desde 2009 ha invertido casi US$98,7 millones de fondos del Departamento de Defensa en un Centro Regional de Entrenamiento en Helicópteros en Melgar, Colombia, que organiza cursos de aviación, particularmente para la policía federal mexicana.

Estos problemas de transparencia y confiabilidad en los instructores colombianos no se dan sólo en Estados Unidos. Desde 2012, Canadá también ha estado ofreciendo un programa similar con Colombia, como una parte clave de su asistencia en seguridad para Centroamérica. Pero como ocurre con los programas patrocinados por Estados Unidos, los datos sobre los entrenamientos financiados por Canadá no se han divulgado públicamente.

La exportación de seguridad colombiana y los riesgos para los derechos humanos

Una preocupación central relacionada con el hecho de que Estados Unidos utilice las fuerzas de seguridad de Colombia para ofrecer capacitación es el asombroso registro de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército. Los militares del ejército colombiano son investigados por el asesinato de más de 4.475 civiles. Estos asesinatos, conocidos como “falsos positivos”, típicamente involucraban la ejecución de hombres jóvenes que posteriormente los soldados vestían con uniformes de la guerrilla con el fin de registrarlos como combatientes enemigos muertos en batalla. Como lo expone un reciente informe de Human Rights Watch sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, existe fuerte evidencia de que varios generales y coroneles “sabían o deberían haber sabido” sobre estos asesinatos.

Aunque algunos funcionarios del Departamento de Estado presionaron por reformas, el apoyo intensivo de Washington a las fuerzas armadas de Colombia durante esta época es un claro ejemplo de cómo hacerse el de la vista gorda cuando un socio se comporta mal. El senador estadounidense Patrick Leahy (Demócrata del estado de Vermont) le dijo a The Guardian: “mientras le proporcionábamos miles de millones de dólares en ayuda al ejército colombiano durante muchos años, sus tropas ejecutaron civiles sistemáticamente”.

Muchos otros escándalos han sacudido al ejército colombiano, lo que ha cuestionado su ética y por lo tanto los entrenamientos que exporta a otros países.

Hasta la fecha, se han dictado condenas contra oficiales de menor rango, unos pocos coroneles y ningún general. De hecho, muchos han ascendido y actualmente son oficiales de mayor rango. El actual jefe de las fuerzas armadas, Juan Pablo Rodríguez Barragán, es acusado de haber participado en al menos 28 ejecuciones extrajudiciales.

El general Jaime Lasprilla Villamizar recibió abundante entrenamiento militar de Estados Unidos y sirvió como instructor de soldados latinoamericanos, entre 2002 y 2003, en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC por sus iniciales en inglés). Lasprilla Villamizar lideró una brigada que presuntamente asesinó a por lo menos 75 civiles. Fue el comandante del ejército colombiano hasta hace poco, cuando fue remplazado por un oficial no implicado públicamente en el escándalo. Uno de los estudiantes de Lasprilla en el WHINSEC, el mayor hondureño Mauricio Alemán Quiroz, fue jefe de inteligencia naval durante el golpe de Estado en Honduras en 2009.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos respondió al informe de Human Rights Watch diciendo que el mismo presentaba documentación insuficiente para sustentar sus aseveraciones. Al referirse a las ejecuciones de falsos positivos, el jefe del ejército colombiano en 2009 dijo: “No vamos a seguir llorando sobre la leche derramada”.

El ejército ha dilatado su cooperación con las investigaciones civiles, a menudo negándose a entregar documentación crucial. El gobierno colombiano ha tratado de modificar la legislación con el fin de enviar algunos de los presuntos responsables a los tribunales militares, los cuales casi siempre descartan los casos. Para las víctimas que buscan justicia por los abusos cometidos por quienes han sido entrenados por colombianos con fondos de Estados Unidos, este mensaje no es alentador.

Muchos otros escándalos han sacudido al ejército colombiano, lo que ha cuestionado su ética y por lo tanto los entrenamientos que exporta a otros países.

A pesar de la impunidad por las atrocidades, Washington continúa mostrando a Colombia a nivel mundial como un ejemplo de éxito en la guerra contra las drogas.

Hay pruebas claras de que los comandantes paramilitares, responsables de más atrocidades que cualquier otro actor en la guerra civil colombiana, recibieron el apoyo institucional de muchos policías y militares colombianos. Las controversias más recientes tienen que ver con intentos de algunos militares de sabotear las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, mediante la interceptación ilegal de comunicaciones entre los negociadores.

Aunque en comparación con los militares del país la policía colombiana no tiene los mismos problemas de abusos sistemáticos, la corrupción en la fuerza civil sigue siendo un problema. Esta corrupción ha sido clave para los grupos criminales que mantienen control territorial sobre barrios enteros en centros urbanos como Medellín y Cali.

Ya han surgido problemas de corrupción en esta nueva estrategia de Estados Unidos y Colombia en Honduras. Desde diciembre del año pasado, 71 agentes y funcionarios respaldados por Estados Unidos y entrenados por oficiales colombianos han sido suspendidos por robar US$1,3 millones incautados en una redada contra narcotraficantes. De los implicados, 51 eran miembros de TIGRES, una élite de policía militarizada, similar al SWAT, entrenada por fuerzas especiales de Colombia denominadas Comando Jungla y el Séptimo Comando Especial del ejército estadounidense. Los otros 20 eran miembros de una Unidad de Investigaciones Especiales, un equipo respaldado por Estados Unidos que trabaja en conjunto con las fuerzas de seguridad estadounidenses.

Además de cuestiones relacionadas con derechos humanos, los defensores se preocupan por el mensaje que se les está enviando a sistemas de seguridad y jueces en toda la región. A pesar de la impunidad por atrocidades, escándalos, corrupción, violaciones a los derechos humanos y laborales, y graves problemas de seguridad, Washington continúa mostrando a Colombia a nivel mundial como un ejemplo de éxito en la guerra contra las drogas.

Aunque funcionarios estadounidenses indican que apoyan la formación de instructores y estudiantes para el entrenamiento respaldado por su país, la falta de supervisión y las fallas del sistema judicial colombiano son motivo de duda. Y la historia continúa. “Es claro que Estados Unidos no ha podido llevar a cabo un serio análisis ni un escrutinio de las acciones cometidas por las fuerzas de seguridad colombianas con la formación, la inteligencia y los equipos ofrecidos por el gobierno de Estados Unidos durante todos estos años”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, tras la publicación del informe de la organización.

Aunque funcionarios estadounidenses indican que apoyan la formación de instructores y estudiantes para el entrenamiento respaldado por su país, la falta de supervisión y las fallas del sistema judicial colombiano son motivo de duda.

El Departamento de Estado diseña el proceso de selección de estudiantes, no de los profesores. De hecho, los entrenadores colombianos seleccionados han sido formados en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (antes Escuela de las Américas) y posteriormente fueron encontrados culpables de homicidios. El Centro de Integridad Pública descubrió que un general colombiano que enseñaba en la Universidad de Defensa Nacional del Departamento de Defensa, seleccionado por el Pentágono, había dirigido una brigada cuyos miembros permitieron que una milicia llevara a cabo una masacre. Ante estos casos, se requiere una fuerte supervisión de la selección de militares y policías colombianos que se desempeñan como instructores.

También parece haber poca supervisión de los entrenamientos mismos. Documentos de los departamentos de Estado y Defensa señalan que el personal “supervisa, administra y observa” las actividades de capacitación. Sin embargo, un funcionario del gobierno que conoce el tema de cerca dijo que aunque el personal a veces iba a los entrenamientos, “no hay suficiente capacidad” para monitorear todos los entrenamientos. Según una fuente gubernamental, las agencias estadounidenses no revisan el contenido de los cursos, sino que permiten que los colombianos “tropicalicen” los planes de estudios estadounidenses. En otras palabras, se les permite, sin supervisión, poner su sello personal a los contenidos existentes.

Además de la falta de información acerca de qué unidades están siendo entrenadas, quién está llevando a cabo los entrenamientos y los contenidos de los planes de estudio, hay inquietudes acerca de con quién Estados Unidos está coordinando estos cursos.

El agregado de la policía de Honduras en Bogotá, general Juan Carlos Bonilla, facilita la formación colombiana de las fuerzas de su país, lo cual genera serias dudas. Se sospecha que Bonilla participó directamente en varias ejecuciones extrajudiciales como comandante de la policía regional, y probablemente fue obligado a renunciar a su puesto como comandante de la policía nacional en diciembre de 2013 por acusaciones de decenas de asesinatos por escuadrones de la muerte de la policía bajo su mandato.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos le ha pagado a las fuerzas suramericanas para que entrenen a las fuerzas de seguridad de Centroamérica. En los años ochenta, entrenadores argentinos respaldados por Estados Unidos (veteranos de la “Guerra sucia” de Argentina y de la Operación Cóndor) trabajaron con la CIA para entrenar soldados hondureños que finalmente llegaron a asumir altos cargos en el infame Batallón 316, que torturó, mató y desapareció a cientos de hondureños. Otros abusos atroces no salieron a la luz pública hasta que muchos años más tarde se revelaron documentos claves de Estados Unidos.

¿Qué puede hacerse?

Promover el entrenamiento de las fuerzas de seguridad de otros países por parte de los militares colombianos no es un acierto, dados los problemas de derechos humanos que aún están pendientes por resolver al interior de las fuerzas armadas colombianas.

El Congreso y la ciudadanía deben hacer cuestionamientos en lugar de simplemente asignar fondos…

Estos entrenamientos deben por lo menos incluirse en la edición anual del Informe sobre Entrenamiento Militar en el Extranjero (FMTR por sus iniciales en inglés), que documenta todos los entrenamientos militares y de policía de Estados Unidos en todo el mundo. Los funcionarios estadounidenses dicen que, tal como está escrita la ley actualmente, no se necesita documentación pública porque son oficiales colombianos, y no estadounidenses, los que están llevando a cabo los entrenamientos. Esta ley debería aclararse, de manera que se requiera incluir informes sobre todos los entrenamientos militares apoyados y realizados por personal no estadounidense, así como todos los cursos de entrenamiento de la policía. Esto permitiría ofrecer la transparencia que tanto se necesita. También es esencial establecer un sistema de monitoreo y evaluación para determinar la calidad, la utilidad, la eficacia o las consecuencias de estos programas.

A pesar de las innumerables inquietudes y de los riesgos, los entrenamientos de fuerzas de seguridad extranjeras por parte de instructores colombianos respaldados por Estados Unidos siguen siendo bastante invisibles. Los costos, los programas que apoyan dicha capacitación, y los informes requeridos son hasta la fecha secretos o inexistentes.

Dado que este tipo de entrenamiento se está volviendo común en la estrategia de seguridad de Estados Unidos y Colombia en el hemisferio, el Congreso y la ciudadanía deben hacer cuestionamientos en lugar de asignar fondos, esperando lo mejor, en lugar de enfrentar líos o desperdicio de dinero más adelante.

Sarah Kinosian es investigadora principal sobre Latinoamérica en el Centro de Política Internacional y en el Security Assistance Monitor; John Lindsay-Poland es investigador y analista de política estadounidense y de derechos humanos en América Latina, y Lisa Haugaard es la directora ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre América Latina.

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