Estudio aporta nueva información sobre tiranía de Los Zetas en México

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Un nuevo estudio sobre las operaciones de Los Zetas en el norte de México ofrece un análisis detallado de las raíces del poder que detenta la organización, así como del alcance de su régimen del terror en 2011.

El artículo, titulado “El Yugo Zeta: Norte de Coahuila, 2010-2011”, fue escrito por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, investigadores del Colegio de México y de la Universidad Iberoamericana, respectivamente. Ellos analizan las operaciones de Los Zetas en el estado de Coahuila, al norte de México y justo al sur de Texas. En dicho periodo, Coahuila, anteriormente una población tranquila, sufrió una grave caída en la espiral de violencia.

Gran parte del estudio se centra en el control que ejercieron Los Zetas de la prisión de Piedras Negras, Coahuila, población fronteriza al otro lado del Rio Grande, frente a McAllen. La penitenciaría era una de las muchas de la zona, donde las autoridades federales detectaron lo que llamaron “autogobierno” o “cogobierno”, es decir, el control de la prisión por los reclusos.

Como describen con amplio detalle los autores, la cárcel funcionaba como un ecosistema criminal autónomo. Bajo el mando de un jefe conocido como David Loreto Mejorado, Los Zetas funcionaban como la máxima autoridad de la prisión. Loreto tenía a su disposición casi 100 empleados entre los reclusos, quienes servían como guardaespaldas, contrabandistas, lugartenientes e incluso carpinteros.

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Este grupo creó un imperio criminal organizado siguiendo el modelo de Los Zetas fuera de prisión. Vendían drogas y otro tipo de contrabando a los presos. Cobraban por acceder a privilegios adicionales menores, como el uso de teléfonos celulares, espacio para visitas conyugales y comida chatarra. Los hombres de Loreto Mejorado también extorsionaban a otros reos, en particular a aquellos cuyas familias parecían adineradas. Ganaban millones de pesos (mexicanos) al año por el comercio en la cárcel, la mayoría de los cuales devolvían para pagar a las autoridades de la cárcel por garantizar que se les mantuviera su libre accionar. Los Zetas imponían ese papel mediante un régimen de castigo físico, que iba desde golpizas con mazos hasta asesinatos.

Aunque Los Zetas del centro de Piedras Negras crearon una economía autónoma, seguían las órdenes de los jefes locales de Los Zetas en el exterior, y gran parte de su trabajo servía para mantener a la organización matriz. Una de las principales funciones de los Zetas en la cárcel era el manejo de un taller de mecánica dentro de la prisión, en el que construían compartimientos ocultos para el transporte de narcóticos al otro lado de la frontera.

La cárcel de Piedras Negras también sirvió como escondite para el cabecilla de Los Zetas Omar “Z-42” Treviño Morales, la cual usó durante los allanamientos de la Marina a la ciudad. En múltiples ocasiones, se celebraron en el lugar fiestas para los cabecillas de Los Zetas. En cierto punto durante el mandato no oficial de Loreto, Los Zetas comenzaron a usar la prisión como lugar de ejecuciones.

Aguayo y Dayán también dedican sendas partes de su artículo a la descripción de la ola de ataques de Los Zetas en marzo de 2011, luego de la deserción de uno de sus principales lugartenientes, Mario Alfonso Cuéllar, quien pasó a ser testigo de los fiscales estadounidenses. Los Zetas respondieron ordenando ataques contra todo y todos los relacionados con Cuéllar, lo que dio lugar a cientos de desapariciones y asesinatos. Muchos de los objetivos no tenían nada que ver con el crimen organizado, y tan solo una conexión incidental con Cuéllar.

Este episodio ya se cubrió en el pasado, pero por lo general se ha concentrado la atención en la ciudad de Allende, Coahuila. Aguayo y Dayán sostienen que la violencia pudo haber sido igual de álgida, si no más, en Piedras Negras. Ellos repiten relatos de testigos que narran la ejecución en masa de 40 personas en Piedras Negras. También describen el dramático repunte de las llamadas de emergencia dentro de Piedras Negras, en las que los ciudadanos denunciaban incendios, tiroteos y otras evidencias de represalias de Los Zetas.

En últimas, los autores estiman que el número de muertes puede alcanzar los 300.

Análisis de InSight Crime

El estudio presenta una nueva perspectiva sobre dos fenómenos muy conocidos: el deplorable estado de las prisiones en México y la naturaleza depredadora de las operaciones criminales de Los Zetas.

Los análisis de las cárceles mexicanas se centran por lo general en los síntomas más espectaculares, que van desde fugas masivas hasta masacres. “El Yugo Zeta” ofrece una mirada más profunda sobre las raíces del problema. Lo que vemos es un centro penitenciario cuyos directivos no solo se hacen los de la vista gorda con Los Zetas, sino que han sido cooptados por completo, de modo que operan como una división más del imperio criminal.

El grupo matriz ha explotado esa colusión para alterar el rol fundamental de la prisión, y las expectativas de los criminales sobre esta. Las sentencias de cárcel han dejado de ser penas que se soportan con un mínimo de incomodidad; simplemente ofrecen un escenario para las mismas actividades criminales de siempre. La meta básica del trabajo de uno de los Zetas, dentro o fuera de la prisión, no cambió: proteger y aumentar al máximo las ganancias del grupo, bien fuera brindando refugios seguros para los cabecillas o creando compartimientos ocultos en minivans para las mulas que transportan cocaína.

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Esto equivale a hacer de las cárceles colonias de las organizaciones criminales matrices. En un contexto así, la idea de que el sistema de justicia sirva como disuasor efectivo se vuelve risible.

La estrategia del grupo de operar dentro de la prisión emuló su modus operandi más general, según el cual la sociedad es un recurso que puede usarse para su beneficio particular. Los autores mencionan en repetidos pasajes que el norte de Coahuila era el “enclave criminal” de Los Zetas, donde el grupo exigía lealtad de toda la sociedad, desde los guardianes de la cárcel hasta los cuerpos de policía municipal y los parientes de sus lugartenientes descarriados.

Esta integración parasitaria con la comunidad hizo de Los Zetas un problema único, en el que las amenazas al grupo implicaban represalias contra la sociedad en conjunto. Esas amenazas podían provenir de grupos rivales, de la resistencia ciudadana o de los organismos gubernamentales de Estados Unidos o México. En cualquier caso, la respuesta de Los Zetas se dirigiría tanto a la fuente de peligro como a la población civil.

Esta es la peor situación posible desde el punto de vista de la seguridad pública, pues el statu quo ya es pavoroso, pero cualquier paso para remediarlo puede empeorarlo.

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