El teniente coronel Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación de Guatemala y exjefe de todos los policías del país, dio órdenes para que sus agentes cuidaran cargamentos de cocaína que narcotraficantes movían por el país, avisó a los criminales de operativos policiales destinados a capturarlos y reasignó oficiales para facilitar el narcotráfico. A cambio, recibía dinero.
Así consta en la solicitud de extradición de López Bonilla a Estados Unidos que el Ministerio Público de Guatemala trasladó el lunes 26 de junio a la Corte Suprema de Justicia.
"Ordenaba a oficiales de la Policía Nacional Civil [PNC] escoltar cargamentos de cocaína y reasignaba a personal de dicha institución a solicitud de las organizaciones de narcotráfico a cambio de compensaciones monetarias", dice en documentos enviados por la justicia estadounidense a su homóloga guatemalteca y citados por El Periódico.
López Bonilla, uno de los hombres más cercanos al expresidente Otto Pérez Molina, fue detenido el 11 de junio de 2016 junto a dos exministros de ese gobierno por actos de corrupción relacionados con un esquema de sobornos y malversación de fondos conocido como "La Cooperacha". Pérez Molina y su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron capturados anteriormente por ese y otros casos de corrupción.
En febrero de 2017, López Bonilla y Baldetti fueron acusados de narcotráfico en una corte distrital de los Estados Unidos. Ese mes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que pediría la extradición de ambos funcionarios, a quienes acusa de ser responsables de "conspirar para introducir 5 o más kilogramos de cocaína" a la Unión Americana. La petición de Baldetti fue anunciada a principios de junio.
Una investigación de InSight Crime, publicada en diciembre del año pasado, reveló posibles vínculos entre López Bonilla y Marllory Chacón Rosell, una mujer acusada de lavado de dinero y tráfico de drogas a la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había designado como narcotraficante en 2012. A cambio de protección, Chacón habría invertido en una compañía de seguridad privada vinculada al exministro.
El reportaje también estableció las posibles conexiones entre López Bonilla y Byron Lima, militar como el exministro, quien en su momento ejerció control sobre actividades criminales ejecutadas y planificadas desde el sistema penitenciario guatemalteco. Lima fue asesinado en prisión en julio de 2016. López Bonilla ha negado esos vínculos.
Hoy, tras las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la lista de problemas legales de López Bonilla es larga. Además de sus supuestos vínculos con grupos de narcotraficantes, entre quienes las autoridades guatemaltecas y estadounidenses nombran a Los Zetas y al Cartel del Pacífico, enfrenta los cargos de corrupción por los que lo capturaron en principio y acusaciones de haber malversado fondos de la PNC.
Análisis de InSight Crime
López Bonilla era uno de los hombres más poderosos del régimen de Pérez Molina, y era uno de los principales nexos de las agencias policiales estadounidenses en Guatemala; uno de sus principales aliados, se suponía, en la guerra contra las drogas. Parece que en algunos casos Washington no escoge bien a sus aliados.
Una de las primeras veces que López Bonilla pisó una corte guatemalteca como acusado, su abogado defensor alegó, como lo han hecho otros funcionarios y militares centroamericanos acusados de delitos, que el ex ministro fue un aliado importante de los Estados Unidos. Entre otros documentos, el defensor presentó cartas de William Brownfield, el jefe de la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado estadounidense, en las que agradecía a López Bonilla su apoyo por la lucha contra los narcos.
Esa historia, la del apoyo de Washington, es una repetida varias veces en el Triángulo Norte de Centroamérica en el marco de la llamada guerra contra las drogas que el presidente Richard Nixon declaró abierta en los 70. Esa historia se ha repetido en Honduras y El Salvador también.
VEA TAMBIÉN: El Estado mafioso de Guatemala y el caso de Mauricio López Bonilla
En El Salvador, por ejemplo, una ex inspectora de la Policía de ese país abrió expedientes contra 20 oficiales de alto nivel, incluido un director general, por sospechas de vínculos con la banda de narcotraficantes Los Perrones. Muchos de esos oficiales fueron puntos de contacto de enviados estadounidenses al país. Esas investigaciones fueron malogradas por órdenes de la administración del ex presidente Mauricio Funes (2009-2014). Funes también está acusado de actos de corrupción.
Una de las primeras veces que López Bonilla recibió llamada de Marllory Chacón, en 2012, él ya era "el socio más importante del gobierno estadounidense en temas de seguridad en Guatemala. El ministro controla la Policía, el sistema de prisiones y un presupuesto que es más grande que el del Ejército guatemalteco”, según escribió InSight Crime en su reportaje especial sobre los nexos criminales del ex hombre fuerte de Otto Pérez Molina.
A mediados de este mes, en una reunión con líderes centroamericanos, los actuales vicepresidente y secretario de seguridad interna de Estados Unidos, Mike Pence y John Kelly, delinearon en Miami una política de seguridad regional que vuelve a poner el énfasis en la cooperación con los cuerpos policiales y militares de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, muchos de cuyos oficiales han sido señalados de nexos similares a los que se le atribuyen a Mauricio López Bonilla con el narco y el crimen organizado.
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