La comunidad indígena Cinta-Larga en Brasil está al borde del colapso en su lucha por enfrentar la minería ilegal en uno de los yacimientos de diamantes más grandes del planeta.
“Nuestra tierra es nuestro espíritu. Un indígena sin tierra es un indígena sin alma”. Así terminó su discurso uno de los líderes de la comunidad Cinta-Larga en un encuentro, realizado en mayo, para discutir nuevas políticas indígenas. Inseparables en su imaginario, la tierra y el alma de los Cinta-Larga padecen juntas: el genocidio cultural y la violencia contra miembros de la etnia son el resultado de la violación del suelo que consideran sagrado.
Este artículo apareció originalmente en Folha y fue traducido, reproducido y editado con autorización. Vea el original en portugués aquí.
Debajo de las Tierras Indígenas Roosevelt, Serra Morena, Parque Aripuanã y Aripuanã, entre Rondônia y Mato Grosso, donde habitan, se esconde el que podría ser el mayor yacimiento de diamantes del planeta.
El brillo de las piedras comenzó a atraer a los mineros ilegales a la región de Igarapé Lajes entre 1999 y 2000. El territorio indígena demarcado (que, en teoría, no podría ser objeto de actividad minera, con excepción de la explotación artesanal promovida por los mismos indios) está cortado hoy por una abertura de unos 10 km de extensión por hasta 2 km de ancho, además de un apéndice, también de 2 km, en la llamada Grota do Sossego.
Sin embargo, mineros e indigenas estiman que el área podría ser aún mayor: más de 1.000 hectáreas dedicadas a la explotación minera.
El pico de la carrera por los diamantes en Roosevelt ocurrió en 2004, cuando había más de 5.000 mineros ilegales en la región. Fue interrumpido por un conflicto, después de una serie de amenazas mutuas entre mineros e indígenas, que dejó 29 explotadores mineros muertos. Desde entonces, la explotación en el lugar ha sido cerrada y reabierta varias veces.
“El cuadro actual es más grave de lo que era en abril de 2004. En marzo de este año había por lo menos 500 mineros, la mayoría armados y enfrentando a los indígenas, diciendo que no saldrían de su territorio”, afirma Reginaldo Trindade, procurador de la república, quien tiene a su cargo la defensa de la etnia.
La situación se repite: el equipo del reportaje estuvo en la explotación cuando las actividades estaban totalmente suspendidas, en mayo, por orden de los indígenas. Aún había equipos abandonados y marcas frescas de neumáticos. En julio, el área fue retomada por los mineros, que, armados, volvieron a extraer los diamantes.
¿El mayor yacimiento de diamantes en el mundo?
Por ser territorio indígena, la Reserva Roosevelt no puede ser estudiada ni explotada hasta que no se apruebe una ley con reglamentación específica. Es decir, el conocimiento que hoy se tiene se resume en estimados, todos ellos, según especialistas y empresas mineras, por debajo del potencial real.
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Aun siendo conservadoras, las proyecciones sobre la reserva son superlativas: la Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM), vínculada al Ministerio de Minas y Energía, calcula que, tan solo en la explotación Lajes, es posible extraer 1 millón de kilates de diamantes al año, un ingreso que superaría los US$200 millones (cerca de R$800 millones).
Más que eso: similares al raro kimberlito (un tipo de roca volcánica en la se forman los diamantes) de Lajes, según el informe de una empresa minera, existirían en por lo menos otras 14 áreas. No sería exagerado decir que hay US$3 mil millones (cerca de R$12.000 millones) anuales bajo tierra.
De confirmarse esas cifras, Roosevelt sería el mayor yacimiento del palneta, con casi un 50 por ciento de ventaja sobre el segundo, el ruso Jubilee, que produce 10,4 millones de kilates al año. En 2012, Rusia anunció que el yacimiento Popigai Astrobleme, un cráter de casi 100 km de diámetro causado por el impacto de un asteroide, tendría diamantes para abastecer al mercado global por 3.000 años, pero aún no hay pruebas de tal capacidad.
En la actualidad, Brasil no representa un gran competidor en el mercado internacional de diamantes: en 2013, el país produjo cerca de 49.200 kilates, lo que corresponde al 0,04 por ciento de la producción mundial (130,5 millones de kilates). Hoy se destacan Mato Grosso (88 por ciento del total) y Minas Gerais (11 por ciento), que no por casualidad son las principales vías de lavado de diamantes ilegales.
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Las piedras oriundas de Roosevelt tienen mucho valor por su forma, tamaño, pureza y color. “Pueden usarse principalmente para joyas de gran valor, son diferentes y fácilmente identificables”, dijo el jefe del departamento de recursos minerales del CPRM, Francisco Valdir da Silveira.
Para lograr una producción proporcional al potencial de Roosevelt, se necesitaría una explotación mineral industrial de alta tecnología, con máquinas modernas y mano de obra calificada. Muy diferente de la explotación semiartesanal que se practica en este momento, por lo que se pierden hasta 40 por ciento de las piedras en el proceso. Sin fiscalización alguna, se utilizan equipos improvisados con baja capacidad productiva.
Las retroexcavadoras abren brechas hasta de 20 metro —mientras que, en las grandes minas del mundo, las excavaciones llegan hasta los 600 metros—. Aún así, se estima que la venta anual de piedras extraídas del territorio indígena asciende a los US$25,7 millones (cerca de R$100 millones).
Fotos de la reserva Roosevelt, cortesía de los autores.
Explotación minera en territorio indígena
De lo alto, se ve un gran claro en la selva amazónica, donde la tierra rojiza contrasta con el verde. Ya en el suelo, la entrada a la mina parece una isla de un ecosistema seco y sin vida, bordeado por un río a un lado y por un lodazal al otro. Hay que tener cuidado de dónde se pisa —la tierra agrietada puede esconder baches de arena movediza—.
Unos kilómetros adelante, el corazón de la excavación: enormes cráteres se alinean, entrecortados por montañas de tierra, en un horizonte sin fin. Cerca de los huecos, se levantan precarios barracones de madera cubiertos por lonas. Es allí donde los mineros toman sus alimentos, preparados por sus mujeres o por cocineras.
“Hay mucha droga y prostitución, claro, pero van muchas familias a la excavación. La familia entera, mujer e hijos, se quedan allí durante meses, y todo el mundo se respeta”, cuenta un excavador que no quiere identificarse. Él reclama que la vida del minero es muy dura.
Tan sólo llegar hasta allí es un sufrimiento: de la aldea Roosevelt, la mayor de toda la reserva, se recorre un camino que sólo es transitable con tractor, vehículos potentes o motocicletas. En moto, el recorrido atraviesa áreas inundadas, y en algunos tramos es preciso cargar el vehículo. No es de extrañar que el desgaste de los frenos sea tal que se acaben antes de terminar el recorrido de cuatro horas, aproximadamente.
En la excavación, el trabajo es pesado y el retorno, incierto. “Encontramos una piedra grande, bonita, de más de 11 kilates. La entregamos al intermediario para que la vendiera y nunca vimos el dinero. Dijeron que la vendió por [US$46.000] R$180 mil”, reclama un minero que, después de lo sucedido, desistió del trabajo.
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El sistema de funcionamiento de la excavación es una especie de engranaje complejo, que genera una “guerra fría” entre mineros, indígenas e intermediarios: todos tratan de aprovecharse del otro.
Para comenzar, un inversionista se dispone a comprar equipos, hacer contactos con compradores extranjeros y sobornar a los inspectores. Éste utiliza un intermediario local para negociar cada etapa de ese proceso, mediante, claro está, una comisión.
El intermediario contacta a uno de los líderes principales de los Cinta-Larga (cada uno puede “operar” un tramo de la excavación) y ofrecer las máquinas a cambio de un porcentaje en la venta de las piedras, de 20 a 30 por ciento. El minero entra como trabajador manual, sin sueldo fijo.
Es “contratado” por el líder indígena, y a éste debe informarle en caso de que encuentre piedras. Del valor total del diamante, el grupo de mineros recibe el 7 por ciento, un porcentaje que por lo general se divide a partes iguales entre todos.
Pero resulta que el intermediario avalúa la piedra entre 30 y 40 por ciento por debajo del valor real de la venta, según dicen indígenas y compradores. Muchas veces, el indio recibe su parte y no pasa a los mineros lo que les corresponde, y estos, por su parte, intentan sacar el diamante directamente de la explotación al comprador, eludiendo a indios e intermediarios. Pequeñas, las piedras caben en la bolsa o pueden ser tragadas; el problema es que, si lo descubren, el minero corre el riesgo de pagar con su vida.
Cinta-Largas: ‘Al borde del genocidio’
Los primeros contactos de los Cinta-Larga con el hombre blanco fueron trágicos: sufrieron un monstruoso genocidio, conocido como la Masacre del Paralelo Once de 1963, en la cual perdieron la vida más de 3.500 indígenas y precipitó la extinción del Servicio de Protección al Indígena (SPI), que fue sucedido por la Fundación Nacional del Indio (Funai). Lo que era una etnia con cerca de 5.000 personas hoy tiene, según el censo, apenas 1.758 personas.
La relación con los blancos siguió estable hasta el inicio de la explotación minera. De ahí en adelante se inició un proceso de aculturación. En primer lugar, contra su voluntad, los indios permitieron la explotación con reservas, pero la abundancia de dinero y las perspectivas de consumo corrompieron hábitos y generaron deudas muchas veces impagables.
Los datos recolectados por la indigenista Maria Inês Hargreaves indican que, en promedio, para cada indio Cinta-Larga hay entre tres y cuatro procesos judiciales, la mayor parte por cobro de deudas. Independientemente de los enredos financieros, parte del endeudamiendo es fruto de golpes: timadores que abusan de la falta de educación de los indios para hacerlos firmar documentos en blanco, aceptar intereses abusivos y aprobar cartas de crédito sin detalle sobre las condiciones de pago.
Para saldar las cuentas, muchas veces cobradas con arma de fuego, permiten la explotación en su tierra y se asocian a ella. “Ellos saben que la situación ilegal y marginal en la que se encuentran conducirá (ya la está llevando) a toda la comunidad a la extinción. El pueblo Cinta-Larga está al borde del genocidio, si no físico, como mínimo étnico y cultural”, sentencia el procurador Reginaldo Trindade.
El coordinador regional de Funai en Cacoal, Bruno Lima, lo corrobora: “La comunidad, en general, está contra la explotación, y son solo unos cuantos líderes quienes se lucran de eso y generan divisiones políticas en la etnia”, afirma.
Flujo de diamantes
Hay bases de la Policía Federal en todas las entradas oficiales a las tierras indígenas, pero aún así es imposible controlar el flujo de personas y equipos hasta la excavación. Se abren rutas clandestinas que entran a la reserva por medio de fincas aledañas. Y hay una pista de aterrizaje dentro de la reservas, además de diversos pequeños aeropuertos en las haciendas.
Los diamantes extraídos de Roosevelt salen, principalmente, por tres rutas. Una de ellas es precisamente el transporte aéreo. Retiradas de la tierra, las piedras son fotografiadas y las imágenes enviadas por internet a los compradores intermediarios, por lo general europeos o norteamericanos. Por mensaje, negocian los precios y el lugar y la fecha de la entrega.
El comprador llega a Suramérica por Ecuador, Perú, Colombia o Bolivia. En uno de esos destinos, alquila un monomotor y cruza la frontera por aire, hasta aterrizar en una pista ilegal para entregar el dinero y tomar el diamante, sin pisar siquiera suelo brasileño.
Otra forma de traer los diamantes es por la frontera terrestre, rumbo a Venezuela y Guyana. Venezuela era uno de los pocos países productores de diamantes que no emitía el certificado Kimberley (especie de garantía de la piedra que, en teoría, comprueba su origen) hasta abril de este año, cuando se adhirió al tratado internacional. Antes, todo su mercado de diamantes era ilegal, y cualquier piedra brasileña que ingresaba al país era incorporada por el mercado local. Para Guayana, el flujo de contrabando es menor. La ventaja es que se puede conseguir el sello Kimberley —piedras que entren en una zona legal de la certificación son registradas como si hubieran sido extraídas de ahí—.
El tercer modo de lavar los diamantes es interno. La operación es semejante a la que se realiza en Guyana, con un registro de otros estados; para el caso son Mato Grosso, Minas Gerais y Goiás. Los diamantes se llevan en forma ilegal hasta las minas legales y, al llegar allí, son “legalizados”. Con el sello Kimberley, pueden exportarse directamente o van a la ciudad de Juína, donde se venden en una “bolsa de valores de diamantes” legal, en la plaza principal.
Todo eso no podría hacerse tan fácilmente sin un “paraguas” de intereses poderosos. “Siempre creen que hay participación de personas poderosas en el movimiento de la explotación”, dice Reginaldo. “Son muchas las historias de implicación de funcionarios de diferentes órganos, políticos, empresarios y hasta multinacionales en la explotación; sólo eso puede justificar que una situación tan grave se trate en forma tan poco rigurosa”, concluye.
El dinero que entra en las cuentas de los líderes indígenas, claro, tampoco es legal. En general se usa para hacer mejoras en la comunidad, con algunos privilegios para los líderes; se compran, por ejemplo, camionetas para el transporte de todos, pero la prioridad de uso es de los caciques; o se instala antena parabólica e Internet wi-fi, pero antes en la casa del cacique. Por otro lado, si el líder no atiende un mínimo de expectativas en su aldea, se lo cuestionará internamente.
Hoy en día, los líderes más influyentes son quienes cuentan con mayor respaldo popular; es el caso de Marcelo Cinta-Larga, cacique de la aldea Roosevelt, y del ya anciano João Bravo, jefe de la Aldea Tenente Marques, donde no se habla mucho portugués.
João Bravo es un líder histórico de los Cinta-Larga y tiene la condición de prefecto vitalicio, soportado por el dinero de la explotación. Se hizo rico, pero trajo compensaciones a la comunidad: construyó caminos e iluminación, proporcionó médicos y medicamentes para la aldea, compró carros y ganado, y hasta erigió una pequeña hidroeléctrica en la tierra indígena.
Pero su hijo, Raimundinho Cinta-Larga, no tiene el mismo prestigio. Un informe del Ministerio Público de Rondônia señala que en 2005, ya era dueño de una casa avaluada en US$103.000 (cerca de R$400.000) en Cacoal. En 2014, fue citado en las investigaciones de Lavado de autos como beneficiario de ocho remesas de dinero por un total de US$5.500 (cerca de R$21.450) provenientes del traficante de dólares Carlos Habib Chater, sospechoso de participar en la extracción y venta de diamantes en el exterior.
La defensa de Raimundinho dice que él y la cooperativa que él dirige, Coopecilar, nunca extrajeron diamantes de la tierra indígena.
¿Es legalizar la solución?
El parágrafo 3 del artículo 231 de la Constitución Federal establece que “el aprovechamiento de los recursos hídricos, incluidos los potenciales energéticos, la explotación y el extracción de las riquezas minerales en tierras indígenas sólo pueden hacerse efectivos con autorización del Congreso Nacional, con participación de las comunidades afectadas, y garantizando la participación de aquéllas en los resultados de la explotación, según lo establece la ley”.
En otras palabras, se requiere que el Congreso cree y apruebe una ley que permita y regule la extracción de recursos naturales en tierras indígenas. Como dicha ley no existe, hoy cualquier tipo de explotación mineral en Roosevelt es ilegal.
“Queremos que se legalice la excavación”, dice con vehemencia Marcelo Cinta-Larga. La regulación es la solución que señalan nueve de diez fuentes entrevistadas en este reportaje, como funcionarios del Ministerio Público y la Policía Federal, indígenas e indigenistas y hasta mineros, quienes dicen que prefieren trabajar legalmente.
Ya se propusieron tres proyectos de ley para intentar regular la actividad, los PL 7.099/06, 5.265/09 y, principalmente, el 1.610/96, que fue propuesto por el hoy senador Romero Jucá (PMDB-RR) hace casi veinte años.
La propuesta de Jucá fue considerada inaceptable por defensores de los derechos indígenas, sobre todo porque quitaba importancia a la consulta a las comunidades y estipulaba regalías de sólo 2 por ciento del ingreso bruto de las riquezas naturales, por ley, pertenecientes a la Unión. El proyecto se aplicaría a cualquier tipo de explotación minera, ya fuera de diamantes, oro o cualquier otro mineral o piedra preciosa.
En 2010, el diputado Eduardo Valente (PT-RO) presentó un texto en reemplazo del PL 1.610/96, que incorporó 40 enmiendas, pero rechazó otras 62, además de considerar inconstitucionales 4. El texto, que prevé regalías poco mayores de 3 por ciento, también encuentra resistencia.
En paralelo, se tramita en el Congreso la PEC 215, que transfiere de la Unión al Congreso el derecho de demarcación de las tierras indígenas y permite la revisión de los territorios ya demarcados, bajo nuevos criterios. Tales medidas chocan con la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tratado firmado por Brasil a partir de 2003, que incorpora a la legislación interna dispositivos de protección a los pueblos indígenas y tribales.
“No veo la ley aún. El modelo de explotación mineral depende del texto aprobado; si será por licitación, si la negociación será directamente con los indígenas, o cualquier otro modelo”, aclara el abogado y profesor de derecho financiero de la Universidad de São Paulo, Fernando Scaff.
Scaff explica que, por regla general, el derecho de explotar la riqueza es del primero que la descubre, pero que en tierras indígenas el procedimiento dependerá de la ley. La consulta a los pueblos indígenas debe darse en la operación de cada excavación, no en la aprobación de la propuesta.
Eso significa que, para operar en tierra demarcada, se requeriría acordar con los indígenas. Hay quien ya lo está haciendo.
Existen dos cooperativas dedicadas a la explotación minera entre los Cinta-Largas, la ya citada Coopecilar, liderada por años por João Bravo y Raimundinho, y Coesci (Cooperativa Extrativista e Sustentável dos Cinta-Larga), liderada por Marcelo y Oita Mina Cinta-Larga, pero que cuenta con apoyo de casi todos los líderes. Para cualquier interesado en operar la excavación legalizada, esas son las dos puertas de entrada, y ambas ya tienen sus representantes.
Quien atiende a Coopecilar hace algunos años es el abogado Raul Canal, cuya oficina se encuentra en Brasilia. Para la Coesci, el también abogado con sede en Brasilia Luís Felipe Belmonte y el empresario Samir Santos Entorno presentaron una propuesta de regulación de la excavación en marzo de este año.
En ambos casos, los discursos son similares: hacen trabajo de asesoría jurídica en Brasilia para proteger los derechos de los indígenas y los representan en procesos judiciales a favor de la legalización.
Las promesas también: los indios creen que, después de la legalización, la etnia Cinta-Larga será una de las más ricas del mundo; los reporteros vieron a Samir Entorno mostrando a los indios fotos de su trabajo con aldeas millonarias en Nuevo México, Estados Unidos.
Los frentes de actuación, sin embargo, son distintos. Canal dice que se empeña en aprobar en lo que queda de este año el proceso judicial que evita que los Cinta-Largas se sometan a la aprobación del Congreso para “la explotación exclusiva por ellos [los indígenas] de todas las riquezas del subsuelo y los potenciales energéticos”.
“No apoyamos ninguna de las iniciativas legislativas, pues ninguno de los proyectos que se tramitan en el Congreso atiende a los intereses de los indígenas. Todos están a favor de las grandes mineras”.
Pese a ello Belmonte se dedica a obtener para los Cinta-Largas la autorización para legalizar la excavación, la extracción y la cata; procedimientos de explotación del suelo en la superficie.
“La propuesta es dar medios legales para que trabajen. El dinero sería todo de la comunidad por vías legales: ellos hacen la excavación, negocian los diamantes y la cooperativa administra. El Estatuto lo permite”, afirma. “El problema es abrir para que el minero entre y explote actividades ilegales”, dice.
Los dos abogados afirman que no mantienen relaciones con la explotación ilegal o con las empresas mineras.
Una fuente del gobierno federal dice que la legalización de la excavación en Roosevelt hace parte de un lobby internacional que viene de Antwerp, en Bélgica (país responsable de la negociación del 80 por ciento de los diamantes brutos y de 50 por ciento de los diamantes labrados en el mundo), cuyos inversionistas quieren dirigir su dinero a países con democracias y economías estables.
En conflicto con el Estado, sin cláusulas y con la cultura deteriorada, los Cinta-Larga siguen dependiendo de la excavación, sea clandestina como hoy, o legalizada por los hombres de cuello blanco en Brasilia.
Este artículo apareció originalmente en Folha y fue traducido, reproducido y editado con autorización. Vea el original en portugués aquí.
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