Explotación sexual infantil abunda en autopista Medellín-Bogotá, Colombia

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La carretera entre Bogotá y Medellín es uno de los sitios de Colombia donde más se presenta el fenómeno de la trata y la explotación sexual infantil. En su recorrido, los grupos criminales abusan de niñas provenientes de sectores marginados, que ahora están siendo alentadas a acudir a las autoridades para defenderse.

Según un informe de El País, niñas de entre 12 y 15 años de edad, generalmente de familias muy pobres, se han visto obligadas a ofrecer servicios sexuales a los conductores que pasan por la estación de servicio conocida como Caracolí, ubicada entre los municipios de Honda y La Dorada. Esta estación de servicio está a pocos metros de una estación de policía, pero es uno de los puntos focales de una red de proxenetas y operadores de moteles que trabajan en esta importante vía.

Varias organizaciones que ayudan a las víctimas a presentar informes ante las autoridades le dijeron a InSight Crime que al menos 39 menores de edad han sido explotadas sexualmente alrededor de la estación de servicio Caracolí.

Mediante extensas investigaciones, que involucraron la interceptación y grabación de llamadas telefónicas, las autoridades han logrado identificar algunos de los traficantes sexuales y el modus operandi de estas redes.

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El método habitual consiste en que los potenciales clientes son contactados, ofreciéndoles un catálogo con fotos de las menores, según le dijo a InSight Crime un investigador que habló bajo condición de anonimato.

Una vez que se ha acordado un precio, “llaman a la muchacha elegida y la llevan al sitio indicado, ya sea un motel o una residencia privada”, dice la fuente. Este tipo de operación de explotación sexual, mostrando un catálogo en lugar de tener a las niñas presentes, también se sabe que existe en Medellín.

Sin embargo, otras jóvenes informan haber sido coaccionadas por sus familias. Una niña de 14 años, identificada como Patricia, le dijo a El País que su tía fue quien inicialmente la llevó a Caracolí y se la ofreció directamente a los camioneros por 20.000 pesos colombianos (alrededor de US$6).

En marzo de 2019, funcionarios de la Fiscalía desmantelaron una red de tráfico sexual que reclutaba por la fuerza a niñas alrededor de la ciudad de Guaduas, a 60 kilómetros de La Dorada y de la autopista, según fuentes judiciales consultadas por InSight Crime.

Análisis de InSight Crime

Sin embargo, estas niñas se están defendiendo. Un número cada vez mayor de ellas presentan quejas ante las autoridades, con la ayuda de organizaciones como Todas con las Mujeres.

Se sabe que Colombia es un destino del tráfico sexual infantil. Entre enero de 2013 y julio de 2018 se llevaron más de 100 casos de explotación sexual infantil ante las autoridades. Y el número de casos reportados se ha triplicado en los últimos cinco años.

Sin embargo, la tasa de condenas ha sido mínima. De las 85.000 investigaciones sobre denuncias de abuso sexual infantil entre 2005 y 2018, solo 6.116 terminaron en condenas.

A la fecha no se han realizado detenciones relacionadas con las denuncias presentadas por las víctimas de las redes criminales que operan en la autopista Medellín-Bogotá.

A pesar de las extensas investigaciones sobre tráfico sexual en Colombia, esta falta de respuesta para las “niñas de Caracolí”, como los investigadores las denominan, ha demostrado la falta de protección que se les ofrece a ellas y a otras posibles víctimas, quienes quedan como presas fáciles de los grupos criminales.

La mayoría de las denuncias se han presentado en Bogotá y Medellín, considerados como grandes centros del turismo sexual y la explotación infantil.

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El caso de las niñas de Caracolí también ha mostrado que las redes de tráfico sexual infantil se han extendido a otras carreteras del país, donde supuestamente actúan con impunidad debido a la falta de controles estatales en las estaciones de servicio y otras instalaciones.

Debido a temores por obstrucción a la justicia en relación con el caso, sus denuncias están siendo supervisadas en Bogotá por Mario Gómez Jiménez, fiscal delegado para delitos contra la infancia y la adolescencia, quien está a cargo de la investigación.

El acceso a la justicia ha sido tradicionalmente limitado para las víctimas de la trata sexual infantil, quienes a menudo no presentan denuncias. Las autoridades dicen que por eso no tienen una panorama completo de cuántos menores han sido abusados en el país.

En entrevista con InSight Crime, Gómez Jiménez dijo que muchas niñas tampoco quieren participar en programas de protección de testigos, ya que temen que puedan ser alejadas de sus familias y hogares.

Agrega que las niñas se abstienen de hablar por temor a que los grupos criminales tomen represalias contra sus familias.

Esta vulnerabilidad también ha llevado a que muchas niñas busquen la protección de diferentes grupos criminales o de los mismos abusadores, quienes pueden ofrecer más protección o contactarlas solo con cierto tipo de clientes.

Miembros de Todas con las Mujeres que les han hecho seguimiento a las niñas de Caracolí durante el último año con el fin de ayudarlas y de documentar sus vidas le dijeron a InSight Crime que muchas de estas niñas ya no están en Caracolí, sino que son explotadas sexualmente en otros puntos a lo largo de la autopista Medellín-Bogotá.

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