Expresidente Funes y las bolsas negras llenas de dólares: otra historia de corrupción en El Salvador

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Uno de los colaboradores en el entramado de corrupción que según la fiscalía salvadoreña dirigió el expresidente Mauricio Funes durante su mandato (2009-2014) llegaba a un banco estatal a recoger miles de dólares en efectivo que metía en bolsas negras de basura, las subía en una pick up y las llevaba a Casa Presidencial. De ahí, el dinero era utilizado por el mandatario, su familia y miembros de su círculo cercano para pagar gastos de viajes, lujos, propiedades y hasta cirugías plásticas.

Lo de las bolsas de basura puede parecer anecdótico, pero no lo es: habla no solo de las cantidades de efectivo que los hombres del presidente recogían, sino también de la complicidad de una red que incluía, entre otros, al presidente del Banco Hipotecario, uno de los principales bancos que en El Salvador funcionan con capital estatal y que era donde los empleados bajo órdenes de Funes recibían el efectivo.

Douglas Meléndez, el fiscal general de El Salvador, detalló en una conferencia de prensa el pasado viernes 8 de junio, que Funes y su grupo están acusados de desfalcar US$351 millones, que es 1,41 por ciento del Producto Interno Bruto del país según el cálculo actualizado para 2017, 7 por ciento del presupuesto general de la nación para ese año y la mitad del déficit fiscal, que ronda los US$700 millones. La Fiscalía salvadoreña denominó al caso como “Saqueo público”.

El martes 5 de junio, la Fiscalía había culminado un operativo en el que hizo efectivas seis de 30 órdenes de capturas emitidas, que incluyen al expresidente, a sus exsecretarios privado y de comunicaciones, personal administrativo de Casa Presidencial, al presidente del Banco Hipotecario, a la actual pareja de Funes y los padres de esta y a una exesposa y dos hijos del exmandatario. 27 de los requeridos son acusados de lavado de dinero y tres de encubrimiento.

Entre los seis detenidos destaca el nombre de Miguel Meléndez, también conocido como Mecafé, un empresario que según una investigación de El Faro fue artífice de operaciones de desvío de fondos públicos para la construcción de un spa relacionado con Ada Michelle Guzmán, actual pareja de Funes y quien, sin trabajar en el Estado ni estar casada con el presidente, recibió un pasaporte diplomático salvadoreño en diciembre de 2011.

Mecafé también fue por un período breve presidente del estatal centro de ferias de San Salvador, en cuyas instalaciones se reunía regularmente con el presidente y otros colaboradores cercanos, según constataron a InSight Crime dos ex funcionarios de la administración Funes. Un vídeo publicado en El Salvador muestra a Mecafé dando dinero al exfiscal general Luis Martínez, actualmente preso por otro caso de corrupción.

“Hemos encontrado una estructura sofisticada que fue creada por el expresidente Funes y por el señor Miguel Menéndez Avelar para extraer fondos públicos del Estado y posteriormente lavarlos e invertirlos a nombre de testaferros, empresas y personas particulares”, dijo el fiscal Meléndez en la conferencia del viernes.

Las investigaciones del Ministerio Público indican que la operación de extracción de fondos empezaba en Casa Presidencial, desde donde Funes emitía órdenes para redireccionar dinero de diferentes ministerios hacia la Presidencia. Luego, desde la secretaría privada, de acuerdo con la investigación, se depositaba ese dinero en cuentas de empleados o empresas a través del Banco Hipotecario. Una forma de llevar el dinero de regreso al presidente y sus colaboradores era a través de las bolsas negras de basura.

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Mauricio Funes fue el primer presidente que llegó al poder bajo la bandera del FMLN, la ex guerrilla reconvertida en partido político tras la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil del país centroamericano en 2009. Funes hizo su campaña con énfasis en la lucha contra la corrupción que atribuía a los cuatro presidentes de la derechista Arena, que gobernó en El Salvador entre 1989 y 2009.

En 2016 la justicia salvadoreña inició un juicio civil contra Funes luego de que la Corte Suprema de Justicia detectó irregularidades en las declaraciones patrimoniales del expresidente. Funes, acuerpado por su partido, huyó a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político, desde donde sigue insistiendo que todas las acusaciones de la Fiscalía salvadoreña son una fabricación orquestada por sus enemigos políticos y que su vida corre peligro. La semana pasada, el fiscal Meléndez anunció que pedirá la extradición de Funes y que Interpol emita un código rojo de arresto.

Por el mismo caso, un juez de San Salvador también ordenó la captura de la ex primera dama de la República, Vanda Pignato, quien ha sido señalada por el delitos de lavado de dinero y activos.

Análisis de InSight Crime

Si las acusaciones de la Fiscalía terminan en condenas, Mauricio Funes pasará a la historia como uno de los políticos que peor desvalijó el erario salvadoreño. Antonio Saca, el antecesor de Funes, está preso en espera de juicio por delitos de corrupción y lavado de dinero; a Saca la Fiscalía le acusa de haber saqueado US$301 millones del erario. Francisco Flores, el presidente que antecedió a Saca, murió mientras era procesado por el desvío de fondos provenientes de donaciones internacionales.

Otro de los implicados en el caso contra Funes, de acuerdo con lo dicho por el mismo expresidente en su cuenta de Twitter, es Jorge Hernández, un expresentador y vicepresidente de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), la cadena televisiva más grande e influyente de El Salvador, quien también es procesado en tribunales por acusaciones de haber lavado dinero al expresidente Saca. Hernández, de acuerdo con dos fuentes consultadas por InSight Crime ha dado testimonio en contra de Funes a cambio de beneficios penales como ser procesado en arresto domiciliar, fue parte del círculo cercano de los dos expresidentes y, entre otras cosas, se supone que manejo pagos de sobornos a periodistas con fondos públicos.

La prensa, la banca estatal y privada por donde circularon fondos extraídos de las arcas públicas, varios ministerios… Los actores en la corrupción de los gobiernos salvadoreños recientes parecen ser muchos y de todos los colores. En total, los saqueos atribuidos a Saca y a Funes suman casi US$700 millones, una cantidad igual al déficit fiscal salvadoreño que ha obligado, entre otras cosas, a ajustes recientes en las pensiones de los empleados públicos y han llevado al país al borde del impago.

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Los saqueos han ocurrido, además, mientras se agravaba la situación de seguridad pública del país, que la última década llegó a ver promedios cercanos a los 20 homicidios diarios y tasas de hasta 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Durante la administración Funes, además, ocurrió la tregua entre las pandillas MS13, Barrio 18 y el Estado, durante la cual también ocurrieron actos de corrupción y que terminó por desembocar en una lucha abierta de los pandilleros con la fuerza pública, lo cual degeneró, entre otras cosas, en ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la policía y el Ejército.

El Salvador no es generalmente el país más mencionado cuando se analiza la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica, que también incluye a Guatemala y Honduras; son estos dos últimos los que han acaparado la atención internacional en parte porque en ambos hay organismos internacionales de apoyo a la lucha contra la corrupción. El nivel de saqueo del dinero público en el más pequeño de los tres países parece, al menos, igual de relevante.

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