La imputación de cargos a dos expresidentes de Panamá puede marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción que libra el país centroamericano, luego de años de procesos judiciales plagados de dilaciones.
El 1 de julio, la fiscalía del país anunció el levantamiento de cargos contra los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), y su citación a indagatoria.
La imputación de Martinelli tiene que ver con su participación en el caso “New Business”, que gira en torno al presunto desfalco de millones de dólares en dineros públicos para la adquisición de un grupo editorial, según The Panama News.
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Mientras que Varela está acusado de aceptar donaciones de campaña como sobornos de la gigante constructora Odebrecht cuando era vicepresidente de Martinelli y luego como presidente. Según teleSUR, el expresidente tiene la investigación abierta desde mediados del año anterior.
El 2 de julio, ambos personajes negaron rotundamente los señalamientos.
Lo que comenzó en 2014 como una investigación de corrupción en Brasil se ha convertido en un mega escándalo de corrupción de alcance regional, en cuyo centro se encuentra el conglomerado constructor brasileño Odebrecht. Desde México hasta Argentina, los investigadores develaron un patrón de pagos de coimas a altos funcionarios en forma de donaciones de campaña a cambio de contratos de infraestructura en toda Latinoamérica.
Las investigaciones han comprometido a docenas de políticos de alto rango y varios cientos de funcionarios de menor rango, diputados y magnates empresariales.
Análisis de InSight Crime
Este no es el primer problema legal que Martinelli enfrenta, pero hasta el momento, ha salido indemne de todos los anteriores. En 2017, fue puesto en custodia en Estados Unidos y extraditado a Panamá por otro escándalo de espionaje y corrupción. Pasó dos años en detención preventiva antes de que un tribunal declarara inocente.
Martinelli parece confiado en que será exonerado una vez más en el caso "New Business". Se dice que se negó a responder las preguntas de los fiscales el 2 de julio, pero habló con la prensa y aseguró que era el "mayor empresario del país" y víctima de persecución política.
Martinelli también está enredado en el escándalo de Odebrecht. Según los fiscales panameños, el gigante de la construcción brasileño pagó US$59 millones en sobornos para asegurar contratos de obras públicas en Panamá por valor total de US$96 millones durante la presidencia de Martinelli. Proyectos que incluían la construcción de carreteras, el mejoramiento del metro de Ciudad de Panamá, y la ampliación del Aeropuerto Internacional Tocumen. La anterior administración entregó apenas US$5,5 millones en contratos a la compañía.
Pero, nunca se formularon cargos contra Martinelli.
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La investigación a Odebrecht en Panamá se ha mantenido a fuego lento desde que Martinelli terminó su periodo presidencial en 2014. En 2018, la fiscal jefa del país para el caso Odebrecht, Zuleyka Moore, había abierto investigaciones a 76 personas, que terminó en cinco condenas y la recuperación de más US$255 millones. Las investigaciones han incluido indagaciones sobre la conducta del exministro de economía Frank de Lima, el exministro de obras públicas Jaime Ford, y dos hijos de Martinelli.
Los procesos contra Martinelli y ahora contra Varela se han rezagado, complicados por otras investigaciones sobre la administración y los tecnicismos de la extradición de Martinelli desde Estados Unidos.
Sin embargo, el 25 de mayo, el fiscal general Eduardo Ulloa rotó a Moore del caso Odebrecht luego de que ella decidiera no investigar a Jaime Lasso, exdiplomático acusado de recibir sobornos en nombre de Varela. La posterior apertura de una investigación contra Lasso, además de las imputaciones contra Varela y Martinelli, puede atribuirse a la toma de decisiones más agresiva de Ulloa.
Pese a este impulso reciente de los fiscales, Martinelli y Varela han mantenido una postura desafiante, y no puede darse por hecho que el caso concluya en condena.
Martinelli sostiene que esta imputación viola el “principio de especialidad” del acuerdo de extradición suscrito en 1904 entre Estados Unidos y Panamá. La cláusula afirma que no puede acusarse a alguien de delitos diferentes a los que dieron lugar a la extradición, en este caso, las denuncias de espionaje político por las que se exoneró a Martinelli en 2019.
Por su parte, Varela no puede apelar a ese acuerdo de extradición, pero ha negado las acusaciones. Sostiene que los pagos de Odebrecht fueron donaciones, no coimas.
Varela es apenas uno de los nuevos expresidentes latinoamericanos imputados formalmente o condenados en el escándalo de Odebrecht, precedido por Rafael Correa, de Ecuador, Ollanta Humala, de Perú, Michel Temer y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Mauricio Funes, de El Salvador.
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