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ANÁLISIS

Expresidentes salvadoreños se aliaron para planificar actos de corrupción

EL SALVADOR / 21 DIC 2018 POR HÉCTOR SILVA ÁVALOS ES

Antonio Saca, presidente de El Salvador entre 2004 y 2009, y Mauricio Funes, quien gobernó entre 2009 y 2014, formaron una alianza política que les sirvió para llevar adelante operaciones clandestinas, algunas ilegales. De esta manera lograron atacar a adversarios, interferir con investigaciones de la Fiscalía General y utilizar información clasificada de la inteligencia estatal con fines personales, según revela una investigación publicada por Revista Factum.

Audios difundidos por esa revista dan cuenta de una reunión que Funes y Saca sostuvieron en octubre de 2013 en una casa del segundo, en la que estuvieron varios de sus asesores más cercanos, entre ellos Herbert Saca, un oscuro operador político que, entre otras cosas, ha sido investigado por posibles nexos con la banda salvadoreña de narcotraficantes Los Perrones, una de las más importantes que ha existido en el país centroamericano.

Los presentes en aquella reunión de octubre, liderados por Funes, discutieron cómo conseguir de forma ilegal información clasificada de la Fiscalía y de Estados Unidos para emprender un ataque político contra el expresidente Francisco Flores, el antecesor de Saca. Todo ocurría a finales de 2013, en la previa de la elección presidencial de 2014, en la que Antonio Saca corría como candidato de una coalición de derechas.

*Este artículo sirve como introducción y análisis complementario de una          investigación publicada por Revista Factum. InSight Crime presenta la investigación completa en inglés aquí. Vea el original en español aquí.

En septiembre de 2013 a oídos de Funes y Saca había llegado información de que Flores había movido ilegalmente US$10 millones procedentes de un donativo taiwanés destinado a víctimas de dos terremotos que devastaron El Salvador en 2001 hacia cuentas personales y de su partido, Arena, que es el mismo que llevó a Saca a la presidencia. Parte de esos fondos sirvieron para financiar la campaña política de Saca en 2003 y la legislativa del partido Arena en 2006.

Eventualmente, la Fiscalía General procesó a Flores por desobediencia y enriquecimiento ilícito; el expresidente murió antes de que concluyera el proceso.

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En 2013, sin embargo, Funes y Saca planearon obtener a toda costa una pieza clave de la información que comprometía a Flores: un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que había extendido el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra Flores y que detallaba los movimientos irregulares del dinero taiwanés. El objetivo, según revelan los audios publicados por Factum, era emprender una operación política que culminaría con la creación de una subcomisión legislativa que abriría un juicio político a Flores.

Para llegar hasta ahí, Funes propuso, en la reunión de octubre de 2013, varias acciones irregulares, incluso ilegales, como sobornar al agente de la fiscalía general que se supone tenía el ROS y engañar a autoridades estadounidenses a través de enviados de la policía salvadoreña que intentarían en Washington obtener la información clasificada.

Consultado al respecto por Factum, Funes negó que haya hablado con Saca sobre la operación para inculpar a Flores, aunque los audios no dejan lugar a confusión. Funes, quien pocos días después de la reunión de octubre con Saca mostró el ROS en un programa de televisión local, dijo que el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) le había proporcionado el documento. Según la ley salvadoreña la decisión del uso de los documentos clasificados a los que tiene acceso el OIE es exclusiva del Presidente de la República.

En la actualidad, Saca está preso, condenado a 10 años de prisión tras haber confesado que desvió unos US$300 millones del erario para beneficio personal y de sus asociados. Funes, acusado por la Fiscalía General de varios delitos de corrupción, es prófugo de la justicia y vive amparado por el régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua. Flores aceptó, en 2015, que había desviado los fondos de Taiwán.

Análisis de InSight Crime

Esta nueva trama Funes-Saca-Flores vuelve a poner de manifiesto que el sistema político salvadoreño funciona, en buena medida, gracias a la corrupción, las componendas ilegales y el uso de las instituciones del Estado con fines particulares.

Funes, según sus mismas palabras, dice haber usado el Organismo de Inteligencia del Estado para que le proveyera de información que luego utilizaría como arma arrojadiza contra contrincantes políticos. Una reforma legal pactada en 1992 y hecha ley en 2001 estableció a la OIE como el principal organismo de inteligencia del Estado, cuyo fin último es, se supone, salvaguardar la seguridad nacional, no empeñarse en vendettas políticas.

Cuando ocurrió esta componenda entre Funes y Saca, la Fiscalía General era dirigida por Luis Martínez, un abogado elegido con votos de todos los partidos políticos salvadoreños que hoy está preso por delitos de corrupción y acusado por crímenes que van desde recibir sobornos hasta obstruir investigaciones, como la abierta contra Francisco Flores por los fondos de Taiwán. Como parte de su complot, Funes y Saca pretendieron, también, interferir en esa Fiscalía de forma ilegal, sobornando a un agente para obtener información privilegiada.

Además de toda la operación ilegal planificada por Funes y Saca para sacar el mayor provecho político de los delitos de su adversario, lo que estos audios reflejan es que operadores como Herbert Saca, señalados una y otra vez por posibles delitos, incluidas supuestas relaciones con el crimen organizado, están entre los lobbistas más influyentes de la política salvadoreña.

No parece haber ganadores en esta historia. Los Saca maniobraron con Funes para echar tierra a Flores por los US$10 millones de Taiwán aunque parte de ese dinero sirvió, precisamente, para que Antonio Saca llegara a la presidencia. Funes, quien llegó al Ejecutivo prometiendo erradicar años de corrupción, terminó muy pronto liderando nuevos pactos entre corruptos. Y Flores no es la víctima: él fue quien privó a salvadoreños, que perdieron casas y familiares en los terremotos de 2001, del alivio que suponía un donativo internacional.

*Este artículo sirve como introducción y análisis complementario de una          investigación publicada por Revista Factum. InSight Crime presenta la investigación completa en inglés aquí. Vea el original en español aquí.

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