La extinción de dominio no acabaría con la narcocorrupción en Paraguay

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Paraguay se encuentra debatiendo un proyecto de ley de extinción de dominio que según algunos defensores de la propuesta acabará con los vínculos entre políticos y narcotraficantes en el país. Pero la espinosa aplicación de este tipo de leyes en otras partes de Latinoamérica plantea un panorama menos optimista.

El Congreso de Paraguay está considerando aprobar una ley que les permitiría a las autoridades expropiar los bienes vinculados al narcotráfico. La ley, conocida como “ley antinarco“, fue aprobada por la Cámara de Diputados de Paraguay en diciembre de 2014.

La legislación ha recibido bastante apoyo de políticos influyentes tanto en Paraguay como en la comunidad internacional.

En abril de este año, el director de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, dijo que aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio, junto con varias reformas al financiamiento político, sería la “combinación ideal” para desmontar las estructuras financieras de las organizaciones criminales y su influencia en la política.

“Todos aprendimos la lección de que el narcotráfico penetró círculos de poder y hay que combatirlos”, declaró Rojas.

El senador Luis Alberto Wagner afirmó que aprobar la ley de extinción de dominio ayudaría a erradicar la narcocorrupción de la política paraguaya. Un representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) también expresó su apoyo a la iniciativa cuando se dirigió al Congreso de Paraguay en abril.

Sin embargo, el Senado de Paraguay rechazó la propuesta a finales de mayo, aduciendo que algunas de las disposiciones de la ley eran anticonstitucionales, por lo que la envió de nuevo a la Cámara para que sea sometida a mayor debate.

La propuesta de extinción de dominio surgió supuestamente de las reuniones celebradas entre representantes de las tres ramas del gobierno, en las que también participó el presidente Horacio Cartes. Este equipo tuvo la tarea de elaborar una estrategia de lucha contra el narcotráfico, tras el asesinato en octubre de 2014, de Pablo Medina, un periodista que estaba investigando el tráfico de drogas en el país. La muerte de Medina fue el catalizador de un mayor escándalo que ha vinculado a varios congresistas y agentes de seguridad con narcotraficantes.

Análisis de InSight Crime

Desde la muerte de Medina a finales del año pasado, Paraguay ha estado en el proceso de descubrir qué tan involucrada ha estado la clase política del país con el hampa. En octubre pasado, Rojas declaró que el narcotráfico había infiltrado no sólo la política paraguaya, sino también a los militares, al sistema judicial y a los medios de comunicación. En 2014, Paraguay era considerado el tercer país más corrupto de Latinoamérica y el Caribe —sólo por debajo de Venezuela y Haití— según el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional.

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Sin embargo, la mala aplicación de las leyes de extinción de dominio en otras partes de Latinoamérica sugiere que esta medida se quedaría corta frente al tipo de reformas radicales que Paraguay necesita. De hecho, la aprobación de una ley de extinción de dominio podría empeorar la narcocorrupción en Paraguay, puesto que hay una alta propensión a que las autoridades abusen del poder otorgado por estas leyes.

A continuación se enumeran varias razones por las que la ley de extinción de dominio en Paraguay no es la panacea que algunos están pregonando:

1.) El riesgo de corrupción en las fuerzas de seguridad. Los funcionarios de la policía encargados de incautar las propiedades pueden ver una forma fácil de usar su autoridad para beneficio personal. Recientes casos de corrupción dentro de las fuerzas armadas de Paraguay (y otros incidentes, como el hecho de que la policía haya robado un cargamento de cocaína incautado) plantean dudas sobre si las fuerzas de seguridad de Paraguay harían cumplir la ley de manera prudente.

2.) Las leyes de extinción de dominio pueden utilizarse como excusa para atacar a opositores políticos. En Paraguay, la posibilidad de cometer abusos en este sentido es particularmente evidente. Después de estallar el escándalo de narcopolítica el año pasado, los políticos paraguayos se lanzaron a acusar a sus oponentes de vínculos discretos —y en gran parte sin confirmar— con narcotraficantes. El año pasado, por ejemplo, el senador Robert Acevedo afirmó que al menos seis de sus colegas senadores estaban vinculados con narcotraficantes, pero se negó a revelar sus nombres.

3.) La entidad del gobierno encargada de implementar la ley podría llegar a ser totalmente disfuncional. Así ocurrió en Colombia, donde el organismo encargado de administrar los activos confiscados fue desmantelado el año pasado, después de que desaparecieron miles de millones de dólares en bienes incautados. No está claro si Paraguay crearía un organismo completamente nuevo para administrar los activos incautados, pero tampoco hay muchos motivos para suponer que las autoridades tendrán la suficiente capacidad para erradicar la corrupción interna.

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4.) Burocracia, burocracia y más burocracia. Los retos burocráticos han disminuido el impacto de las leyes de extinción de dominio en Latinoamérica. En Guatemala, las autoridades sólo han incautado US$3,2 millones en activos desde que se implementó la ley hace tres años. En México, sólo dos propiedades fueron recuperadas por el Estado entre 2009 y 2013.

Esto no quiere decir que las leyes de extinción de dominio en la región hayan sido inútiles. Además de atacar las finanzas de los grupos narcotraficantes, estas leyes también han sido utilizadas como herramienta para revelar la magnitud de las operaciones criminales.

La expropiación de bienes del narcotráfico también puede ser un antecedente de ofensivas mayores contra los grupos criminales. En agosto de 2014, las autoridades hondureñas confiscaron lujosas propiedades pertenecientes a los miembros del clan Valle, dedicado al transporte de drogas.

En ese momento, los Valle eran considerados intocables debido a sus presuntas conexiones con la élite política y empresarial del país. En cuestión de meses, muchos de los principales líderes de los Valle fueron capturados y extraditados a Estados Unidos. La reciente caída de otra importante familia de narcotraficantes hondureña, Los Cachiros, también fue impulsada por la incautación de hasta US$800 millones en propiedades en 2013.

Sin embargo, la posibilidad de que Paraguay tendrá éxito en la aplicación de su ley de extinción de dominio en un ámbito en el que otros países de la región han fracasado es por lo menos dudosa. Aunque algunos de los proponentes considerarían la aprobación de una ley de extinción de dominio como una especie de panacea para los problemas de corrupción de Paraguay, ésta podría llegar a ser más perjudicial que beneficiosa para el país.

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