La estructura y operaciones de la pandilla salvadoreña Barrio 18 se asemejan cada vez más a la de una corporación. Investigaciones del gobierno revelan que la pandilla mantiene cuidadosos registros contables del dinero obtenido de la extorsión y realizan inversiones estratégicas en empresas locales.
¿Qué hace la facción sureña del Barrio 18 con el dinero producto de la extorsión? El Faro tuvo acceso a dos investigaciones de Fiscalía, y a unos audios de intervenciones telefónicas, que dibujan a la pandilla como una empresa con empleados, inversiones, pagos, contadores y auditores que, desde los penales, mantienen a raya a cualquiera que quiera pasarse de ‘vivo’ en el próspero negocio de la extorsión. La pandilla invierte el dinero en armas cuando huele ambiente de guerra, celulares, zapatos, vehículos, kilos de cocaína y pequeños negocios lícitos. Con el dinero también se pagan honorarios de abogados, donaciones a madres o esposas y hasta se montan pequeñas despensas donde se venden pañales desechables Huggies.
Esta es la primera parte de un artículo que apareció originalmente en El Faro y fue publicado con permiso. Vea el original aquí.
El Barrio 18 ha sentenciado que no habrá rebaja. La pandilla no cederá ante el regate de la cuota, ante la súplica de una señora que vende pollo y que alega no poder pagar los US$400 de renta. Ellos saben que ella miente porque han “posteado” el negocio. Saben que a diario han ido y venido muchos clientes; y que la balanza de la vendedora hasta le alcanza para procurarse un vigilante privado. Han aprendido a convertirse en auditores contables y por eso consideran que aceptar la oferta de la señora, “dos libras de las pequeñas” (US$200), sería una burla. No habrá descuento y han decidido que cobrarán el dinero con más amenazas o con plomo.
—¡Mire, mire ve! La onda está… ¡Puta! Ahorita topado de cuerda, se pone al tiro esa vieja puta… ¡Péguele un bombazo, men! ¡En las patas, men!
—¿Ah?
—Orden del Little Boy, la gira…
—¿Ah?
—Ajá, ¡en las patas, men!
—Ah, vaya pues… Ahí ustedes dicen lo mejor.
—Y hay que llevarlos toda la bamba que haiga.
—¡Eso es mínimo! Jajaja.
—Jajaja, ta güeno.
Esta es parte de una conversación que el Centro de Intervención Telefónica de la Fiscalía interceptó el 24 de marzo de 2014. La persona que inicia la llamada es Juan Carlos Martínez Amaya, El Pitufo, uno de los palabreros de la facción sureña del Barrio 18, entonces recluido en Izalco, trasladado hace pocos días a “Zacatraz”, el penal de máxima seguridad. El que recibe la llamada es un pandillero de los Hoover, una “cancha” que extorsiona negocios del mercado Colón y sus alrededores, en Santa Ana. Entre esos negocios está la carnicería que pidió un descuento. Una súplica contable que solo podía aprobarla uno de los pandilleros más famosos de El Salvador.
***
En el penal de Cojutepeque, un hombre que está condenado a 45 años de prisión por homicidio y por tenencia de armas de guerra se parece a un contador a quien no le sale las cuentas. La lista de negocios extorsionados y los precios aplicados por la pandilla para cada negocio no cuadra con los ingresos que le han reportado. Eso provoca que unas dudas corroan su existencia: ¿cuál negocio no está pagando? o, en caso de que todos estén pagando, ¿quién de sus compinches no está reportando el dinero? Ese hombre se llama Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como Viejo Lin, considerado por la policía como uno de los líderes nacionales de la facción sureña del Barrio 18. El Viejo Lin toma el teléfono y decide pedir cuentas.
—¿Qué pasó? -inicia Viejo Lin.
—¿Q’iubo? Ahorita van a llegar, no se lo habían dado porque en el callejón habían dos azules, pero ahorita va a dárselo ya.
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El hombre que respondió la llamada de Viejo Lin está recluido en el penal de Izalco. Lo conocen como El Pitufo, uno de los que controla los Hoover, “la cancha” que extorsiona varios negocios en Santa Ana. Con la llamada telefónica, Viejo Lin intenta demostrar que sabe lo que está pasando en la calle, que maneja al dedillo las extorsiones, y que alguien no está reportando todo el dinero. Algo no cuadra. El Pitufo sabe la gravedad de la sospecha y, de entrada, se justifica:
—¡Puta! Mire ve, no, no crea que le estamos dando casaca, si nojotros todos los días mandamos. Nojotros estamos en agua también, pero el pedo es que los zopes a veces se aceleran.
—Fíjate que a mí allí me tiran de un lado, me tiran de otro. Me dicen: que ayer levantaron esto, que ayer lo otro y todo esto ¿Vaaa? ¿Mentendés? Entonces ¿Me copias?
—Sí, le escucho.
—Va, no creas que a mí… yo ignoro muchas cosas ¿Mentendés? ¿Vaaa? Porque en realidad no sé quiénes son y no me voy a poner a rastrear mierdas ¿Vaaa?
—¿Aja?
—¿Mentendés? Y yo, vos sabes, yo mira, yo ese hizo un hijueputa ¡Picarazo! Conmigo no hay niuna nueva, ya todas fueron inventadas ¿Mentendés?
—Jajaja (…) Nombre, guache ve, guache si… si poquito saliera yo le dijera tanto salió, pero lo que usted acaba de decir, yo bueno… Yo y Chaterry y ese Little Boy, ¿no? A veces en eso mismo estamos del mazo, pero de ahí nadie más…
—¡Mirá!... Ustedes son picarazos los tres.
—¡Nombre!
—Necesito darle, ya te explique el otro día que pedo… ¿Vaaa?
—No hemos bajado esa onda. Ahí es seguro, lo único que la gente se confía porque la señora del pollo tiene un culero con palo de escoba allí. Por eso se confía la vieja puta, pero hay vamos… Nosotros no agarramos nada más sino que allí el Ston se hubiera dado cuenta que algo agarramos.
—No como por otro lado, vos sabes que el sol alumbra no solo allí.
—Jajaja.
—Vaya, oíme, es un levante va, la cuestión es que mira si para mañana tenés eso amarrado.
El 24 de marzo de 2014, el Barrio 18 rechazó descontar la renta de la señora que vende pollo en Santa Ana. Debe pagar US$ 400, no los US$200 que ofrece. Lo que ella no sabe, es que en caso de no pagar, la orden que se ha girado en su contra es: “¡Péguele un bombazo!”.
***
Es gordo, moreno y de cabello negro. Viste un jeans y camisa morada con rayas blancas. Deambula por una terminal de buses, en espera de que alguien le entregue un sobre blanco, con US$1.400 adentro. Una vez que recibe el sobre, el hombre aborda un bus rumbo a la terminal de Santa Ana, se sienta cerca del conductor y guarda los billetes en una de las bolsas traseras de su pantalón. Cuando llega a su destino, el regordete se dirige hacia un chalet donde venden tarjetas de saldo telefónico. Quince días después, repite la rutina…
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Los policías de la unidad antiextorsiones saben que ese hombre gordo es el encargado de recoger la renta que paga una empresa en Santa Ana. Los investigadores comenzaron a seguirle la pista en abril de 2013, luego que una víctima denunciara que los pandilleros le exigían US$1.400 quincenales para no matar a sus empleados. Durante 13 años, el empresario ha pagado ese dinero, pero en abril de 2013 decidió interponer la denuncia porque los extorsionistas le exigían US$500 más.
El regordete no sabe nada de la denuncia. Tampoco sabe que tres equipos de vigilancia de la policía le están pisando los talones. Le han tomado una foto cuando llega a dejar la renta al chalet que vende tarjetas prepago. También lo han retratado a la entrada de una bodega pocos minutos después de recibir la renta. Otras veces, el regordete va a una venta de tortas y no ha faltado ocasión en que se haya dirigido hacia un comedor que regenta una mujer de blusa beige, falda celeste y delantal rojo. En esos lugares entrega la renta.
Los investigadores fingen controles rutinarios con el fin de identificar quién está a cargo de los negocios que frecuenta el hombre gordo que cobra la renta. Y así pasan los días y pasan los meses, con una colección de nombres, consignados en decenas de papeles, que parecen no llevar a ningún lado. Un día, la policía encuentra un nombre, un hilo que lleva hasta las cárceles: Silvia Maribel Martínez Ayala. Silvia es la esposa de El Pitufo, palabrero de una pandilla que, en ese momento, está recluido en Izalco. Silvia también tiene un negocio de comida ambulante en la terminal de Santa Ana, el cual es visitado por el hombre gordo que cobra la renta. La Fiscalía, entonces, ordena intervenir sus comunicaciones telefónicas y su implicación en las extorsiones queda retratada casi de inmediato:
—Andan policías en la terminal. Este teléfono está a mi nombre y por eso voy a hablar poco. ¿Ya pidieron lo de la caseta?
—Sí, esa la va recoger la María- le responde El Pitufo.
María no es pandillera. María es una “colaboradora” del Barrio. Un colaborador, básicamente, puede servir para dos cosas. Primero, pueden ser empleados de una empresa que filtran nombres y números telefónicos de los dueños, cantidad de empleados y de vehículos, entre otros detalles. A cambio de esa información reciben una tajada de la renta. Segundo, los “colaboradores” pueden servir para una especie de triangulación del dinero. Hay casos en que el camino de los dólares se puede resumir así: la pandilla selecciona a un empleado de la víctima para que reciba el dinero, ese empleado lo entrega al colaborador de la pandilla. El colaborador tiene dos caminos para hacerlo llegar a los pandilleros o sus familiares: entregas de efectivo o por remesa Tigo Money, el sistema de envío de remesas vía celulares instaurado por la telefónica, hace un par de años (o ambas). Así se lo ilustra El Pitufo a Ernesto, un colaborador de la pandilla:
—Una parte la remesás a la cuenta (de Tigo Money) y la otra se la das a Carlitos.
Carlitos es el hijo de El Pitufo. Pero… ¿Qué gana Ernesto con estar remesando dinero a los pandilleros o sus familiares? La respuesta es dinero. Una vez que la víctima entrega la renta, la pandilla comienza a deducir de inmediato una especie de “costos de operación”: generalmente se descuentan US$ 50 de “salario” de los colaboradores; otro descuento de US$10 o US$20 es por algo que se parece a una rústica “transferencia de dinero”; es decir, la cuota de un taxi por ir a recoger o trasladar el dinero de un lugar a otro.
Hay colaboradores que son claves para que el dinero circule por las venas de la pandilla. Su importancia es tal que ese salario no se descuenta del total de la renta que recogen sino que los líderes le asignan la extorsión que paga un negocio en específico. El Faro tuvo acceso a más de 5 mil folios de dos investigaciones judiciales, una en Santa Ana y otra en San Miguel, en las cuales se puede inferir cómo circula el dinero.
En Santa Ana, el caso que la Fiscalía ha armado contra los Hoovers se puede resumir así: 13 personas eran las encargadas de cobrar directamente la renta a las víctimas. Ellos lo entregaban a cinco familiares de los pandilleros (esposas, madres e hijos), quienes se encargaban de recibir una parte en efectivo para comprar, principalmente, tarjetas de saldo telefónico y para mover el dinero por medio del sistema Tigo Money. Una parte quedaba en cuentas bancarias de los familiares y otra parte se hacía llegar a los bolsillos de los pandilleros.
Además, en el caso de la cancha los Hoovers, a partir de múltiples llamadas telefónicas, se puede advertir que el Barrio hizo una especie de reparto de los negocios extorsionados. La lista es así:
El negocio de la leche paga US$50 mensuales.
La empresa RB. paga US$1.040 quincenales.
La tienda EC. US$500 que son para El Pitufo, Viejo Lin, Belcebú y Little Boy (no especifican periodicidad).
El negocio R. paga US20 (no especifican periodicidad).
La renta de la miniagencia es para la mujer del Danky (no especifica monto).
El negocio EN. paga US$60 y eso lo recibe Sandra.
El negocio R. paga US$50, dinero para Ernesto (él es un colaborador de la pandilla).
La renta del taller ES es para Little One, Snayder y Helen (no específica cantidad).
El negocio DP paga renta a El Pitufo (no se especifica cantidad).
Una panadería paga US$1.500 mensuales.
“Hay que comprar 10 cuetes porque esto viene negro”
A medida que aumenta la violencia, las pandillas incrementan la extorsión
El sábado 8 de febrero de 2014, a las 4:10 de la tarde, Herbert y El Polo se dirigen a negociar la compra de una metralleta que está disponible en el mercado ilegal de armas, en La Unión. Ellos no son los compradores, ellos son los intermediarios de alguien que quiere una Uzi, pero que no puede verificar la calidad ni regatear el precio porque está detenido en un penal, cumpliendo una condena de 30 años de prisión por homicidio.
—¿Y está buena esa mierda? -le preguntan a Herbert.
Quien hace la pregunta es José Timoteo Mendoza Flores, El Chory, palabrero de 32 “canchas” de la facción sureña del Barrio 18 diseminadas en el oriente del país, principalmente en La Unión. Cuando realizó esa llamada telefónica, en febrero de 2014, El Chory era una voz de peso para decidir en qué se gastaba el dinero de las extorsiones, tenía poder para decidir sobre la vida o muerte de aquellos que podrían representar una amenaza para su liderazgo o para el Barrio. Él llevaba la palabra. Y temía. Y armó su estrategia. El Chory se empeñó en convencer a su pandilla que una buena parte del dinero de las extorsiones se debía invertir en la compra de armas porque el fin de la tregua estaba cerca. Aquel sábado de relativa tranquilidad, cuando la policía reportó siete asesinatos, cifra pequeña al compararla con el promedio actual, el palabrero toma el teléfono y pregunta:
—¿Y el hijueputa ya se fue adelante?
—Sí, yo me paré a orinar. En El Carmen le llamé y no contestó –le contesta Herbert, su interlocutor.
—El maje tiene un pase por el Carmen y a lo mejor se tiró por ahí. ¿Y está buena esa mierda?
—Está bonita, se ve seminueva. El cargador es largo y se puede ir en ráfaga los 45 tiros que agarra. Está bonita, pero el vato no se quiere bajar.
—Están caras porque la onda de la tregua ya va terminar y esa mierda va haber plomo por todos lados, vea. Mira, ¿Y quién te va acompañar?
—El Polo. Es de Conchagua y tira polvo.
—¿A quién le compra?
—Creo que a Santa Rosa la va a traer.
La conversación continúa varios segundos más sobre el negocio de la cocaína, aunque de eso hablaremos más adelante. Por ahora diremos que dos representantes de la pandilla intentarán comprar una Uzi, los compradores no especifican el precio, pero saben que en el mercado no encontrarán rebaja porque, de alguna forma, las pandillas y los contrabandistas de armas han olfateado que el fin de la tregua está cerca, razón por la cual se han disparado los precios de las armas.
Hay palabreros que han decidido aumentar la cuota de las extorsiones para poder comprar armas. Eso ha provocado que algunas víctimas de extorsión acudan a la cúpula del Barrio para pedir que les mantengan la cuota. El Chory toma su teléfono y comienza a indagar que está pasando. Se comunica con José Luis Guzmán, "El Chiky", pandillero recluido en el penal de Izalco y le pregunta:
—¿Por qué le estás pidiendo más dinero a los señores de la ruta?
De entrada, El Chiky niega que haya incrementado la cuota de la renta. La negación no satisface a El Chory, quien le exige una explicación. Acorralado por las preguntas, doblegado a reconocer que está hablando con el máximo líder del barrio, El Chiky reconoce que subió la cuota de las extorsiones porque quieren comprar dos granadas.
El Chory objeta la compra de las dos granadas. Le dice que necesitan ese dinero para comprar una Uzi. Por el momento, el Barrio necesita invertir en las prioridades, y a largo plazo una Uzi es una inversión más rentable que solo dos granadas. Se tienen los dólares para comprar la metralleta pero solo eso, porque “han tomado prestado del dinero” que se tiene guardado para pagar al abogado de El Tamal.
***
El lunes 10 de abril de 2014, apenas dos días después del debate sobre la conveniencia de comprar granadas o una Uzi, un pandillero le llama por teléfono a El Chory y le dice que el “otro mazo” que quieren comprar ya está listo.
—Ya está aquella onda, pero hay que irla a traer al centro, a la terminal.
Ese día, el Barrio había recolectado US$475 de la extorsión, pero ese dinero no alcanzaba para comprar el arma (en la conversación no detallan cuánto cuesta). El pandillero lo único que hace es reportar que a esa cantidad se le han tenido que aplicar unos descuentos que se parecen a los gastos de operación de una empresa. El pandillero que se identifica como El Chainy lo dice así:
—Hay US$475. De eso se le dieron US$20 al vato que la recoge y US$5 al taxi.
El Chory le pide que guarde ese dinero, que espere, que solo es cuestión de horas para que en las arcas del barrio reciban más dólares para comprar el mazo.
—Ahí ténelo, faltan como mil (dólares que recoger de la extorsión).
Mientras ese dinero llega, El Chory se toma el tiempo de verificar que “los perritos” no hayan extraviado las armas que se les han dado previamente. El palabrero le pide a El Chainy que le mande una foto de su pistola 9 milímetros, también quiere una foto del revólver 357, Smith & Wesson, que tiene Meme. “Por cierto -pregunta El Chory-, ¿quién tiene el mazo 3.8?”.
*Esta es la primera parte de un artículo que apareció originalmente en El Faro y fue publicado con permiso. Vea el original aquí.
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