México ha insinuado que está buscando agilizar la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, un reconocimiento tácito de que los esfuerzos por reformar el sistema penitenciario se han quedado cortos con respecto a las necesidades para garantizar la custodia efectiva de los criminales más peligrosos del país.
El pasado 22 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto le dijo a un grupo de líderes políticos y económicos reunidos en Davos, Suiza, que su gobierno está tomando medidas para extraditar a Guzmán a Estados Unidos “lo antes posible”. Estas palabras hacen eco de las declaraciones de Peña Nieto inmediatamente después de la captura de Guzmán, según las cuales México buscaría enviarlo a Estados Unidos, donde hay una serie de acusaciones que pesan sobre el jefe del Cartel de Sinaloa.
Aunque aún no se ha confirmado la fecha del traslado de Guzmán, su pronta extradición parece seguir siendo la mejor decisión de los funcionarios mexicanos. Una tercera fuga de Guzmán no sólo significaría que uno de los criminales más poderosos del país volvería a quedar en libertad, sino que además dejaría por el suelo la credibilidad de México en materia de seguridad —e incluso en otros asuntos—, por toda una generación. Hay además un amplio historial de criminales mexicanos que esencialmente han dirigido sus imperios desde detrás de las rejas, como Osiel Cárdenas, del Cartel Golfo (a quien el presidente Felipe Calderón extraditó sumariamente seis semanas después de asumir su mandato en 2007), y el propio Guzmán (quien recibió casi 400 visitas de sus socios durante los menos de 18 meses que estuvo en prisión antes de fugarse en julio de 2015).
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Así mismo, aunque la decisión de extraditar a Guzmán es un loable reconocimiento de las condiciones reales, también es una manera de aceptar que México no confía en sí mismo en cuanto a uno de los elementos más básicos del Estado de derecho. En otras palabras, que la extradición de Guzmán sea una necesidad tan apremiante es lamentable, y a la vez es una muestra de décadas de ineficiencia de la dirigencia política.
Análisis de InSight Crime
Los defectos del sistema penitenciario se han manifestado en intervalos regulares a lo largo de las dos presidencias anteriores, y eran evidentes para cualquier observador desprevenido incluso antes de la reciente fuga de Guzmán. La frecuencia de los asesinatos masivos dentro de las prisiones, que a menudo dejan decenas de muertos, sugiere que los grupos criminales ajustan cuentas libremente al interior de las prisiones. También son comunes las fugas de decenas, e incluso cientos de prisioneros. Y por supuesto, la fuga de Guzmán en 2001 fue casi como un toque de diana.
Sin embargo, la calidad del sistema penitenciario mexicano parece haberse vuelto menos fiable durante las últimas tres presidencias. Si bien hay varios factores relacionados que impiden implementar mejoras —como el hacinamiento y la falta de instalaciones seguras—, un elemento clave es la ineficacia del sistema político mexicano para asumir un compromiso duradero con respecto a la reforma del sistema penitenciario.
El expresidente Calderón anunció la creación de 12 nuevas cárceles al final de su mandato, lo cual ha sido quizá el intento más sólido de reformar el sistema carcelario en la historia mexicana reciente. Sin embargo, incluso ésta puede ser considerada una medida a medias; pues muchos de estos proyectos ya habían estado en marcha cuando Calderón hizo su anuncio, y las falencias de las cárceles mexicanas no se solucionarán simplemente con más instalaciones. Tampoco está claro si los proyectos han continuado a buen ritmo bajo la administración Peña Nieto, pero en todo caso parece evidente que la reforma penitenciaria es poco importante en la lista de prioridades de seguridad de la actual administración.
Todo esto es el reflejo de un problema mayor: que México ha sido incapaz de garantizar una respuesta duradera a varios problemas de seguridad a largo plazo. Cada presidente mexicano ha tratado de reorganizar las fuerzas federales de policía a lo largo de los últimos 20 años —un ciclo constante de cambios institucionales en el que cada nueva administración deshace los esfuerzos de su predecesor— (Los ejemplos durante el gobierno de Peña Nieto son la gendarmería y los recientes esfuerzos por poner en práctica el Mando Único). La misma dinámica es evidente en la irregular implementación de la reforma judicial en el país, y en la falta de interés por abordar sistemáticamente la corrupción política o la policial.
Por desgracia, el sistema político mexicano no está configurado para abordar los retos a largo plazo. El mandato presidencial de seis años, sin posibilidades de reelección, les otorga a los presidentes un espacio limitado para aplicar las reformas, y por lo general no adelantan proyectos difíciles, dado que es poco probable que su trabajo genere resultados durante su presidencia. Así que en vez de iniciar un proceso de 10 o 20 años que podría dar como resultado mejoras sustanciales, los presidentes prefieren enfocarse en cumplir logros visibles, a pesar de que no tengan ningún impacto en la sociedad mexicana.
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Esta misma dinámica se observa en otros niveles; a pesar de algunas recientes reformas a las leyes electorales, la reelección está estrictamente prohibida para los puestos legislativos y directivos del país, lo que significa que los líderes políticos no tienen incentivos individuales para emprender tareas que son refractarias a las soluciones a corto plazo.
Estos grandes problemas requieren cambios institucionales y culturales al interior de estos departamentos, lo que también los convierte en trabajos hercúleos. Pero durante décadas, México ha necesitado una policía más eficaz, un sistema penitenciario más confiable, un poder judicial modernizado, además de muchos otros objetivos, y es razonable preguntarse por qué no se han obtenido resultados mayores. También es razonable preguntarse por qué, mientras Peña Nieto pretende encomendar su problemática carcelaria a Estados Unidos mediante la extradición, el gobierno actual no ha hecho mucho por abordar la raíz de las falencias de México.
Dado que las causas fundamentales de la inseguridad mexicana son problemas de descomposición institucional profundamente arraigados, el desbalance entre las necesidades de México y los horizontes de tiempo de sus políticos se levanta como una barrera fundamental, y a menudo insuperable, para el progreso.
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