La extradición a Estados Unidos de Tomás Yarrington, el exgobernador mexicano cuyo nombre se ha hecho sinónimo de la corrupción y la narcopolítica, ahora puede ser inminente. Pero otros casos de corrupción recientes que involucran a élites poderosas aunque de perfil no tan alto puede desencadenar mayores reverberaciones por las instituciones y las redes criminales mexicanas.
El 16 de mayo, Estados Unidos hizo entrega formal de la documentación para la extradición de Yarrington a las autoridades italianas que arrestaron al exgobernante en la ciudad de Florencia el 9 de abril, informó Proceso.
La solicitud se dio después de cierta disputa entre Estados Unidos y México sobre dónde comparecería Yarrington ante los tribunales. Pero el fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions y el procurador general de México, Raúl Cervantes acordaron el 19 de abril solicitar que el "Ministerio de Justicia italiano diera prioridad a la solicitud [de extradición] de Estados Unidos", según un comunicado conjunto, y posponer los cargos en México.
Antes de su captura, Yarrington había estado fuera del radar por casi cinco años. El exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas, en la frontera, pasó a la clandestinidad luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera una investigación sobre sus nexos con el Cartel del Golfo y Los Zetas. Posteriormente fue imputado en Estados Unidos por cooperar con ambos grupos criminales, además de acusaciones por lavado de dinero y aceptación de sobornos.
Yarrington también afronta cargos por lavado de dinero y crimen organizado en México. Se acusa a Yarrington de haber permitido durante su mandato que el Cartel del Golfo y Los Zetas impusieran control sobre el estado de Tamaulipas mediante la aceptación inicialmente de millones de dólares en sobornos para financiar campañas políticas. Más adelante presuntamente se involucró con las actividades de narcotráfico del Cartel del Golfo, según las acusaciones.
Todos los cargos penales contra Yarrington datan de su época como gobernador, entre 1999 y 2005, afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PRI suspendió a Yarrington en 2012, cuando se abrió la investigación en su contra en México.
Informaciones tomadas del Wall Street Journal luego de la captura de Yarrington muestran que pese a que era objeto de una orden internacional de captura, se le asignaron como guardaespaldas ocho agentes de la policía estatal en los últimos seis meses de 2016.
Los hechos en torno a su presunto cómplice en el delito, Fernando Alejandro Cano Martínez, han recibido escasa atención (la fama de Yarrington en comparación es la explicación más plausible). Pero Cano Martínez está acusado técnicamente de más delitos que Yarrington, y en realidad fue capturado en Nuevo León, México, un par de meses antes de apresar a Yarrington en Italia.
En Estados Unidos, se acusa a Cano Martínez de conspirar de violar las provisiones del estatuto de las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales de Estados Unidos (RICO, por sus iniciales en inglés), además de conspiración para el lavado de dinero, conspiración para estafa, y conspiración para entregar extractos falsos a bancos estadounidenses con pólizas federales. En México, enfrenta acusaciones de fraude por varios millones de dólares.
Pese a esto, pocas horas después de su arresto Cano Martínez fue liberado después de enviar una fianza y un juez federal le concedió una orden de protección contra cualquier demanda por su detención en México. No es claro cómo Cano Martínez llenó los requisitos para solicitar libertad bajo fianza cuando se los requiere por acusaciones tan graves en Estados Unidos y México. Sin embargo, hay espacio para la especulación, dadas las conexiones que se le han revelado, que el tratamiento favorable y la corrupción pueden haber tomado parte en su liberación.
Todo esto apunta a evidencia adicional sobre la persistente influencia de las élites políticas y empresariales en México, aun cuando recaigan sobre ellas sendas sospechas de abuso de poder.
Análisis de InSight Crime
Yarrington también puede haber ejercido una influencia importante hasta el día de su arresto, pero la lentitud de las acciones legales emprendidas por México y Estados Unidos anticipan un debilitamiento de su caso. Tanto él como Cano Martínez fueron detenidos —y Cano Martínez liberado posteriormente— más de una década después de la comisión de sus crímenes.
El PRI también ha perdido el control de Tamaulipas frente al partido rival por primera vez en su historia. Francisco Javier García Cabeza de Vaca asumió el cargo en octubre de 2016 como miembro del opositor Partido de Acción Nacional (PAN). Ahora, diez años después, y con un nuevo partido al frente del estado, muchas de las redes y los actores de poder han cambiado.
Ese hecho resta algo de actualidad a gran parte de la información que Yarrington pueda entregar a los organismos de orden público en Estados Unidos, según José Antonio Caballero Juárez, profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México.
""Seguro que los vínculos [de Yarrington] pueden rastrearse hasta personas que siguen en activas", comentó Caballero a InSight Crime por correo electrónico. "En segundo lugar, puede aportar información sobre temas más recientes. Sin embargo aquí el impacto me parece que será menos importante".
Aun si eventualmente vuelve a arrestarse y se procesa a Cano Martínez, la misma lógica aplica a cualquier información que puede persuadírsele a compartir con los organismos de justicia.
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En contraste, otros sonados casos recientes de élites corruptas ofrecen esperanza de tener un mayor impacto potencial en la desestabilización de la corrupción institucional en México y en la alteración de la actual dinámica criminal.
En abril de 2017, Iván Reyes Arzate, excomandante de un departamento de policía en México que compartió inteligencia con aliados estadounidenses, fue acusado de "conspirar con otros para obstruir de manera corrupta una investigación antinarcóticos desde Estados Unidos", según un boletín de prensa de la Fiscalía de Estados Unidos en el distrito norte de Illinois.
Reyes "compartió directamente información con los objetivos de una investigación estadounidense en un intento por influir corruptamente y alertar a los sujetos de la investigación que se los estaba indagando", según la denuncia penal.
En una presunta configuración de colusión que se remonta a 2009 por lo menos, se sospecha que Reyes "usó sus facultades como funcionario de la justicia para proteger los intereses de la Organización Beltrán Leyva y recibió pagos regulares que ascienden a millones de dólares".
Reyes había aprobado pruebas de confianza en Estados Unidos y México, de manera que el caso en su contra muestra los límites de dichos exámenes, observó Caballero.
Lo crucial es que Reyes fue despedido en noviembre de 2016, y en febrero de 2017 fue confrontado por fiscales estadounidenses y por la Policía Federal de México en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, informó el Chicago Tribune. La denuncia penal en su contra se registró prontamente, en febrero, y el pliego de cargos se formuló en abril.
Reyes se mantuvo activo en su presunta cooperación criminal hasta el día de su despido, y poco después fue arrestado. Si Reyes, actualmente bajo custodia en Chicago, decidiera cooperar con la justicia para reducir su sentencia, promete dar mucha más claridad sobre la dinámica actual del crimen organizado y sus conexiones políticas de lo que Yarrington puede estar en capacidad de dar.
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El caso de Édgar Veytia, el exprocurador general del estado mexicano de Nayarit también tiene potencial para causar un impacto real. Veytia fue arrestado el 27 de marzo, en San Diego, California, por cargos de drogas.
Según un pliego de cargos federal en Estados Unidos, entre enero de 2013 y febrero de 2017, Veytia conspiró para ingresar ilegalmente a Estados Unidos por lo menos un kilo de heroína, al menos cinco kilos de cocaína, por lo menos medio kilo de metanfetaminas y por lo menos una tonelada de marihuana.
La denuncia de que Veytia participó activamente en colusión con narcotraficantes hasta hace pocos meses indica que puede estar en posesión de la información más útil si llega a un acuerdo con las autoridades estadounidenses.
Más aún, en su calidad de procurador general, Veytia presuntamente comenzó a actuar en colusión con narcotraficantes en 2013, el mismo año en el que se convirtió en el funcionario más alto de la justicia en Nayarit. Su estado comparte una frontera en el norte con el estado de Sinaloa, base del Cartel de Sinaloa, que sigue manteniendo un control importante de operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos.
Desde la captura y extradición de su exjefe Joaquín "El Chapo" Guzmán en enero de 2016, el Cartel de Sinaloa se ha debilitado por luchas internas de poder. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se formó en los estados de Jalisco y Colima, ha estado expandiéndose en el país.
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Fuentes militares anónimas declararon a Vanguardia en marzo de 2017, que Veytia permitió que el CJNG convirtiera a Nayarit en su base de operaciones, y les ofreció protección en el proceso. Veytia presuntamente permitió que el CJNG produjera heroína y metanfetaminas en laboratorios clandestinos en Nayarit, y que almacenara cargamentos de cocaína de Centro y Suramérica.
Toda esta información indica que Veytia y Reyes, más que Yarrington o posiblemente Cano Martínez, podrían entregar el tipo de información que la justicia puede usar realmente para desmantelar las organizaciones criminales que operan actualmente.
Esta comparación muestra la importancia de la oportunidad, y cómo los casos de alto perfil no siempre son los que pueden producir mayor impacto en el terreno.
Dicho esto, el caso contra Yarrington sin embargo envía un mensaje.
La corrupción en las instituciones políticas y de seguridad en México es un problema de larga data en el país. Solo en 2016, hubo cinco exgobernadores mexicanos de un total de 11 exgobernadores señalados por cargos de corrupción —entre ellos, Eugenio Hernández, otro exgobernador de Tamaulipas (de 2005 a 2010, después de Yarrington); Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León de 2009 a 2015; y César Duarte, gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016. Todos en algún momento estuvieron afiliados al PRI.
El proceso contra Yarrington —y el de otro exgobernador acusado de corrupción, Javier Duarte— puede interpretarse en una de dos maneras. Puede señalar que no se tolerará la corrupción en la política, en especial con el interés del PRI por mejorar su imagen, que se ha visto perjudicada por incontables escándalos de corrupción y atrocidades contra los derechos humanos en la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto. O puede ser una advertencia para que los funcionarios corruptos mantengan un bajo perfil, por lo menos hasta las elecciones presidenciales del próximo año.
Independientemente de lo que esté haciendo el PRI para poner orden en su casa, se necesitará un rediseño institucional mucho más sistemático para librar a México de la impunidad que permite que ocurran casos de abuso de poder como los que se han visto. Entretanto, el arresto y juzgamiento oportunos de miembros de la élite sospechosos de corrupción, como Veytia y Reyes, son mucho más útiles para desmantelar las actuales redes del crimen organizado y sus nexos con la narcopolítica que los casos que se orientan a actores corruptos que han dejado el poder tiempo atrás.
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