Importantes fiscales guatemaltecos dicen que el presidente Otto Pérez Molina estuvo involucrado en el escándalo relacionado con un masivo fraude aduanero, el mismo día en que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti fue detenida por su presunta participación en la red.
Baldetti fue puesta bajo custodia cuando se encontraba en uno de los hospitales más grandes de Guatemala, a donde ingresó el 16 de agosto, según informó elPeriodico.
Fue arrestada por varios cargos relacionados con el escándalo de un masivo fraude aduanero conocido como La Línea. El secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, es acusado de dirigir la red criminal, en la que participaban principalmente la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala y decenas de colaboradores.
Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dijo que considera necesario un antejuicio del Congreso para determinar si hay suficiente evidencia para suprimir la inmunidad presidencial de Pérez Molina.
Durante una conferencia de prensa el 21 de agosto, Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana dijeron que las investigaciones sugieren que las constantes referencias a alias “número uno” y “número dos” en conversaciones de miembros de La Línea interceptadas pueden aludir a Pérez Molina y Baldetti respectivamente.
Específicamente, los fiscales dicen que el jefe de La Línea (el secretario privado de Baldetti) les rendía cuentas a ellos.
“Arriba de Juan Carlos Monzón, encontramos en la estructura de La Línea, al señor presidente —Pérez Molina— y a Roxana Baldetti —ex vicepresidenta—, dijo Aldana.
Cuando la prensa le preguntó al presidente por la posibilidad de un antejuicio del Congreso, él sólo respondió: “Vamos a ver de qué se trata”.
Y cuando le preguntaron si renunciaría, dijo: “Estamos dando la cara”.
El presidente ya ha enfrentado un intento de despojarlo de su inmunidad política, el cuales fracasó. Su periodo terminaría en enero de 2016.
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Tras una investigación que ha durado casi un año, adelantada por la CICIG y el Ministerio Público (que en Guatemala cumple las veces de la Fiscalía), en abril las autoridades llevaron a cabo la primera ola de arrestos en relación con La Línea. El descontento público por la corrupción en el país condujo a varias protestas multitudinarias contra el gobierno, lo que llevó a la dimisión de Baldetti en mayo.
Desde entonces, con pocas excepciones, ella ha guardado silencio con respecto a la investigación, y además ha negado las acusaciones en su contra.
Análisis de InSight Crime
Esta noticia surge pocas semanas antes de la primera ronda de elecciones presidenciales, que será una reñida disputa entre tres candidatos. La segunda ronda sería a finales de octubre, en caso de que ningún candidato obtenga más del 50 por ciento de las votaciones este 6 de septiembre.
Si Pérez Molina logra permanecer en su cargo hasta el final, su sucesor, independientemente de quien sea, tendrá muchas dificultades para recuperar la confianza en el gobierno, dada la magnitud que ha alcanzado este escándalo.
Queda por verse si Baldetti aún tiene las relaciones y los amigos en altos puestos que necesitaría para inclinar la balanza favorablemente en su caso. Es posible que ella utilice lo que sabe para desenmascarar al presidente e intentar salvar su pellejo. Sin embargo, también es posible que la oscura red de élites guatemaltecas corruptas consideren que acudir a la ayuda de Baldetti —y quizá en este momento también a Pérez Molina— sería un paso muy riesgoso.
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De cierta forma, la caída de Baldetti podría haber sido algo inevitable, dadas las acusaciones de corrupción y de dudosos acuerdos que ha enfrentado durante toda su carrera política. Sin embargo, su arresto innegablemente ha desestabilizado aún más el statu quo de Guatemala, un país que en lo que va del año ha sido agitado por un escándalo de corrupción tras otro.
Guatemala ha luchado durante mucho tiempo con las redes de corrupción que podría decirse que han convertido al país en algo así como un Estado mafioso. Cabe destacar que los involucrados en el más reciente escándalo aduanero tenían prácticas muy similares a las de una red que operó en el país en el pasado, conocida como la Red Moreno. Activa entre los años setenta y noventa, la Red Moreno —compuesta por militares, policías y otros funcionarios del gobierno corruptos— se dedicaba a robar cargamentos de contrabando y obligaba a sus propietarios a pagar dinero para recuperar sus mercancías. Como se indica en un informe de 2003 realizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés), es probable que la Red Moreno también tuviera conexiones con otras células corruptas de funcionarios militares, conocidas como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), en uno de las cuales podría haber participado Pérez Molina.
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La Línea siguió un modus operandi similar, excepto que en lugar de robar los bienes se confabuló con los importadores; y mediante sobornos permitían que los importadores eludieran los impuestos requeridos. Se estima que los miembros de La Línea ganaban cientos de miles de dólares semanales de esta manera.
De cierta forma, La Línea también operaba de una manera similar a los CIACS, pero en lugar de agentes de seguridad corruptos, la red involucraba a los principales traficantes de influencias económicas y políticas de Guatemala. Al llevar la investigación sobre La Línea a los más altos niveles del poder, los investigadores no sólo han establecido un precedente importante para la independencia judicial, sino que básicamente están dejando al descubriendo las redes mafiosas que durante décadas han venido exprimiendo las arcas del país.
Si bien previamente el sistema judicial de Guatemala ha demostrado ser incapaz de resistirse a la influencia política durante los juicios más destacados, aún es probable que el caso contra Baldetti —y una eventual investigación sobre Pérez Molina— establezca nuevos parámetros para el Estado de derecho en el país.
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