Roxana Baldetti, la exvicepresidenta de Guatemala, ha intentado durante tres días refugiarse en un rincón detrás del más alto y robusto de sus abogados. Desde ahí, oculta en una esquina del Tribunal B de Mayor Riesgo, ha tomado nota, y escrito y reescrito el Padre Nuestro en su libreta.
Parece que espera un milagro. En ocasiones se ha detenido para apuntar un dato, una fecha, algún nombre. Parece nerviosa, y desde su refugio improvisado apenas es visible, resguardada, además del gran abogado, por 30 agentes del Sistema Penitenciario, y otros tantos de la Policía Nacional Civil.
El milagro podría ocurrir en diferentes modalidades. Uno —el milagro clásico— en el que ella, de tanto copiar el Padre Nuestro, sea rescatada por un batallón de querubines que con prontitud abran las rejas de Matamoros o la prisión para mujeres Santa Teresita, y la lleven directo a alguna playa del Caribe.
Éste parece poco probable. Los otros milagros que podrían ocurrir no dependen tanto del rezo, sino más bien de un sistema de justicia corrupto que en los últimos tiempos ha ido dando algún espectáculo de sus entrañas putrefactas.
Este es un extracto de un artículo publicado originalmente por Plaza Pública. Fue ligeramente editado con permiso. Vea el original aquí.
Poco a poco el semblante de Baldetti se relaja. Sonríe (cuando se deja ver). Sabe que esto apenas es el comienzo, apenas la primera fase de un proceso penal. A su favor, luego de las Comisiones de Postulación del año pasado, sabe que las designaciones de las 42 Cortes de Apelaciones que existen en Guatemala —que las 13 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)— fueron negociadas en su nombre por el partido oficial, el Partido Patriota, desde el Congreso de la República, en septiembre de 2014.
El Padre Nuestro no le traerá el milagro que ahora necesita. Pero las altas cortes que se repartieron políticamente en el Congreso, sí podrían. Muchos de los magistrados electos, se deben a ella...
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Desde su guarida, Baldetti ha escuchado casi sin inmutarse la acusación en su contra del Ministerio Público (MP), que en Guatemala hace las veces de Fiscalía, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se le acusa de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y de defraudación aduanera. Además, y de mayor gravedad, se le ubica como la líder de "La Línea", la red criminal que, según la investigación del MP, defraudó al fisco poco más de 28,5 millones de quetzales (unos US$3.700.000 al cambio de hoy) en un año —entre mayo de 2014 y abril de 2015—. El 50 por ciento de la defraudación, como indicó la fiscalía durante su acusación, era entregada a Baldetti cuando aún era vicepresidenta, según el Ministerio Público.
Hoy, cuando Baldetti está a punto de saber si existen pruebas suficientes en su contra para enfrentar un proceso penal, el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, ha ordenado retirar el cerco de agentes que la rodeaba, quienes además no habían permitido a la prensa tomar fotografías. El gesto de Baldetti, desde su rincón, ante la orden del juez es de resignación; las cámaras de inmediato dispararon cientos de veces contra ella.
Hasta el pasado 16 de abril, el nombre de Baldetti no había sido presentado en los informes de las investigaciones por defraudación aduanera. Al menos no de forma directa. Para esa fecha, el MP y la CICIG, ubicaban al exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón Rojas (aún prófugo), como el máximo líder de la red de defraudación aduanera "La Línea". Las intervenciones telefónicas, el seguimiento de reuniones entre los miembros de la red criminal los habían llevado hasta ese punto. Tras la captura de 22 personas, además de 17 allanamientos y cientos de documentos secuestrados, al hacer pública la investigación y en medio del revuelo mediático, el Ministerio Público y la CICIG siempre fueron cautelosos en mencionar a los otros dos sospechosos. El fiscal Óscar Schaad, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), había asegurado que no existían indicios para relacionar a Baldetti con La Línea.
En realidad, con la acusación contra Monzón Rojas, los investigadores estaban a la mitad del camino para continuar atando las pruebas que los llevarían a los jefes de la estructura. Más alto, en la cima de "La Línea", como demostraron los documentos sustraídos de las computadoras de los mandos medios de la red capturados el 16 de abril, las distribuciones de las ganancias de la defraudación, tenían algunos beneficiarios en puestos superiores: la exvicemandataria, Ingrid Roxana Baldetti Elías, y el Presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Los documentos les llamaban "el número uno" y "la número dos".
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El 8 de mayo, una Roxana Baldetti debilitada —sin argumentos para defender a su exsecretario privado— se vio obligada a renunciar a la Vicepresidencia. A partir de entonces, perdió su inmunidad. Y casi tres meses después, la orden de captura en su contra fue dictada por el juez Gálvez a solicitud del MP, a causa de los nuevos elementos de investigación recopilados por la CICIG.
El comisionado, Iván Velásquez, tras la captura de Baldetti el pasado 21 de agosto, explicaba: "No hay duda de que, por las referencias que se hacen inclusive a reuniones que se realizaron con el Presidente de la República, todas las referencias al 'uno' y a la 'dos' corresponden al Presidente y a la entonces Vicepresidenta de la República".
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Los nombres detrás de Baldetti
"La señora", "la dos", "la mera-mera", "La señorona"... Para el MP y la CICIG, la exvicemandataria, Roxana Baldetti, ha tenido muchos nombres a lo largo de los últimos dos años. Detrás de cada seudónimo, no obstante, ella era siempre una instrucción, una orden.
El fiscal José Antonio Morales, ante el juez Miguel Ángel Gálvez, argumentó que "la lógica y el pensamiento crítico razonado sólo pueden inferir que Ingrid Roxana Baldetti Elías lideraba la estructura criminal ("La Línea") que defraudaba las aduanas".
"No hay otra Vicepresidenta. No hay otra número dos", enfatizaba la fiscalía.
La acusación formal del MP en contra de Roxana Baldetti, durante la audiencia en el Tribunal B de Mayor Riesgo, se trató de una narración cronológica sobre el modo en que operaba La Línea, pero sobre todo, basada en las pequeñas crisis dentro de la red a partir de algunos cambios internos, ciertos reacomodos. Más de 30 escuchas fueron reproducidas para evidenciar la implicación de la exvicepresidenta. Sin embargo, su nombre, el nombre de Roxana Baldetti, no fue mencionado ni una sola vez en las conversaciones intervenidas entre los miembros de "La Línea".
"No es posible, para un proceso penal, que el MP no haya podido individualizar la responsabilidad de Roxana Baldetti" criticaba el abogado defensor Mario Cano. "Su nombre no aparece."
Pero las escuchas telefónicas intentaban sustentar la intervención del presidente y la exvicepresidenta en momentos decisivos para la continuidad del funcionamiento de La Línea...
En este sentido, algunas de las pruebas clave que presentó el MP contra Roxana Baldetti, fueron encaminadas en demostrar que tenía vínculos directos con los altos mandos de "La Línea". Y no sólo eso, sino que además daba órdenes, tenía poder para colocar personas en puestos claves, como el Superintendente de Administración Tributaria (SAT).
Las escuchas telefónicas reproducidas durante la audiencia buscaban a esta Baldetti operativa, mandamás, jefa. Así su apelativo "La Señora" y "La Dos", fue apareciendo entre las voces que describían cambios y reorganizaciones dentro de la estructura de defraudación. Por ejemplo, entre agosto y octubre de 2014, cuando la red criminal tuvo un nuevo operador: la transición, en específico, de Osama Aziz Aranki a Javier Ortiz Arriaga, el "Teniente Jerez".
El MP también la ubicó como la responsable del nombramiento de Omar Franco al frente de la SAT. Algo que sucedió el 28 de enero de 2015.
Estos reacomodos delataban, mediante las intervenciones telefónicas, como señaló el fiscal Morales, el consentimiento, injerencia, y participación de "La Dos", "La Gran Señora, "La vicepresidenta". Ni una pieza ni un operador de la "La Línea", se movió sin que los mandos medios de la red, en código, mencionaran la intervención de alguien superior a Juan Carlos Monzón (al cual se referían como "J", o "JC" en las llamadas).
Por ejemplo, en un audio del 23 de diciembre de 2014, el enlace entre la estructura alta y media, el interlocutor entre Monzón y el "Teniente Jerez", Geovani Marroquín dice:
—CM (Carlos Muñoz) está fuera. El elegido para sustituirlo es "Anteojitos" [Omar Franco]. "La Señora" lo quiere ahí y si ella lo quiere, así será. A eso es a lo que va J, de parte de "La Señora".
Y en otro audio del mismo día, Omar Franco en conversación con Geovani Marroquín indica:
—Me llamó el privado de "La dos". Quiere una reunión.
El juez Gálvez, antes de dictar su fallo contra Baldetti, sopesó estas escuchas. Gálvez habló de la manera en que se crean, se expanden las redes de los cuerpos paralelos que capturan los Estados. La forma en que, en la actualidad, las redes criminales utilizan dinámicas empresariales. "Entre los legal y lo ilegal", indicó el juez. Baldetti, en ese momento, seria, parecía poner atención, como si fuera una estudiante en una clase de universidad. A veces, al escuchar su nombre, su cabeza se movía de arriba hacia abajo, afirmativamente. O bien se mantenía abstraída, pensativa. De un día para otro, abandonó la escritura y reescritura obsesiva del Padre Nuestro.
Pero, a pesar de que el sistema de comisiones y nombramientos de las cortes ya ha sido señalado como una de las principales taras del sistema, que podría beneficiar a aquellos que quitan y ponen a las piezas que les convienen; hay, por supuesto, espacios de probidad, hay jueces honorables. Allí está el juez Gálvez, que es reconocido por muchos en el círculo judicial como incorruptible.
Baldetti no está sola
El MP fue más allá en la investigación y ante el juez reveló otros datos que no sólo implicaban a Baldetti. Durante la audiencia el fiscal Morales presentó algunos audios y pruebas que implicaban al presidente Otto Pérez Molina como parte de toda la defraudación aduanera. "Estaba enterado. Todo se hacía bajo su consentimiento", explicaba la fiscalía.
En un audio del 3 de noviembre de 2014, Otto Pérez Molina pide a Carlos Muñoz cambiar al encargado de Recursos Humanos en la SAT. El Presidente le dice al entonces Superintendente:
"El de Recursos Humanos que habíamos dicho de los cambios. Ya los sindicatos están amenazando. ¿Por qué no quiere cambiarme al de Recursos Humanos? Necesitamos eso para continuar con los cambios..."
Gálvez reaccionaria diciendo: "¿Cómo es posible que el Presidente no respete la autonomía de la SAT? Sin duda lo motivan sus propios intereses".
Sebastián Herrera, uno de los capturados luego del pasado 16 de abril, sería colocado como director de Recursos Humanos en la SAT luego de esta llamada realizada por el Presidente. El propósito de este cambio era, como señaló la fiscalía, tener maniobrabilidad en los puestos aduaneros durante el reacomodo y transición de "La Línea" que corría a cargo de Javier Ortiz, el "Teniente Jerez".
Por encargo del Presidente, como indicó el operador Geovani Marroquín en otro audio presentado por el MP, Ortiz tenía la responsabilidad de ordenar la operación en las aduanas ya que se había "convertido en un mercado". La instrucción del Presidente, dijo el fiscal Morales, fue crear cuatro cuentas bancarias para depositar lo defraudado por "La Línea", directamente desde las aduanas...
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La distribución de las ganancias
Cuando en abril el MP desmanteló a La Línea, algunas escuchas telefónicas mencionaban "La R". Pero no era un código para referirse a Roxana Baldetti, ya que luego de los allanamientos de abril, como indicó el fiscal Morales, se refería a la recaudación.
Allí aparece escurridizo el tercer milagro para Baldetti: que la fiscalía o que la CICIG tengan un caso endeble, que las pistas recolectadas, que los lazos entre los operadores de La Línea y los acusados como líderes no sean contundentes, no convenzan a los jueces. Pero éste parece poco probable. Los fiscales se tomaron su tiempo, escucharon 88.920 y leyeron 5.906 correos electrónicos. La CICIG y el MP resistieron la presión de la ciudadanía que exigía la cabeza de los mandatarios. Esperó. Es probable que tengan un caso bien atado.
Según los documentos presentados ante el juez Gálvez —momento en que Baldetti, desde su escondite detrás de su abogado, anotaba y anotaba lo que veía en la proyección— había dos tipos de recaudación: "R1" para el fisco, y una "R2" para La Línea.
Las tablas de recaudación "oficiales" fueron incautadas por el MP en el interior de la oficina de Estuardo González, jefe de la estructura alta, subordinado directo de Juan Carlos Monzón, y —vinculado por negocios— con la exvicepresidenta.
Durante la audiencia contra Baldetti, la fiscalía indicó que el 50 por ciento de la defraudación se entregaba a los niveles 1 y 2, y el otro 50 por ciento se distribuía entre los demás miembros de la red. Del 5 al 31 de mayo de 2014, por ejemplo, "La Línea" defraudó 1.355.000 quetzales. Al nivel 1 y 2 le correspondieron 677.000 quetzales. "El 1 y el 2 se trataba de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti", señaló el fiscal Morales.
La distribución de la recaudación, según las pruebas documentales del MP, entre los altos mandos de la red criminal, era la siguiente: [Juan Carlos Monzón 7,5 por ciento, Estuardo González 6,5 por ciento, y para el 1 [Otto Pérez Molina] y la 2 [Roxana Baldetti] el 50 por ciento. En total un 61 por ciento para los mandos altos de "La Línea". El 39 por ciento restante quedó fuera de las pruebas documentales del MP. No fue presentado.
Ante esta evidencia, el abogado defensor de Baldetti, Mario Cano, no realizó ninguna argumentación. No mencionó estos documentos que detallan la distribución de las ganancias de la defraudación aduanera durante su turno para intentar rechazar la acusación contra Roxana Baldetti.
Entre otros documentos incautados en la oficina de Estuardo González— también presentados por la fiscalía ante el juez Gálvez— se encontraron varios cheques a nombre de la acusada. Dos de ellos, emitidos por la empresa Proyectos Rentables de Inversión S.A. Según una investigación de elPeriódico, Baldetti es accionista de esta financiera dedicada a préstamos hipotecarios. En total, el MP señaló que la exvicemandataria recibió 7.958.823,34 quetzales en sólo seis cheques.
La defensa argumentó que estos cheques "se refieren a los dividendos, las ganancias que se reparte entre los accionistas de una empresa. Tenemos los documentos que respaldan el pago de los impuestos por este dinero", indicó el abogado Cano.
Baldetti, con estas pruebas proyectadas, hablaba en voz muy baja e instruía a su abogado defensor. "Vamos a ofrecer pruebas del origen de todo este dinero en otro momento procesal", argumentaba la defensa.
Pero para el juez Gálvez, lo que tuvo más peso fue el lugar, o el conjunto de cosas en que fueron encontrados los cheques: En la oficina de Estuardo González, junto a otros documentos, como un memorial que fue remitido al presidente Otto Pérez Molina para informar sobre los cambios y movimientos necesarios en las aduanas, además de listados de precios, cálculos, papeles de trámites aduaneros, con información de las operaciones ilegales. Entre todos estos papeles fueron encontrados los cheques a nombre de Baldetti.
La "corrupción alarmante"
"Las escuchas evidencias que cada operación, cada reacomodo, como la distribución de las ganancias, se hacía internamente desde la estructura. Entre las llamadas se intuye que sí hay referencia a Roxana Baldetti. Hay órdenes y hay instrucciones. ¿Quién puede cambiar a un director de la SAT? Estamos hablando de una Vicepresidenta. Llega un momento en que se creen intocables", señalaba Gálvez
"La SAT es la forma con que el Estado va a cumplir con la seguridad, la educación, la salud de todos nosotros. Pero aquí se alteraron sus propósitos. El delito de corrupción llega a ser alarmante", agregaba el juez.
Desde la defensa, Mario Cano, nunca negó la existencia de la estructura criminal. Tampoco negó la posible participación de Baldetti en "La Línea". Es más, incluso felicitó a la CICIG por la desarticulación de la red de defraudación en la aduanas. No obstante, sí se quejó del último delito pedido por el MP: el cohecho pasivo. "No puede existir al lado de la asociación ilícita", dijo.
El mismo día en que Roxana Baldetti inició su primera audiencia de declaración, la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal firmó un acuerdo para beneficiar a Baldetti. Un acuerdo ministerial, publicado en el Diario Oficial, para establecer una nueva cárcel de mujeres en el interior del Cuartel General de Matamoros. Al resolver en contra de Baldetti, el juez Gálvez admitió su sorpresa por la recién inaugurada cárcel, pensada exclusivamente para la estancia de Baldetti. Durante su resolución final, Gálvez decidió enviar a prisión preventiva a la exvicemandataria, pero por "equidad", la recluyó en el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresita. "Crear una cárcel luego de su detención es algo que no procede", dijo Gálvez.
Tres meses fueron otorgados para que el MP, apoyado por la CICIG, lleve a cabo la investigación que llevará a Roxana Baldetti a juicio, acusada de liderar la red de defraudación conocida como "La Línea". En ese tiempo, se verá si ocurre algún milagro, ¿el clásico? ¿el de una fiscalía y una CICIG desbordada y sin pruebas? Parecen poco factibles. Está el otro, el milagro en las altas cortes de Guatemala, quizás el único que podría ocurrir y rescatar a Roxana Baldetti.
Este es un extracto de un artículo publicado originalmente por Plaza Pública. Fue ligeramente editado con permiso. Vea el original aquí.
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