Un fallo de la Corte Constitucional de Colombia ha abierto una oportunidad para los opositores al proceso de paz, que el país firmó con las FARC, de sabotear la implementación de los acuerdos. Un hecho que puede incentivar las disidencias entre las filas de la guerrilla, además de la violencia y la incertidumbre en el hampa.
El 17 de mayo, la corte declaró inconstitucionales dos aspectos del marco legal establecido para la implementación del acuerdo de paz logrado el año pasado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En primer lugar, la corte echó por tierra la cláusula que estipulaba que el Congreso solo podría votar sí o no a bloques de leyes y reformas relacionadas con la implementación del proceso de paz en lugar de debatir y votar cada punto de manera individual.
En segundo lugar, anuló la cláusula que establecía que las modificaciones a la legislación para la paz solo podían hacerse con ajuste al acuerdo mismo y con el aval del gobierno.
Ambas cláusulas fueron elementos centrales del marco establecido por el gobierno para permitirle pasar rápidamente la legislación del proceso de paz por el Congreso y comenzar a implementar los acuerdos. Sin embargo, cinco de ocho jueces dictaminaron que las dos cláusulas equivalían a reemplazar la constitución alterando las facultades deliberativas y decisorias del Congreso, informó La Silla Vacía.
El presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, afirmó que el fallo no buscaba poner freno a la implementación de los acuerdos, sino por el contrario "abrir espacios de deliberación democrática", según El Colombiano.
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La decisión fue bien recibida por los opositores al proceso de paz, en especial el partido político Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, que había presionado para que se revisara su legalidad.
La corte reconoció que el fast-track "usurpaba las funciones de la legislatura y las entregaba de manera arbitraria al gobierno de Santos y a las FARC", comentó a Semana el senador por el Centro Democrático, Samuel Hoyos, en referencia al presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Sin embargo, los defensores del proceso de paz y las FARC mismas están alarmados por las implicaciones de largo alcance de ese fallo, del que dicen puede afectar la integridad del proceso de paz.
"La decisión ha puesto el proceso en la situación más difícil desde que se inició", señaló un comunicado del secretariado del grupo.
En Twitter, el jefe de las FARC, Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias "Pastor Alape", fue aún más tajante.
"La decisión de la Corte no ayuda a la implementación del Acuerdo, abre las puertas para regresar a la guerra", escribió.
Análisis de InSight Crime
Disimulados en la árida jerga legal, los procesos legislativos y los procedimientos legales del fallo de la Corte Constitucional, hay una decisión con la capacidad de sabotear el proceso de paz en Colombia y de provocar violencia, inseguridad y caos en el hampa.
El fallo deja los acuerdos de paz vulnerables a ataques de ambas partes.
En primer lugar, el bloque político liderado por Uribe ahora tiene la capacidad de paralizar la legislación para la paz en el Congreso, atascándola en debates interminables, demandas de modificación y votaciones, aun cuando se mantenga el proceso de desmovilización de las FARC.
Las elecciones presidenciales en mayo de 2018, les permitirá a Uribe y al Centro Democrático entorpecer la implementación de los acuerdos para su beneficio político en la etapa preliminar a la campaña. Desligar el proceso también implica que gran parte de él quede sin resolver y sin implementar para el momento en que asuma el poder un nuevo gobierno, lo que les permitirá deshacer el acuerdo de paz con mayor facilidad si llegan a la presidencia.
Los acuerdos ahora quedan también vulnerables a una mayor erosión mediante fallos de la Corte Constitucional. La corte tiene fijada en una fecha próxima la decisión sobre la constitucionalidad de la legislación sobre la paz que ya ha sido aprobada, incluyendo la ley fundamental de amnistía que establece el estatus legal para los guerrilleros desmovilizados y la ley que establece el sistema de justicia especial que se implementará para juzgar sobre los crímenes de guerra.
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Este refuerzo a las cartas de Uribe y del Centro Democrático, y la posible erosión de la integridad de los acuerdos firmados con los negociadores de las FARC, envían un fuerte mensaje tanto a los guerrilleros como al secretariado de las FARC de que el proceso de paz puede estar en riesgo de sabotaje político.
Muchos combatientes desmovilizados tienen poca fe en las promesas hechas por el gobierno en el acuerdo y sienten ansiedad por su futuro. Sienten incluso que una de las garantías más básicas ofrecidas por el gobierno, como lo es su estatus legal, está en riesgo. Por lo tanto, las tasas de deserciones podrían dispararse, y muchos excombatientes pueden unirse a otros grupos guerrilleros, paramilitares criminalizados o formar sus propias redes en el hampa.
Para los comandantes de las FARC, entre tanto, la posibilidad ahora maximizada de que Uribe y sus aliados debiliten o incluso se tomen el poder y deshagan el acuerdo de paz crea un incentivo para poner más empeño en cualquier política que les dé una garantía contra el colapso del proceso… una política que probablemente tenga que ver con las armas.
Quedan numerosas batallas legales y políticas por librar en el año que viene que serán determinantes para el futuro del acuerdo de paz en Colombia. Pero el fallo emitido esta semana por la Corte Constitucional puede llegar a considerarse un hito en el proceso de paz, pues ha creado la oportunidad de socavar fatalmente la integridad del acuerdo y, en consecuencia, el desarme y la desmovilización de las FARC.
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