Fallo de corte en Honduras puede minar organismo anticorrupción

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La Corte Suprema en Honduras ha dictado un complicado fallo sobre la constitucionalidad de un organismo independiente de lucha contra la corrupción, el cual deja intacto el ente, pero aun así podría debilitar un aspecto clave de su funcionamiento.

La decisión, con fecha del 29 de mayo, fue la respuesta a un recurso legal que pretendía impugnar la constitucionalidad de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un órgano judicial auxiliar creado en 2016 mediante un acuerdo entre el gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos.

Un grupo de diputados había alegado que la MACCIH debía declararse inconstitucional, por cuanto violaba la soberanía de Honduras y la independencia de las instituciones del país.

La Corte rechazó ese argumento, pero parte de su decisión podría afectar las funciones de una unidad especial del Ministerio Público conocida como la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

La UFECIC es la principal unidad con la que trabaja la MACCIH en la preparación de sus casos anticorrupción, así que el fallo que limita dicha colaboración puede complicar bastante sus iniciativas anticorrupción.

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En una serie de tuits, el exvocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, cuestionó el razonamiento legal que sustenta el fallo.

“La sentencia no declara inconstitucional [el acuerdo que dio vida a la MACCIH], pero establece una única forma de aplicación”, escribió Jiménez Mayor.

“Fallo obliga a fiscal general a adecuar la… UFECIC a dicha interpretación, restringiendo mandato de la MACCIH”, continuó.

Pero, replicó, “La interpretación parte de un supuesto inexistente: UFECIC no delega funciones constitucionales a MACCIH”.

Análisis de InSight Crime

Queda por ver exactamente cómo el fallo de la Corte Suprema afectará el funcionamiento de la MACCIH, pero algunos observadores lo ven como otro golpe al organismo anticorrupción en medio de una prolongada campaña de autoblindaje que adelantan elementos de las élites empresarial y política de Honduras.

Charles Call, jefe del equipo especial de investigación de American University, que estudia la MACCIH y las medidas contra la impunidad en Honduras, comentó a InSight Crime que la sentencia es una “forma disimulada de socavar la MACCIH”, que ha “quedado herida de gravedad con este fallo”.

La sentencia da la apariencia pública de haber protegido al organismo anticorrupción de un ataque legal, posiblemente en un intento de disipar las inquietudes de la comunidad internacional y la sociedad civil hondureña. Pero en realidad, amenaza la existencia y el funcionamiento de la UFECIC, que hace posible una coordinación real entre la MACCIH y el Ministerio Público.

En los últimos meses, recordó Call, las élites “han realmente intentado desarmar a la MACCIH”, porque el organismo comenzó a avanzar en “casos sensibles que han tenido repercusiones políticas”, incluyendo un esquema de malversación que implica a docenas de diputados. Con el fallo de la corte, “encontraron una forma astuta” de lograr ese objetivo, comentó.

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Gabriela Blen, prominente activista hondureña contra la corrupción y directora del grupo activista que defiende temas de justicia y transparencia, dijo a InSight Crime que la MACCIH podría enfrentar amenazas fuera de la sentencia de la Corte Suprema.

En particular, Blen señaló que la próxima elección del fiscal general será “decisiva” para determinar el futuro de la lucha de Honduras para erradicar la corrupción.

“Si la MACCIH sigue en Honduras, pero la Fiscalía no colabora, la MACCIH no va poder hacer nada”, observó Blen.

Añadió que un nuevo fiscal general puede decidir desmantelar directamente la UFECIC, aun cuando el fallo reciente no lo hizo. También el nuevo fiscal podría rechazar de manera selectiva casos contra personajes poderosos.

Blen y Call hicieron énfasis en que la presión continuada de la sociedad civil y la comunidad internacional serán claves en los meses que vienen porque el fallo de la Corte Suprema representa solo uno de una serie de ataques contra los esfuerzos de lucha contra la corrupción, que parecen haber tomado fuerza en los últimos meses.

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