Falsos agentes en El Salvador indican problema de imagen de la DEA

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Las autoridades de El Salvador arrestaron a dos hombres por presunta suplantación de agentes de la Administración para el Control de las Drogas (DEA) en un esquema de extorsión, un caso que refleja la turbia imagen que suele acosar al organismo estadounidense en Latinoamérica.

El 20 de diciembre, la Fiscalía General de El Salvador anunció la captura de Rafael Alcides Flores Mendoza y de Santos Edgardo Guzmán Ayala, a quienes acusaron de extorsionar a políticos y funcionarios del gobierno.

Según los fiscales, ambos se hacían pasar por agentes de la DEA ante sus víctimas y amenazaban con usar su influencia para perjudicar la imagen de la víctima y causarles problemas legales si no les pagaban sobornos que ascendían a miles de dólares.

La policía y los fiscales aprehendieron al par en una operación encubierta en la que la potencial víctima, un alcalde local, realizó una entrega controlada de US$15.000 en un hotel de San Salvador antes de que las autoridades aparecieran de repente. En el momento de su captura, ambos portaban escarapelas que los identificaban como agentes de la DEA.

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Según los fiscales, las investigaciones preliminares indican que los dos hombres habían tenido comunicación directa y mantenían contacto con un exagente de la DEA en Centroamérica, Danny Dalton, aunque no insinuaron que Dalton hubiera tenido conocimiento o que estuviera involucrado en el esquema.

Análisis de InSight Crime

Aunque los fiscales dejaron salir el nombre de Danny Dalton —reconocido por sus críticas directas a la corrupción estatal en Salvador, incluida la Fiscalía General— hay poco hasta el momento que indique que miembros de la DEA activos o en retiro tuvieran participación directa en la presunta extorsión que se realizó en su nombre. Sin embargo, el solo hecho de que las amenazas de Flores y Guzmán parecieran creíbles para sus víctimas revela el serio problema de imagen del organismo en Latinoamérica.

El personaje de un agente de la DEA, que se salta las leyes o participa de conductas criminales “para poder hacer su trabajo” se ha convertido en una metáfora omnipresente en la ficción del hampa, desde series de televisión de gran sintonía hasta novela negra de autores como Don Winslow. Estas representaciones culturales, que bien podrían alimentar por sí solas la percepción sobre la DEA en la región, pueden rayar en el cliché, pero tienen origen en una amplia gama de casos e investigaciones que ilustran porqué muchos latinoamericanos miran a la DEA con temor o sospecha.

La DEA fue fundada en 1973, pero fue en los años 80, del auge de la cocaína cuando comenzó a ventilarse la corrupción en la agencia. Hacia finales de la década, varios agentes enfrentaban juicios por robo de drogas incautadas y dinero, tráfico y venta de estupefacientes, lavado de dinero y suministro de protección a traficantes nacionales y transnacionales— en algunos casos presuntamente se ocupaban de estas actividades mientras se daban la gran vida a expensas de la DEA.

Casos más recientes —muchos de los cuales han tenido considerable difusión en los medios latinoamericanos— muestran cómo las actividades de algunos agentes siguen perjudicando las operaciones y la reputación de la DEA en la actualidad. En 2015, apareció un informe interno de la DEA en el que se detallaba cómo entre 2001 y 2008 agentes en Colombia participaron en orgías usando dinero del organismo para pagar prostitutas. Lo más perturbador era que los informes también incluían detalles de los encuentros entre agentes de la DEA y escuadrones de la muerte de narcotraficantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los que los comandantes de las AUC obsequiaban fusiles AK47 a los agentes.

El informe no solo desató un escándalo por la conducta de los agentes de la DEA implicados, sino que causó mayor consternación sobre la agencia misma cuando se supo que los agentes continuaron en sus cargos. No solo eso, sino que también se hizo evidente que esto hacía parte de un patrón más amplio en temas disciplinarios, en los que los agentes seguían trabajando después de descubrirse que falsificaban registros, tenían asociación con criminales e incluso distribuían drogas.

Las acciones de la DEA fuera del ojo de los medios también podían contribuir a las sospechas en torno a la agencia entre los latinoamericanos, en especial personas con cargos dentro del gobierno, como las presuntas víctimas de extorsión en El Salvador.

El manejo dado por la agencia a los activos de inteligencia, en particular, se ha convertido en tema de preocupación. En 2015, tanto la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense (pdf) como la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (pdf) divulgaron informes en los que detallaban las fallas de la DEA en el uso de informantes confidenciales. Ambos informes pusieron de relieve la falta de sanciones, en especial en lo que respecta a actividades ilegales cometidas por fuentes de la DEA. Además, los encuentros de la DEA con altos contactos de los carteles, que suministran información sobre sus rivales, han dado pie a teorías conspirativas en la región en el sentido de que Estados Unidos favorece o incluso coopera directamente con ciertas organizaciones criminales.

Además de los delitos de la DEA y sus fuentes, las figuras políticas en Latinoamérica tienen mayores razones para mirar con suspicacia a la agencia: su historial de extralimitación en sus funciones por motivaciones políticas.

Acusaciones por actos de este tipo también se remontan a la década de 1980, cuando hubo numerosas acusaciones, como las hechas por el exagente encubierto de la DEA Michael Levine, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus iniciales en inglés) de desviar operativos antinarcóticos en Latinoamérica con fines políticos. Levine posteriormente acusó a un compañero suyo de la DEA de lanzarle amenazas de muerte veladas en un intento por hacer que callara sobre el tema.

Más recientemente, los gobiernos de Bolivia y Venezuela expulsaron de sus países a la DEA alegando interferencia política y espionaje. Aunque ambos países tienen motivos políticos y posiblemente delincuenciales para querer a la DEA fuera de sus asuntos, y han lanzado acusaciones fantásticas contra el organismo, también hay evidencia que muestra que no son infundadas las acusaciones de participación de la DEA en el acopio de inteligencia con motivaciones políticas.

Con base en esta historia de conductas corruptas y criminales de algunos agentes de la DEA, reforzadas por las representaciones culturales y las acusaciones de exagentes y gobiernos antagónicos, no es de extrañar que los funcionarios salvadoreños se dejaran convencer de que estaban siendo chantajeados por los principales representantes de Estados Unidos en la guerra contra las drogas.

Sin embargo, este problema de imagen no solo abre un  espacio para estos delitos oportunistas. También afecta los esfuerzos de la DEA por combatir el crimen organizado en la región, al generar desconfianza hacia los representantes legítimos del organismo y crear una excusa conveniente que pueden aducir elementos corruptos de gobiernos extranjeros o enemigos políticos para distraer sobre sus actividades.

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