Falta de financiamiento y personal debilitan nuevas medidas sobre opioides en EEUU

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Una serie de nuevas medidas para combatir la crisis de los opioides en Estados Unidos es una demostración más de que la Casa Blanca tiene más interés en usar el problema para anotarse puntos en la política que en atacar sus raíces.

En una conferencia de prensa el 29 de noviembre, el fiscal general Jeff Sessions anunció varios cambios a la estrategia del gobierno estadounidense para tratar la crisis de los opioides en el país, que ha empeorado de manera dramática en los últimos años.

Sessions presentó una reorientación de los recursos del Departamento de Justicia, con la creación de una nueva oficina local de la Administración para el Control de Drogas (DEA) para la fiscalización de Tennessee, West Virginia y Kentucky, y a la vez obligaba a cada fiscalía en Estados Unidos a designar un coordinar para sus iniciativas contra los opioides. El fiscal general también anunció US$12 millones en subvenciones del gobierno para fines no especificados.

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Además, Sessions describió a Kellyanne Conway, vocera del presidente Donald Trump desde su campaña de 2016, como la nueva delegada de la Casa Blanca para las iniciativas represivas contra el uso de opioides. No se especificaron las responsabilidades precisas que tendría Conway, y aunque muchos medios informativos se han referido a ella como la nueva “zarina de los opioides”, el Atlantic señala que dicho apelativo puede exagerar el alcance de su gestión.

Los últimos anuncios siguen a varios intentos previos de rediseño de la política del gobierno frente a la crisis de los opioides, un tema recurrente en los discursos de campaña de Trump.

En octubre, el presidente Trump dio el mayor paso simbólico al declarar un estado de emergencia de salud pública en todo el país por causa del abuso de opioides. Y en agosto, Sessions anunció la creación de una nueva unidad para la investigación de fraudes relacionados con los opioides en el Departamento de Justicia para atacar el mercado de prescripción ilegal de las sustancias, estrechamente relacionado con la actual crisis.

Análisis de InSight Crime

La preocupación de la administración Trump por la epidemia de opioides está justificada, pues el número de estadounidenses que usan opioides ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, junto con el número de sobredosis fatales, que son actualmente la principal causa de muerte entre sus ciudadanos menores de 50 años. Sin embargo, los recientes pronunciamientos de la administración contrastan de manera notable con la vacuidad fundamental del discurso de Trump.

Un síntoma que lo delata a primera vista es la cantidad de dinero que se inyectará al problema, o más bien la falta de este. Doce millones de dólares es una cantidad tan ínfima que ni siquiera merece mencionarse en un evento público: representa apenas 0,5 por ciento del presupuesto anual de la DEA, de US$2.100 millones para 2017, lo que en sí es apenas una fracción del gasto total del gobierno en la lucha antinarcóticos. (Sessions no aclaró si este dinero constituye una nueva asignación o simplemente un emolumento redireccionado de otras prioridades).

La designación de Conway como la “zarina” de estas iniciativas es otra señal de lo insustancial de las promesas hechas por la administración Trump. Conway, encuestadora de oficio, mejor conocida como sustituta de Trump en las noticias por cable, no parece tener la experiencia o el conocimiento que se necesitaría para dirigir un reto importante en materia legislativa, que involucra aspectos complejos de orden policial y salud pública.

Más aún, la Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) aún no tiene un director más de un año después de la elección de Trump. El presidente había nombrado en este cargo a Tom Marino, congresista que trabajó por largo tiempo al lado de gigantes farmacéuticos, cuyo apetito por las ganancias contribuyó a sentar las bases de la actual crisis. Sin embargo, tras la publicación en octubre de una investigación del Washington Post y de 60 Minutes en el que se presentaban en detalle los nexos de Marino con la industria, este retiró su nombre de la lista de candidatos al cargo.

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Además de la falta de personal adecuado en altas posiciones legislativas y de asesoría, el enfoque de Trump sobre el problema de los opioides ha priorizado las medidas policivas sobre la reducción de perjuicios y las estrategias de prevención, como la ampliación de programas de tratamiento de la adición. Ha habido crecientes llamados de autoridades internacionales para que se desista de esa estrategia y se adopten medidas “no punitivas” para el control de los narcóticos.

Adicionalmente, la administración ha complicado la cooperación en este tema con China y México, ambos aliados internacionales claves en la lucha contra el flagelo de los opioides. Trump y sus subordinados no solo han perseguido a ambos países en materia comercial —temas en disputa constante que no obstante suelen existir en un ámbito separado de la política de drogas— sino también específicamente por su papel en el recrudecimiento de la epidemia de opioides. En su discurso de octubre, donde declaró la emergencia nacional en salud, Trump acusó a ambos países por no atacar con suficiente dureza los opioides ilícitos. Como InSight Crime ya lo había señalado, este tipo de manifestaciones no hacen más que distanciar a países cuyo respaldo necesita Estados Unidos.

Esta combinación de factores ha contribuido a asegurar que luego de un año en el cargo, la administración Trump no haya hecho casi ningún avance concreto para contener uno de los problemas de drogas más difíciles en la historia del país.

Sin embargo, Trump ha aprendido que puede ganarse golpes en sus relaciones públicas con los repetidos anuncios de reforma en tono jactancioso, o culpando a otros países por su aparente responsabilidad en una crisis de drogas gestada en casa en su mayor parte.

Al mismo tiempo, buenas relaciones públicas sin políticas públicas efectivas suponen una estrategia con fallas en la base. Para tratar como se debe esta importante amenaza transnacional a la seguridad, la administración Trump debe invertir los recursos humanos y financieros necesarios para abordar sus causas con efectividad.

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