Fantasma de la corrupción ensombrece implementación de acuerdos de paz en Colombia

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La salida de funcionarios clave en el manejo de los fondos del posconflicto y la serie de señalamientos e investigaciones por corrupción en la administración de estos recursos amenaza con minar la credibilidad del gobierno y la implementación de los acuerdos de paz en Colombia.

El 9 de abril a medio día, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció que Gloria Ospina, la directora del Fondo Colombiano de Paz (FCP), con el que se financian buena parte de los acuerdos alcanzados entre los desmovilizados de las FARC y el gobierno en La Habana, sería relevada de su cargo por orden del presidente.

La decisión se presenta poco después de que el gobierno colombiano recibiera una carta de las embajadas de Noruega, Suecia y Suiza, en la que los donantes mostraban su preocupación por la transparencia en el manejo del dinero del Fondo Colombia Sostenible (FCS), uno de los cinco que constituyen al FCP, y al que aportarán más de US$200 millones.

En la carta las embajadas expresan su “preocupación general sobre la gestión integral del Fondo Colombia Sostenible” y señalan una serie de inquietudes por el lento paso con el que ha avanzado la ejecución de los proyectos y la falta de transparencia en el manejo de la información.

En la misiva también se cuestiona al gobierno por la repentina salida de la directora de esa entidad, quien había mostrado su inconformidad por la “operatividad” del fondo.

Además de los US$200 millones, el FCS también tiene aprobado un crédito por US$100 millones, de los cuales el gobierno asegura que solo ha recibido US$38,4 millones, y que la entidad todavía no ha realizado ningún gasto.

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En otra carta, esta vez enviada por la Fiscalía a la Presidencia, se advierte también sobre la falta de transparencia en el manejo de los recursos, el direccionamiento de contratos, la evasión de controles legales y la existencia de una red de intermediarios interesados en la adjudicación de proyectos, quienes tendrían acceso a información privilegiada.

Según la Fiscalía, la estructura criminal planeaba cobrar hasta el 20 por ciento del dinero destinado a la implementación de proyectos productivos y realizó visitas a entidades prestadoras de servicios de salud, servicios agropecuarios y a empresas constructoras de infraestructura y vivienda.

Aunque aún no se han revelado nombres, ni el alcance de la red, las autoridades anunciaron que están adelantando investigaciones contra funcionarios del FCP y hasta alcaldes.

Durante el escándalo también se reveló que la pareja actual de Ospina recibió 14 millones de pesos (cerca de US$5.000) por una serie de asesorías que realizó para la creación del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), una plataforma virtual de libre acceso que aún no ha entrado en funcionamiento y que pretende reunir contratos, flujos de dinero, nóminas y todos los datos relacionados con las inversiones del dinero para la paz.

El contrato, con un costo de 1.340 millones de pesos (US$500.000), finalmente fue adjudicado a la firma de desarrollo informático Synersis S.A.S, que según Semana, también estaría vinculada a la pareja.

El nombramiento de Ospina en la dirección del FCP ya había sido cuestionado debido a su cercanía con el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo, a quien acompañó durante su búsqueda de la presidencia en 2009.

Pocas horas después del anuncio de la destitución de esta funcionaria, el gobierno de Colombia informó sobre la captura y petición de extradición por parte de Estados Unidos de Seuxis Hernández Solarte, mejor conocido como “Jesús Santrich”, quien fue el hombre clave de las FARC en los diálogos con el gobierno en La Habana.

Según El Tiempo, una de las líneas de investigación de la Fiscalía que llevó a su captura se desprende de una serie de interceptaciones telefónicas, realizadas como parte de las indagaciones sobre la adjudicación de contratos de paz relacionada con servicios de salud para los desmovilizados.

Análisis de InSight Crime

Tanto los señalamientos de corrupción en el manejo de fondos públicos por parte del gobierno como la supuesta vinculación con el tráfico de cocaína por parte de uno de los líderes negociadores de la ahora desmovilizada guerrilla son una clara muestra de la incapacidad de ambos firmantes de cumplir con los acuerdos suscritos en 2016.

La crisis actual en la implementación de los acuerdos de paz en Colombia ha puesto de relieve una vez más que el gobierno y la exguerrilla continúan siendo perseguidos por los mismos fantasmas de su pasado.

Durante los diálogos de paz el gobierno colombiano accedió a levantar las órdenes de captura y solicitud de extradición que pesaban sobre algunos de los jefes guerrilleros, y ellos se comprometieron a no volver a delinquir.

Aunque el presidente de Colombia dijo, tras la captura de Santrich, que según lo acordado “será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos”, el abogado del exjefe guerrillero señaló que radicará una solicitud formal para que el caso sea llevado por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), por tratarse de uno de los integrantes de las FARC que se sometieron a la justicia transicional.

Pero el paso de Santrich por la JEP podría presentar sus propios obstáculos y aumentar la incertidumbre en torno a su situación legal. El secretario ejecutivo de la JEP Néstor Raúl Correa renunció de su cargo recientemente presuntamente por tensiones al interior del organismo, que estarían relacionados con asuntos administrativos.

VEA TAMBIÉN: Paz y conflicto después de las FARC

Aunque el gobierno ya ha anunciado una auditoría del FCP, las declaraciones del vicepresidente Óscar Naranjo parecen desconocer que es una irregularidad, en sí misma, el hecho de que a estas alturas en el proceso de implementación de los acuerdos, este fondo no haya ejecutado ningún recurso. “No puede haber malversación o mala ejecución (si no se ha realizado un gasto)”, dijo.

Los señalamientos de asignación de cuotas y corrupción, así como la falta de transparencia y eficacia del FCP mencionadas por los donantes, son los mismos que han plagado a otros programas del actual gobierno, y que en el pasado han generado dudas sobre la implementación efectiva del proceso.

A mediados de este año, el gobierno pondrá fin al programa de subsidios alimentarios que venía entregado a los guerrilleros desmovilizados, y según lo pactado ya deberían estar funcionando los programas que les proporcionarán fuentes alternativas de ingreso, como las impulsadas por el FCS.

El Espectador estableció que al menos 10 proyectos del FCS –que van desde programas agrícolas y de sustitución de cultivos de coca con cannabis y reforestación, hasta el pago por servicios ambientales y la creación de plantas de energía renovable– ya están listos para ser ejecutados, aunque todavía no se ha realizado ninguna convocatoria para su implementación.

Como InSight Crime ha constatado en sus investigaciones de campo en distintas regiones de Colombia, entre los exguerrilleros que actualmente se encuentran concentrados en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), existe una percepción generalizada de malos manejos de los fondos y quejas por la implementación de algunos proyectos.

Algo similar ha ocurrido con los campesinos cocaleros sujetos de programas de sustitución de cultivos ilícitos en varias partes del país, quienes han denunciado al gobierno por incumplir los acuerdos.

A esta incertidumbre sobre el incumplimiento de los acuerdos se suma la captura y posible extradición de quien es uno de los máximos líderes del grupo guerrillero ahora desmovilizado. Ambos factores podrían continuar impulsando los ya altos niveles de disidencia y la formación de nuevos grupos de excombatientes.

*Con información del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado

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