La Fiscalía de El Salvador arrestó el 4 de abril a José Adán Salazar Umaña, alias "Chepe Diablo", el presunto líder del Cartel de Texis, la organización de narcotráfico y lavado de dinero más importante del país. La captura ha vuelto a poner sobre la mesa los vínculos de Salazar con políticos poderosos, incluido el actual vicepresidente, Óscar Ortiz.
Salazar Umaña fue capturado al mediodía del 4 de abril en un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) que incluyó allanamientos a unas 50 propiedades, la mitad de las cuales son hoteles, gasolineras y negocios de las que él o sus socios son dueños y con las cuales han evadido impuestos o, según la Fiscalía, lavado dinero procedente de actividades ilícitas.
El fiscal general aseguró que otras tres personas, familiares de Salazar Umaña, también habían sido capturadas. Los otros dos supuestos líderes de la organización, sin embargo, son prófugos de la justicia. Hoy por la mañana, el director de la PNC confirmó que Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán, y Wilfredo Guerra, presidente de la empresa Gumarsal, se habían escapado a los operativos de captura.
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Los allanamientos y capturas son resultado de una investigación que el fiscal Meléndez retomó luego de que su antecesor, el exfiscal general Luis Martínez, archivara un expediente por posible lavado de dinero que incluía a Salazar, Samayoa y Guerra, además de varias de las empresas allanadas.
InSight Crime informó en su momento que en 2014 Martínez ordenó a sus fiscales destruir pruebas, cerrar expedientes e incluso devolver documentos contables que pudieran comprometer a los presuntos miembros del Cartel de Texis. Al respecto, el fiscal Meléndez reiteró que él tuvo que rescatar todas esas investigaciones cuando llegó al cargo el año pasado. Martínez se encuentra actualmente preso por actos de corrupción en un caso diferente.
Pero Luis Martínez no era el único aliado poderoso de Salazar Umaña: Chepe Diablo también contaba entre sus amigos a Óscar Ortiz, el vicepresidente del país, potencial candidato presidencial para las elecciones de 2019 y uno de los hombres más poderosos del gobernante Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En el año 2000, Salazar, Ortiz y Rogelio Cervantes, un empresario hotelero que financió campañas electorales al FMLN, fundaron Desarrollos Montecristo, una sociedad dedicada a inversiones en bienes raíces, la cual habría sido utilizada por Ortíz para comprar y vender terrenos ubicados en el departamento de San Vicente, en el centro del país, y en una isla ubicada cerca de la bahía de Jiquilisco.
Ortiz era alcalde de Santa Tecla, uno de los suburbios de San Salvador, cuando participó en la creación de esa sociedad. Para entonces, la PNC salvadoreña ya identificaba a Salazar Umaña como miembro de una estructura criminal de narcotráfico y lavado.
En 2016, cuando investigaciones periodísticas revelaron su relación con Chepe Diablo, Ortiz, vicepresidente desde 2014, intentó, primero, restar importancia al asunto, y luego mintió al decir que no veía a Salazar desde 2004, cuando una fotografía publicada por El Faro lo muestra junto al líder de Texis en un estadio de fútbol en 2014.
Ortiz y Salazar se relacionaron también a través del fútbol: Chepe Diablo fue presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol y directivo del club Isidro Metapán --cuyas instalaciones también fueron allanadas el martes--, mientras Ortiz es actualmente directivo del Santa Tecla Fútbol Club. El fiscal Meléndez confirmó que Isidro Metapán es parte de la investigación por lavado.
Algunos de los allanamientos fueron realizados en: la alcaldía de Metapán; las instalaciones de Gumarsal en San Juan Opico, al suroeste de San Salvador; el bufete de abogados Figueroa Cruz, que según las autoridades se relaciona con Texis a través de una empresa de construcción; y en varios hoteles de la sociedad Hoteles de El Salvador (Hotesa), que ya había sido señalada por evasión de impuestos en 2014.
Todo es parte del emporio de Salazar Umaña, un consorcio empresarial cuyos activos fueron estimados por InSight Crime en US$60 millones de dólares en 2016, basados en información del Ministerio de Hacienda salvadoreño adscritos al proceso penal por evasión.
Gumarsal ha sido, además, proveedora del Estado salvadoreño al menos desde 2009, cuando Mauricio Funes, también del FMLN, asumió como presidente de la república.
Por el otro lado, Samayoa es alcalde por el Partido de Concertación Nacional, de derecha, en cuyas filas también está el diputado Reynaldo Cardoza, recientemente procesado por enriquecimiento ilícito y absuelto por un juez. Uno de los operadores políticos relacionados a Samayoa es Herbert Saca, primo del expresidente Antonio Saca y cercano también el expresidente Funes.
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En 2009, cuando el Centro de Inteligencia Policial (CIP) de la PNC profundizó en las investigaciones contra Texis y sus miembros, detectó relaciones de Salazar Umaña y Samayoa con otros criminales, como Roberto "Burro" Herrera, actualmente preso por robo de vehículos, así como con oficiales de alta en la Policía.
Aunque las investigaciones actuales son exclusivamente por lavado de dinero, según aclaró el fiscal Meléndez, al Cartel de Texis se le relaciona desde hace una década con el tráfico de drogas. De hecho, en marzo de este año, el director de la PNC, Howard Cotto, dijo que un decomiso de 160 kilogramos de cocaína en las afueras de San Salvador estaba relacionado con el grupo; otras fuentes policiales y fiscales confirmaron a InSight Crime, además, que el grupo salvadoreño tiene relaciones activas con grupos de narcotraficantes en Guatemala y Colombia.
Análisis de InSight Crime
José Adán Salazar Umaña ha sido uno de los hombres más investigados en El Salvador por supuesta participación en el tráfico de drogas y lavado de dinero. Pero Chepe Diablo y el Cartel de Texis han sido también, de los empresarios y conglomerados mejor protegidos por sus conexiones políticas.
Oficiales de la Policía protegieron al cartel y a sus miembros cuando incrementaron sus actividades de tráfico y de lavado menor, según una investigación periodística de El Faro.
Cuando en 2014 la Casa Blanca de Barack Obama incluyó a Salazar Umaña dentro de su lista de capos internacionales del narcotráfico (kingpin list), el fiscal general Martínez enterró la única posibilidad que existía entonces de procesarlo en una corte criminal.
También en 2014, cuando el caso por evasión de impuestos permitía asociar a Salazar Umaña con los otros miembros del consorcio y con las actividades de Gumarsal, una de las empresas proveedoras del gobierno, Samayoa y Guerra intentaron desvincularse del líder criminal.
La presión de Estados Unidos es, sin duda, parte de la respuesta y podría dar impulso a la propuesta de implementar una comisión internacional en el país, así como las implementadas en Honduras y Guatemala.
El fiscal general Meléndez reveló que había recibido al menos tres cartas del congresista demócrata Jim McGovern en las que le solicitaba profundizar en las investigaciones contra el Cartel de Texis. Fuentes estadounidenses han confirmado a InSight Crime que el Departamento de Estado y otras oficinas de senadores enviaron mensajes a Meléndez en el que le expresaban la importancia que para ellos tenía que el caso contra Texis terminara en capturas y, eventualmente, en condenas.
La semana pasada durante su visita a San Salvador, InSight Crime tuvo acceso a información que señalaba que la Fiscalía preparaba allanamientos y tenía órdenes de captura listas para ser ejecutadas en el corto plazo. Eso se saldó el martes con las primeras capturas y los primeros pasos para aplicar la extinción de dominio a algunos de los bienes de Chepe Diablo y del grupo que lidera.
La primera primera barrera parece haber caído, si bien aún está por verse hasta dónde llegará la investigación fiscal y cómo el caso será recibido por el corrupto sistema judicial salvadoreño. Y falta ver, también, cómo reaccionan los amigos y socios que Chepe Diablo se ha hecho en los pasillos del poder.
Hasta el momento de la publicación de este artículo, el vicepresidente Ortiz no se había pronunciado ante las capturas.
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