Una mega investigación que ha revelado vínculos entre la fiscalía de El Salvador y el gobierno del expresidente Mauricio Funes —luego que sus aliados causaran el retiro del país de un órgano de control internacional— ha abierto un nuevo capítulo en la larga lucha del exmandatario por evadir la justicia, aunque sus opciones parecen desvanecerse.
El 16 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador emitió órdenes de captura contra 25 personas, incluyendo al expresidente Mauricio Funes, el exfiscal general Luis Martínez y el poderoso empresario Enrique Raís. Se les acusa de participar en un esquema de corrupción al interior de la fiscalía para favorecer a funcionarios y empresarios involucrados en casos de corrupción.
La llamada “Operación Corruptela” determinó que el gobierno de Funes dio al exfiscal una serie de beneficios, incluyendo vehículos, el pago de tarjetas de crédito, viajes y bonos mensuales de hasta US$20.000, para que no avanzaran los casos de corrupción durante su administración, incluyendo la tregua entre pandillas.
La investigación también señala el desvío, por parte de la fiscalía de Martínez, de al menos US$735.866 en dinero público para el pago de consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelación de vivienda, mantenimiento de vehículos particulares, pago de telefonía personal y viáticos, entre otros.
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Este no es el primer caso contra algunos de los funcionarios y empresarios señalados.
En agosto de 2016, las autoridades de El Salvador emitieron una orden de captura contra Martínez y Rais por un caso similar, en el que la fiscalía habría favorecido al empresario con investigaciones y procesos. Aunque Martínez fue capturado, Rais se dio a la fuga. Según una investigación publicada por Factum, el magnate actualmente podría estar en Suiza.
Rais es propietario de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), una de las principales contratistas del Estado. Según la información revelada por la Operación Corruptela, la fiscalía de Martínez habría participado en negociaciones ilegales para el otorgamiento de contratos a MIDES para la destrucción de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas incautadas.
Funes, quien ya había sido acusado por el desvío de cerca de US$351 millones durante su gobierno, se encuentra actualmente en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo en junio de 2016.
La operación se presenta en medio de fuertes tensiones entre la FGR y el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén alrededor de la modificación de uno de los artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía, que tenía como objetivo dar autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y blindarla de la injerencia de otros poderes.
La reforma era una condición para que El Salvador mantuviera su membresía al Grupo Egmont, que articula las unidades de investigación financiera de más de 150 países.
A pesar de las advertencias de la fiscalía, Sánchez Cerén, quien se desempeñó como vicepresidente y ministro de Educación en el gobierno de Funes, vetó la ley en agosto, argumentando que supuestamente violaba la constitución, motivo por el cual el país fue suspendido del grupo.
La Fiscalía advirtió que el veto del presidente disminuía sus capacidades para investigar casos importantes y señaló que el expresidente Funes, sobre quien existen 38 solicitudes de información, sería uno de los más beneficiados con la salida del país del grupo.
Funes es acusado de haber desviado más de US$350 millones a través de una cuenta conocida como Gastos Reservados de la Presidencia. Durante el mandato de Sánchez Cerén se cree que se pudieron haber movido alrededor de US$140 millones a través de esa misma cuenta, según una investigación publicada en agosto por El Faro.
Análisis de InSight Crime
El caso revelado por la FGR destaca las presiones a las que está expuesta la fiscalía de El Salvador y resalta la apremiante necesidad de mejorar las condiciones para investigar y judicializar con éxito casos emblemáticos de corrupción y lavado de dinero, muchos de los cuales son de larga data e implican a miembros de la élite y del crimen organizado.
La respuesta del presidente Sánchez Cerén ante este escándalo de corrupción revela su poca disposición para enfrentar estos delitos e invita a preguntas sobre sus motivaciones.
El solo hecho de que la fiscalía haya presentado este nuevo caso contra el expresidente Funes no será garantía para que se procese eficazmente a los implicados en el sistema de justicia, donde otros procesos en curso contra el exmandatario y otros han encontrado su propia serie de obstáculos.
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De no mejorar la situación, el país podría ser expulsado de manera definitiva del grupo Egmont en julio de 2019. Si bien su mera suspensión, además del revuelo político, ya ha traído sus propias consecuencias, incluyendo las barreras que ahora deberá enfrentar la fiscalía para acceder a información financiera de otro centenar de países que hacen parte del grupo.
El Grupo Egmont, además, ya habría notificado sobre su decisión al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), lo que, según la fiscalía, abre la posibilidad de que El Salvador sea incluido en la lista de países de alto riesgo para el lavado de activos.
Esta problemática no ha sido exclusiva del gobierno actual, cuyo vicepresidente también ha sido vinculado a actividades de lavado de dinero para un prominente narcotraficante. En septiembre de este año, Elías Antonio "Tony" Saca, se convirtió en el primer exmandatario salvadoreño en aceptar haber lavado dinero producto de la corrupción y fue condenado a 10 años de cárcel.
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