Durante un reciente discurso, el presidente de México Enrique Peña Nieto alabó los grandes avances que en cuestión de seguridad ha experimentado Ciudad Juárez; pero aunque las condiciones de la ciudad son ahora mucho mejores, la autocomplacencia del presidente no es del todo merecida.
En un reciente viaje a la ciudad fronteriza, que fue la ciudad más violenta del continente durante la mayor parte de la presidencia de Felipe Calderón, Peña Nieto mencionó reducciones de 100, 95 y 98 por ciento en las tasas de secuestro, extorsión y robo de autos.
Más tarde, un portavoz de la presidencia aclaró que, con base en comparaciones de enero a noviembre de 2014 con respecto al mismo periodo de 2012 (durante el cual Calderón estaba terminando su mandato), el secuestro disminuyó un 89,5 por ciento, mientras que la extorsión se redujo en un 98,3 por ciento. El mensaje parece claro: mientras que en otras partes del país la inseguridad está socavando su credibilidad y amenazando su popularidad, Juárez es una zona donde la administración Peña Nieto cree que puede ser comparado positivamente con su predecesor.
Es cierto que Ciudad Juárez ha experimentado mejorías, y representa uno de los casos más alentadores en medio de un gran número de desafíos de seguridad. Aunque Peña Nieto se refirió a los crímenes que han mostrado descensos proporcionalmente mayores, la disminución en la tasa de homicidios es casi tan alta e incluso más significativa. En 2010, la ciudad registró más de 3.000 asesinatos, lo que significa una tasa de homicidios cercana a 300 por cada 100.000 habitantes, que ubicó a la ciudad entre las más peligrosas del mundo. Por el contrario, en 2014 la ciudad registró 427 asesinatos, lo cual dista mucho del caos reciente y es una buena cifra, incluso por debajo de la de varias ciudades estadounidenses.
Una serie de factores permiten explicar estas mejoras. Para quienes buscan razones gubernamentales, la reducción en el rol de las tropas federales, enfocadas en operaciones de alto impacto que desestabilizaban al hampa local, fueron acusadas de numerosas violaciones a los derechos humanos, una parte importante en esta historia. El papel del ejército y la policía federal, a su vez, ha sido asumido por una policía local renovada, al mando de Julián Leyzaola, un excoronel del ejército cuya labor en el mismo puesto en Tijuana coincidió con un descenso similar en el crimen.
La inversión del gobierno federal en la transformación de Juárez es también un elemento clave. Mediante el programa conocido como “Todos Somos Juárez”, en 2010, el gobierno comenzó a inyectar millones de dólares en la economía local, centrándose en proyectos que ayudaran a reparar el resquebrajado tejido social. Este programa también permitió reunir a los líderes locales de diferentes estamentos, quienes intercambiaron ideas sobre cómo recuperar el anterior estado de calma de la ciudad.
Los cambios al interior del hampa también desempeñaron un papel fundamental. La larga lucha entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez, y todos sus respectivos apoderados, esencialmente ha terminado, en tanto que las fuerzas de Joaquín "El Chapo" Guzmán han tomado el control. El violento aliado local del Cartel de Juárez, La Línea, también ha sido diezmado por una ola de arrestos. En definitiva, las tensiones iniciales que causaban el derramamiento de sangre hace cinco años, y las personas que las crearon, han desaparecido.
VEA TAMBIÉN: Juárez después de la guerra
Sin embargo, hay varias razones para que los comentarios de Peña Nieto resulten bastante autocomplacientes. En cuanto a las cifras de secuestro y extorsión que él ostentó, ambos delitos son muy difíciles de medir con precisión, dado que tanto las víctimas como los autores tienen fuertes razones para no denunciarlos. La llamada “cifra negra” de delitos no denunciados es prácticamente imposible de calcular con precisión y puede variar mucho dependiendo de las circunstancias locales, como las potenciales consecuencias para la víctima.
También es importante destacar que, aunque la transformación ha sido impresionante y digna de elogio, la tasa de asesinatos de Juárez en 2014 era todavía 2,5 veces el promedio nacional. Esto evidencia que todavía queda mucho trabajo por hacer y que los factores que dispararon las anteriores olas de violencia —como la prohibición de drogas en Estados Unidos y la situación de Juárez como un importante puerto de entrada— aún permanecen.
Finalmente, no está claro hasta qué punto las políticas del gobierno de Peña Nieto han contribuido en la transformación de Juárez. La mayoría de los factores que los analistas han identificado tienen que ver más bien con que el gobierno local o los grupos criminales han forjado el cambio.
Además, las mejoras más importantes en la historia reciente de Juárez se produjeron bajo la supervisión de Calderón: los más de 3.000 asesinatos registrados en 2010 se redujeron a 2.086 en 2011 e incluso a 750 en 2012, el último año de Calderón en el poder. Y lo que es más, su gobierno lanzó Todos Somos Juárez en 2010, lo que les dio a los líderes locales una valiosa plataforma para asegurar lo que ya habían ganado en materia de seguridad.
Eso no quiere decir precisamente que la mejor situación en Juárez sea un logro de Calderón; durante su gobierno también se presentó una crisis repentina, y el mismo adoptó una serie de políticas ineficaces durante varios años. Pero en lo que tiene que ver con la administración federal, el gobierno de Peña Nieto cumple un rol menor en la situación de Juárez. El desempeño del actual presidente en cuanto a la seguridad tiene mucho más que ver con el manejo de coyunturas que han surgido durante su administración, coyunturas que, lamentablemente, son abundantes.
SUSCRIBIRME