Una serie de videos en los que aparecen funcionarios de la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén sosteniendo negociaciones secretas con las principales pandillas del país antes de que éste llegara al poder han puesto en cuestión los verdaderos motivos del partido gobernante, el FMLN, para hablar con las pandillas. ¿Buscaba poner fin a las guerras de pandillas o era una manera de preparar lo que se ha convertido en una masiva ofensiva del gobierno contra ellas?
En noviembre de 1989, los líderes de la organización guerrillera Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) estaban negociando un armisticio con el gobierno. Entre los comandantes insurgentes se encontraba el hombre que ahora es presidente de la nación centroamericana, Salvador Sánchez Cerén. Él y sus compañeros estaban aparentemente en una situación inestable en ese momento, intentando lidiar con la realidad de haber perdido a su pilar ideológico y financiero, la Unión Soviética.
Al mismo tiempo, los rebeldes estaban planeando la que sería la mayor ofensiva guerrillera en un importante centro urbano durante la guerra civil que se había extendido por doce años. Dicha incursión fue sorpresiva para el gobierno, que creía que la guerrilla estaba debilitada, especialmente con la caída de la Unión Soviética. Una guerra que se había desarrollado en gran parte a las zonas rurales irrumpió en la principal ciudad de El Salvador, trayendo consigo un terrible costo humano hasta que la ofensiva terminó tres semanas más tarde.
La historia de la ofensiva de 1989 es ilustrativa, sobre todo teniendo en cuenta los videos divulgados en los últimos meses, en los que aparecen miembros del FMLN —ahora en el poder con el presidente Sánchez Cerén en el palacio presidencial— negociando con las pandillas, mientras preparaban sus tropas para otra sangrienta ofensiva urbana, esta vez contra esas mismas pandillas callejeras.
Desde su llegada al poder en el año 2009, el FMLN negoció una tregua entre las principales pandillas durante la administración del expresidente Mauricio Funes, y después lanzó una guerra contra ellas, bajo la administración de Sánchez Cerén, quien asumió el cargo en 2014. Y en el intermedio, como muestran los videos, hubo reuniones en las que se discutieron acuerdos, o quizá se pactaron, y se puso sobre la mesa la posibilidad de una nueva tregua.
En uno de los videos, que fueron publicados simultáneamente a finales de octubre por InSight Crime, El Faro y Revista Factum, el actual ministro del Interior, Arístides Valencia, aparece discutiendo la posible creación de microempresas que serían administradas por pandilleros. En cierto momento, Valencia dice que para la creación de dichas microempresas se requeriría una inversión de US$10 millones, que serían suministrados y supervisados por el gobierno.
“Yo me encargaré de conseguir los fondos”, les dijo Valencia a los líderes de las pandillas.
El otro video, en el que se aprecia a pandilleros reunidos con el exministro de Seguridad Pública, Benito Lara, es de carácter más político. El audio es de mala calidad, lo que hace que gran parte del video sea incomprensible. Sin embargo, parece que en un momento los pandilleros hablan sobre el equilibrio de poderes entre el FMLN y su principal rival político, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de extrema derecha. Además, los pandilleros le dijeron a Lara que el gobierno estaba persiguiendo indiscriminadamente a un gran número de pandilleros.
No se sabe cuándo exactamente se realizaron las negociaciones, pero El Faro dijo que otra reunión entre Arístides y las pandillas tuvo lugar en febrero de 2014. Esa reunión, que se realizó poco después de la primera ronda de votaciones presidenciales, era para discutir la manera como las pandillas ayudarían a obtener la victoria electoral movilizando a las personas para que votaran por el FMLN en la segunda y última ronda.
Estos videos significan un duro golpe para la credibilidad de Sánchez Cerén, quien desde que asumió el cargo ha rechazado enfáticamente la posibilidad de reiniciar las negociaciones con las pandillas, que comenzaron durante la administración del expresidente Funes en 2012. Dichas conversaciones dieron como resultado una tregua entre las pandillas, mediada por el gobierno, que duró desde marzo de 2012 hasta principios de 2014 y redujo temporalmente la tasa de homicidios del país a la mitad.
Sin embargo, esa tregua gozó de poca popularidad entre los ciudadanos salvadoreños, y Sánchez Cerén se ha opuesto agresivamente a lo que podría interpretarse como indulgencia hacia las pandillas. Su gobierno incluso ha detenido a numerosas personas que participaron en la tregua de 2012, entre ellas a Raúl Mijango, un exguerrillero que actuó como el principal mediador entre ambas partes.
Pero los esfuerzos del gobierno por distanciarse de las negociaciones de la administración anterior con las pandillas se consideran ahora hipócritas. En lugar de negarse a negociar, un funcionario del FMLN que más adelante haría parte del gabinete de Sánchez Cerén les dejó claro a las pandillas que la administración estaba dispuesta a proporcionar beneficios específicos a cambio de votos.
Incluso hay quienes sospechan que estas ambigüedades del gobierno fueron mucho más que eso. En recientes conversaciones con InSight Crime, personas que participaron en los esfuerzos de las pandillas para movilizar a los votantes han planteado la posibilidad de que el gobierno utilizó este proceso para lanzar una nueva ola de represión contra las pandillas. Estas personas dicen que el gobierno reunió información sobre la infraestructura de las pandillas, su presencia territorial y sus principales líderes, con el fin de facilitar una campaña antipandillas una vez Sánchez Cerén asumiera el cargo.
Es imposible verificar estas afirmaciones, ya que en gran medida lo que sucedió entre las dos partes durante la temporada electoral de 2014 está rodeado de incertidumbre. El gobierno pudo haber obtenido esa información mediante métodos más tradicionales, como la recolección de inteligencia. Pero, por ahora, sólo queda el beneficio de mirar en retrospectiva.
Pero la ofensiva está teniendo un impacto significativo, especialmente en los cabecillas de la MS13, la más poderosa de las pandillas. En el año 2015, el gobierno inició una investigación sin precedentes sobre los intereses financieros de los principales líderes de la MS13. La “Operación Jaque” ha intervenido hoteles, bares, empresas de taxis y muchas otras compañías que según las autoridades les generan “millones de dólares” a los jefes de la pandilla. Mientras que las operaciones anteriores se centraban sobre todo en reclutar a un gran número de pandilleros rasos, la Operación Jaque representa una investigación mucho más sofisticada sobre la participación de la MS13 en empresas legales.
Este ataque a las finanzas de la MS13 ha ido a la par con los renovados esfuerzos para aplastar militarmente a las pandillas. Durante los 20 meses que van de enero de 2015 a agosto de 2016, murieron 694 presuntos pandilleros durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Ello representa más de un pandillero muerto diariamente por enfrentamientos con la policía y el ejército.
El número desproporcionado de pandilleros muertos con respecto al número de policías y soldados ha levantado las sospechas de que algunos de estos “enfrentamientos” en realidad sean ejecuciones extrajudiciales. Para justificar este uso excesivo de la fuerza, las autoridades están utilizando cada vez más la retórica utilizada por los países en guerra, en lugar de un país que se enfrenta a una grave amenaza de seguridad pública.
“Aunque algunos dicen que estamos en guerra... no hay otro camino”, dijo Sánchez Cerén en marzo de 2015.
Aunque el gobierno continúa en pie de guerra, sus anteriores relaciones con las pandillas indican que la dinámica actual entre las dos partes puede ser más complicada. De hecho, dadas sus actuaciones en el pasado, no sería sorprendente que el FMLN haya dejado abiertos discretos canales de comunicación con las pandillas incluso si las autoridades han intensificado su ofensiva sin cuartel contra ellas.
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