Forenses revelan falta de credibilidad en caso de estudiantes desaparecidos en México

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El visible esfuerzo de México por incorporar equipos forenses extranjeros en su investigación del secuestro masivo en Iguala parece tener la intención de aportar una dosis de credibilidad a la investigación. Pero puede haber logrado precisamente lo contrario.

En los cuatro meses que han pasado desde que los 43 manifestantes estudiantes desaparecieron en Iguala, Guerrero, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y familiares de las víctimas han llevado equipos de investigadores de Argentina y Austria y han acudido a laboratorios de Estados Unidos y Austria para que ayuden en la búsqueda de los restos de los estudiantes. Estos equipos han hecho parte de un intento mayor de las autoridades mexicanas por demostrar que su investigación es seria, abierta y honesta. Por ejemplo, el gobierno llevó a cabo interrogatorios, redadas y capturas como una manera de demostrar que va tras los culpables.

Idealmente, estos equipos forenses habrían confirmado los resultados que el gobierno mexicano anunció el mes pasado: que los estudiantes fueron secuestrados por miembros de Guerreros Unidos y sus aliados de la policía de Iguala, que fueron llevados a un basurero cercano en Cocula, donde fueron ejecutados y sus cuerpos incinerados, y que finalmente sus restos fueron arrojados a un río cercano.

 

Los equipos forenses extranjeros han sido algunas de las principales voces que han arrojado dudas sobre la versión oficial. 

Pero, por el contrario, los equipos forenses extranjeros han sido algunas de las principales voces que han arrojado dudas sobre la versión oficial. Los argentinos hicieron pública una serie de errores cometidos por el equipo forense mexicano y plantearon dudas sobre afirmaciones según las cuales los cuerpos fueron incinerados en una única hoguera en el vertedero de basura.

Además, los equipos forenses extranjeros han revelado que en el basurero de Cocula había restos de otras víctimas que no están relacionadas con los 43 estudiantes. Estos equipos también han señalado que no estaban presentes cuando las autoridades mexicanas sacaron bolsas de basura del río, de donde se tomaron 17 muestras que fueron enviadas para su estudio, de las cuales sólo una se logró conectar con los restos de una víctima, lo cual conduce a mayores sospechas de que de alguna manera la obtención de dichas bolsas fue manipulada.

Análisis de InSight Crime

La colaboración de equipos forenses extranjeros está supuestamente destinada a inyectar un poco de credibilidad a la respuesta del gobierno mexicano, que ha sido atacado en todo el mundo por ser ineficaz y poco serio. Analistas y activistas han señalado a Peña Nieto por titubear mientras Guerrero exige una respuesta, y han atacado algunas de las principales figuras políticas de México por apoyar a los políticos más directamente implicados en el caso de Iguala.

En este escenario, la desconfianza pública en la investigación del gobierno es inevitable. Traer equipos forenses de Austria y Argentina es entonces una forma de alejar la investigación de las sospechas generalizadas de los mexicanos sobre su clase gobernante.

Invitar expertos extranjeros para ayudar a investigar casos importantes no es una práctica inusual en México. En 2008 se invitó a investigadores de Estados Unidos para que participaran en la investigación sobre el accidente de aviación de Ciudad de México en el que resultaron muertos el ministro del Interior Juan Camilo Mouriño y el anterior zar antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos. Expertos forenses norteamericanos también participaron en la investigación de un incendio en una guardería en Sonora en 2009, en el que murieron 49 niños.

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Sin embargo, la presencia de expertos extranjeros no ha logrado disimular los tropiezos del gobierno mexicano en la investigación de Iguala. Por el contrario, sólo ha llamado más la atención sobre ello. Las inconsistencias señaladas por los equipos forenses no gubernamentales —bien sean de Austria, Argentina o México— sólo han intensificado las dudas sobre la versión de los hechos dada por el gobierno mexicano.

En consecuencia, pocos días después de que el gobierno de Peña Nieto anunciara que consideraba cerrado el caso de Iguala, la investigación se vio amenazada por una avalancha de escepticismo y refutaciones, pues la ciudadanía no parece aceptar una versión consensuada de la verdad. Entre tanto, el gobierno mexicano lanzó una serie de ataques contra los funcionarios forenses argentinos, cuestionando sus conocimientos científicos y exigiendo que dejaran de generar dudas sobre las conclusiones oficiales del gobierno.

 

 El gobierno mexicano no puede sustentar su credibilidad mediante métodos alternos.

Sin embargo, las autoridades mexicanas han sido incapaces de aclarar otras dudas que siguen surgiendo en torno al caso. El supuesto motivo de la matanza (que los estudiantes estaban relacionados con un grupo rival conocido como Los Rojos) parece inverosímil y carece de pruebas que lo corroboren (por ejemplo, la ausencia de armas entre las víctimas). Además, como ha informado Proceso, algunos de los detenidos, cuyo testimonio llevó a la conclusión sobre Los Rojos, dicen que fueron torturados durante los interrogatorios. Especialistas forenses locales también han determinado que un incendio capaz de incinerar a todas las víctimas en el vertedero de basura implica una imposibilidad física. Y no hay ningún elemento en la investigación oficial que pueda disipar las sospechas de que las tropas federales también participaron en la desaparición y el asesinato de los estudiantes.

En medio de esta confusión, la participación de equipos forenses extranjeros es a lo sumo una fachada del gobierno mexicano. El caso de Iguala —y la vacilante relación de México con investigadores expertos extranjeros en general— demuestra que el gobierno mexicano no puede sustentar su credibilidad. Ni tampoco la puede lograr mediante métodos alternos. El gobierno mexicano no puede demostrar que toma en serio la investigación de los abusos oficiales cuando la emprende sólo cuando la protesta pública se intensifica —o bien cuando las circunstancias de un caso lo hacen conveniente—. No hay nada de malo en que los extranjeros aporten sus conocimientos, pero su presencia a menudo sólo llama la atención sobre la incapacidad o la negativa de los mexicanos por investigar los recovecos más oscuros de la nación.

El compromiso con la investigación honesta debe ser auténtico y permanente para que cualquier gobierno disfrute de credibilidad generalizada. En pocas palabras, el aparato de seguridad de México no ha demostrado su compromiso —durante varias administraciones presidenciales— en diversas zonas del país y en una serie de crímenes de alto perfil. Es por eso que los ciudadanos mexicanos y otros en el mundo desconfían instintivamente del gobierno mexicano —y este no es un problema que pueda resolverse confiando investigaciones claves a forasteros neutrales—.

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