La Iniciativa Mérida celebra este año su décimo aniversario. Pero desde que comenzó a entregar fondos para la seguridad en México, han empeorado los problemas relacionados con la violencia y la corrupción institucionalizada, lo que indica deficiencias tanto en el abordaje como en la implementación de la iniciativa.
Los orígenes de la Iniciativa Mérida, acuerdo bilateral de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, se remontan a 2007, cuando el expresidente Felipe Calderón solicitó ayuda a la administración del presidente George W. Bush para combatir el tráfico de armas y narcóticos.
Desde la firma del acuerdo, el gobierno mexicano ha recibido cerca de US$2.900 millones en ayuda de Estados Unidos. Esta ayuda ha financiado la compra de equipamiento militar, capacitación para personal judicial y mejoras en infraestructura judicial; adiestramiento militar a lo largo de la frontera sur de México, e implementación de programas de prevención del delito.
Sus críticos afirman que la Iniciativa hace demasiado énfasis en el uso de las fuerzas militares para combatir el crimen organizado. La asistencia estadounidense para el programa subvencionó la guerra contra la droga del expresidente Felipe Calderón, que motivó un repunte de las tasas de homicidios en todo el país, que mantienen la tendencia ascendente hoy en día.
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La Iniciativa Mérida también se conoce por su participación en la implementación de la reforma judicial amplia en México.
Las reformas introdujeron un sistema de enjuiciamiento acusatorio abierto en el que juristas defienden sus casos frente a un ente imparcial en un juzgado público formal. Anteriormente, México dependía de un sistema inquisitorial menos transparente, en el que todos los juicios se daban a puerta cerrada. Pero las prácticas corruptas siguen siendo un gran obstáculo en el nuevo sistema.
Análisis de Insight Crime
Pese a lo ambicioso de las metas y la fuerte inyección de dinero, la Iniciativa Mérida ha resultado ineficaz hasta el momento para mejorar la seguridad en México, y el futuro no se ve mucho más claro.
La Iniciativa Mérida no ha logrado afrontar dos obstáculos que permean la seguridad en México: la violencia generalizada y la corrupción institucionalizada.
En primer lugar, la iniciativa ha brindado un apoyo permanente a tácticas violentas y agresivas en la lucha contra el crimen organizado.
Combatir fuego con fuego ha llevado a una escalada del número de muertes en Mëxico desde el comienzo de la iniciativa. Los grandes capos han caído, pero las organizaciones criminales transnacionales siguen libres.
“Declarar una guerra contra la droga parece lógico desde la perspectiva de Estados Unidos, pero no desde la mexicana", comentó Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Escuela Schar de Políticas y Gobierno en diálogo con Insight Crime.
Los juicios de alto perfil de capos como Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, parecen un paso proactivo en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la supresión de las cabezas fragmenta los grupos criminales, sembrando caos en el hampa. Nuevos grupos como el nefario Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se formaron como resultado de la fractura de carteles anteriores.
En segundo lugar, la iniciativa parece haber hecho poco para erradicar la corrupción existente en las instituciones mexicanas.
El año pasado, la captura de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue un ejemplo de uno de los peores casos de corrupción institucionalizada en la historia de México. Recientemente, la Procuraduría General anunció investigaciones a magistrados federales en relacion con el caso, mientras la red de funcionarios corruptos se expande aún más.
La iniciativa buscaba atacar la corrupción en los juzgados, con la implementación de un nuevo sistema de enjuiciamiento. Sin embargo, este intento de reforma se vio afectado por problemas prácticos, pues el intento de forzar procesos legales a la usanza de Estados Unidos en el corrupto e ineficiente sistema judicial mexicano resultó extremadamente exigente.
Faltaron recursos para brindar a policías y fiscales el adiestramiento necesario para adaptarse a sus nuevas funciones en el sistema. La debilidad de las instituciones encontró dificultades para responder a las demandas de la implementación de reformas amplias, mientras el avance en el ámbito estatal mostró grandes variaciones.
“El problema es que no hubo homogeneidad en la implementación. El marco estuvo bien pensado, pero en realidad los resultados positivos aún no se han hecho visibles”, dijo la profesora Correa-Cabrera a Insight Crime.
Los recientes cambos de dirección del presidente electo Andrés Manuel López Obrador indican que esos problemas no mejorarán pronto.
López Obrador pretende crear una guardia nacional, lo que indica que el énfasis de su política de seguridad no se apartará de la militarización, pese a sus promesas de campaña en dirección contraria. El presidente electo también ha anunciado que concederá indultos a sospechosos de corrupción en gobiernos anteriores, una señal de que la impunidad se mantendrá para muchos.
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