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ANÁLISIS

Fragmentación y el cambiante rostro del crimen organizado en Latinoamérica

COLOMBIA / 17 NOV 2015 POR JUAN CARLOS GARZÓN VERGARA* ES

El siguiente fragmento explora cómo ha cambiado el panorama del crimen organizado en Latinoamérica con el proceso de fragmentación, y qué implicaciones tiene esto para los grupos criminales de la región.

Fragmentación y mutación

En lo que va del presente siglo, se ha intensificado la fragmentación de las organizaciones criminales. A finales de la década de 1990, Colombia tuvo dos carteles principales (el de Medellín y el de Cali) que en realidad representaba una empresa cooperativa de docenas de productores y traficantes independientes. Ellos se convirtieron en una confederación de grupos paramilitares conformada por más de treinta tipos de facciones distintas. En los últimos ocho años después del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, esta aglomeración de facciones mutó y se recicló en cientos de pandillas y bandas criminales. En México, según el último recuento de la Procuraduría General de la República del país, siete organizaciones criminales principales se han convertido "entre 60 y 80".

Tomado de “From Drug Cartels to Predatory Micro Network” (De los carteles de la droga a las microrredes predatorias), de Juan Carlos Garzón Vergara, tal como aparece en Reconceptualizing Security in the Americas in the Twenty-first Century (Reconceptualización de la seguridad en las Américas en el siglo XXI), editado por Cynthia McClintock et al. © Lexington Books. Se utiliza con autorización de la editorial. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este fragmento puede ser reproducida o impresa sin autorización escrita de la editorial.

En Centroamérica, en países como El Salvador y Honduras, algunas fuentes señalan divisiones internas en la pandilla "Barrio 18" y un proceso de fragmentación asociado a la alianza entre algunas clicas (células de pandillas) y grupos criminales de mayor tamaño. En Argentina, los grupos criminales locales proliferan en la búsqueda de control del próspero mercado de consumo local. El actual panorama en Latinoamérica muestra la presencia activa de múltiples microrredes, que se definen como grupos de personas que trabajan juntas en un territorio específico para explotar a otros (personas, grupos o sectores) para el beneficio personal y organizacional, aprovechando el mercado negro y la informalidad, gravando las actividades legales y criminales en él.

Diversificación

La mayoría de los grupos del crimen organizado en la región —de México a Argentina— están involucrados no sólo con drogas, trata y lavado de dinero, sino también en los mercados locales, incluyendo la extorsión, el secuestro y el microtráfico. En el ámbito local, estos mercados compiten por las ganancias obtenidas de la exportación de productos ilícitos. Steven Dudley ilustra este punto analizando las cuentas de una organización criminal mexicana y la manera como las actividades "predatorias" pueden ofrecer ganancias similares comparadas con los negocios de drogas ilícitas: 8 kilos of cocaína = 1 millón de pesos (mexicanos); 5 secuestros importantes =1 millón de pesos; 200 extorsiones por semana = 1 millón de pesos. Como lo muestra el siguiente gráfico, la gama de actividades es amplia y diversa; conecta las dimensiones local e internacional, para incluir el crimen predatorio y también el tráfico de diferentes productos y servicios para abastecer mercados ilegales. Una de las tendencias actuales es no sólo la diversificación —participación en múltiples actividades—, sino además el cambio de las actividades hacia el cuadrante "local/predatorio".

Los mercados domésticos ilegales ofrecen muchas ventajas a los grupos criminales. Ofrecen un flujo de efectivo constante y de fácil consecución e implican la contratación de mano de obra local, dando así una base social a las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, los mercados locales sirven como vehículos efectivos para el lavado de activos, mediante la interacción con el sector informal (que es bastante amplio en muchos países latinoamericanos), lo que a su vez abre posibilidades de infiltración en la economía legal. Además, plantean menores niveles de riesgo, en comparación con las penas por delitos relacionados con estupefacientes.

Localización extrema y contexto hiperglobalizado

Pese a la imagen de la propagación del crimen organizado a más países de la región, la mayoría de los grupos criminales tienden a tener un "alcance más local", para usar la descripción de Peter Reuter sobre las "empresas ilegales" en Estados Unidos. Son muy dependientes del entorno local, donde pueden garantizar protección para sí mismos, autoridades corruptas, construir una "base social" y controlar los mercados ilegales y también "legales". La mayoría de las facciones que han intentado establecer presencia física por fuera del territorio de origen fallan; para lograr su expansión, estos grupos han tenido que recurrir a grupos locales (dominándolos, haciendo alianzas o mediante trabajos tercerizados a las facciones locales). Es lo que sucedió en países como México y Colombia, donde las pandillas y bandas criminales locales han estado involucradas en las disputas de las principales "organizaciones mafiosas". Como afirma Diego Gambetta en su análisis de la mafia italiana, el crimen organizado "es una industria difícil de exportar", lo que no quiere decir que las estructuras locales no puedan hacer parte de "macrorredes criminales" internacionales, en especial en un contexto altamente globalizado que ofrece muchas oportunidades y contactos de negocios.

Un caso que ilustraba esta relación entre lo local y lo global es lo que sucedió con los aguacates en el estado de Michoacán (México). Ese estado produce casi la mitad de los aguacates que se consumen en Estados Unidos. Algunos calculan que los grupos criminales extorsionan (localmente) unos US$150 millones al año extrayendo pagos de los productores o tomando plantaciones y cultivando ellos mismos los aguacates. El consumidor estadounidense ahora paga por un aguacate un 20 por ciento más de lo que pagaba hace un año. Este es un claro ejemplo de cómo una actividad criminal local se conecta con un negocio legal internacional, en un mundo globalizado.

Migración (es decir, escape) y el surgimiento de una nueva generación de criminales

Bruce Bagley propone lo que llama el "efecto cucaracha" que hace referencia al "desplazamiento de redes criminales de una ciudad/estado/región a otra en un país dado o de un país a otro en búsqueda de lugares más seguros y autoridades estatales más flexibles". Contraria a la visión de los académicos, que sostienen que una organización criminal —como una empresa ordinaria— decide racionalmente abrir una sucursal en un territorio lejano, lo que sucede en Latinoamérica es similar a lo que descubrió Federico Varese en el caso de la mafia rusa en Italia: "un mafioso está en un territorio nuevo porque escapa a él. Una vez allí, explora las oportunidades locales". En la mayoría de los casos, este no es un proceso de expansión organizada, sino un mecanismo de supervivencia.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Migración Criminal

Siguiendo este razonamiento, según Varese, "La avanzada al exterior no es una sucursal de una corporación, sino más bien una unidad semiautónoma aliada al país natal". En algunos casos, las conexiones con el país de origen se mantienen, mientras los grupos sobrevivientes o "refugiados" sacan partido de la nueva situación, ampliando la red y expandiendo las actividades del grupo en territorio extranjero. Por ejemplo, en el caso de Colombia con el surgimiento de las Bacrim (acrónimo para banda criminal), la migración de sus líderes ha estado acompañada del trasplante de dos líneas principales de operación: tráfico y alianzas para la venta de cocaína al por menor y el lavado de activos.

Algo importante es que mientras los criminales de primero y segundo nivel migran buscando lugares seguros, una nueva generación de miembros asume el liderazgo de los grupos locales. Estos grupos criminales han recibido lo que Daniel Rico —analizando el caso de Colombia— denomina una "herencia criminal", que incluye contactos, reputación, capacidad de negociación y redes de corrupción y poder armado, entre otros factores. Este es el nuevo desafío para la seguridad de muchas ciudades y poblaciones en toda Latinoamérica, donde existen múltiples grupos deseosos de enfrentar a las autoridades locales y defender lo que consideran "sus" territorios.

Esta tendencia está en progreso, con iniciativas por parte de organizaciones criminales de Colombia, México y Brasil para garantizar su acceso a áreas de producción en la región Andina, y para mantener el control en los principales corredores a Estados Unidos y Europa. En estos casos, hay decisiones racionales de expandirse a nuevos territorios, buscando alianzas internacionales, asociaciones y grupos "subcontratados", con el objetivo de tomar el control del ciclo de las drogas ilícitas.

Conclusión

Este capítulo ha identificado y descrito dos fuerzas que impulsan cambios en el crimen organizado en Latinoamérica: la fuerza del estado y la fuerza del mercado. Este enfoque apoya la hipótesis de que el enfoque punitivo de la “guerra contra la droga” (mediante estrategias como la interdicción de las drogas, el modelo de los “capos” y el aumento en las penas), y cambios recientes en el mercado de la droga y la economía legal (los "nuevos" mercados de drogas internacionales y al por menor, y también una demanda creciente de una gran variedad de productos a muy bajo precio en un contexto de la expansión del consumo) han tenido impactos profundos en el crimen organizado.

Reconociendo que los grupos criminales intentan minimizar sus costos y maximizar sus ganancias en un contexto de conocimiento imperfecto e información incompleta, el capítulo analiza la manera como los criminales han respondido a las fuerzas del cambio, identificando cuatro tendencias o patrones que tipifican la transformación que se está dando: fragmentación, localización extrema, diversificación y migración. Con este enfoque, este artículo defiende la tesis de que la estructura criminal predominante en Latinoamérica es la "microrred predatoria", definida como un grupo de personas que trabajan juntas en un territorio específico para explotar a otros (personas, grupos o sector) para beneficio personal y organizacional, sacando provecho del mercado negro y la informalidad, y gravando las actividades legales y criminales en su interior. Con este concepto, este capítulo contribuye al debate en relación con el rol de los grupos criminales locales en un contexto de mundo hiperglobalizado.

Los cambios analizados en esta obra tienen profundas implicaciones analíticas y prácticas. Las diferencias entre grupos (locales o internacionales, empresariales o contratistas, territoriales o traficantes) están haciéndose más difusas, con múltiples zonas grises en las que se mezclan los “niveles” y las “categorías”. Desde la perspectiva de la política, esta dinámica causa confusión y no es claro quién en el Estado debe responder y siguiendo qué estrategia.

En este contexto, debe pasarse el reflector de las dimensiones nacional e internacional a territorios específicos: pueblos, ciudades y barrios, donde actores y dinámicas diferentes convergen para obtener beneficios de las actividades legales e ilegales, empleando amenazas y violencia, según se requiera. Reconocer esta transición es un primer paso para repensar los problemas de seguridad en Latinoamérica y la necesidad de encontrar nuevos marcos para responder a una amenaza dinámica.

*Juan Carlos Garzón Vergara es Investigador Global en el Centro Woodrow Wilson en Washington, DC e investigador titular de la Fundación Ideas para la Paz en Colombia. Garzón es asesor internacional de seguridad y reformas a las políticas sobre drogas.

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