En 2012, el excongresista hondureño Fredy Renán Nájera Montoya llegó a un acuerdo con el Cartel de Sinaloa, con el fin de proporcionar a los mexicanos conexiones que ayudarían al cartel a traficar cocaína a través de Puerto Cortés, un importante puerto en la costa Caribe de México. Seis años más tarde, cuando aún era diputado, Nájera fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas y armas.
La actividad criminal de Nájera —descrita en detalle en un memorándum de sentencia presentado el 23 de diciembre— es amplia. Los fiscales estadounidenses dicen que el excongresista guardaba los cargamentos de cocaína en su casa en el departamento de Olancho, conectó a los principales grupos criminales de Honduras y abrió la ruta de tráfico del Atlántico, una de las más importantes de Centroamérica.
Audrey Strauss, fiscal de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, le escribió un documento al juez principal del caso, en el que afirma que "las organizaciones narcotraficantes han ganado un poder sin precedentes en Honduras gracias al apoyo y la participación directa de políticos de alto rango", como Nájera.
Nájera fue representante del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Liberal desde 2006 hasta su extradición en marzo de 2018. Ese año se declaró culpable de liderar "actividades violentas y de narcotráfico a gran escala en la misma zona de Honduras que representaba como empleado gubernamental", afirman los fiscales. Nájera fue uno de los políticos de más alto rango acusado por las autoridades estadounidenses en ese momento, y su sentencia está programada para marzo de 2021.
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Los fiscales afirman que Nájera vinculó a los tres grupos narcotraficantes más importantes que operaban en ese momento en Honduras: Wilter Blanco y el Cartel del Atlántico en el departamento de Gracias a Dios, al oriente del país; la organización criminal Los Cachiros, en Colón, el departamento vecino; y el clan Los Valle en Copán, ubicado en la frontera con Guatemala.
Nájera recibió "cargamentos de varios cientos de kilos de cocaína enviados desde Venezuela a Honduras" en la pista de Catacamas, en Olancho, que "él construyó, mantuvo y dotó de personal", como se lee en el documento judicial.
También les facilitó el transporte a Los Cachiros, desde Colón hacia el oeste, y a Los Valles en Copán. Un traficante hondureño relacionado con Blanco y Los Cachiros, Sergio Neftalí Mejía Duarte, alias "El Compa", traficaba la cocaína a través de Honduras hasta Guatemala y finalmente a México, donde la entregaba al Cartel de Sinaloa, con el que trabajó de manera exclusiva.
A lo largo de casi siete años, entre 2008 y 2015, Nájera traficó unas 20 toneladas de cocaína, por valor de cientos de millones de dólares, hacia Estados Unidos.
Análisis de InSight Crime
Nájera representa los niveles más altos del poder político corrupto en Honduras, pues utilizó sus conexiones entre políticos influyentes y grupos criminales para asegurar cargamentos de drogas y proporcionar protección a los traficantes.
No hay duda de que Nájera ha estado en el centro de la narcopolítica en Honduras. En 2012, relacionó a los miembros del Cartel de Sinaloa con Fabio Lobo, el hijo convicto del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, y con el político Miguel Pastor Mejía, a quienes presentó en una reunión en el centro industrial de San Pedro Sula. Lobo y Pastor Mejía "acordaron darle al Cartel de Sinaloa un acceso sin restricciones a Puerto Cortés para [...] traficar narcóticos, a cambio de sobornos", según la declaración judicial.
A cambio, los tres hombres recibieron casi medio millón de dólares, como afirman los fiscales.
Nájera resultó especialmente útil para el Cartel de Sinaloa. Logró evadir los esfuerzos realizados en conjunto entre las autoridades locales y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) para derribar o interceptar avionetas cargadas con drogas, pues utilizó helicópteros en su lugar. Las haciendas que poseía en Olancho servían como plataformas de aterrizaje de helicópteros cargados con miles de kilos de cocaína. El Cartel de Sinaloa le pagó más de US$9 millones por sus servicios, según la declaración judicial.
Como congresista, según el documento de la corte, obtuvo un millón de dólares del Cartel de Sinaloa para la campaña presidencial de 2013 de Yani Rosenthal, el poderoso magnate empresarial que representaba al Partido Liberal. Rosenthal perdió las elecciones internas del Partido Nacional, que postuló a Juan Orlando Hernández como su candidato. Sin embargo, tras regresar a Honduras después de pagar una condena de tres años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero, Rosenthal se postuló de nuevo para presidente por el partido de oposición en 2021.
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Nájera también recurrió a aliados del otro bando político, el Partido Nacional, en búsqueda de apoyo para su operación criminal. Durante una reunión grabada por los fiscales en 2014, en la que participaron el acusado, el entonces congresista Midence Oquelí Martínez Turcios (imputado en Estados Unidos por narcotráfico) y otros traficantes, se habló sobre la búsqueda de "trato favorable y protección del recién elegido presidente de Honduras", Juan Orlando Hernández.
Eventualmente, la suerte de Nájera llegó a su fin. Sin embargo, las condiciones actuales en Honduras indican que no será el último político en aprovechar poderosas conexiones para controlar las rutas clave del tráfico mientras la cocaína continúa fluyendo por el país.
Arrestar a los narcotraficantes no es suficiente, en tanto no se persiga también a los políticos que los protegen, como dice la fiscal estadounidense Strauss en el memorándum de sentencia de Nájera.
"Los narcotraficantes serán remplazados y los coconspiradores [de Nájera] quizá ya han sido relevados", escribe Strauss. "Lo que se debe atacar es el apoyo político y estructural brindado a los narcotraficantes en países como Honduras, que es lo que les permite a los narcotraficantes prosperar enormemente".
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