Fuerzas de seguridad en Venezuela: ¿protectores o perpetradores?

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Un nuevo informe de Human Rights Watch, donde se documenta un gran número de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por efectivos de la policía y el ejército venezolanos lleva a preguntarse si los organismos de seguridad en Venezuela ejercen un impacto neto positivo o negativo en la turbulenta situación de seguridad del país.

El informe (pdf) titulado “Unchecked Power: Police and Military Raids in Low-Income and Immigrant Communities in Venezuela” (Poder sin freno: redadas de la policía y el ejército en comunidades pobres y de inmigrantes en Venezuela) analiza los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad desde el comienzo de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), iniciativa del gobierno para combatir el crimen, que se lanzó en julio de 2015.

Durante las incursiones de la OLP, en el segundo semestre de 2015, cayeron muertas alrededor de 245 personas, declara el informe, y docenas más han sido abatidas en lo que va de 2016. Las autoridades afirman que muchas de las muertes ocurrieron en confrontaciones violentas entre las fuerzas de seguridad y criminales armados, una aseveración que Human Rights Watch pone en duda.

“El número total de personas muertas por las fuerzas de seguridad durante estos operativos plantea el problema de si, y hasta qué punto, se ha justificado el uso de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad”, señala el informe.

Human Rights Watch y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) documentó 20 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en las incursiones de la OLP en el último año. Las organizaciones no gubernamentales recopilaron testimonios de testigos oculares en 11 de los casos, mientras que el conteo de los otros nueve se basó en noticias de los medios.

Olga Meza contó a Human Rights Watch que cinco hombres armados que llevaban la insignia de la policía investigativa de Venezuela, la CICPC, entraron por la fuerza a su casa una noche de agosto pasado. Contó que un agente de policía sacó a su esposo de la cama y lo golpeó, mientras que otro agente entró a un dormitorio y mató a disparos a su hijo de 16 años. Meza relata que cuando los agentes se dieron cuenta de que habían confundido a su hijo con un sospechoso, dispararon al aire y comenzaron a gritar que había habido un tiroteo.

Según Human Rights Watch, posteriormente el caso fue reportado por las autoridades como una confrontación, no como una ejecución extrajudicial. Después de que Meza presentara una denuncia formal, los agentes de seguridad comenzaron a hostigarla e incluso la siguieron cuando iba a visitar la tumba de su hijo. Desde el mes pasado, Meza declaró que no tenía noticia de ningún avance en la investigación por la muerte de su hijo.

Análisis de InSight Crime

Venezuela se encuentra sumida en una grave crisis de seguridad. Y es común que las fuerzas de seguridad agraven la situación en lugar de aliviarla. Aunque el informe de Human Rights Watch se centra en los supuestos abusos incurridos durante las incursiones de la OLP, el alcance de las violaciones a los derechos humanos va más allá del alcance de esta operación de seguridad. Según una investigación reciente de la agencia de noticias venezolana Efecto Cocuyo, la policía asesinó a más de 200 personas en el primer mes de 2016.

La policía venezolana también suele ser uno de los blancos de la violencia. Un total de 112 agentes resultaron muertos en la capital Caracas en los primeros nueve meses de 2015, y en algunos municipios ha habido deserciones masivas de agentes de la organización por preocupaciones por su seguridad personal.

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Pero los actos de violencia al margen de la ley cometidos por agentes de policía no pueden atribuirse solamente a la intensificación de la violencia contra la policía, ni deben creerse así. Estudios académicos han mostrado que cerca de 70 por ciento de los agentes muertos cayeron cuando estaban fuera de servicio, lo que suscita la duda de si hay una causa directa o nexo entre la violencia dirigida contra la policía y los abusos que ella comete. Sin duda, la revisión de documentos oficiales que hace Human Rights Watch y los informes de los medios de comunicación descubrieron solo tres casos en los que efectivos de seguridad cayeron muertos en los operativos de la OLP.

Es más probable que la causa principal de las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas sea la que menciona el título del informe: “Poder sin freno”. Los efectivos de policía y del ejército por lo general no enfrentan sanciones por el uso excesivo de la fuerza, lo que significa que hay pocos incentivos para que ejerzan moderación al realizar los operativos.

Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa de la Fuerza Armada Nacional, ha afirmado que las ejecuciones extrajudiciales que las autoridades presentan como “confrontaciones” se han institucionalizado hasta el punto de que dicha práctica representa “la forma más clara y real de que la pena de muerte en Venezuela existe”.

Una dinámica similar se observa en Brasil, donde la policía se destaca como una de las más violentas de Latinoamérica. Según un organismo de seguridad ciudadana de Brasil, agentes de policía mataron en promedio a 2.239 civiles por año entre 2009 y 2013. Pero dichos actos de violencia suelen clasificarse como “muertes por resistencia“, lo que por ende absuelve de culpa a los agentes.

Hay muchos involucrados en el aumento de asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad en Venezuela y el resto de la región, desde estrategias de combate militarizado contra el crimen hasta violencia extrema de los grupos criminales  y resentimiento por la inadecuación de los sistemas de justicia. Mientras la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales sea la norma, es poco probable que estas cifras bajen.

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