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ANÁLISIS

Funcionarios de Honduras vinculan hidroeléctrica con asesinato de activista

HONDURAS / 5 MAY 2016 POR STEVEN DUDLEY ES

Las autoridades de Honduras capturaron a cuatro hombres por el asesinato de la activista Berta Cáceres, ocurrido en el mes de marzo —dos de los cuales tienen vínculos directos con la empresa hidroeléctrica contra la que ella y otras personas se han estado enfrentando en el occidente de Honduras—, e indicaron que podría ser parte de una conspiración mayor.

El 2 de mayo, la policía de Honduras arrestó a cuatro personas en relación con el asesinato de Cáceres, una activista de los derechos ambientales e indígenas, quien durante una década intentó detener la construcción de represas a lo largo del río Gualcarque en La Esperanza, Honduras, a unos 100 kilómetros de la capital, Tegucigalpa.

Dos de los cuatro hombres están vinculados a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa que gestiona el proyecto hidroeléctrico La Esperanza, donde se construyen las cuatro represas conocidas colectivamente como Hidroeléctrica Agua Zarca.

En el que hasta el momento es el indicio más fuerte de que el asesinato de Cáceres estuvo relacionado con su activismo, dos altos funcionarios del Ministerio Público le dijeron a InSight Crime que el crimen llegó a partes “altas” de DESA.

“La muerte le viene por su lucha”, le dijo un investigador a InSight Crime. “El negocio que afectaba Berta era la represa”.

Hidroeléctrica Agua Zarca, la filial de DESA que gestiona el proyecto, emitió un comunicado (pdf) con fecha del 2 de mayo, en el que negó cualquier implicación en el crimen.

“Hidroeléctrica Agua Zarca ratifica que bajo ningún concepto, es responsable ni tiene vínculo material e intelectual con el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres”, dice.

Uno de los detenidos con vínculos con DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, es el administrador de asuntos comunitarios y ambientales en las instalaciones hidroeléctricas en cuestión, mientras que Douglas Geovanny Bustillo trabajó para una empresa de seguridad que estuvo empleada en el proyecto de la represa, según le confirmó DESA al New York Times.

Los funcionarios del gobierno le dijeron a InSight Crime que están trabajando en la hipótesis de que Rodríguez Orellana fue el autor intelectual del crimen.

En su declaración, Hidroeléctrica Agua Zarca dice que se vio “sorprendida” por la detención de Rodríguez Orellana.

“Sergio Rodríguez ejerce como gerente en temas sociales y medioambientales de la empresa, puesto que confiamos en que todas las acciones de sus colaboradores están siempre dentro del marco de la ley”, dice la declaración.

Los otros dos hombres detenidos están vinculados al ejército hondureño, uno de ellos es un oficial activo del ejército, el mayor Mariano Díaz Chávez, y el otro es un militar retirado, Edilson Atilio Duarte Meza.

Las autoridades dijeron que los dos militares y el guardia de seguridad desempeñaron funciones operativas en el asesinato. Creen que el mayor Díaz Chávez organizó el ataque pero estaba actuando por su cuenta y no como parte de las fuerzas armadas.

Los oficiales del ejército le dijeron a la prensa hondureña que ellos estaban apoyando la investigación y que no tenían ningún problema con el arresto de un oficial activo.

“Se nos informó que se iban a hacer estas capturas y nos dijeron que ahí había un militar [Mariano Díaz Chávez]”, le dijo a La Prensa el general Francisco Isaías Álvarez, jefe del Estado Mayor Conjunto. “Y yo dije: perfecto, no hay ningún problema, si está ahí, pues hay que capturarlo”.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Honduras, que ha desplegado recursos para ayudarle al gobierno de Honduras a resolver el caso, emitió un comunicado sobre los arrestos.

“Aprobamos el anuncio de las detenciones por el asesinato de Berta Cáceres”, dijo la embajada. “Desde el principio, hemos pedido una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Cáceres —una investigación que estudie las pruebas y que dé con quienes cometieron el crimen, incluyendo a los autores intelectuales—.”

La audiencia de imputación de cargos está programada para el 6 de mayo. Las autoridades le dijeron a InSight Crime que utilizarán las audiencias para aclarar los móviles del asesinato y para mostrar cómo van a probar el caso en la corte.

Análisis de InSight Crime

Honduras ha sido identificada por los observadores de derechos humanos como el “país más peligroso del mundo para defender la naturaleza”, con más de 100 activistas asesinados en el país entre 2010 y 2015. Sin embargo, incluso en medio de este derramamiento de sangre, el asesinato de Berta Cáceres ha llamado la atención como un ejemplo de los peligros de oponerse a los intereses privados en países como Honduras.

A primera vista, el caso tiene similitudes con casos presentados contra empresas en otras partes de la región y del mundo. En Colombia, por ejemplo, multinacionales como Coca-Cola, Nestlé, la compañía minera Drummond y la bananera Chiquita han sido acusadas de colusión con los paramilitares de extrema derecha. En el caso de Chiquita, la compañía incluso admitió haber financiado estos grupos— aunque afirma que fue forzada a hacerlo—.

En el caso hondureño no hay participación de paramilitares, pero presuntamente sí involucra intereses comerciales privados que buscaban resolver un conflicto con la comunidad, la cual estaba impidiendo sus negocios. Y esa disputa se hizo sangrienta, tal vez a manos de un escuadrón de tipo paramilitar.

Cáceres estaba al frente de la lucha contra las represas hidroeléctricas que se habían planificado, las cuales desplazarían a un gran número de indígenas lencas. Se trata de una batalla que por momentos se ha vuelto violenta, y al menos tres de sus colegas han sido asesinados por su activismo contra las plantas.

Según un productor de cine independiente que ha seguido de cerca la campaña en un artículo para el New York Times, los activistas no tienen a quien acudir dado que las fuerzas de seguridad se han puesto del lado de la empresa.

“En lugar de brindar protección a los miembros del Concejo, las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad hondureñas han sido parte integrante de la campaña de ataques e intimidaciones contra la organización”, escribió.

El caso tiene otra similitud con los ejemplos mencionados anteriormente: no será fácil de demostrar en ningún tribunal. El desafío que enfrentan las autoridades hondureñas será vincular al crimen a Rodríguez Orellana, así como a la compañía.

Muchos de estos casos no han pasado de meras demandas civiles, pues los casos contra Chiquita, Coca-Cola, Nestlé o Drummond nunca llegaron a los tribunales en Colombia. La mayoría de ellos fueron llevados a tribunales estadounidenses bajo una ley poco conocida denominada “Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros”, que permite que los casos de derechos humanos no procesados en el extranjero sean juzgados en Estados Unidos.

En todos estos casos, las compañías ganaron.

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