Los recientes informes acerca de que los funcionarios de inmigración mexicanos extorsionan a los solicitantes de asilo en la frontera con Estados Unidos se suman a las decenas de historias de abusos por parte de grupos criminales y demuestran que estas personas, en situación de vulnerabilidad, están atravesando uno de los trayectos más peligrosos del mundo.
Según una serie de testimonios publicados por Vice, funcionarios de inmigración mexicanos exigen hasta US$3.500 para permitirles a los migrantes permanecer en la frontera y esperar la oportunidad de obtener asilo en Estados Unidos.
Miles de solicitantes de asilo de países como Venezuela y Cuba que buscan ingresar a Estados Unidos se han visto obligados a esperar en el lado mexicano de la frontera después de que la administración del presidente Donald Trump limitara la cantidad de personas cuyas solicitudes pueden ser procesadas cada día.
Los grupos de derechos humanos han denunciado que este proceso, llamado “medición”, expone a los migrantes a la extorsión e incluso al secuestro por parte de grupos criminales.
En febrero, Telemundo publicó otra serie de testimonios de solicitantes de asilo retenidos en un centro de inmigración en la ciudad fronteriza de Reynosa, quienes decían que la policía les exigía US$3.500 para liberarlos.
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Los funcionarios de migración mexicanos también han sido acusados de detener los autobuses que ingresan a Reynosa y de exigir que los migrantes les entreguen el código que les hayan dado los llamados "coyotes" (traficantes de personas) u otros funcionarios locales, o de lo contrario no les permiten continuar su viaje.
Irineo Mújica, director de Pueblo sin Fronteras, organización que ayuda a los migrantes que atraviesan por México, señaló que a las personas que no poseen dicho código les pueden cobrar entre 500 y 2.000 pesos mexicanos (de US$25 a US$105).
Las acusaciones de Mújica se presentaron poco después de que varios hombres armados interceptaran un autobús en San Fernando, ciudad en el estado fronterizo de Tamaulipas que se conecta con Reynosa, y secuestraran a 22 migrantes.
El día después de que se publicó el informe de Vice, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su administración estaba investigando la corrupción de los agentes de aduanas y de inmigración.
"El gobierno está lleno de prácticas corruptas; ha sido así durante mucho tiempo. Pero lo estamos limpiando, acabaremos con la corrupción”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa.
Análisis de InSight Crime
La extorsión de migrantes por parte de funcionarios de inmigración mexicanos y grupos criminales ha sido común desde hace algún tiempo, pero esta práctica puede estar aumentando a medida que las políticas estadounidenses obligan a los migrantes a permanecer más tiempo en el lado mexicano de la frontera.
Durante mucho tiempo, el Instituto Nacional de Migración (INM) y diversas fuerzas policiales locales y federales de México han estado vinculadas al secuestro y la extorsión de los migrantes.
La promesa de eliminar la corrupción del sistema, hecha por López Obrador en la mencionada conferencia de prensa, se presenta luego de algunas medidas tomadas por el INM en 2016, cuando el instituto despidió a 2.500 agentes.
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Sin embargo, la corrupción al interior de los organismos públicos de México es endémica, y asegurar que los migrantes que atraviesan México puedan estar a salvo será un reto titánico.
Se sabe que hay organizaciones criminales grandes y pequeñas que controlan el viaje migratorio a lo largo de México, lo que lo convierte en uno de los trayectos más peligrosos del mundo.
Las pandillas se aprovechan de los migrantes mediante delitos menores, como robos, extorsiones y asaltos. Los grupos criminales más organizados, como el Cartel del Golfo y Los Zetas, les cobran impuestos a los migrantes para permitirles pasar, y además dirigen sus propias redes de secuestro de migrantes o de contrabando.
La presión de la administración Trump para que México detenga y deporte a los migrantes y solicitantes de asilo complica aún más las cosas. Cuando las fronteras se cierran, las organizaciones criminales se favorecen dado que aumenta el número de potenciales víctimas. Y dado que no es probable que los flujos de inmigración disminuyan, las personas más vulnerables de la región continuarán atravesando una situación desesperada.
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