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ANÁLISIS

GameChangers 2020 – Cómo los mercados negros se convirtieron en nueva normalidad

CARTEL DE JALISCO / 23 DIC 2020 POR CHRIS DALBY ES

En una región donde el 50 por ciento de la población se gana la vida en el mercado informal, no es motivo de sorpresa que los mercados negros hayan proliferado en 2020 en medio de una crisis sanitaria mundial.

Uno de ellos es el dominado por la llamada “mafia del agua” en el estado de Falcón, al norte de Venezuela, donde los ladrones rompieron una y otra vez las tuberías para robar miles de litros de agua en cada oportunidad. Las redadas y detenciones del gobierno, al parecer, no surtieron efecto. Si bien el robo y la reventa de agua no son nuevos en Venezuela, se intensificaron drásticamente en 2020.

Otros países también padecieron las crecientes actividades criminales relacionadas con el agua este año. Una red criminal en el estado norteño de Chihuahua, México, presuntamente tomó el control del 12.5 por ciento del agua del estado, donde la minería ilegal y las disputas por el uso del Río Grande han sido desastrosas. Y en Chile, donde la pandemia comenzó en medio de una fuerte sequía, ha habido situaciones similares.

Un informe de Nature Sustainability publicado en agosto pasado indica que hasta la mitad del agua del mundo se obtiene de manera ilegal; y en este panorama, los mercados negros tienden a aumentar. Según el Instituto Brookings, el robo de agua es hoy en día una opción viable para los grupos criminales más grandes, especialmente para aquellos “con experiencia en robo de petróleo y venta ilegal de gasolina”.

Las nuevas guerras del agua fueron un serio aviso durante el año que termina. En toda América Latina hubo una explosión de revendedores de los mercados negros que ofrecían prácticamente cualquier producto. Los más rentables siguieron siendo los alimentos básicos, los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y las medicinas. Pero otros productos menos tradicionales también tuvieron un repunte, y van desde equipos de protección personal hasta tocino.

“Ante la recesión económica causada por el coronavirus, grandes sectores de la población van a tratar de mitigar la pobreza comprando muchos más productos en mercados informales y callejeros, lo que causará un aumento en todo tipo de contrabando”, dijo Juan Pablo Toro, director de AthenaLab, centro de pensamiento chileno sobre seguridad, en comunicación con InSight Crime.

No se trata solo de grupos criminales organizados: parte de este tráfico es realizado por individuos o por funcionarios corruptos. Y llama la atención que la calamidad ha traído consigo grandes y pequeñas oportunidades.

La oferta de bienes básicos

En julio, David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, lanzó una sombría advertencia: “La pandemia por coronavirus ha sido devastadora en América Latina”, dijo durante una visita a Ecuador. “Las familias tienen dificultades para adquirir productos básicos como alimentos y medicinas, pues los medios de subsistencia se han visto afectados […] Hemos visto un aumento sustancial, de más de 11 millones de personas, que estarán al borde de la inanición”.

La situación fue evidente este año en la frontera entre Venezuela y Colombia, cuyas remotas trochas fronterizas han sido utilizadas durante mucho tiempo para el contrabando de alimentos. El robo de ganado en Colombia llegó a tal punto que fue considerado como “otra pandemia”, y toneladas de queso fueron incautadas mientras eran contrabandeadas para supuestamente alimentar a la enorme diáspora venezolana en Colombia.

Las nefastas condiciones también aumentaron el movimiento en la frontera de Venezuela con Brasil. Cuando Brasil cerró sus fronteras debido a la pandemia, una ley que permitía a los camiones que transportaban alimentos seguir cruzando la frontera “por razones humanitarias” fue utilizada para cometer abusos. En agosto, decenas de camiones cruzaban la frontera todos los días, llevando productos básicos como mantequilla, café, azúcar, aceite y enlatados. En lugar de cumplir los objetivos humanitarios, estos bienes se vendían a precios inflados en los mercados negros de Venezuela, donde los puestos de control policiales y militares cobraban su tajada para dejar pasar a los camiones. Lo que es peor aún: la mayor parte de los alimentos nunca llegaron a quienes los necesitaban con desesperación.

“Muchos de los artículos son transportados estratégicamente; por ejemplo, son llevados a las áreas mineras del estado Bolívar para darle continuidad a la minería ilegal”, dijo a InSight Crime Ricardo Delgado, exalcalde del municipio venezolano de Gran Sabana, en la frontera con Brasil.

Otra zona donde abunda el contrabando, la Triple Frontera, entre Paraguay, Brasil y Argentina, también tuvo un incremento en el tráfico. Debido a la pandemia, la industria azucarera de Paraguay debió detenerse, por lo que las ventas legales bajaron de 7.000 toneladas al mes a solo 1.000. Como resultado, toneladas de azúcar, que Paraguay consume en grandes cantidades, han ingresado de manera ilegal por la frontera con Brasil.

El azúcar no es el único producto que la potencia agrícola suramericana ha enviado a su pequeño vecino. En agosto fue detenido un convoy de camiones que transportaban 100.000 huevos; además, se han confiscado cargamentos de aceite de cocina, pollo, salchichas, frutas y verduras.

GRÁFICO: PRINCIPALES TIPOS DE CONTRABANDO

Prácticamente en todos los países de América Latina ha habido contrabando de carne y productos agrícolas, un hecho poco sorprendente en una región con 47 millones de habitantes que todavía son vulnerables al hambre y donde el 11,6 por ciento de los alimentos se desperdician.

Desde México hasta Argentina se implementaron regulaciones sobre la venta de cerveza y otros licores con el fin de reducir las aglomeraciones sociales que posibilitan la propagación del virus. Sin embargo, algunos consumidores recurrieron al alcohol de contrabando. México en particular ha intentado erradicar el consumo de licor casero en áreas remotas. Hasta el 42.5 por ciento del alcohol que se vende en México es ilegal, lo que contrasta con el promedio regional, que es del 15 por ciento. Más de 200 personas murieron en el país entre mayo y julio por beber alcohol adulterado. Otros países han reportado decenas e incluso cientos de muertos por esta misma causa, como República Dominicana, Perú y Costa Rica.

Arde el combustible

Dado que millones de personas se han quedado sin trabajo, se han impuesto fuertes restricciones a la circulación, y muchas economías criminales han quedado temporalmente detenidas, el robo y la reventa de petróleo y sus derivados se han puesto al orden del día. Ello ha permitido a los grupos criminales encontrar una manera conveniente de asegurar sus finanzas, y a la gente le ha ayudado a conservar su movilidad.

VEA TAMBIÉN: Robo de petróleo se expande en América Latina por el coronavirus

A pesar de que en agosto fue capturado José Antonio Yépez Ortíz, alias “El Marro”, quizá el principal ladrón de petróleo de México, el país ha debido seguir lidiando con el “huachicol”, como se conoce allí al robo de petróleo. (El término es tan utilizado que fue declarado la Palabra del Año en 2019 y obtuvo su propio emoji. Durante la pandemia se han robado millones de litros de gasolina, lo que significa un retroceso parcial frente a los avances que con dificultad había logrado el gobierno en 2019.

Guanajuato, núcleo de este comercio, sigue siendo el estado más violento del país, con conflictos entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Santa Rosa de Lima, dirigido por El Marro.

Y mientras las ventas legales de gasolina se desplomaron, la reventa de combustible convencional y de gas de petróleo líquido se disparó. La demanda por el petróleo del mercado negro en México fue tan alta que los ataques a plataformas sobre el mar también aumentaron. De enero a junio de 2020, las autoridades registraron 19 ataques de este tipo, en comparación con 20 en todo 2019 y 16 en 2018, según The New York Times.

Asimismo, el robo de gasolina se extendió por toda la región. Venezuela —el país con las mayores reservas de petróleo del mundo— recurrió a la gasolina robada de Colombia y Brasil. Dado que hay grupos criminales a lo largo de la frontera, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Rastrojos, dispuestos a aprovechar la oportunidad, las gasolineras del lado colombiano se vieron completamente vacías en varias ocasiones.

Los incentivos económicos de este delito son evidentes. En mayo, InSight Crime constató que un litro de gasolina vendido legalmente en Colombia por US$0.53 podía valer US$1.50 en el mercado negro de Táchira, Venezuela. La gasolina brasileña puede generar márgenes de beneficio aún más altos; algunos informes indican que el combustible de contrabando brasileño se vendía a un precio de 4 a 6 dólares por litro en el estado de Bolívar, y se utiliza principalmente para operar la maquinaria necesaria para la extracción ilegal de oro.

Con varias incautaciones de miles de galones de gasolina robada, Ecuador también entra en la lista. Y así como la gasolina contrabandeada desde Ecuador se ha utilizado para producir cocaína y trasladar drogas hacia Colombia, en septiembre se halló una refinería clandestina en la provincia de Sucumbíos, cerca de un oleoducto a lo largo de la frontera. Dicha refinería tomaba el petróleo directamente del oleoducto, lo refinaba en sus propias instalaciones y lo subía a barcos que estaban a la espera.

Por otro lado, la compañía colombiana Ecopetrol advirtió acerca de un rápido aumento de las tomas clandestinas de petróleo a lo largo de su infraestructura, y en el país se produjo un aumento del uso de “pategrillo”, un combustible de baja calidad utilizado en la producción de cocaína. En Argentina, los políticos locales se coludieron con los ladrones de petróleo para robarle a la petrolera estatal YPF crudo por un valor de hasta US$5 millones en el año. Y en Paraguay, los clanes familiares supuestamente asaltaron barcazas que transportaban gasolina sobre el río Paraná y vendían el crudo a las comunidades locales.

Como le dijo a InSight Crime un periodista con experiencia en la reportería sobre el robo de petróleo en Colombia, dado que durante la pandemia las autoridades se han enfocado en los confinamientos y en formas más violentas del crimen organizado, esta economía criminal ha logrado salirse de los radares. Quizá no sea así por mucho más tiempo.

Tras los equipos de protección personal

En 2020 surgió un tipo de contrabando totalmente nuevo. Dado que los países y los gobiernos comenzaron a competir por los equipos de protección personal (EPP) y los insumos para luchar contra el COVID-19, los criminales no tardaron en hacerse a sus propios suministros.

Esta nueva economía criminal se fue sofisticando a lo largo del año, a medida que crecía la información sobre el coronavirus y la manera de combatirlo.

Los primeros intentos se presentaron en abril, cuando los grupos criminales comenzaron a apropiarse de artículos que pensaban que podrían ser vendidos, pero sin un cliente específico en mente. Un ejemplo de esto ocurrió cuando el gobierno de Brasil enfrentaba dificultades para abordar la crisis, y una banda de ladrones entró a una bodega en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, para llevarse alrededor de 15.000 kits de pruebas de coronavirus y dos millones de artículos de EPP, como máscaras, desinfectante de manos y guantes.

En México, un camión que transportaba 200 kilogramos de desinfectante de manos fue robado, pero lo recuperaron poco después mediante rastreo satelital. Mucho más grave fue el robo de 20 respiradores de un hospital en el estado de Oaxaca, al sur del país. Y en Honduras, desaparecieron cientos de máscaras N-95 destinadas para hospitales públicos. Incluso en Cuba se presentó el robo y la reventa de suministros médicos vitales.

Los contrabandistas también prestaron cuidadosa atención a las noticias sobre atención médica. A finales de mayo, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recomendaron el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento para luchar contra el COVID-19, varios contrabandistas fueron capturados en Brasil con 3.000 dosis del medicamento, que habían sido ingresadas ilegalmente desde Paraguay. (La hidroxicloroquina no es eficaz contra el coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud.)

Un fármaco antiparasitario muy apetecido, la ivermectina, también fue promocionado durante algún tiempo como una posible cura. Debido a su uso tanto en humanos como en animales, inmediatamente apareció un mercado negro de dicho medicamento en Colombia y Ecuador, así como en Perú, donde en mayo se encontraron tres laboratorios clandestinos donde se producían miles de dosis.

Conforme el año fue avanzando, se probaron mejores opciones para tratar el COVID-19, como el remdesivir. Para septiembre, este medicamento se podía comprar de manera ilegal en Venezuela, y un médico colombiano lo vendía a US$800 por ampolleta, las cuales había robado de un hospital cercano.

En octubre, Ecuador reportó un robo de tocilizumab, también conocido como Actemra, un fármaco inmunosupresor que se descubrió que podía reducir las tasas de mortalidad entre los pacientes gravemente enfermos por coronavirus.

Incluso aparecieron terapias de la medicina tradicional china. En Chile se hicieron varias incautaciones de este tipo de medicinas, que supuestamente ayudaban a aliviar la insuficiencia respiratoria y que eran traídas de contrabando desde China. (Hasta la fecha, no hay pruebas fiables de que los remedios tradicionales chinos sean eficaces contra el COVID-19.)

Pero hubo otra consecuencia del coronavirus que también mantuvo activas a las redes de contrabando este año. Dado que los hospitales y los sistemas de salud estaban sobrecargados, los gobiernos comenzaron a posponer y cancelar las operaciones y tratamientos para otras enfermedades, incluido el cáncer. Las bandas de contrabando no tardaron en llenar la brecha.

El caso más audaz de esto último ocurrió en Ciudad de México en octubre, cuando 38.000 medicamentos contra el cáncer fueron robados de una bodega por hombres armados que amenazaron al personal y se marcharon en cinco vehículos. Aunque fueron hallados poco después, la redada planteó dudas acerca de la mejor manera de administrar este tipo de medicamentos.

Cuando los países latinoamericanos anunciaron la escasez de vacunas contra la gripe debido a la pandemia, los contrabandistas también vieron ahí una oportunidad. También en octubre fueron robadas 10.000 dosis de vacunas contra la gripe que eran transportadas en un camión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Andrés Castañeda Prado, coordinador de salud y bienestar del grupo anticorrupción Nosotrxs, de México, dice que si un paciente llega a un hospital con uno de estos productos, aunque provenga del mercado negro, puede ser administrado por su médico sin mediar preguntas.

“Hay un mercado para estos medicamentos, porque si alguien con recursos económicos tiene un hijo enfermo, hará lo que sea necesario para encontrar la medicina”, dijo Castañeda Prado en comunicación con InSight Crime.

¿Intentando llegar a fin de mes?

El contrabando es el segundo negocio criminal más lucrativo del mundo, según el Foro Económico Mundial, y, según la OMS, hasta el 10 por ciento de los medicamentos vendidos en América Latina podrían ser falsos o robados. Este año, la situación ha resultado particularmente perjudicial.

La Cámara de Comercio de México estima que el contrabando le costaría a la economía US$5.000 millones en 2020. En Perú, las incautaciones de bienes de contrabando aumentaron de 4,2 millones entre enero y agosto de 2019, a 18 millones durante el mismo período de 2020. En Honduras, una asociación de empresarios privados declaró que el contrabando estaba llegando a tal punto que estaba obstaculizando el desarrollo económico del país.

Las autoridades han reaccionado imponiendo penas más estrictas para los contrabandistas, pues afirman que ellos contribuyen a otros delitos, como la extorsión y el lavado de dinero.

Pero la demanda de bienes del mercado negro plantea un desafío adicional. La gran mayoría de estos mercados está indudablemente dominada por grupos establecidos y bien organizados, a menudo ayudados por funcionarios corruptos, especialmente en áreas críticas como la frontera entre Venezuela y Colombia o las fronteras de Paraguay. Además, este año las autoridades han tenido que diferenciar entre las bandas que sacan provecho del contrabando y las personas que intentan sobrevivir en estos tiempos difíciles.

Algunos ni siquiera lo han intentado. En Cuba, por ejemplo, por mucho tiempo han existido los revendedores que ofrecen productos importados del extranjero, o que no están disponibles en las tiendas estatales. Pero si bien La Habana ha tolerado cierto nivel de contrabando con el fin de ayudar a la economía, este año el gobierno no hizo diferencias. Durante la pandemia prosperó el mercado negro de alimentos, que se produjo en medio de una serie de nuevas sanciones de Estados Unidos. Dado que las tiendas suelen quedarse sin productos básicos como el pollo y la sopa, la gente se ve obligada a recurrir al mercado negro o incluso a convertirse en revendedores. La respuesta del gobierno fue firme. Impuso multas a miles de revendedores y, según informes, envió a algunos a la cárcel.

Laura Rodríguez, periodista de CubaNet que ha investigado el contrabando en la isla, dijo a InSight Crime que los revendedores “no tienen ninguna otra opción económica. […] Pueden dedicar su tiempo a cazar productos en diversas tiendas […] no tienen productos guardados a la espera de que el precio suba, sino que necesitan dinero para invertir de nuevo”.

En Chile, las ventas de cigarrillos ilegales, tanto en la calle como en línea, se convirtieron en una manera conveniente de llegar a fin de mes. En Brasil, la devastadora pérdida de empleos condujo a un aumento del empleo informal y a la reventa de artículos del mercado negro. Hay quienes incluso recurrieron al contrabando de animales salvajes a precios favorables.

Esta historia no termina aquí; se sigue narrando de diversas maneras a medida que la pandemia de COVID-19 se prolonga y la agitación se convierte en la nueva normalidad.

Foto: AP

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