Este año llevó a Venezuela al borde del desastre —económico, político y social— lo que le ofreció al crimen organizado un terreno bastante fértil.
La nación está al borde del colapso social y económico, y la desenfrenada inflación ha llevado a la población a pesar los bolívares, en lugar de contarlos. La extrema escasez de alimentos, medicinas y bienes básicos ha provocado disturbios generalizados. Los venezolanos de todas las clases sociales están abandonando el país por tierra, mar y aire.
El presidente Nicolás Maduro ha seguido aferrándose al poder a toda costa. Él y sus seguidores han bloqueado todas las herramientas democráticas que la oposición tenía para destituirlo del cargo, lo que ha llevado a que muchas personas cataloguen al país como una dictadura y un Estado fallido.
Todos estos factores promovieron la criminalidad el año pasado en varios niveles. Tanto en las calles de la capital como en los rincones del interior, a lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia, y dentro del aparato de gobierno y del Estado, las decisiones políticas del gobierno de Maduro han creado condiciones que han permitido el crecimiento acelerado de la delincuencia y el crimen organizado.
Venezuela es actualmente uno de los países más peligrosos del mundo. Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo, según cifras publicadas por organismos sin ánimo de lucro (el gobierno de Venezuela dejó de publicar estadísticas sobre el crimen hace más de una década) y los residentes de todo el país acatan un toque de queda no oficial.
"Caracas, la capital de Venezuela, ha superado a San Pedro Sula, Honduras, como la ciudad más violenta del mundo, lo que ha marcado un cambio en la dinámica de las tasas de homicidio en los centros urbanos de Latinoamérica," escribimos en enero. "La tasa de homicidios de Caracas aumentó ligeramente de unos 116 por cada 100.000 habitantes en 2014 a unos 120 en 2015 —es decir, 3.946 asesinatos en una ciudad de casi 3,3 millones de habitantes—”.
Las denuncias de secuestros se duplicaron durante el 2016, y según nuestras investigaciones, esta actividad criminal se está dando actualmente a una escala alarmante. Fuentes en Caracas han hablado con criminales que son enviados en carros y a quienes se les pide escoger víctimas al azar en las calles. Quienes han sobrevivido a los secuestros han dado testimonio de ser mantenidos en refugios junto con otras 90 víctimas.
El aumento de los secuestros y los homicidios puede atribuirse en parte al desarrollo de nuevas formas de crimen organizado que han prosperado gracias a condiciones creadas por las propias autoridades.
"Las cifras [de secuestros] también ponen de relieve que, si bien el secuestro puede ser rampante en Venezuela, también está altamente concentrado. Se señala en particular el estado de Miranda, que representa más de la mitad de los casos a nivel nacional," señalamos en septiembre. "En Miranda se encuentran muchas de las áreas del país conocidas popularmente como “zonas de paz” —una iniciativa no oficial del Estado, mediante la cual las fuerzas de seguridad fueron esencialmente retiradas de ciertas zonas—. En muchos casos, el vacío dejado por el Estado lo llenan los criminales, y muchas zonas de paz se han convertido en bastiones de las pandillas y en zonas altamente violentas”.
Enormes franjas del territorio venezolano se encuentran actualmente bajo el control de bandas criminales conocidas como "megabandas", que se dedican al secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas. El territorio de las megabandas coincide a menudo con el de las "zonas de paz" del gobierno, creadas por una política de seguridad profundamente defectuosa, con la supuesta intención de pacificar estas áreas. Pero esta estrategia —que creó zonas, la mayoría de las cuales ya eran territorio de las pandillas, a donde se les prohibió entrar a las fuerzas de seguridad pública sin autorización previa— les ha ayudado a estas organizaciones criminales a prosperar y a establecerse como la ley de facto en muchas áreas.
En parte, las megabandas se originaron en el anárquico y hacinado sistema penitenciario de Venezuela. La costumbre de los reclusos de tomar como rehenes a los policías y a los familiares visitantes durante este año fue sólo otra muestra de cómo el sistema penitenciario está totalmente fuera del control del gobierno, y se ha convertido en un verdadero centro de la actividad criminal.
"Esta falta de presencia del Estado al interior de las prisiones ha dado lugar a pujantes economías ilegales," cada vez más a las fuerzas irregulares. "Por ejemplo, en la prisión de San Antonio, en isla Margarita, los internos incluso abrieron un club nocturno, y usaron teléfonos inteligentes para coordinar eventos e invitar a amigos y familiares [...] La táctica de secuestrar empleados de las prisiones y familiares para protestar por las condiciones de vida y conseguir que los funcionarios de las prisiones les otorguen concesiones también se ha vuelto común entre los reclusos venezolanos —en algunos casos, los familiares de los reclusos también han participado—. Por ejemplo, los reclusos de la Penitenciaría General de Venezuela secuestraron recientemente a 23 empleados de la cárcel, y obligaron al gobierno a transferir a más de 2.500 detenidos a su prisión, de manera que los líderes de los internos pudieran cobrarles extorsiones”.
La delincuencia callejera también está siendo promovida por grupos de partidarios del gobierno armados y no reglamentados, conocidos como "colectivos", los cuales, según nuestras investigaciones, se hicieron cada vez más corruptos y criminales en 2016, extorsionando a las comunidades a las que en principio debían proteger.
Y son estos mismos grupos a los que el gobierno convoca para que acaben con el malestar popular y con las protestas de la oposición por la actual crisis social y económica. Maduro está recurriendo cada vez más a las fuerzas irregulares (en el mejor de los casos) o quizás directamente a los criminales, para proteger los intereses propios y los del gobierno.
"El despliegue de los colectivos para hacer frente a posibles manifestantes es particularmente preocupante y apunta a la fusión de ideología y criminalidad —estos grupos armados y del lado del gobierno se han asociado durante mucho tiempo con la violencia," señalamos en octubre. "Han estado involucrados en enfrentamientos callejeros territoriales con fuerzas del Estado, como la Guardia Nacional, y sus relaciones con las fuerzas del gobierno se modifican constantemente. También han hecho parte de controvertidas operaciones (como la Operación Liberación y Protección del Pueblo - OLP) llevadas a cabo con otras fuerzas del Estado”.
Las redadas de seguridad del gobierno, irónicamente llamadas Operación Liberación y Protección del Pueblo, que se dieron después del concepto de "zonas de paz" del Estado en el año 2015 (y como un medio de corregir los errores de éstas) son realizadas por grupos especiales en los que participan diversas fuerzas de seguridad, y a menudo miembros de los colectivos. Sus resultados se hicieron más evidentes durante el 2016, y sus numerosas víctimas consideran que son equivalentes a escuadrones de la muerte.
"Los expertos dicen que las ejecuciones extrajudiciales han aumentado alarmantemente desde que el año pasado el gobierno venezolano comenzó un nuevo plan de lucha contra el crimen, lo que sugiere que las fuerzas de seguridad podrían estar implicadas en actividades de los escuadrones de la muerte," informamos.
Hacia finales del año, una OLP en la región de Barlovento, en el estado de Miranda, fue considerada una masacre después de que los cadáveres de 12 jóvenes que habían sido detenidos por las fuerzas del Estado fueron encontrados enterrados en tumbas clandestinas. Pero los expertos advierten que los abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad del Estado son aún más comunes. Como informamos en noviembre, "la violencia institucionalizada no se limita a los ataques de la OLP. El criminólogo Fermín Mármol García dijo recientemente que las cifras preliminares indican que las fuerzas de seguridad venezolanas habrían matado a unas 5.000 personas a finales de 2016, un claro indicio de que la participación del Estado en las ejecuciones ilegales se extiende mucho más allá de los límites de la OLP".
El creciente uso de la violencia por el gobierno ha estado acompañado por una abundante corrupción, promovida en parte por la generalizada impunidad criminal. "Los miembros de las fuerzas de seguridad en Venezuela aparecen regularmente en los titulares como sospechosos o presuntos cómplices, facilitadores o autores de delitos graves, un signo del avanzado deterioro y de la corrupción de las fuerzas de seguridad del país. Los funcionarios corruptos —especialmente policías y militares— juegan un papel esencial en la penetración y el crecimiento del crimen organizado en Venezuela, lo cual se refleja en las alarmantes estadísticas de criminalidad," escribimos.
Tal vez el mejor ejemplo de esto último es la condena, en el mes de noviembre, de miembros de la familia presidencial por su participación en un plan de tráfico de drogas. Los sobrinos de la esposa del presidente Maduro, Cilia Flores, fueron declarados culpables, por un tribunal de Nueva York, de conspirar para enviar 800 kilos de cocaína, supuestamente obtenidos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a Estados Unidos. "Varias evidencias presentadas durante el juicio de los llamados 'narco sobrinos' sugieren que figuras de alto nivel que tienen vínculos con el gobierno venezolano pudieron haber sido cómplices en el tráfico de drogas," escribimos.
La corrupción y los actos ilegales también fueron promovidos por la drástica caída del valor del bolívar este año, que afectó el valor de los sueldos estatales. Esto ha creado más incentivos para la corrupción, especialmente al interior de las fuerzas armadas, que controla los puertos aéreos y marítimos del país, así como la distribución de los escasos alimentos y medicinas, y la crucial frontera del país con Colombia. Las fuerzas armadas de Venezuela son actores clave en el comercio de cocaína transnacional.
La criminalidad en la frontera colombovenezolana aumentó este año por varias razones. El cierre de la frontera por el presidente Maduro, que comenzó en el año 2015 y se extendió hasta agosto de 2016, cerró los cruces oficiales entre los dos países, dándoles a los miembros corruptos de la Guardia Nacional, a las Bacrim colombianas ("bandas criminales") y a los grupos guerrilleros el monopolio para controlar los cruces a través de caminos clandestinos, lo que les permitió aumentar sus ingresos al cobrarles impuestos a los contrabandistas y a las personas que atraviesan la frontera.
"La investigación de campo de InSight Chime en Norte de Santander determinó que hasta [el cierre de la frontera], el contrabando había sido en general una actividad de carácter familiar, en la que los individuos llevaban pequeñas cantidades de mercancías a Colombia a lo largo de rutas oficiales e informales," escribimos. "Cuando ya esto no fue posible, el contrabando pasó a los cruces fronterizos no oficiales, lejos de los puentes principales, donde los grupos del crimen organizado llegaron a acuerdos con elementos corruptos de la Guardia Nacional Venezolana y comenzaron a controlar el tránsito ilegal y a cobrar por el mismo”.
Pero a medida que el suministro de bienes para los hogares venezolanos se hizo más lento, y finalmente se detuvo debido a la crónica escasez del país, los grupos criminales recurrieron a otras actividades delictivas para sustituir la pérdida de ingresos causada por la disminución de este flujo de contrabando.
Por último, el proceso de paz en Colombia aumentó la importancia de Venezuela como refugio seguro para los ejércitos rebeldes de Colombia. "Las FARC mantienen una fuerte presencia en Colombia y Venezuela a lo largo de la frontera entre los dos países, y los guerrilleros han usado a Venezuela para evadir las presiones de las fuerzas de seguridad colombianas. Además, realizan entrenamientos, reabastecen sus existencias de armas y ejercen control sobre las actividades criminales transfronterizas, como el narcotráfico y el contrabando. Su presencia está tan arraigada, que InSight Crime ha hallado evidencias de que los guerrilleros cargan tarjetas de identidad venezolana y compran parcelas de tierra en el país.
El futuro de Venezuela es bastante incierto, y 2017 seguramente traerá más caos e incertidumbre. La presidencia de Maduro terminará en enero de 2019, y las elecciones presidenciales (en caso de que la actual administración permita su realización) están previstas para diciembre de 2018. Mientras tanto, la criminalidad y el crimen organizado continuarán creciendo en el continuo caos venezolano.
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