GameChangers 2016: Militarización continúa pese a críticas

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En 2016, los gobiernos mantuvieron las estrategias militarizadas en la lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica, pese a las pruebas cada vez más concluyentes de abusos contra los derechos humanos y la limitada efectividad de ese tipo de estrategias en el largo plazo.

Este año, México constituyó un ejemplo notable de los inconvenientes de la militarización. Al completar diez años de “guerra contra las drogas” en el país, hubo pocos logros en seguridad y mucho por mejorar en términos de derechos humanos. En El Salvador, el ataque militarizado del gobierno a las pandillas del país ha suscitado inquietudes bien fundamentadas por ejecuciones extrajudiciales, y puede estar incitando a los grupos criminales a incrementar su poder de fuego para responder a la ofensiva del estado. La militarización actual de la seguridad pública en Venezuela también se robó titulares por su brutalidad y falta de resultados.

Aun con las evidentes deficiencias de esta política, Argentina adoptó una alternativa similar este año con la nueva administración del presidente Mauricio Macri.

“Macri inició una serie de cambios de política que equivalen a un cambio arrollador hacia una estrategia más militarizada”, escribía nuestro Patrick Corcoran en diciembre. “Ha llamado a asesores estadounidenses e israelíes; ha anunciado planes de derribar aviones con drogas… e inundó zonas especialmente violentas con tropas federales, entre otras medidas”.

Una solución rápida

Es comprensible la tendencia a usar al ejército para llenar vacíos de seguridad. Muchos países de la región han adoptado estrategias de seguridad militarizadas en respuesta a la violencia criminal que parecen incapaces de contener las autoridades bajo el mando de civiles. Esto es especialmente válido en países como Honduras, El Salvador y Guatemala, donde los cuerpos de policía y los sistemas de justicia han tenido problemas con debilidades estructurales y corrupción. Este contexto es clave para entender porqué muchos estados optan por estas políticas.

“Para los gobiernos del Triángulo Norte, las sólidas estructuras criminales constituyen una amenaza directa a la democracia debido a la corrupción generalizada, la violencia y los importantes costos económicos que ellas acarrean”, señaló InSight Crime.

Sin embargo, la intensificación del conflicto en El Salvador este año destacó algunas de las complejidades asociadas con la militarización. El país aprobó una ley que clasificaba a las pandillas como organizaciones terroristas, y la lucha entre el gobierno y las pandillas callejeras se empeoró a lo largo del año, a pesar del descenso en las tasas totales de homicidios. La mayor militarización del gobierno se constituyó como un fuerte incentivo para que las pandillas aumentaran su poder de fuego, y se dice que las autoridades descubrieron un intento de la MS13 por adquirir armas de grado militar.

Para los gobiernos del Triángulo Norte, las sólidas estructuras criminales constituyen una amenaza directa a la democracia debido a la corrupción generalizada, la violencia y los importantes costos económicos que ellas acarrean  

“El proyecto de la mara [consiste] en recolectar dinero mensualmente, producto de las extorsiones, para compra de armamento”, señaló una acusación del gobierno salvadoreño contra varios integrantes del grupo, “para equipar a 500 elementos de la MS13, dos por cada una de las 249 clicas a escala nacional y conformar equipos élites de choque para atentados al sistema de seguridad”.

Aunque el plan fracasó a raíz de varios operativos policiales, el conflicto alcanzó nuevos picos de intensidad hacia finales de 2016, pues la decisión de las pandillas de dirigir ataques sistemáticos contra el personal de seguridad desató una respuesta del mismo tipo por parte del gobierno y los escuadrones de la muerte.

“Por los menos 44 agentes de policía y 20 soldados han muerto este año —un alto número que, sin embargo, es pequeño en comparación con los más de 500 presuntos pandilleros asesinados—. Esta asimétrica proporción sugiere que un número significativo de estos supuestos ‘enfrentamientos’ han sido en realidad ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad”, analizaba David Gagne en noviembre.

Más violaciones a los derechos humanos

La preocupación por el impacto que tenga la militarización en los derechos humanos no se limita a El Salvador, sino que incluye además a países como Venezuela y México, donde se ha asignado a los militares tareas que normalmente realizaría la policía. En la base de estos temores está el hecho de que, como lo señalamos, “los soldados —con la excepción notable de los miembros de las ‘gendarmerías’— no están ni entrenados ni equipados para arrestar a los transgresores. Se entrenan para matar al enemigo”.

La campaña militarizada de seguridad pública en Venezuela, conocida como Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) ha sido relacionada con numerosas violaciones a los derechos humanos, como evidenció el arresto reciente de varios militares por la presunta participación en una masacre durante un operativo de la OLP.

“La masacre, que tiene todas las señales de haber sido perpetrada por fuerzas de seguridad del estado, de nuevo llama la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo la insignia de la OLP”, escribía Gagne en noviembre. “El operativo de seguridad desató críticas casi inmediatamente después de su inicio en julio de 2015, cuando resultaron muertas 17 personas en un operativo conjunto entre la policía y el ejército. La violencia aún no amaina, con más de 700 ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del gobierno entre julio de 2015 y septiembre de 2016, según la organización de derechos humanos PROVEA”.

Aunque los arrestos en Venezuela son una señal positiva, en toda la región ha sido un problema atribuir la responsabilidad a los organismos de seguridad. Por ejemplo, se ha acusado al ejército mexicano de numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos años que en parte han quedado impunes, lo que indicaría que “si los organismos de seguridad y el sistema de justicia se desvían del estado de derecho y violan los derechos humanos de manera sistemática, dar más poder a estos organismos en nombre de la ‘guerra contra las drogas’ llevará a mayor violencia”.

La decisión de enfrentar a los grupos criminales con el ejército puede llevar a los gobiernos a adoptar políticas que también puedan institucionalizar las violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, el presidente argentino Macri firmó un decreto en enero de 2016, que autoriza el derribamiento de aviones sospechosos de llevar drogas, una práctica que para los críticos equivale a una ejecución extrajudicial. Pero Argentina no fue el primer país de la región en adoptar esta medida. Siete países más —Venezuela, Brasil, Chile, Honduras, Colombia, Perú y Honduras— ya habían hecho lo mismo anteriormente.

2016 también vio una reforma legal en Colombia que recuerda la categorización de las pandillas como organizaciones terroristas en El Salvador. Al catalogar a tres grupos criminales (denominados “bandas criminales” o Bacrim) como “grupos armados organizados” que suponen una amenaza para la seguridad del estado, el gobierno colombiano allanó el camino para intensificar la acción militar contra esas estructuras, lo que incluye bombardeos desde el aire, con un costo humano potencialmente alto.

“Al contrario de los grupos guerrilleros colombianos, que operan principalmente desde campamentos retirados, las Bacrim, como la de los Urabeños, operan entre la población general”, señalamos. “Esto aumenta el riesgo de daños colaterales y, en términos más generales, aspectos legales y de derechos humanos graves en relación con el rol del gobierno al bombardear a sus ciudadanos”.

El gobierno colombiano han adoptado una postura similar hacia los grupos guerrilleros, al mantener la presión militar sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en medio de un proceso de paz lleno de traspiés y alertando a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que los guerrilleros que no se acojan a un acuerdo de paz firmado recientemente” recibirán todo el peso de las operaciones militares y de policía”.

Destinación de recursos, misión

La militarización implica muchas veces la destinación de recursos limitados a la policía civil y el sistema judicial, lo que debilita a las mismas instituciones encargadas de evitar, investigar y castigar el delito. Esto crea un círculo vicioso mediante el cual los gobiernos se hacen cada vez más dependientes del ejército, debido a una falta de mecanismos eficientes de lucha contra el crimen en la parte civil.

Un ejemplo de esto se vio en Brasil, cuando la segunda ciudad más grande del país, Rio de Janeiro, fue el anfitrión de los Juegos Olímpicos este año. En los preparativos para el importante evento internacional, el gobierno intensificó su política de “pacificación” urbana, bajo la cual la policía militar intentó imponer su presencia física en barrios controlados por grupos criminales. Pero pese al enorme aumento de recursos para seguridad, Rio siguió experimentando el crimen y la violencia relacionada con el crimen  a lo largo de la celebración de los Juegos, en particular en zonas urbanas deprimidas, conocidas como favelas. Y pocos meses después de concluido el evento internacional, varios tiroteos entre las pandillas y la policía pusieron de relieve una vez más las limitaciones de esta política.

“Se dice que oficiales militares de alto rango están asumiendo cargos en la dirección de prisiones y muchos directores de las cárceles más grandes son miembros del ejército, pese a que esto va en contravía de la Ley Nacional del Sistema Penitenciario”. 

La debilidad de las instituciones civiles muchas veces hace que se convoque al ejército para que asuma roles que no corresponden a sus obligaciones tradicionales. Por ejemplo, ante una situación urgente en las cárceles, Honduras ha delegado cada vez más el control de las prisiones a soldados. Esto ha tenido consecuencias adversas para los derechos humanos, como ilustró un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Se dice que oficiales militares de alto rango están asumiendo cargos en la dirección de prisiones y muchos directores de las cárceles más grandes son miembros del ejército, pese a que esto va en contravía de la Ley Nacional del Sistema Penitenciario”, decía el informe. “También se ha acusado a los organismos de seguridad de torturas y malos tratos a presos. Seis de diez reclusos fueron sometidos presuntamente a torturas o tratos degradantes, crueles o inhumanos durante su detención en ciertas ciudades entre diciembre de 2013 y 2014, según información del Centro para la Prevención, el Tratamiento y la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (CPTRT). El Cuerpo Nacional Antiextorsión fue el presunto responsable de los casos de tortura más graves”.

La militarización también puede afectar al mismo ejército. En toda Latinoamérica, hay una percepción generalizada del ejército como mucho menos corrupto que la policía o los jueces. Pero la confrontación militar con elementos criminales conduce inevitablemente a casos de corrupción de los soldados.

Varios casos han ilustrado esta tendencia en Venezuela, donde casos de miembros corruptos de las fuerzas armadas han ido desde el contrabando de varias toneladas de harina de trigo hasta esquemas de narcotráfico de alto nivel. En agosto de 2016, Estados Unidos acusó a dos exoficiales antinarcóticos de alto rango. Uno de los acusados, el oficial de alto rango de la Guardia Nacional Néstor Luis Reverol, fue nombrado ministro del interior por el presidente Nicolás Maduro al día siguiente de la acusación. Aunque fue una decisión política en el contexto de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, el nombramiento es síntoma de un país del que se cree que el control del negocio de la droga lo tienen en gran parte elementos militares corruptos, denominados el Cartel de los Soles.

Señales de cambio

Pese a los numerosos inconvenientes de la militarización, es poco probable que los países latinoamericanos dejen de lado esta política en el corto plazo. Esto se debe en gran medida a que el crimen organizado representa la amenaza más notable para la seguridad nacional y ciudadana en muchos de estos países, y donde la policía y las instituciones judiciales son incapaces actualmente de neutralizar la dinámica criminal nacional y transnacional.

Pero contra un telón de fondo de escepticismo creciente sobre las políticas de seguridad pública en manos del ejército, están aflorando algunos signos de cambio de perspectiva, México incluido, del que se dice que es uno de los países con la intervención militar más intensa en la seguridad pública. A comienzos de este año, el jefe de las fuerzas armadas mexicanas declaró que ha sido un error involucrar al ejército en la lucha contra el crimen.

“Ninguno de los que tenemos responsabilidad en mandos en la institución, nos preparamos para hacer funciones de policía”, señaló. “No lo hacemos, no lo pedimos, no nos sentimos a gusto, no estamos cómodos con la función”.

De igual manera, el presidente peruano Pedro Pablo Kuzcynski prometió este año que no involucraría al ejército en actividades de policía.

“Durante la campaña se habló de poner al ejército en las calles. ¿Cómo va el ejército peruano a controlar la extorsión de un zapatero en [la ciudad de] Trujillo?”, preguntó. “Es un tipo de crimen distinto, es mucho más complicada. Requiere más equipamiento y sofisticación”.

Sin embargo, el gobierno de Kuzcynski prorrogó un estado de emergencia en los valles de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro River (VRAEM), donde opera el grupo insurgente Sendero Luminoso, que revive así una estrategia de seguridad de más de tres décadas que se había suspendido el año pasado y con el potencial de complicar la situación de seguridad esa área.

“Los funcionarios también afirmaron que el ejército ahora lideraría la lucha contra el narcotráfico en la región”, escribimos en octubre. “Aunque las operaciones estén bajo el mando militar, también se integrará la policía al proceso”.

Esta estrategia de integrar la policía a operativos comandados por el ejército representa una estrategia más matizada que muchas veces se emplea en zonas donde las autoridades civiles simplemente serían superadas en armamento por los grupos criminales. A fin de cuentas, la meta de esas estrategias es apoyar a los organismos civiles hasta que puedan manejar la seguridad por sí solos en esas zonas. En la práctica, sin embargo, esto rara vez ocurre.

En Colombia, el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC incluye un reconocimiento de los factores socioeconómicos importantes que pueden afectar el crimen organizado. Y aun cuando la figura militar de mayor rango del país amenazó con usar “toda la fuerza de los operativos militares y de policía” contra los disidentes de las FARC, añadió que el gobierno “buscará establecer control institucional en estos territorios (antes bajo el dominio de las FARC) no solo con la presencia de las fuerzas armadas y la policía, sino también mediante todos los organismos del estado”.

Estos son pequeños pasos hacia políticas más abarcadoras, humanas y efectivas al enfrentar el crimen organizado. Pero queda por ver si las voces a favor de la reforma se fortalecerán en el nuevo año, y si la policía y los sistemas judiciales pueden responder al desafío.

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