Este año terminó con un premio Nobel de la Paz para el presidente colombiano y dos acuerdos de paz con guerrilleros marxistas. Sin embargo, el final de la lucha todavía está lejos para esta nación andina, y el crimen organizado está a punto de sufrir otra mutación.
El fin de 52 años de conflicto civil con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegará en 2017, al menos con la mayor parte del movimiento guerrillero.
El primer acuerdo se produjo en septiembre, cuando el presidente Juan Manuel Santos invitó a los líderes mundiales a presenciar la firma, cuando él y el comandante en jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias "Timochenko" sellaron el acuerdo por escrito. El ejército rebelde más poderoso de Colombia debía dirigirse a zonas de concentración y comenzar a entregar sus armas.
El Presidente Santos citó el himno nacional de Colombia en sus últimas palabras a la multitud: "Cesó la horrible noche de violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. [...] abramos los brazos, los ojos, las mentes y demos la bienvenida al nuevo día. Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer... el amanecer de la paz, el amanecer de la vida".
También pregonó el acuerdo de paz con las FARC como un posible punto de inflexión en la larga lucha de Colombia contra el narcotráfico. Se mostró cautivador en la ilusión.
Las FARC son una organización política, pero en términos criminales, es difícil subestimar la importancia del grupo. Ganan entre USD$400 millones y USD$700 millones al año, gran parte de eso del narcotráfico. Controlan la producción de base de coca, la primera etapa en la fabricación de cocaína, hasta en el 70 por ciento de Colombia. Y como Colombia es el primer productor de cocaína, las FARC son uno de los actores más importantes del mundo en el comercio mundial de cocaína.
Los colombianos también estaban escépticos ante el acuerdo de paz y enojados por las concesiones que proporcionaba a los comandantes insurgentes. En un plebiscito de ratificación del acuerdo en octubre, en el que solo participó el 37 por ciento de la población votante, una escasa mayoría lo rechazó en la votación. Nadie esperaba esto, ni el presidente Santos ni su principal oponente, el expresidente Álvaro Uribe y ciertamente no las FARC.
Pocos días después, el Comité del Nobel eligió a Santos como receptor de su codiciado premio. El anuncio dio un impulso político al presidente y sus aliados, y ayudó a impulsar 40 días de intensas renegociaciones entre la guerrilla y el gobierno para elaborar un nuevo acuerdo, esta vez teniendo en cuenta las objeciones de los votantes del "No". El tiempo era esencial, no sólo para Santos, ya que 2017 anunciaba el inicio de la nueva temporada de campaña presidencial y parlamentaria, sino también para Timochenko, que había apostado todo por un acuerdo de paz a pesar de la oposición de algunos de algunos de sus comandantes más influyentes.
Ya una unidad, el historico Frente Primero, se había proclamado disidente en julio. Establecido en el departamento cocalero del Guaviare, este grupo de hasta 80 combatientes cuenta con una fuerte base financiera y estrechos vínculos con las comunidades locales. De hecho, con la paz al borde de la crisis, el Frente Primero comenzó a expandirse hacia la frontera de Brasil para hacerse a las operaciones ilegales de extracción de oro.
El segundo acuerdo de paz, firmado en noviembre, se parecía notablemente al primero. Se habían añadido otras 30 páginas, pero hubo pocos cambios radicales. No queriendo arriesgarse a nuevos roces con el electorado, Santos optó por usar el Congreso, en el cual tiene mayoría para ratificar el acuerdo. Partes del acuerdo ya han superado este obstáculo, y es posible que se ratifique en su totalidad a principios de 2017.
Sin embargo, los retrasos y la reacción del pueblo colombiano, llevaron a más elementos de las FARC a desvincularse del proceso.
En diciembre, un miembro del Estado Mayor Central, Miguel Botache Santanilla, alias "Gentil Duarte", desertó con otros cuatro comandantes de rango medio, y se unió al Primer Frente. Las FARC se dividieron oficialmente y Timochenko expulsó a los comandantes disidentes del movimiento insurgente.
Gentil Duarte es quizás el más importante de los cinco comandantes en dejar las filas de la guerrilla. Miembro histórico de la organización, formó parte del Estado Mayor de las FARC, líder del Frente 7 y, en 2013, se incorporó a la delegación de paz del grupo en La Habana, Cuba.
Hasta ahora los disidentes están confinados en las llanuras orientales. Sin embargo, se teme que cuando llegue el momento de pasar a las zonas de concentración, se harán evidentes nuevas deserciones. Se supone que las FARC están concentrando no sólo a sus combatientes armados, sino también a sus redes de milicias. Fuentes de inteligencia militar han hablado de hasta 7.000 insurgentes armados con un promedio de dos milicianos por combatiente. Por lo tanto, debería haber unos 21.000 miembros de las FARC listos para entrar en las zonas de concentración. Algunas fuentes del gobierno dicen que menos de la mitad de ese número se están movilizando actualmente a las zonas de preconcentración. Eso podría significar que la mitad de las FARC se quedan por fuera del acuerdo.
El ejército prometió que lanzará una ofensiva contra cualquier elemento de las FARC que no se traslade a esas zonas de desmovilización y que llenará el vacío de seguridad que quede cuando los rebeldes se retiren. Sin embargo, el gobierno nunca ha podido ocupar el territorio nacional. Y mientras que el presupuesto del Ministerio de Defensa aumentará alrededor del dos por ciento en 2017, y Colombia espera cientos de millones de dólares de ayuda internacional "postconflicto", el gobierno padece un déficit. Es más, los recientes intentos estatales por establecer el control en áreas que han sido abandonadas por el gobierno durante mucho tiempo han sido insuficientes, y hay preocupaciones de un déficit en la financiación internacional.
Muchos actores ilegales están poniendo sus ojos en el territorio de las FARC y los sembrados de coca que por largo tiempo han controlado los rebeldes, así como las oportunidades de minería ilegal y extorsión que presenta. No solo existe el riesgo de que más disidentes de las FARC, sino también otros elementos guerrilleros, se criminalizen y entren al negocio por sí mismos, tal vez aliándose con otros actores criminales.
La retirada de las FARC del conflicto civil no señala el fin de este. Hay otra fuerza insurgente aún en el campo: el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Históricamente todos los ojos han estado puestos sobre las poderosas FARC y su fomento del negocio de la droga. Por mucho tiempo, el ELN ha sido ignorado por el gobierno y las fuerzas de seguridad. Sin embargo, cuentan con más de 2.000 combatientes y tienen poderosas redes políticas en el territorio que dominan. Aunque históricamente se mantuvieron alejados del narcotráfico, en la última década, al ver cómo se enriquecían a sus primos y aliados de las FARC, los insurgentes del ELN comenzaron a imitar el sistema de "impuestos" que las FARC cobran al narcotráfico. Ahora, en términos de generación de ingresos, poco separa a los dos grupos.
El objetivo del gobierno de Santos era crear un acuerdo con las FARC y luego ofrecer los mismos términos al ELN, para así poner fin de manera efectiva al conflicto civil. A pesar de años de acercamientos con el ELN, no se ha iniciado ningún diálogo formal con el grupo, a pesar de varios comienzos falsos.
Las conversaciones debían comenzar en octubre de 2016 en Quito, Ecuador. Sin embargo, el ELN no liberó a todas las víctimas del secuestro, una de las condiciones previas del gobierno para las conversaciones que las FARC respetaron, pero que el ELN no ha podido cumplir. Hay muy pocas posibilidades de que el gobierno de Santos pueda hacer avances significativos con el ELN antes de la segunda mitad de 2017, y para entonces la maquinaria política de Colombia estará mirando las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2018. En ese caso, poner fin al conflicto civil colombiano se dejará al próximo presidente, ya que Santos ha cumplido el máximo de dos mandatos.
Tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, nació una nueva generación de grupos delictivos. El gobierno los bautizó Bacrim (por bandas criminales). Con la salida de las FARC como movimiento nacional, nacerá el "Farcrim". Pueden conservar su fachada insurgente como parece ser el caso de los comandantes disidentes y del Frente Primero, o pueden adoptar una estructura totalmente delictiva, trabajando junto a las Bacrim y pasando a formar parte de las redes criminales más amplias en Colombia que actualmente transportan hasta 900 toneladas de cocaína fuera del país. Pase lo que pase, un nuevo capítulo en la historia criminal de Colombia probablemente comience en 2017.
SUSCRIBIRME