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Una nueva guerra entre los dos grupos criminales más grandes de Brasil ha contribuido a la escalada de la violencia en todo el país, cuyo control ha resultado difícil para las autoridades debido a las fallidas políticas del control del crimen, así como a la continua incertidumbre política y económica.

El aumento de la inseguridad en los principales centros urbanos, como São Paulo y Río de Janeiro, ha recibido mucha atención de observadores tanto nacionales como internacionales, sobre todo porque al ejército se le asignan cada vez más funciones de seguridad interna propias de la policía.

Así mismo, por varios motivos la violencia es más pronunciada en las regiones menos pobladas de Brasil, y la situación en algunas de estas áreas podría empeorar debido, entre otros factores, a las agitaciones en el hampa provocadas por la guerra entre pandillas y por la eliminación de los principales traficantes.

Y como telón de fondo se encuentra la parálisis parcial que han sufrido los organismos gubernamentales locales y nacionales debido a los efectos de la reciente crisis económica, así como un gran escándalo de corrupción que ha implicado a funcionarios de los más altos rangos, entre ellos al actual presidente. Este contexto permite suponer que estas tendencias negativas en materia de seguridad no tomarán un rumbo diferente en el futuro próximo.

Historia de dos ciudades

Dos de las pandillas más poderosas de Brasil, el Comando Rojo (Comando Vermelho), de la ciudad de Río de Janeiro, y el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), de São Paulo, rompieron una vieja alianza a finales del año pasado, y las consecuencias de dicha ruptura se sintieron en las dos ciudades más grandes del país durante todo el 2017.

En el mes de mayo, publicamos un informe que señalaba que el conflicto entre el PCC y Comando Rojo podría estar contribuyendo indirectamente al aumento en los homicidios en São Paulo, la metrópolis más grande de Latinoamérica.

Algunos funcionarios brasileños atribuyen el aumento de la violencia a los enfrentamientos entre el PCC y una pandilla conocida como Comando Revolucionario Brasileño de Criminalidad (CRBC), pero nosotros señalamos que estas guerras territoriales “deben considerarse en el amplio contexto de la dinámica de las pandillas en el país”.

Como escribimos en ese momento, la rivalidad entre el PCC y Comando Rojo “ha modificado el panorama criminal del país. En São Paulo han surgido pequeños grupos disidentes que podrían estar tratando de aprovechar la supuesta vulnerabilidad del PCC, dado que la organización está concentrada en sus enfrentamientos con el Comando Vermelho en varios frentes”.

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Al igual que el PCC en su ciudad, São Paulo, el Comando Rojo también parece estar siendo afectado por los complejos cambios en las dinámicas de las pandillas de Río de Janeiro, que ha sido su territorio tradicional. Las autoridades han señalado que el PCC está buscando expulsar al grupo rival de su territorio.

Según algunos informes, la policía interceptó llamadas telefónicas hechas por líderes del PCC encarcelados en São Paulo, lo que representa “un intento por cooptar a actores criminales vinculados al Comando Vermelho”, como escribimos en diciembre de 2016: “El agente de policía que coordinó la investigación sobre la expansión del PCC en Río, Antenor Lopes, declaró que la estrategia del grupo es tomarse en un comienzo el negocio de la droga en los municipios del estado de Río antes de pasar a la capital”.

En efecto, el PCC podría descubrir que tiene una causa común con los grupos criminales de Río interesados en debilitar al Comando Rojo. Sin embargo, los cambios en las alianzas pueden generar violencia.

Por ejemplo, el barrio Rocinha, de Río de Janeiro, quedó prácticamente “sitiado” en septiembre de este año, supuestamente como resultado de una querella entre el encarcelado líder de la pandilla Amigos dos Amigos, Antonio Francisco Bonfim Lopes, alias “Nem”, y su ex guardaespaldas, Rogério Avelino da Silva, alias “Rogério 157”.

“Rogério 157 parece haber desertado de Amigos dos Amigos, la pandilla de Nem, y se ha unido al Comando Vermelho […] aparentemente para ejercer un mayor control sobre el tráfico de drogas a nivel local”, como informamos en ese momento.

“Este es un típico enfrentamiento entre gánsteres de Río”, nos dijo Desmond Arias, profesor de George Mason University, añadiendo que “es probable que el conflicto continúe hasta que alguien o alguna facción se imponga, consolide el poder y logre que la situación se calme”.

Efecto dominó en las áreas rurales

Los impactos que sobre la seguridad ha tenido la guerra entre el PCC y Comando Rojo también han sido evidentes en las regiones rurales del norte y el oeste de Brasil.

El año comenzó con una serie de sangrientos motines en las cárceles del norte de Brasil, en los cuales murieron más de 100 reclusos en enfrentamientos relacionados con la ruptura de la alianza entre los grupos y con la subsecuente inestabilidad que se generó en el hampa.

Informes basados en un documento oficial de inteligencia indican que los disturbios se dieron como resultado del conflicto por importantes rutas del narcotráfico que atraviesan la región amazónica de Brasil. “Las prisiones suelen ser un lugar crítico debido a que las bandas dirigen sus actividades criminales desde las celdas”, escribimos en enero.

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Varios meses más tarde, en marzo, funcionarios paraguayos culparon a los enfrentamientos entre el PCC y el Comando Rojo por una avalancha de violencia en las ciudades de Ponto Porã y Pedro Juan Caballero, que son importantes centros de tráfico en la frontera entre Paraguay y Brasil.

El periodista Laurie Blair, quien ha hecho reportajes sobre el comercio de drogas en Paraguay, le dijo a InSight Crime que la reciente violencia “parece un ajuste de cuentas entre el PCC y [el Comando Vermelho]”, y agregó que podría ser el reflejo de “una guerra por el control de las rutas de tráfico de marihuana”.

Además, algunos expertos han predicho que el arresto del supuesto narcotraficante Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, en el mes de julio, podría llevar a los grupos criminales que operan en las regiones rurales a enfrentarse violentamente con el fin de llenar un vacío de poder en el comercio de drogas en Brasil.

Elvis Secco, el agente de la Policía Federal que dirigió la operación para capturar a Cabeça Branca, nos dijo que él teme que “la incursión del PCC pueda conllevar un aumento en la violencia, especialmente en las fronteras de Brasil, en tanto las facciones rivales se disputan el control de las rutas logísticas”.

Una “emergencia nacional”

En una carta dirigida en octubre a los gobernadores brasileños reunidos en un encuentro sobre seguridad pública, el presidente Michel Temer se refirió a la intensificación de la violencia en el país como una “emergencia nacional”. Sin embargo, como informamos en ese momento, “el gobierno aún no ha desarrollado un plan holístico para abordar los complejos e imbricados factores que contribuyen a la persistencia del crimen y la violencia”.

Un informe que referenciamos en el mes de junio resaltaba la estrecha relación entre las condiciones socioeconómicas y la violencia en Brasil, que afecta en especial a hombres jóvenes de los sectores menos favorecidos. Pero, en lugar de abordar estos asuntos, en gran parte del país las políticas de control del crimen se centran en medidas represivas que han sido relacionadas con violaciones a los derechos humanos, lo que suele conducir a la pérdida de confianza por parte de las comunidades y pone a las poblaciones vulnerables en mayor riesgo.

Ejemplo de ello es la deteriorada legitimidad de la principal estrategia de seguridad de Río de Janeiro, conocida como policía de “pacificación”. Esta estrategia busca emplear la policía militar para establecer la presencia estatal en barrios bajo el control de los criminales, y en un principio pareció tener éxito en la disminución de la violencia. Pero los expertos señalan que la falta de seguimiento a las acciones de estilo militar en las zonas afectadas por la criminalidad, con un enfoque comunitario, ha obstaculizado su efectividad en el largo plazo.

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Aunque hay abundante evidencia que señala que las políticas de seguridad militarizadas no han logrado sus objetivos en varios aspectos, los diseñadores de políticas parecen carecer de voluntad política para plantear un rumbo diferente. (De hecho, este año se desplegaron unos 10.000 militares en Río para prestar apoyo a la policía civil).

Eso se puede deber en parte a la falta de consenso con respecto al establecimiento de posibles estrategias alternativas. Por ejemplo, un estudio que referenciamos en noviembre demostró que la mayoría de los residentes de Río sienten que el programa de pacificación no ha logrado sus objetivos, y aun así “casi el 60 por ciento de los encuestados declararon estar a favor de mantener el programa, aunque con algunas modificaciones a la estrategia”.

La situación se complica además por el enorme escándalo de corrupción que llevó al desplome de la economía brasileña. La recesión económica ha reducido los recursos disponibles para la inversión en seguridad pública, y ha llamado la atención sobre los principales políticos, como el presidente Temer, muchos de los cuales han sido implicados en las investigaciones.

Dado que la constante dinámica criminal lleva a que los recursos para la seguridad se queden cortos, el actual contexto político y económico augura una perspectiva sombría para la seguridad de Brasil en el futuro.

Foto superior de Silvia Izquierdo/Associated Press

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