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InSight Crime presenta los GameChangers 2017, el análisis de las principales tendencias del crimen organizado en el continente americano durante el año. Si 2015 y 2016 fueron años de agitación política debido a la corrupción y los juicios criminales, en 2017 algunos de los regímenes más corruptos volvieron atacar, bien sea entorpeciendo las investigaciones en torno a ellos e incluso atentando contra la democracia, o solidificando su control sobre el poder. El hampa de toda la región se fragmentó este año aún más. Incluso los grupos criminales más grandes operan actualmente como federaciones, más que como organizaciones con una estructura vertical. Y en medio de todo ello, el Gobierno de Estados Unidos pasó de ser un decidido respaldo para los programas contra la corrupción y la lucha contra el crimen, a ser una parte desinteresada, que a menudo ha permitido las fuerzas reaccionarias y corruptas.

En Guatemala, cuando el partido del presidente Jimmy Morales enfrentó cargos por financiamiento ilícito de campaña, mediante la intervención de intereses del narcotráfico y otros actores ilegales, el mandatario intentó expulsar a Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Velásquez y la CICIG, organismo respaldado por las Naciones Unidas y adscrito a la Fiscalía General de la Nación, habían levantado cargos de corrupción contra el hermano de Morales y su hijo. Las clases políticas llegaron al extremo de intentar codificar la impunidad con el fin de impedir el trabajo de la CICIG y de la Fiscalía General. Si bien esa propuesta fue rechazada por protestas tanto diplomáticas como populares, el presidente logró conservar la inmunidad, y las investigaciones en torno a él se estancaron. No ha habido nuevos avances en este sentido.

En la vecina Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha actuado en diversas direcciones. Por un lado, ha impulsado la reforma policial, y, por el otro, ha fortalecido la policía militar. Los homicidios han disminuido sustancialmente, pero continúan las dudas acerca de la relación de su propia familia con el crimen. Hernández logró salir avante en el 2017, sobre todo porque, como señaló la Organización de Estados Americanos, su partido probablemente amañó las elecciones presidenciales de noviembre. En términos de seguridad, como escribimos en dicho mes, lo más probable es que la cuestionada elección de Hernández genere una política de “mano dura”.

En Brasil, el polémico presidente Michel Temer también tuvo un año turbulento. Temer asumió el gobierno después de que él y sus aliados derrocaron a Dilma Rousseff en agosto de 2016. El presidente y sus aliados enfrentan ahora numerosas investigaciones por malversación y por recibir sobornos durante varios años, todo lo cual lleva a que ciertas partes del Gobierno parezcan una mafia. Aunque a menudo las investigaciones presentan al mismo Temer como el centro de estos esquemas criminales, el presidente ha rechazado estos señalamientos, cubriéndose con la inmunidad que le proporcionan congresistas que también están siendo investigados, a la vez que se repliegan y planean estrategias para el futuro.

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Por su parte, el gobierno de Brasil abandonó este año oficialmente sus programas de policía comunitaria, y los sustituyó por una estrategia militarizada para hacer frente al conflicto entre las principales facciones criminales del país, el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho – CV). El PCC y el CV, que antes eran aliados, se separaron a finales de 2016, como lo demuestra una serie de sangrientos enfrentamientos que se presentaron en las cárceles del país a principios de este año. El PCC al parecer llevó la delantera en 2017, y se está expandiendo a los países vecinos con una velocidad alarmante y con mucha agilidad, como lo demuestra el reciente asalto violento que llevó a cabo el grupo en Paraguay. El sitio más importante del PCC en el extranjero es Paraguay. Allí, el presidente Horacio Cartes ha participado voluntariamente en el comercio de contrabando de cigarrillos.

En efecto, presidentes y expresidentes de toda la región están enfrentando acusaciones de corrupción y participación en crimen organizado, pero los fiscales están obteniendo resultados diversos en los juicios en torno a ellos. El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, fue declarado culpable de corrupción, pero permaneció exiliado en Nicaragua; su caso ilustra lo corrupto que se había vuelto el gobierno incluso bajo su conocimiento.

Muchos otros exejecutivos, especialmente en Perú, estuvieron vinculados a Odebrecht, la enorme constructora brasileña que abrió una oficina para ejecutar esquemas de sobornos multimillonarios en toda la región. Esos casos también se toparon con obstáculos; 2017 será la prueba de fuego para muchos sistemas judiciales nacionales que están adelantando casos contra exmandatarios.

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y su Gobierno han abandonado todas las pretensiones de democracia y del estado de derecho. En lugar de desplegar unidades de lucha contra criminales y otros actores ilegales, han arrinconado a la disidencia política, al tiempo que permiten que los burócratas que tienen relaciones con el crimen, los funcionarios del ejército y los empresarios con vínculos políticos afirmen aún más el control sobre la delincuencia rampante, que incluye el tráfico de combustible, medicinas y alimentos. Cada vez es más difícil separar la política y el crimen en esta nación andina.

El gobierno de El Salvador también ha aprobado políticas represivas, aunque en una batalla mucho más complicada contra las pandillas callejeras, que ha incluido serias acusaciones de asesinatos extrajudiciales y escuadrones de la muerte. La respuesta de las pandillas ha consistido en atacar a agentes de la policía y el ejército que se encuentran por fuera de servicio, así como a sus parientes.

Un momento crucial se presentó en El Salvador cuando la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) se convirtió en un objetivo prioritario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que se ha convertido en un símbolo de cómo el crimen y la migración van de la mano. Esta combinación fue utilizada como una táctica política para injuriar a comunidades latinas enteras a las que Trump ha culpado de muchos de los problemas de Estados Unidos, y fue una de las cosas que la administración Trump malinterpretó sobre la pandilla en 2017.

Trump también vilipendió a México, que era otro blanco fácil. El fiscal general de México renunció después de menos de un año en el cargo, luego de que se supo que conducía un Ferrari para ir al trabajo. Otros cinco exgobernadores del partido de gobierno enfrentaron cargos de corrupción y criminalidad en México y Estados Unidos, uno de los cuales fue capturado conduciendo su motocicleta BMW.

Este año comenzó con una perspectiva de cambio, con el posible derrocamiento del statu quo de norte a sur. Y terminó con un mayor develamiento de la corrupción y el crimen, pero estos siguen tan arraigados como siempre.

México también tuvo un año difícil, pues ha debido enfrentar la continua atomización del hampa en el país. Las tasas de asesinatos y secuestros alcanzaron niveles récord, y el asesinato de periodistas, como Javier Valdez, un galardonado cronista de temas relacionados con el crimen organizado, llamó aún más la atención sobre el problema. Algunos consideraron que la creciente violencia se dio como resultado de la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el mes de enero, lo que llevó a la desintegración parcial de una de las organizaciones criminales más grandes del mundo, el Cartel de Sinaloa. Otros grupos, sobre todo el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), aprovecharon la situación y se extendieron a los tradicionales bastiones del Cartel de Sinaloa. Por otro lado, las estructuras criminales tradicionales, como la Organización Beltrán Leyva, el Cartel del Golfo y Los Zetas, continuaron fragmentándose, lo que ha conducido a la degradación general de la seguridad.

Colombia enfrentó un dilema similar. A medida que los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmovilizaban, surgieron bloques de guerrilleros disidentes, y las facciones en expansión del Ejército Nacional de Liberación (ELN), así como las llamadas Bacrim (acrónimo de “bandas criminales”) llegaron a llenar el vacío dejado por las FARC, especialmente en las zonas donde la producción de coca está alcanzando niveles récord. Por su parte, el ELN estaba enviando señales contradictorias (hablaban de paz mientras acometían la guerra). La Bacrim más grande del país, Los Urabeños, también sufrió una serie de golpes tras la muerte de dos de sus comandantes militares y de los niveles récord de incautación de cocaína, por lo que trataron de entrar en negociaciones con el Gobierno.

Para empeorar las cosas, el Gobierno colombiano ha tardado en implementar programas económicos y sociales para el posconflicto en los antiguos bastiones de las FARC. Las equivocaciones del Gobierno y las maquinaciones del hampa han abierto la puerta a críticas de la derecha al proceso de paz, y la amenaza de la administración Trump de descertificar al país en cuanto a la lucha contra el narcotráfico marcó el punto más bajo en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en las últimas dos décadas.

Lo mismo podría decirse del resto de las relaciones de la región con Estados Unidos. La administración Trump ha diezmado al Departamento de Estado y ha dado pocas orientaciones a quienes han quedado. También se observa un desprecio hacia las instituciones judiciales y el Estado de derecho en el país, lo que parece estar teniendo efectos colaterales en líderes como Jimmy Morales en Guatemala.

Este es un momento crítico. En algún momento parecía que la región había acogido los esfuerzos por romper las relaciones entre las élites y el crimen organizado, y puede que todavía tenga el entusiasmo para acometer este desafío. Pero con un presidente estadounidense que muestra desinterés y que desprecia las leyes que no le favorezcan, y con una administración estadounidense que está expulsando sus voces más importantes en cuanto a la política exterior, los tiempos oscuros han regresado.

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Los GameChangers de este año abordan estos desafíos y otros más. Analizamos las descabelladas declaraciones y políticas de Trump y su impacto en la región, así como los esfuerzos por tomar en cuenta los regímenes corruptos. Informamos sobre el surgimiento de la producción de cocaína y la fragmentación criminal en Colombia tras el acuerdo de paz, así como el rearme de algunas células del que solía ser el más poderoso grupo guerrillero de ese país, las FARC.

Observamos cómo el consumo de drogas, especialmente los opioides, sigue siendo un factor generador de violencia en lugares como México. Escribimos sobre las poderosas bandas carcelarias de Brasil y como han pasado de ser un problema de las prisiones para convertirse en una amenaza regional, y describimos cómo el régimen político criminal de Venezuela se ha convertido en una amenaza para todo el hemisferio. Y hacemos un recuento de nuestras investigaciones sobre fenómenos que han sido poco estudiados, como las pandillas carcelarias y los alcaldes mafiosos.

Este año comenzó con una perspectiva de cambio, con el posible derrocamiento del statu quo de norte a sur. Y terminó con un mayor develamiento de la corrupción y el crimen, pero estos siguen tan arraigados como siempre.

Foto superior de Associated Press / Dolores Ochoa

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