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Los escándalos de corrupción siguieron pululando en toda Latinoamérica a lo largo de 2017, no solo en la política, sino además en el sector empresarial, las fuerzas de seguridad, el poder judicial y hasta en los clubes deportivos. Pero las arraigadas élites han estado reaccionando ante el destape de las ollas podridas de la clase dirigente, lo que podría desatar enfrentamientos que serían decisivos para el futuro de la región.

En el año 2017, no hubo prácticamente ningún ámbito de la vida latinoamericana que no hubiese sido afectado por los escándalos de corrupción.

La revelaciones sobre lo profundo y sistemático de la corrupción en la región surgieron en especial a raíz de la investigación en torno a la firma brasileña Odebrecht y su modelo de negocio, mediante el cual la compañía realizó grandes sobornos con el fin de obtener lucrativos contratos.

Durante todo el año, InSight Crime informó sobre dicha investigación, la cual involucró a personajes como el presidente de México, Enrique Peña Nieto; el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas; la candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori; el expresidente de Perú, Alejandro Toledo; el líder político venezolano Diosdado Cabello; varios funcionarios de República Dominicana, e incluso algunos exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y los investigadores predicen que habrá todavía más.

Este año también continuó la tendencia de las investigaciones en torno a la corrupción de alcanzar a miembros cada vez más altos dentro de la cadena del poder político. Tanto el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, como el expresidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, fueron condenados por cargos de corrupción. La derrocada sucesora de Lula, Dilma Rousseff, fue acusada de corrupción y lavado de dinero; el actual presidente de Brasil, Michel Temer, fue acusado de obstrucción a la justicia y de asociación para delinquir; el exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli, fue arrestado por cargos de espionaje en Estados Unidos, y la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue acusada de blanqueo de dinero.

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Las investigaciones también han permitido desvelar las abundantes redes de corrupción que interactúan con el crimen organizado para facilitar el narcotráfico y el lavado de dinero. Esto se ha dado especialmente en el Triángulo Norte, donde los testimonios ofrecidos por capos de la droga y por investigadores estadounidenses —así como las extensas investigaciones especiales de InSight Crime— han dejado al descubierto todo tipo de colusiones, en las que participan desde alcaldes municipales hasta las altas esferas de la política y el poder económico.

Por otro lado, en Colombia los investigadores han empezado a descubrir otro sector clave para la corrupción en la región: los sistemas judiciales. Una investigación que comenzó con el arresto del exdirector de la unidad anticorrupción del país ha hecho rápidos avances, y ha demostrado que la Corte Suprema del país fue supuestamente un nodo clave en las redes de corrupción que obstruyeron los juicios de los jefes criminales.

Ni siquiera el intocable campo del deporte latinoamericano ha salido ileso de las campañas de anticorrupción de 2017. En noviembre, InSight Crime informó sobre el inicio de las investigaciones por corrupción en torno a funcionarios del fútbol en la región, así como una nueva serie de acusaciones y alegatos sobre el papel de los medios. Al mes siguiente, el director del Comité Olímpico de Brasil fue detenido, acusado de sobornos.

Sin embargo, las investigaciones y los enjuiciamientos solo dan cuenta de una parte de la corrupción en 2017. Este también fue un año en el que las élites corruptas empezaron a contraatacar.

Ha habido muchas evidencias de esta tendencia, desde amenazas e intimidaciones a los fiscales panameños que trabajan en los casos de corrupción, hasta los intentos de los políticos paraguayos por revocar las leyes dirigidas a controlar los dineros criminales que corrompen la financiación de las campañas. Sin embargo, las reacciones más evidentes provienen de los dos países en donde las investigaciones contra la corrupción han hecho avances significativos: Guatemala y Brasil.

En Guatemala continúan surgiendo evidencias de la corrupción rampante y de los vínculos criminales de la administración del expresidente Otto Pérez Molina, quien fue destituido y encarcelado en 2016, junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti y otros aliados políticos importantes. Sin embargo, la campaña anticorrupción no se detuvo allí, y el organismo internacional encargado de la investigación, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), enfocó su atención no solo en el sucesor de Pérez Molina, Jimmy Morales, sino además en los dos principales partidos de la oposición del país.

El primero en reaccionar fue el presidente Morales, quien ha enfrentado crecientes acusaciones de corrupción en la financiación de su campaña y de vínculos con los narcotraficantes, acusaciones que comenzaron desde que ganó la presidencia, cuya campaña se basó en una plataforma de lucha contra la corrupción. En agosto, Morales declaró persona no grata al director de la CICIG, el colombiano Iván Velázquez. Aunque sus intentos de expulsar a Velásquez del país se vieron frustrados por los tribunales, Morales logró obtener la inmunidad frente a los enjuiciamientos, mediante una votación que se realizó en el Congreso.

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Cuando la CICIG empezó a enfocarse en otros políticos, toda la élite política del país se puso en su contra. Esto dio pie a una votación para reformar una ley con la que se busca evitar que los políticos y sus funcionarios sean enjuiciados y condenados por los casos de financiamiento ilícito de las campañas políticas.

Como señalamos en ese entonces, en efecto la CICIG “cimentó una alianza política entre estos antiguos enemigos, incentivándolos a crear protecciones generales para el resto de los partidos y sus agentes y jefes corruptos”. Y agregamos que, con la nueva ley, “el Congreso y el presidente han institucionalizado la corrupción en el proceso político”.

Al igual que en Guatemala, las extensas investigaciones sobre la corrupción en Brasil dejaron al descubierto los alarmantes niveles de corrupción en el país suramericano. Pero esta labor también se ha topado con una fuerte oposición.

El Congreso de Brasil —algunos de cuyos miembros han sido acusados de corrupción— realizó dos votaciones para evitar que Temer fuera enjuiciado por los cargos criminales en su contra. Sin embargo, dicha votación al parecer hacía parte de una estrategia mayor que busca socavar los programas contra la corrupción. En mayo de este año, el gobierno tomó una decisión mucho más nociva, al recortar el presupuesto y el personal para la Operación Lavado de Autos.

Dichas medidas parecieron confirmar nuestra predicción del mes de marzo, según la cual “el significativo alcance de las investigaciones podría llevar a que la política brasileña, usualmente fragmentada, se una con el objetivo de entorpecer las investigaciones”.

La lucha contra la corrupción sigue contando con el apoyo popular en la región, pero las fuertes reacciones de las élites generan dudas acerca de si dicha labor podrá continuarse. El conflicto entre estas dos poderosas fuerzas podría ser decisivo para que Latinoamérica pueda finalmente abordar las crónicas condiciones de pobreza, desigualdad y crimen organizado rampante.

La verdad sobre la corrupción sistémica en la región ha sido revelada. Pero falta ver lo que se podrá hacer al respecto.

Foto superior Associated Press/Leo Correa

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