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Investigaciones realizadas por InSight Crime en 2017 revelaron cómo el crimen organizado logró infiltrarse en la política local en América Latina. También mostraron las múltiples formas en que los grupos delictivos aprovechan el capital político como una nueva herramienta para defender sus intereses criminales.

La investigación, presentada en tres partes, se centró en la elección de alcaldes vinculados penalmente en los países del “Triángulo Norte” de El Salvador, Guatemala y Honduras, InSight Crime detalló cómo un creciente número de funcionarios latinoamericanos afiliados a una variedad de partidos políticos han sido señalados de participar en una extensa lista de crímenes, que incluyen corrupción, homicidios y tráfico de drogas.

Así como en los años dorados de la mafia, los poderosos carteles colombianos lograron cooptar con éxito los diferentes escenarios de la política nacional en la región, los procesos de atomización de estas estructuras de crimen organizado y de los diferentes eslabones del comercio de la droga han impulsado a los grupos del crimen organizado a buscar refugio en el poder local para garantizar la continuidad de sus operaciones.

La descentralización del poder político a lo largo de la región durante las últimas décadas y otros cambios en la legislación también han significado un aumento en las competencias de los alcaldes y gobernadores en materia de seguridad y una menor regulación y control de sus actividades, así como de la asignación de los recursos y contratos de obras públicas.

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En el caso de México y de otros países de Centroamérica, la relación entre políticos y criminales también ha significado la cooptación de fiscalías y juzgados locales por parte de los grupos criminales, con el fin de asegurar su impunidad y la de los miembros de la clase política que han favorecido su actuar a través de oscuras negociaciones.

Esta relación es una de beneficio mutuo, pues permite a los grupos expandir sus actividades y a los políticos ganar o mantener su poder para impuslar su propia agenda, que en la mayoría de ocasiones incluye llenarse sus bolsillos de dineros públicos o sobornos.

En el caso de Apopa, una de las municipalidades más importantes en el mapa electoral y económico de El Salvador, José Elías Hernández, alias “El Maistro”, logró romper con la hegemonía del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el actual partido gobernante del país, luego de llegar a una serie de acuerdos con las pandillas.

Los acuerdos incluían favores electorales y votos a cambio de plazas en la Alcaldía y en la fuerza de seguridad local, donde algunos pandilleros incluso tenían salarios mensuales de US$5.000.

En Yoro, Honduras, el alcalde alias “El Negro”, condenado por lavado de activos, utilizaba a la policía local para supervisar el aterrizaje de narcoavionetas cargadas con cocaína y para secuestrar personas que presuntamente mataba en su casa.

La Fiscalía afirma que el grupo liderado por el alcalde es responsable de más de 200 homicidios y desapariciones. La estructura también habría utilizado al instituto de conservación forestal local para servir a sus propios intereses de tráfico de madera y despojo de tierras.

Pero los vínculos entre la política y el crimen organizado no siempre son tan claros, y en ocasiones incluyen negociaciones con autoridades extranjeras, como lo ejemplifica el caso del alcalde “Tres Kiebres” de Guatemala, quien a pesar de presuntamente haber estado en un enfrentamiento contra un comando de 30 hombres armados de Los Zetas y de varios señalamientos de lavado de dinero y tráfico de droga, ha conseguido gobernar con aparente éxito y mantenerse por fuera de la cárcel, a pesar de estar bajo la lupa de las autoridades.

Algunos de estos alcaldes también han pasado a desempeñar un papel más importante en el panorama político nacional, tanto a través de la representación de sus intereses en el Senado como con la financiación directa de campañas políticas presidenciales.

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Otros jugadores tradicionales del crimen organizado como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ahora han entrado a participar en la contienda política como actores políticos legítimos, y si bien uno de sus máximos líderes se ha postulado como candidato a la presidencia del país, es más probable que su base de poder se mantenga en las alcaldías de las remotas zonas rurales del país, donde durante tantas décadas ha tenido presencia y donde en algunos lugares incluso ha ejercido como una suerte de Estado.

La naturaleza violenta de esta relación en muchas oportunidades ha resultado en el asesinato de estos alcaldes –algunos por involucrarse en hechos de corrupción y otros que se han negado a colaborar con los intereses criminales–, cuyos esquemas de seguridad normalmente son más vulnerables y tienden a llamar menos la atención y causar menos indignación pública que el homicidio de personalidades políticas que cuentan con mayor visibilidad.

Foto superior Associated Press/Esteban Felix

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