SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn

El acercamiento del presidente Donald Trump a la política de seguridad de Estados Unidos en Latinoamérica ha fracasado durante su primer año de mandato, con el distanciamiento de su administración de aliados internacionales claves, el respaldo a estrategias erróneas contra el crimen en toda la región, y la adopción de políticas internas contraproducentes.

Trump ha complicado las relaciones con Colombia y México, dos de los aliados más importantes de Estados Unidos en lo que respecta a las iniciativas antinarcóticos, a la par que apoya políticas de mano dura que han rendido escasos resultados en Centroamérica.

La administración Trump ha guardado un silencio casi absoluto en lo que tiene que ver con la corrupción en la mayor parte de la región, pero ha intensificado la presión sobre altos funcionarios del gobierno de Venezuela, sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.

Además, Trump ha implementado políticas migratorias internas susceptibles de entorpecer los esfuerzos para contrarrestar las actividades de las pandillas, mientras que su estrategia para combatir una crisis de opioides cada vez más grave se ha quedado corta de diversas maneras.

Distanciamiento de aliados

Antes de que Trump asumiera el cargo, había gran incertidumbre en relación con su inclinación en materia de políticas de seguridad en Latinoamérica. Varios observadores predijeron que prestaría poca atención a la región, y que su tendencia a hacer comentarios incendiarios sería un obstáculo para la cooperación internacional

Desde el comienzo Trump cumplió a cabalidad esta última expectativa. Cuando era candidato, demandó en repetidas ocasiones que México pagara la construcción de un muro a lo largo de la frontera con Estados Unidos, pese a las críticas generalizadas sobre el potencial costo y la posible ineficacia de ese proyecto. Luego, en febrero, apenas un mes después de su posesión, altos funcionarios del gobierno tuvieron que correr a México a contener el rifirrafe desatado por los comentarios del recién posesionado presidente, cuando comparó sus políticas migratorias con un “operativo militar”.

En otro viaje a México, en mayo, delegados del gobierno de Estados Unidos trataron una vez más de reparar los lazos bilaterales desgastados por la controvertida retórica de Trump. Pero como lo advertimos en ese momento, los comentarios que hicieron sobre “las responsibilidades compartidas” contrastaban con las preferencias de la administración en el tema normativo. Estas incluyeron una propuesta de revisión del sistema de salud estadounidense “capaz de exacerbar la ya letal epidemia de opioides en Estados Unidos“, y un gran énfasis en la erradicación forzosa de cultivos ilícitos de amapola de opio en México.

Trump adoptó una posición similar de distanciamiento hacia Colombia, donde el gobierno lucha por contener el auge en la producción de cocaína a la par que implementa un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La administración Trump intensificó la presión sobre el gobierno colombiano para que aplicara la erradicación forzada de coca. Pero como lo señalamos en mayo, “Es probable que incluso los más grandes esfuerzos de erradicación no sean suficientes para detener el cultivo de la coca. Las áreas donde se cultiva coca son demasiado extensas y remotas, y los sembrados de coca, que pueden producir tres cosechas al año, siguen siendo la opción económica más viable para un gran número de campesinos colombianos pobres”.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Producción de cocaína

Es más, también escribimos, “la prioridad que el gobierno colombiano le ha dado a la tarea de alcanzar las metas de erradicación ha hecho que las fuerzas de seguridad sientan una gran presión por destruir tanta coca como sea posible. Junto con la falta de implementación de los programas de sustitución de cultivos incluidos en el acuerdo de paz, esta fuerte campaña de erradicación está generando más tensiones y episodios de violencia entre los cocaleros y el Estado”.

Estas preocupaciones no parecieron persuadir a Trump, quien en septiembre llegó incluso a amenazar con “descertificar” los esfuerzos antinarcóticos realizados por Colombia. Un analista lo calificó de “craso error” y de “bofetada a un aliado que intenta enfrentar el problema”.

Al mismo tiempo, Trump no fue el único que ejerció presión para que Colombia hiciera más en la lucha antinarcóticos. En una sesión del congreso el día antes de la amenaza de descertificación de Trump, varios senadores cuestionaron el compromiso de Colombia en la solución del problema de la cocaína, y la senadora demócrata Dianne Feinstein llegó incluso a proponer que se condicionara la asistencia estadounidense a Colombia “a la extradición cuando Estados Unidos lo demande”.

Estrategias erróneas

Mientras que la administración Trump ha tornado tirantes las relaciones con México y Colombia, ha hallado puntos de coincidencia con los gobiernos del “Triángulo Norte” de Centroamérica, en Guatemala, Honduras y El Salvador, con el respaldo a sus políticas autoritarias contra las pandillas.

“La administración Trump reiteró en una reunión con los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica… que el enfoque de la relación bilateral será, en adelante, uno que privilegiará los viejos enfoques de la llamada guerra contra las drogas, la mano dura contra la migración de indocumentados de la región, y que dará muy poca importancia a la ayuda para el desarrollo”, como informamos luego de una cumbre de alto nivel celebrada en junio.

En julio, informamos sobre la visita del fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions a El Salvador, donde se reunió con altos funcionarios salvadoreños para discutir las medidas antipandillas.

“No cabe duda de que las pandillas y la MS13 representan un enorme problema de seguridad tanto en Estados Unidos como en El Salvador, y que reforzar la cooperación y la coordinación transnacionales es por lo general una medida bien recibida en la lucha contra esos problemas”, comentamos. “Pero quedan grandes interrogantes sobre los motivos y la eficacia de los planes que tienen los gobiernos de ambos países”.

Además del aval explícito y la cooperación de los aliados estadounidenses en las tácticas de mano dura para combatir el crimen en Centroamérica, la administración Trump ha mantenido un calculado silencio sobre las denuncias de abusos graves contra los derechos humanos derivados de dichas estrategias.

Incluso, replicando las prioridades de los gobiernos centroamericanos, la administración Trump se ha centrado en las pandillas mucho más que en la corrupción de las élites, que continúa azotando la región.

Cuando una crisis política hizo erupción en agosto en Guatemala por la maniobra del presidente Jimmy Morales para destituir al director del organismo anticorrupción avalado por la comunidad internacional, esa decisión fue denunciada por altos diplomáticos de Estados Unidos y otros países, y por miembros del congreso estadounidense.

Pero, como escribimos, “la voz que realmente importa es la de Trump, quien por supuesto está encarando las investigaciones en torno a su propia campaña, por servidores públicos y fiscales igualmente comprometidos, a uno de los cuales despidió de una manera similar a como Morales está actuando ahora. No hay dudas de que los funcionarios de la administración Trump seguirán señalando las acciones de Morales de ir en contra de la democracia y el Estado de derecho, y de hecho así deben hacerlo, pero estos señalamientos tienen poco peso, pues su propio jefe está llevando a cabo una campaña contra quienes serían los fiscales que investigarían la intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos”.

VEA TAMBIÉN: Élites y crimen organizado

En contraste con la aparente falta de interés de la administración hacia la corrupción en Centroamérica, Estados Unidos bajo el mando de Trump ha intensificado sus esfuerzos por llamar la atención sobre la criminalidad dentro del gobierno de Venezuela.

No había pasado un mes desde la investidura de Trump en enero, cuando Estados Unidos sancionó al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, acusándolo de participación en narcotráfico. Para finales de julio, había más de una docena de altos funcionarios anteriores y en ejercicio sancionados por “socavar la democracia”. Y a comienzos de agosto, el mismo presidente venezolano Nicolás Maduro fue el blanco de las acusaciones.

En ese momento, escribimos que esas medidas ” probablemente llevarán a que el régimen se aísle aún más, aumentarán la presión internacional sobre éste y darán apoyo moral a la oposición de Venezuela”. Pero, como lo señalábamos, “es poco probable que debiliten significativamente el control de Maduro sobre el poder, e incluso podrían llevarlo a él y a sus aliados a afincarse más en el poder”.

Confusión doméstica

Trump puso la política de inmigración como punto central de su campaña, y ya en el cargo, no ha dejado de intentar conectar este problema con la delincuencia. Sin embargo, como lo señalábamos en mayo, expertos en orden público afirman que demonizar a las comunidades de inmigrantes no tiene fundamento y puede complicar esfuerzos importantes para recabar inteligencia sobre las pandillas.

Los aliados republicanos en el congreso han respaldado las medidas de Trump para endurecer los controles migratorios, lo que lo ha envalentonado para dar pasos que en realidad podrían resultar perjudiciales para la seguridad en Latinoamérica.

De otro lado, las políticas de la administración en lo que toca a la crisis de opioides carecen de sustancia hasta el momento.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Heroína

“Trump ha aprendido que puede ganarse golpes en sus relaciones públicas con los repetidos anuncios de reforma en tono jactancioso, o culpando a otros países por su aparente responsabilidad en una crisis de drogas gestada en casa en su mayor parte”, escribíamos en diciembre. “Al mismo tiempo, buenas relaciones públicas sin políticas públicas efectivas suponen una estrategia con fallas en la base. Para tratar como se debe esta importante amenaza transnacional a la seguridad, la administración Trump debe invertir los recursos humanos y financieros necesarios para abordar sus causas con efectividad”.

No es muy probable que la estrategia de Trump de actuar como rueda suelta en lo que respecta a los problemas de seguridad en la región cambie en lo que queda de su periodo. De igual modo, hay pocas señales de que adopte otra dirección en las cuestionables políticas de seguridad que ha adoptado tanto en casa como en el exterior.

En medio de reestructuraciones en la cúpula legislativa, aún no es clara la forma exacta que asumirá la estrategia de Trump hacia la seguridad en Latinoamérica. Pero la evidencia que se tiene hasta el momento indica que su administración mantendrá políticas que pueden terminar beneficiando al crimen organizado de diversas maneras.

Fotografía en parte superior de Associated Press/Susan Walsh

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn