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Es difícil ser optimista para 2019. Todas las tendencias actuales apuntan a un fortalecimiento del crimen organizado en toda Latinoamérica y el Caribe, pues los criminales se adaptan mucho más rápido que las autoridades a los cambios de condiciones y aprovechan las nuevas oportunidades.

He aquí los cinco motivos que nos hacen temer que el crimen organizado pueda crecer en poderío y sofisticación durante 2019 en América Latina:

1. Falta de respuesta integrada o transnacional al crimen organizado

El crimen organizado transnacional solo puede enfrentarse con éxito a escala transnacional. Pero en Latinoamérica hay cada vez menos cooperación bilateral, regional o internacional contra la rápida evolución de la dinámica criminal. El año 2019 ofrece aún menos posibilidades de una respuesta unificada.

Estados Unidos, para bien o para mal, ha sido históricamente el líder regional contra el crimen organizado, y ha usado su poder e influencia para diseñar y promover respuestas regionales. En el pasado, Washington había intentado controlar a los países latinoamericanos para pensar y afrontar las dinámicas criminales, en especial las que impactan directamente a Estados Unidos, a saber, el narcotráfico y la migración.

Sin embargo, la administración Trump ha echado por tierra la noción de “poder blando”, la persuasión sutil y el alcance democrático y de derechos humanos que modelaron la política exterior reciente de Estados Unidos. Trump también ha logrado ofender a sus dos aliados regionales tradicionales en la lucha contra el crimen organizado, México (la alusión a los infames “violadores”  es tan solo un ejemplo) y Colombia (a la que amenazó con descertificar en la guerra antinarcóticos).

Aunque Trump se ha deshecho en pronunciamientos sobre la inmigración, con promesas de muros y tolerancia cero, el presidente no ha establecido nuevas estrategias para resolver el problema de la migración centroamericana en la raíz. De hecho, sus políticas aislacionistas bien pueden enviar a más migrantes a Estados Unidos, en especial por el lejano lugar que ocupa la región en su lista de prioridades.

Ha dividido a los gobiernos latinoamericanos en lugar de darles un espaldarazo para que adopten políticas comunes y de unidad frente a las crecientes amenazas criminales. Centroamérica, por ejemplo, ha recibido mensajes contradictorios de Washington.  Se le ha pedido a la región que contenga la migración hacia el norte. Pero uno de los motores subyacentes de la migración es el crimen organizado que, mediante la intimidación, la corrupción y la extorsión, obligan a la población a dejar sus hogares y buscar una vida mejor en otros lugares.   

Aunque Estados Unidos le ha entregado a Centroamérica casi mil millones de dólares en ayuda desde 2008, por medio de la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI), con el propósito de combatir el crimen y fortalecer las instituciones de gobierno, actualmente está atacando la lucha contra la corrupción, el principal facilitador del crimen organizado.  Una muestra de esto es la falta de compromiso de Estados Unidos con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas. Esto ha enviado un mensaje claro a los líderes latinoamericanos: Mantenga contento al presidente Trump y podrá hacer lo que quiera, al menos en lo que tiene que ver con la corrupción rampante.

Esta tendencia seguramente empeorará en 2019, pues Trump ha perdido el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Las luchas políticas internas en Washington pueden desplazar la lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica mucho más abajo en la lista de prioridades estadounidenses.

A los organismos regionales no les va mejor. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) parece estar agonizando. Lo único que une a los países en este momento es Venezuela, movidos por la oleada de refugiados que están ingresando a casi todos los países de la región.  La Organización de Estados Americanos (OEA), notoriamente ineficaz en el desarrollo de la política regional, se ha concentrado en denunciar la caída de Venezuela en una dictadura, mientras que nuevas constelaciones, como el Grupo de Lima, que congregó a 17 países de la región, analiza el tema de una transición pacífica para devolver la democracia a Venezuela. Sin embargo, en el tema del crimen organizado transnacional la atención y la coordinación han caído al mínimo.

Las relaciones bilaterales muestran algunos ejemplos de cooperación, pero son aislados. Perú y Bolivia han estado trabajando conjuntamente para controlar el puente aéreo de la cocaína entre ambos países, mientras que Colombia mantiene intercambios de inteligencia permanentes con Brasil y Ecuador. Sin embargo, fuentes tanto en Bogotá como en Caracas nos dicen que no hay diálogo entre Colombia y Venezuela, que podría ser una de las alianzas más relevantes en la lucha contra el crimen organizado transnacional en Suramérica.

2. Respuestas repetitivas y cansadas de los gobiernos nacionales a las amenazas del crimen organizado

En el eje criminal de la región, México, Colombia y Brasil, vemos poco en materia de nuevas estrategias a los viejos problemas del crimen organizado, tampoco hay mucha innovación en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), azotado por la violencia.  En lugar de ello, vemos variaciones de la misma respuesta militarizada y represiva de siempre, que han tenido poco impacto en la contención, sin mencionar la reducción de la actividad criminal en la última década. Sin duda, estas políticas han llevado a que Latinoamérica se convierta en la región más violenta del mundo.

El presidente Iván Duque en Colombia, elegido por la promesa de una política de seguridad endurecida no ha presentado nuevas orientaciones para contener el auge de la producción de cocaína y el aumento de los disidentes de la guerrilla. De hecho, su liderazgo ha sido tan débil que tras pocos meses en el poder, Colombia se ha sumido en el pesimismo.

El presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, más conocido como “AMLO”, mencionó en su campaña algunas estrategias nuevas para combatir el crimen, incluyendo una especie de amnistía para delincuentes comunes y más rehabilitación de presos para minimizar la reincidencia. También habló de reducir el rol del ejército en la lucha contra el crimen organizado. Pero ya ha comenzado a echarse para atrás en muchas de estas promesas. En lugar de eso ahora se habla de la creación de una Guardia Nacional conformada por policía y ejército que operaría bajo la dirección del Ministerio de Defensa y asumiría la lucha contra el crimen organizado. Su antecesor, Enrique Peña Nieto, creó un órgano similar, con la Gendarmería, que tuvo un efecto notablemente ínfimo. La propuesta formalizará un rol permanente del ejército en la seguridad interna de México. Además, su implementación será lenta y costosa, pues requerirá cambios en la constitución.

En Brasil, el recién posesionado Jair Bolsonaro, exoficial del ejército, que ha llenado su gabinete de generales, ha prometido un retorno al pasado.

Busca facilitar la posesión de armas con el fin de armar a los “buenos”. Quién va a definir quiénes son los buenos y quiénes los malos y así evitar que armas de fácil acceso pasen al mercado negro es algo que no se ha explicado.

La tasa récord de homicidios de 2018 en Brasil, con 175 homicidios diarios, parece lista para ser superada en 2019, con el mayor acceso a armas, unos organismos de seguridad con las riendas sueltas y ningún impedimento y la expansión de las bandas criminales.

Venezuela alberga el régimen más criminalizado de la región. El país no solo ha ido cayendo en una dictadura, sino que además la cúpula del gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluyendo a su esposa, parecen inextricablemente ligados a la actividad criminal. El éxodo provocado por el colapso de la economía y la represión está garantizando que los venezolanos que salen de su país estén extremadamente vulnerables a la explotación y el reclutamiento por parte del crimen organizado. Los venezolanos son considerados mano de obra prescindible, dispuestos a asumir mayores riesgos por una retribución mucho menor que otros latinoamericanos.  Desde la cosecha de hojas de coca hasta el procesamiento de cocaína, el manejo de las lanchas rápidas que surcan el Caribe, hasta los asesinatos a sueldo, hay venezolanos en todo tipo de empresas criminales.

3. Corrupción de alto nivel

El número de presidentes latinoamericanos en ejercicio y retirados que tienen investigaciones abiertas o han sido sentenciados por corrupción es asombroso (vea la ilustración). Uno de los casos más extremos es Perú, donde sus últimos cinco presidentes están siendo investigados. Agregue vicepresidentes y ministros a esa lista y la cifra se eleva a centenares, lo que revela el carácter sistemático de la corrupción en toda la región.

Aunque Perú está a la cabeza de los presidentes vinculados a la corrupción, lo siguen de cerca Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y México, sin sacar de la lista a Haití y Panamá. Pocos países están libres de esta tendencia, salvo quizás Chile y Uruguay.

La furia ante la corrupción no solo ha motivado la destitución de varios presidentes, entre los que se destaca Pedro Pablo Kuczynski en Perú, sino que ha llevado a sangre nueva a la presidencia, como AMLO en México y Jair Bolsonaro en Brasil.

La lucha contra la corrupción fue la plataforma central de una exitosa campaña en Brasil.

“Los males y perjuicios de la corrupción afectan a la población de todas las formas”, tuiteó Bolsonaro en su campaña. “Eso es lo que queremos impedir”.

Sin embargo, el presidente Bolsonaro parece haber llenado su gabinete de políticos vinculados con escándalos de corrupción, lo que deja interrogantes sobre si se dará algún cambio real.

Venezuela tiene uno de los gobiernos más corruptos del planeta, responsable de la criminalidad rampante y el colapso económico. En 2017, el presidente Nicolás Maduro frustró las protestas populares que clamaban por su destitución y en 2018 más de un millón de venezolanos optaron por dejar el país. Mientras su gobierno se mantenga en el poder, el colapso del Estado y la represión general parecen destinados a continuar.

4. Auge de las economías criminales

La producción de cocaína se encuentra en picos inéditos y Estados Unidos se encuentra en medio de su crisis de drogas más mortífera vista con los opioides.

Para dar una idea de las ganancias criminales generadas por los narcóticos, las cifras de Naciones Unidas sitúan la producción anual de cocaína en más de 1.400 toneladas para Colombia y en más de 600 toneladas para Bolivia y Perú. Los precios promedio de la cocaína oscilan entre US$2.000 y US$3.000, en los países andinos de origen, para generar ganancias de unos US$5.000 millones a los grupos criminales dedicados a la producción.

A precios al por mayor en Estados Unidos, esa cantidad de cocaína puede generar más de US$50.000 millones. A precios europeos, la misma cantidad puede recoger más de US$42.000 millones, más que todo el producto interno bruto de Bolivia.

Eso sin contar las ganancias de la marihuana, la heroína y las drogas sintéticas, que en conjunto podrían competir con la renta generada por la cocaína.

Pero las drogas no salen todas de Latinoamérica. El consumo interno de estupefacientes exhibe un aumento, que da pie a nuevos retos de seguridad y al surgimiento de una nueva generación de estructuras criminales.   

En 2012, Brasil se convirtió en el segundo mayor mercado para la cocaína y sus derivados en el mundo, después de Estados Unidos. El consumo de cocaína se está incrementando en toda la región, actualmente en 0,95 por ciento de la población, aún a la zaga de Estados Unidos (1,9 por ciento) y de Europa Occidental (1,2 por ciento), pero la brecha se está cerrando.

El consumo de marihuana en Latinoamérica ha estado incrementándose en los últimos años, y las drogas sintéticas, relativamente desconocidas hace una década y anteriormente importadas, se están produciendo ahora en países como Colombia.

Otras economías también están en auge, como la minería ilegal, la extorsión, el contrabando de personas y la trata, entre otras.   

La minería es una fuente de ingresos enorme para el crimen organizado. Esta se centra mayormente en el oro, pero hay presencia de economías criminales menores en torno al cobre, el coltán, el estaño y el tungsteno.

La industria del oro genera una renta criminal importante en Suramérica, principalmente en Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Guyana. Para dar una idea de la escala del negocio, solo en Colombia la minería de oro genera más de US$2 mil millones al año. Solo un ejemplo de la creciente criminalización de esta actividad en 2018 puede observarse en Venezuela, donde en medio del colapso económico, el señuelo del oro creó un arancel criminal para todos con altos índices de violencia. Incluso ha atraído actores criminales de Colombia buscando aprovechar la bonanza.

La extorsión es difícil de medir.  La naturaleza de la industria es tal que hay un pasmoso subregistro. Sin embargo, en 2018, realizamos un trabajo de campo para estudiar la extorsión en Centroamérica (centrada en El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá) que revela los índices epidémicos en los países del Triángulo Norte que apuntala a las temidas Maras, las pandillas callejeras Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. La extorsión sistemática también es común en muchos lugares de Colombia, México, Venezuela y Brasil, y está creciendo en Perú.

La trata y el contrabando de personas también crecen. En 2018, la mayoría de los medios prestó mayor atención a las “caravanas” de migrantes, mucho menores, que viajan de Centroamérica a Estados Unidos, pero Venezuela es el principal motor de esta tendencia. Unos tres millones de venezolanos han huido de su patria desde 2015.

5. Agilidad y más clandestinidad del crimen organizado transnacional

Mientras la respuesta del gobierno al crimen organizado está anquilosada y repetitiva, el crimen organizado transnacional es más ágil que nunca, apoyado en una ola de mayores ganancias de la droga, los minerales, el ecotráfico y el contrabando de personas. Estos son tiempos de bonanza para los criminales, y quizás con más margen de operación regional que en algún otro momento de los últimos 15 años.

Hemos perfilado tres estructuras criminales que se han enfrascado en una agresiva expansión en 2018, lideradas por el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital –PCC), seguido del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero con el aumento de las ganancias criminales, también crecen las organizaciones criminales que se alimentan de ellas.

Muchas de las estructuras criminales en Latinoamérica son pandillas carcelarias, incluido el PCC, el Comando Rojo (Comando Vermelho), la MS 13 y Barrio 18. Entre mayores sean las políticas meramente represivas, más hacinado estará el ya sobrepoblado sistema penitenciario en Latinoamérica, junto con los reclutas para las pandillas carcelarias.

El auge del negocio de la droga, en particular la cocaína, ha atraído a compradores internacionales.  En una extensa investigación que publicaremos en 2019, hemos rastreado la presencia de mafias internacionales, especialmente las europeas, quienes han reforzado su presencia en Latinoamérica, con el ánimo de comprar narcóticos en directamente a la fuente, para asegurar precios reducidos y maximizar sus ganancias. La presencia de mafias viejas y consolidadas no solo aumentará el aprendizaje criminal, sino también la cooperación y las ganancias, creando amenazas aún mayores para los gobiernos en la región.

Las ramificaciones criminales con el colapso de Venezuela no harán más que expandirse con el tiempo. El reclutamiento por parte del crimen organizado de venezolanos que huyen está en aumento.  Prepárense para la evolución de una nueva oleada de estructuras del crimen organizado venezolano, que sacan una tajada de los millones de compatriotas desesperados que se dispersan por toda Latinoamérica y más lejos. Una red criminal lista para usar, urdida por la desesperación y la necesidad.

Una tendencia en alza es el hecho de que algunas de las estructuras criminales más sofisticadas, dirigidas por los colombianos, han llegado a la conclusión de que la mejor protección para su negocio no es un ejército privado, sino el anonimato. Están optando por mantener bajísimos perfiles, minimizar la violencia, maximizar la corrupción y evitar la identificación. A esa cuarta generación de organizaciones narcotraficantes en Colombia, las hemos llamado los “Invisibles”. ¿Cómo se combate un enemigo que no se puede identificar, y mucho menos, hallar?

Credit: AP Photos

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