Después de 2018, dos cosas han quedado claras: el blindaje otrora impenetrable que el apoyo de Estados Unidos y otros donantes internacionales proveían a los esfuerzos anticorrupción en la región se ha debilitado; y las élites políticas y económicas de Centroamérica no están dispuestas a permitir que una comisión internacional, una fiscalía o investigadores independientes se les metan hasta la cocina.
Esta imagen resume el año: el presidente guatemalteco Jimmy Morales rodeado de dos docenas de militares uniformados al anunciar su intención de librarse de las investigaciones en su contra.
Era agosto y la batalla que libraba Morales con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ocupó buena parte del año y sigue inconclusa, estaba en su punto más candente. Morales se quejaba de la CICIG por la investigación que la comisión había hecho sobre la campaña que lo llevó a la victoria en 2015. Para fin de año, tras varias ofensivas políticas y diplomáticos contra la comisión, el gobierno guatemalteco quitó las visas a 11 de sus investigadores más importantes y anunció que los expulsaría del país.
Como reportó InSight Crime en una investigación especial sobre el presunto financiamiento electoral ilícito atribuido al presidente, el poder de Jimmy Morales descansa en la alianza de poderosos exmilitares, evangélicos y empresarios de los grupos tradicionales de poder que lo auparon a la presidencia. Al final, las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público (MP) de Guatemala terminaron involucrando, como sospechosos, a representantes de todos esos grupos.
Morales, por supuesto, no está solo. El cierre de filas de las élites cuestionadas en Guatemala también fue evidente en El Salvador y Honduras, los otros dos países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En Honduras renunció el jefe del ente internacional anticorrupción en parte por bloqueo de las élites políticas. Y En El Salvador, la prevalencia de mafias políticas de izquierda y derecha ha logrado neutralizar los incipientes esfuerzos anticorrupción en la Fiscalía General y en la Corte Suprema de Justicia.
Lejos quedó, este año, el entusiasmo que procesos judiciales e investigaciones criminales contra expresidentes y empresarios enredados en complejas tramas de corrupción y saqueo al erario despertaron en los tres países en años anteriores. No es que las luchas anticorrupción hayan muerto, pero sí terminarán el año debilitadas.
Guatemala: la corrupción, el sello de la política
Si hay un contrincante del presidente Jimmy Morales en esta batalla es Iván Velásquez, el juez colombiano y comisionado de la CICIG, el ente judicial respaldado por las Naciones Unidas que ayuda al ministerio público a investigar y a llevar casos a juicio. Al principio del año, el juez dijo a InSight Crime que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la corrupción en la política guatemalteca, y luego salió a comprobarlo.
Su oficina y el MP removieron, en los últimos dos años, los cimientos de la política de Guatemala al develar las conexiones del ya extinto Partido Patriota y del gobernante partido de Morales, FCN-Nación, con las redes de corrupción política y empresarial que han embaucado y secuestrado al Estado guatemalteco por décadas. Esas investigaciones también dejaron al descubierto el rol de las élites económicas de viejo cuño en el tinglado.
Morales no se quedó quieto. A los afanes del presidente se unió la cruzada del expresidente y exalcalde capitalino Álvaro Arzú, quien hizo frente común con Morales para desprestigiar a la CICIG e intentar cercarla. Morales también trató de controlar el siguiente paso de cualquier investigación en su contra seleccionando una fiscal afín a sus intereses para dirigir el Ministerio Público.
Sin embargo, no todo le salió como lo esperaba. Arzú murió en abril, y el 10 de agosto la nueva fiscal, Consuelo Porras, solicitó al sistema judicial un nuevo antejuicio contra Morales por presunto financiamiento electoral ilícito.
Los eventos llegaron a su culminación en agosto con Morales y Velásquez rodeados por militares, pero en el caso del colombiano estaban alrededor de la sede de la CICIG con el objetivo de escoltarlo fuera del país. El comisionado colombiano se quedó, pero Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, vigente hasta septiembre de 2019.
A continuación, aprovechando que Velásquez salió de gira hacia los Estados Unidos en busca de más respaldo, Morales ordenó a su gobierno impedir su regreso a Guatemala.
Aunque la Corte de Constitucionalidad ha ordenado al presidente no impedir el reingreso de Velásquez, el colombiano ha evitado intentar regresar a Guatemala y el Gobierno ha insistido en que si eso sucede no lo dejará pasar.
En diciembre, el Ministerio de Relaciones y Migración cerraron la pinza en torno a CICIG al anunciar que no renovarían las visas de 11 investigadores, entre ellos los que habían investigado al presidente y a dos de sus familiares. La decisión deja abierta la posibilidad de la expulsión de los investigadores del país.
La comisión y la fiscalía han seguido abriendo casos contra funcionarios locales, pero la lucha contra la corrupción parece haber perdido la fuerza que había ganado desde 2015, cuando investigaciones de la CICIG y el MP desencadenaron eventos judiciales y políticos que pusieron en jaque al gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina, hoy preso y en espera de juicio por corrupción.
Honduras: Vaso medio lleno
Quizá el evento que mejor dejó al descubierto la reticencia de las élites políticas hondureñas a someterse a investigaciones fue la renuncia, en febrero, del peruano Juan Jiménez Mayor, quien hasta entonces había dirigido la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Jiménez Mayor renunció en protesta por los intentos del gobierno de Juan Orlando Hernández de bloquear el trabajo del organismo internacional, creado en 2016 bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar a la fiscalía hondureña.
En la carta de renuncia que presentó al secretario general de OEA, Jiménez Mayor explicaba cómo el Partido Nacional de Hernández, a través de sus diputados en el Legislativo y de jueces en el Judicial, y otros agentes paraestatales se embarcaron en una campaña institucional para bloquear reformas legales y procesos criminales emprendidos por la MACCIH y el Ministerio Público.
El peruano denunció, entre otras cosas, que funcionarios del gobierno habían estado blandiendo el argumento de la soberanía nacional para intentar minimizar el impacto de la Misión. Jiménez Mayor también se quejó del poco apoyo recibido desde la sede central de la OEA y de su secretario general.
En junio, la MACCIH, ya con Jiménez Mayor fuera, y el Ministerio Público presentaron el caso Pandora, una acusación colectiva contra 38 personas, funcionarios de los partidos Nacional y Liberal, acusados de desviar unos U$S12 millones del erario. El financiamiento de la campaña del presidente Hernández es uno de los asuntos mencionados en Pandora.
En una primera reacción, Hernández pareció apoyar la investigación, pero de forma condicionada: “Es fundamental que se haga justicia, nadie está por encima de la ley, pero de igual manera el principio del estado de derecho, el principio de inocencia es lo que todos debemos buscar”.
Para finales de año, según confirmó InSight Crime en Tegucigalpa, buena parte del caso Pandora seguía estancado en trámites judiciales.
Los argumentos de la presunción de inocencia y el de la soberanía se convirtieron, en Honduras como ha ocurrido en Guatemala, en dos de los principales argumentos de las élites para oponerse a esfuerzos supranacionales antiimpunidad como la MACCIH y la CICIG.
No parece casualidad, por ejemplo, que Hernández haya sido el único presidente que apoyó las actuaciones de su homólogo Morales en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, donde el guatemalteco denunció a la CICIG por “terrorismo judicial” y lesiones a la soberanía, entre otras cosas.
El Salvador: condenas individuales pero esquemas intactos
También hay buenas noticias: el año dejó la condena a diez años de prisión del expresidente Antonio Saca por corrupción y soborno. Las autoridades condenaron a Saca por apropiarse de unos U$S300 millones de fondos públicos durante su presidencia (2004-2009). Y, tras una investigación de dos años, pactó con el exmandatario una confesión que dejó al descubierto redes de corrupción que implican a los gobiernos del antecesor y sucesor de Saca.
No todo es positivo, sin embargo. A pesar de ser la primera condena en firme a un expresidente en el país, la fiscalía optó por no buscar, en juicio, la condena de 25 años que le permitía la ley. Más allá del caso judicial, la confesión de Saca deja claro que se mantienen intactos los esquemas de corrupción que han permitido a los exmandatarios salvadoreños apropiarse de millones de dólares a través de la llamada partida secreta de la presidencia.
Un ejemplo de esto es la propia investigación contra Saca. Esa, así como otra abierta contra Mauricio Funes, su sucesor al frente del Ejecutivo, empezó gracias a descubrimientos hechos por la Sección de Probidad, una oficina de la Corte Suprema de Justicia dedicada a examinar el crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos. Entre 2014 y 2015, Probidad abrió docenas de expedientes a expresidentes, ministros y diputados.
Los expedientes de Probidad pudieron convertirse en investigaciones criminales gracias al empuje de la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte, que terminó funciones en julio de este año. Las señales enviadas por la nueva Corte, elegida en noviembre, no son buenas: una de sus primeras decisiones fue que las investigaciones sobre casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios se harán a puerta cerrada.
Un triángulo que sigue en ebullición
Quien pose la mirada sobre el Triángulo Norte de Centroamérica a finales 2018 se llevará una sensación confusa. A pesar de las arremetidas de sus élites políticas y económicas, la agenda anticorrupción sigue presente en algunas oficinas estatales, sobre todo en los ministerios públicos y fiscalías, y en porciones importantes de la sociedad civil y dos entes internacionales de justicia que mantienen un respaldo internacional importante.
Pero también es innegable que con la arremetida de las élites del Triángulo Norte a los esfuerzos anticorrupción, la impunidad ha vuelto a ganar terreno. Y con ella los viejos males de la región, sobre todo la fragilidad del Estado, han vuelto a quedar a la vista.
Parece claro que el objetivo principal de esas élites es mantener el control necesario sobre las instituciones públicas para evitar investigaciones y persecuciones penales, aunque al final esto signifique desviar recursos destinados al combate contra el crimen para utilizarlos con fines políticos, como en Guatemala; dosificar los esfuerzos anticorrupción, como en Honduras, o, incluso, establecer pactos políticos entre partidos contrarios, como en El Salvador.
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