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En el río revuelto que fue el año 2018 hubo una constante: la huida de los venezolanos de su país. La migración dejó a miles de personas sin casa, sin dinero y listas para la explotación de los grupos del crimen organizado.

Mariana es un ejemplo. A ella le tomó medio día cruzar por tierra la frontera entre Venezuela y Colombia. No necesitó documentos de identidad, ni pasaporte. Tampoco tuvo que atravesar ríos caudalosos, ni lidiar con funcionarios de puestos migratorios. Solamente pagó poco más de 20.000 bolívares y 10.000 pesos colombianos (unos US$34 en mayo de 2018), todos sus ahorros, para ocupar uno de los cinco puestos en el vehículo tipo sedan que un amigo utiliza para transportar venezolanos a Colombia por Paraguachón, en el estado Zulia.

El monto, que parece simbólico, alimenta una rudimentaria estructura de tráfico de migrantes que opera en La Guajira. La organización es controlada por indígenas de la etnia Wayúu y es responsable de ingresar a miles de migrantes venezolanos ilegalmente a Colombia. Al menos 40 integrantes de la familia de Mariana, una manicurista de Maracaibo, que ahora viven en Medellín, usaron la misma red para salir de Venezuela.

El boom de la migración forzada de venezolanos lleva más de dos años y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calculan que unos tres millones de personas salieron del país en ese lapso de tiempo. La mayoría se dirige a Colombia y Brasil, los vecinos más próximos, pero otros van a Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Panamá, México, Trinidad y Tobado, Curazao y Aruba.

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El masivo y descontrolado éxodo de venezolanos ha estimulado el surgimiento de innumerables economías criminales y negocios ilícitos. Los migrantes son la “mercancía” que alimenta una industria criminal que viene creciendo exponencialmente, y que pudiera replicar la nefasta y peligrosa experiencia de coyotes que opera entre Centroamérica, México y Estados Unidos.

En Venezuela aún no existen cifras, ni datos que permitan estimar la cantidad de emigrantes que han alimentado las redes de tráfico y trata de personas, tampoco se sabe cuántos han sido reclutados por las organizaciones criminales que operan en Colombia, empujados por la desesperación de huir de una de las peores crisis sufridas por un país de la región en las últimas décadas.

En 2018 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó su primer estudio sobre tráfico de migrantes y se calcula que al menos 2,5 millones de migrantes fueron víctimas de redes de tráfico de personas en el mundo en 2016, generando ingresos de aproximadamente de US$7.000 millones a estas organizaciones criminales.

En el caso de Venezuela el negocio de la migración ha echado raíces a ambos lados de la frontera. La primera estructura criminal que deben sortear los ciudadanos para salir del país está dentro de las propias instituciones del Estado. Funcionarios corruptos operan junto a intermediarios para sobornar y extorsionar a las personas que necesitan obtener un pasaporte, una carta de antecedentes policiales o la certificación de un título universitario, como lo reportó InSight Crime. Las exorbitantes tarifas en dólares para estos servicios son ofrecidas por whatssap.

Si cruzan por tierra hay peligros. El territorio que comparten Colombia y Venezuela en La Guajira, por ejemplo, es controlado por “los guajiros”, como se conoce a los indígenas de esa región, quienes imponen tarifas para autorizar la circulación de vehículos que transportan migrantes al lado colombiano. Tienen hasta 10 puntos de control en cada una de las más de 200 trochas (caminos improvisados ilegales que conectan a ambos países), y disponen de una flota de vehículos registrados en su estructura. Para poder transitar por estas vías los pagos se hacen en cada punto de control y varían permanentemente.

Cuando un migrante o un transportista independiente intentan burlar este esquema de traslados se exponen a robos, maltratos, abusos sexuales y pone su vida en riesgo. También en la frontera con Brasil se comienzan a reportar casos de tráfico de migrantes, mediante organizaciones criminales que lideran indistintamente brasileros y venezolanos.

Si van por mar hay otros peligros y otros costos. En las costas de Venezuela con Curazao y Aruba, y con Trinidad y Tobago se han identificado otras modalidades de tráfico de personas, como el uso de pequeños botes pesqueros -no aptos para estos viajes- para transportar ilegalmente a venezolanos. El costo de la peligrosa travesía es de US$350 (un poco más de lo que costaría un boleto aéreo para el mismo destino). En la embarcación suben hasta 20 personas. No hay detalles acerca de las organizaciones y forma en que operan estos grupos, pero los frecuentes naufragios y capturas de los denominados “balseros venezolanos” indican que podría tratarse de una industria en crecimiento.

Esclavos del hambre

El hambre y las dificultades para acceder a los servicios de salud y los medicamentos han sido el motor que ha impulsado la acelerada y masiva  migración de venezolanos. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi) 2017, 87 por ciento de los venezolanos se encuentran en condición de pobreza. Esta situación coloca a los emigrantes en una condición de vulnerabilidad que es aprovechada por las organizaciones criminales.

Muchos venezolanos son víctimas de esclavitud moderna y sus diversas manifestaciones, como la explotación sexual y laboral. Un informe Trata de Personas, Trabajo Forzoso y Esclavitud, publicado por la ONG venezolana Paz Activa a comienzos de 2018, registró 198.800 víctimas de tráfico de personas desde Venezuela hasta 2017, y alerta que podrían llegar a 600.000 en 2019.

Venezuela, es junto a Belice y Haití, uno de los tres países de América Latina señalados por Estados Unidos de no hacer ningún esfuerzo para combatir la trata de personas y proteger a las víctimas.  Autoridades de Colombia aseguran que la trata de personas ha aumentado con la migración venezolana, como reportó InSight Crime.

En lo que va de año decenas de redes de trata de personas, explotación sexual y esclavitud laboral de migrantes venezolanos han sido desmanteladas en Colombia, México, Panamá, República Dominicana, Perú y distintos países de Europa.

En Bogotá 75 por ciento de las víctimas de trata reportadas son venezolanas. En localidades como Cartagena, Barranquilla y Quindío se han desmantelado pequeñas redes de esclavitud sexual y laboral. Las autoridades calculan que en Cúcuta hay más de 2.000 prostitutas venezolanas, tantas que tan solo cobran 10.000 pesos (unos US$3,5) por su servicio.

Grupos criminales que operan en Colombia también se están aprovechando del hambre de los venezolanos. Autoridades del departamento Norte de Santander aseguraron a InSight Crime que actualmente todos los grupos armados están reclutando a venezolanos. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL), Los Rastrojos y Los Urabeños los utilizan para diversas funciones. En su último informe la Fundación Redes asegura que actualmente 60 por ciento de los integrantes de estos grupos son venezolanos.

Además, InSight Crime conoció que los venezolanos han desplazado a los raspachines —personas que se dedican a recolección de hojas de coca para sobrevivir— porque cobran menos sueldo.

“La mayoría de las personas que son captadas por estos grupos criminales son jóvenes desesperados por conseguir ingresos para ayudar a sus familias en Venezuela”, afirmó David Smolansky, exalcalde de El Hatillo viviendo en exilio, que coordina un grupo de trabajo sobre migrantes venezolanos creado este año por la Organización de Estados Americanos (OEA).

De hecho, los pagos van desde US$100 hasta US$300 al mes, un ingreso que sería casi imposible de recibir en su país. Pero los peligros también aumentan. En junio cuatro venezolanos (entre ellos dos mujeres) murieron durante un bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de disidentes de las FARC en Arauca.

Economías informales, economías criminales

En Cúcuta, el punto más caliente de la amplia frontera que comparten Colombia y Venezuela, por donde transitan unos 40.000 venezolanos diariamente, el río de migrantes cargando maletas y paquetes sobre los hombros desemboca en una prolífica actividad comercial informal, donde todo, desde celulares, canaimitas (computadoras portátiles que repartía el gobierno venezolano en las escuelas) hasta cabello puede comprarse, o venderse.

Apenas pisan territorio colombiano las venezolanas tienen la opción de vender su cabello hasta por 100.000 pesos (unos US$30), lo que en Venezuela se traduce en cinco salarios mínimos y brinda la posibilidad alimentar a una familia de 3 personas durante un mes. El cabello es utilizado para hacer extensiones de pelo natural que son ofrecidas en internet hasta por US$200, mientras que las computadoras canaimitas son usadas en centros de apuestas y ventas de lotería.

Este pasaje es solo el abreboca de lo que se perfila como un importante corredor del crimen organizado asociado a la migración. Fuentes de InSight Crime aseguran que en esa frontera existe una estructura de prostitución, que se encarga de captar a mujeres jóvenes y niños desde el momento que pasan el puente Simón Bolívar. Son ubicados en vehículos de carga y trasladados a distitos departamentos de Colombia, e incluso a Panamá.

Aunque esta versión no pudo ser confimada en el trabajo de campo, se conoció que en diversas regiones de Colombia es notoria la presencia de una gran cantidad de trabajadoras sexuales de nacionalidad venezolana. También en localidades turísticas, como Cartagena y Santa Marta se han denunciado casos de explotación sexual de niños venezolanos.

Fronteras cerradas, crimen abierto

La situación generada por la migración venezolana ha comenzado a tener gran impacto en la región, donde en 2018 se realizaron al menos dos cumbres de gobiernos de América Latina en busca de una solución. Además se suma a la ya complicada situación migratoria que afecta a Centroamérica, México y Estados Unidos.

Sin embargo, mandatarios a lo largo y ancho del continente parecen no poder encontrar una respuesta efectiva a la crisis de migración. Al contrario, la reacción inmediata de muchos de ellos ha sido cerrar las fronteras, como forma de disuadir el aumento de flujos migratorios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de quienes han abogado más fuertemente por esta alternativa, proponiendo diversas estrategias para, efectivamente, cerrar la frontera con México.

Aunque la ecuación plantea que al haber menos posibilidad de entrar a un país, habrá menos migración irregular es, simplemente, errónea.

Al contrario, cuando las fronteras se cierran, las personas migrantes no hacen más que tomar rutas más peligrosas, que usualmente están controladas por el crimen organizado, gracias, entre otros, a cadenas de corrupción y colusión con las autoridades y fuerzas de seguridad locales.

En México, por ejemplo, los migrantes ya están tomando rutas de tránsito más peligrosas. En esta situación, los grupos de crimen organizado saben que pueden cobrar tasas más altas por sus servicios, o por sus extorsiones. En el caso de Venezuela, el tráfico de migrantes aún no es un negocio tan redituable pues las restricciones para el ingreso de los venezolanos son menores, en la mayoría de los casos solo requieren de un documento de identidad vigente.

De hecho, la migración no está disminuyendo. Además, las razones por las que personas de centroamérica, Venezuela y otros países en la región migran o solicitan asilo, particularmente las altísimas tasas de homicidios a causa del control que ejercen las pandillas o grupos criminales en sus países, no han cambiado y sus gobiernos parecen no tener la capacidad, o voluntad política, para detener su continua expansión.

Tampoco existen elementos que indiquen una posible mejora de la crisis humanitaria en Venezuela, pues según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 2018 podría cerrar con una inflación de 1.000.000 por ciento y el Producto Interno Bruto (PIB) se habrá reducido en 18 por ciento antes de terminar el año.

El aumento del número de migrantes y solicitantes de asilo genera un mayor mercado para los grupos que se benefician de él y la falta de capacidad o voluntad política de las autoridades locales y nacionales en las zonas más afectadas de romper la corrupción y colusión que permiten que los grupos funcionen.

Estos dos fenómenos, combinados, hacen que resulte poco probable que la situación mejore a futuro. Al contrario, es probable que el hampa vea en este mercado ilegal, una creciente oportunidad de ganancias.

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