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Se sabía que sería una tarea ingrata. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018, México estaba atravesando el año más violento de su historia, que cerró con 36.685 asesinatos.

La atomización de los grupos criminales en facciones pequeñas que se disputaban violentamente las plazas cada vez más reducidas del país hizo que se disparara la tasa de homicidios durante la administración de Enrique Peña Nieto. Y aunque hubo intentos de reforma judicial o policial, que parecían promisorios pero que nunca se dieron, la mayor parte de los crímenes quedaron impunes.

Un año después, López Obrador no ha logrado detener la criminalidad ni reducir la impunidad. Las esperanzas de que la nueva administración, que puso fin a décadas de gobierno bipartidista, llegaría con un nuevo enfoque se desvanecieron muy pronto. Casi 30.000 personas fueron asesinadas en los primeros 10 meses del año, marcando el comienzo más sangriento de cualquier administración presidencial en la historia del país.

López Obrador ha pasado de prometer “abrazos, no balazos” a crear una nueva Guardia Nacional que opera principalmente como un organismo de control migratorio. El presidente se ha mostrado fuerte para enfrentar a las bandas que roban petróleo, pero débil en su respuesta ante el Cartel de Sinaloa, tanto que incluso obligó a la policía a liberar al hijo del legendario Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” —actualmente encarcelado en Estados Unidos—, después de que había sido detenido temporalmente en Culiacán, Sinaloa, un importante bastión del cartel.

La policía federal, a pesar de los problemas de corrupción profundamente arraigados, ha seguido siendo el principal pilar de México contra el crimen organizado. Pero la institución se ha quedado sin timón y es posible que muy pronto sea absorbida por la Guardia Nacional.

Como era de esperarse, los grupos criminales se han aprovechado de las vacilaciones, y México está pagando el precio. Dado que López Obrador cambió la posición que tuvo durante su campaña y prometió ejercer represalias, las bandas criminales no solo se han burlado de él, sino que han lo han desafiado abiertamente. A lo largo de 2019, ese desafío se tradujo en niveles de violencia impactantes. Se han presentado horribles masacres, incluyendo la matanza de nueve miembros de una familia mormona en Sonora en el mes de noviembre. En abril, otras 14 personas, entre ellas un bebé, fueron masacradas durante una fiesta en Minatitlán, Veracruz.

Con todo esto, López Obrador no ha presentado un plan inmediato para hacer frente a la violencia creciente, ni una estrategia coherente para abordar las causas profundas de este aumento de la criminalidad.

Las raíces de esta situación se remontan a quince años atrás, cuando la gran mayoría de las actividades relacionadas con el crimen organizado eran controladas por un pequeño grupo de poderosas organizaciones: el Cartel de Sinaloa en la costa oeste, el Cartel de Tijuana en la frontera con California, el Cartel de Juárez cerca de Texas, y el Cartel del Golfo y Los Zetas en la costa este.

Después de que los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Peña Nieto (2012-2018) favorecieran la “estrategia de capos” respaldada por Estados Unidos, que consistía atacar específicamente a los jefes de los principales carteles, muchos de los grupos más grandes se dividieron.

El vacío generado por la desaparición de tantos líderes creó el espacio para bandas emergentes, que por lo general carecían de la ambición o la capacidad de ejercer el control regional casi absoluto que tenían sus predecesores. En muchos casos, estos grupos desaparecieron tan pronto surgieron.

Actualmente están surgiendo nuevos contendientes. En todo el país, grupos con fuertes bases locales se han establecido en regiones clave. Ejemplo de ello es el Cartel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Originalmente conformado por una coalición de bandas locales para confrontar al invasivo Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo ha llevado a que el estado sea el más violento del país en 2019.

La masacre de los nueve mormones de la familia LeBarón ha sido atribuida a La Línea, un grupo poco conocido que durante años ha actuado como el ala armada del Cartel de Juárez. En Michoacán, el arraigado Cartel del Abuelo ha ralentizado el intento de toma del estado por parte del CJNG, a la vez que ha sido enfrentado por actores criminales locales que tratan de obtener su parte de las ganancias que genera la lucrativa extorsión a los productores de aguacate.

Estos grupos han defendido sus territorios enfrentándose a rivales mucho más grandes como el CJNG y el Cartel de Sinaloa. Al librar estas batallas durante años contra sus grandes adversarios, estos grupos se han convertido en algunos de los principales promotores de la violencia en México. Y, en conjunto, están generando mayores niveles de violencia que los que provocaron los carteles tradicionales en el auge de la guerra contra las drogas en México.

Y lo que es aún peor para el presidente López Obrador, la violencia entre estos grupos emergentes se está convirtiendo en norma, especialmente dado que el gobierno cede cada vez más franjas de territorio. Esto fue evidente en octubre, cuando las fuerzas de seguridad abortaron el arresto de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo y uno de los herederos de la familia criminal más emblemática del país.

La débil respuesta del mandatario a esa crisis indica que no será capaz de imponer la voluntad del gobierno ante los grupos del crimen organizado del país en mayor medida que sus predecesores. De hecho, puede ser incluso peor.

Aun así, hay razones para ser optimistas. La violencia de México sigue siendo en su mayor parte localizada, pues cinco estados representan alrededor de la mitad de los asesinatos. En Tierra Caliente, que abarca parte de los estados de Michoacán, Guerrero y el Estado de México, la fragmentación de los grupos establecidos ha llevado al surgimiento de bandas más pequeñas a las que no les ha temblado el dedo para llevar a cabo horrendas masacres similares a las de los grupos mayores. En Tijuana, tras años de disminución en las tasas de homicidio se ha presentado abruptamente una nueva guerra entre narcos por el control de la producción y distribución de metanfetaminas. Por su parte, la capital, Ciudad de México, se ha visto obligada a dejar de pretender que era menos propensa a la violencia criminal que el resto del país.

Tierra Caliente

La región mexicana de Tierra Caliente ha sido el centro del cultivo de amapola en el país. Sin embargo, una fuerte caída en los precios de la heroína debido al aumento de la producción y la demanda de las drogas sintéticas, como la metanfetamina y el opiáceo fentanilo, ha tenido efectos devastadores, especialmente para los pequeños agricultores.

Estos profundos cambios en los mercados se han producido como resultado de una larga historia de ausencia estatal y de la fragmentación de los grupos en los últimos años, lo que ha llevado a que la violencia en la región continúe sin cesar mientras los grupos rivales se enfrentan por el control de las ganancias ilícitas.

Tras la fragmentación de grupos tradicionales como los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana, han surgido grupos como el CJNG, Los Viagras —que han hecho alianzas con los remanentes de los Caballeros Templarios— y el Cartel del Abuelo.

En agosto de 2019, el CJNG esparció 19 cuerpos por Uruapan —algunos desmembrados y abaleados, mientras que otros nueve aparecieron colgados de un puente—, un macabro mensaje para otros grupos con el que buscaba aumentar sus posibilidades de tomar el control de las ventas locales de drogas y explotar la multimillonaria industria del aguacate.

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Varios actores criminales más pequeños también han surgido en todo el estado esperando hacerse a un lugar. “Es una vastedad de líderes armados, con una gran cantidad de bloques armados semiautónomos que tienden a cambiar de alianzas con frecuencia”, dijo Falko Ernst, analista senior de México en el International Crisis Group, en conversación con InSight Crime.

Durante años ha habido un ciclo de dinámica criminal en Michoacán: un grupo criminal domina por un tiempo, después de lo cual es enfrentado —y a menudo derrocado, como sucedió con el Cartel del Golfo y Los Zetas— por otro que pretende hacer sus propias alianzas con los políticos, las fuerzas de seguridad y los industriales de la zona, con el fin de obtener los beneficios de las redes corruptas del estado.

“Las alianzas que tenían en la anterior configuración de poderes con las autodefensas, El Abuelo, Los Viagras y otros actores para controlar la zona y regular la violencia están siendo violentamente reclamadas por otros actores”, afirma Romain Le Cour, presidente de Noria Research y experto en dinámica criminal en Michoacán. “Eso es parte del uso de la violencia como un recurso para controlar la tierra, los recursos económicos y los procesos sociales”.

Tijuana

La ciudad de Tijuana, en la frontera entre Estados Unidos y México, ha sido un foco de convergencia de la violencia extrema derivada de la intensa fragmentación criminal y la proliferación de drogas sintéticas, las cuales representan muchas menos trabas para los grupos criminales que drogas tradicionales como la cocaína.

Los 2.518 asesinatos en Tijuana en 2018 fueron un nuevo récord en la ciudad, que anteriormente ha sufrido espantosas muestras de violencia, especialmente entre 2006 y 2012, durante el apogeo de la guerra del entonces presidente Calderón contra los grupos del crimen organizado de México.

En el centro de la actual violencia se encuentran traficantes de poca monta que recurren cada vez más a la violencia extrema con el fin de controlar las ventas locales de drogas, especialmente la metanfetamina. En un informe de Los Angeles Times, las autoridades estiman que el 90 por ciento de los homicidios de la ciudad están vinculados a las proverbiales luchas por las esquinas.

Las disputas por el control de las rutas de tráfico de migrantes a Estados Unidos también contribuyen al derramamiento de sangre. Dado que el gobierno de Estados Unidos avanza en su política de enviar a los solicitantes de asilo a ciudades fronterizas peligrosas como Tijuana para que esperen allí el resultado de sus procedimientos judiciales, los migrantes se han convertido en fácil presa de la explotación criminal.

Además de esta crisis de violencia se encuentran las fuerzas de seguridad a nivel local, estatal y federal, las cuales aún no reciben los recursos o la capacitación necesaria para custodiar las escenas de los crímenes e investigar a fondo los asesinatos y así castigar a los perpetradores. En 2018, la tasa de impunidad del estado de Baja California, donde está Tijuana, fue una de las más altas de los 32 estados de México, solo por debajo de Tamaulipas y Estado de México, según el Índice Global de Impunidad.

Tal como están las cosas, la dinámica en Tijuana no muestra ninguna señal de que la ciudad perderá su condición de la plaza fronteriza más violenta de México hasta el momento.

Ciudad de México

Las dinámicas criminales en la Ciudad de México son un microcosmos que refleja la fragmentación de los grupos del crimen organizado en México, así como la incapacidad del Estado para establecer el orden y para disminuir los niveles de violencia en el país.

En los últimos años, la Unión de Tepito y el Cartel de Tláhuac se encontraban entre los principales actores criminales de la capital. Sin embargo, ambos grupos han sufrido grandes golpes después de que muchos de sus líderes y mandos superiores fueron capturados por las autoridades o asesinados. Tras eso, la violencia ha alcanzado niveles sin precedentes. En 2018, la tasa de homicidios en la capital llegó a 25,8 por 100.000 habitantes, igual a la tasa nacional, que ese año marcó un récord. Las redes criminales tradicionales, como las que se dedican a la extorsión, por ejemplo, han llegado a niveles extremadamente violentos, como los que se presentan en el norte y el oeste de México, según el analista de seguridad Alejandro Hope.

Otros grupos están reaccionando a la violencia y amenazan con ocupar el vacío que el Estado no ha llenado. En abril de 2019, por ejemplo, los irritados vendedores ambulantes dijeron que formarían grupos de autodefensa dado que estaban aumentando las extorsiones, los secuestros y los asesinatos por parte de la Unión de Tepito, que está siendo enfrentada por un grupo rival conocido como Fuerza Anti-Unión. El líder de los vendedores ambulantes que habló en su nombre fue asesinado posteriormente.

La corrupción oficial, como en otras partes del país, está ayudando a que este mortal aumento de la violencia quede sin control. En octubre de 2019, el gobierno anunció que tenía una lista de unos 120 agentes de policía sospechosos de colaborar y proporcionar protección a la Unión de Tepito. En un video sobre esta supuesta relación, se ve incluso a un oficial aceptando un soborno de un líder de la Unión de Tepito que luego se aleja del lugar en su auto. Los líderes del Cartel de Tláhuac también han logrado eludir la captura gracias a sus conexiones con funcionarios corruptos que filtran información clave sobre las operaciones de seguridad.

Perspectivas

En octubre, López Obrador anunció un aumento en el gasto en seguridad nacional y otros 10.000 nuevos reclutas para la Guardia Nacional, pero no presentó nuevas ideas. A muchos mexicanos esto les suena familiar: los predecesores del presidente también invirtieron más dinero y pusieron más fuerzas de seguridad en los puntos críticos, pero eso solo hizo que los grupos criminales se fragmentaran y maduraran aún más.

Los demás intentos de innovación han quedado aplastados por las demandas de Washington. El plan “Permanecer en México” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que López Obrador aceptó a regañadientes, le ha dejado a México la responsabilidad de velar por miles de migrantes que esperan su oportunidad de entrar a Estados Unidos y ha desviado recursos vitales de la lucha contra las violentas estructuras criminales. Además, es probable que muchos miembros de la Guardia Nacional permanezcan desplegados durante gran parte de 2020 en la frontera con Guatemala, en lugar de entrar a reforzar la lucha de México contra el crimen organizado.

El presidente todavía está a tiempo, pero en tanto no formule una estrategia coherente y concreta para hacer frente a los problemas inmediatos que plantean los grupos criminales, todos sus objetivos sociales a largo plazo quedarán perdidos en medio de la creciente tasa de homicidios.

Imagen principal: Foto de la Associated Press del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

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