Gobierno de Brasil insiste en negar tortura en prisiones pese a evidencias

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Un duro informe que señala a agentes federales de torturas sistemáticas a presos en el estado norteño de Pará en Brasil ha merecido poca atención del presidente Jair Bolsonaro, quien desechó las preguntas sobre el escándalo calificándolas de disparates.

A comienzos de octubre, fiscales federales de Pará publicaron un informe en el que se afirmaba que miembros de una fuerza de tarea de seguridad, cuyo propósito era contener la violencia en las prisiones, había estado torturando reclusos en formas crueles, como “golpes con escobas, ataques diarios con balas de goma y gas pimienta, empalamiento del ano y perforación de los pies con clavos, y varias atrocidades más”, informó El País.

El 8 de octubre, cuando se le pidió su opinión sobre el informe, Bolsonaro respondió a los periodistas que dejaran “de preguntar idioteces” y llamó a la prensa “fétida”.

El ministro de justicia Sergio Moro, quien creó la fuerza de tarea en julio, aseguró que se castigará a cualquier agente que se descubra que está implicado en tales prácticas, pero el ministerio de justicia ha negado públicamente las denuncias de tortura sistemática.

“Lo hecho por la fuerza de tarea es un ejemplo… El hecho es que por largo tiempo, en Brasil, era común que en las prisiones hubiera una situación que rayaba en el caos”, afirmó en una conferencia de prensa el 7 de octubre, durante una visita al estado. “Prisión es disciplina, prisión es el cumplimiento de penas”.

Moro activó la fuerza de tarea en Pará luego de que un brote de violencia en la prisión de Altamira dejara 62 muertos a finales de julio.

La fuerza de tarea, conformada por un número no especificado de agentes, debía “coordinar acciones” de los guardias y demás personal de seguridad en las prisiones de Pará.

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Pero el informe de los fiscales federales, basado en el testimonio de abogados, funcionarios locales y organizaciones de derechos humanos que visitaron los centros de reclusión, es muy crítico. Funcionarios del sistema penitenciario de Pará contaron a los fiscales que las condiciones parecían las de “un campo de concentración”.

Narraron cómo los agentes federales llegaron con armas de grueso calibre, dijeron a los funcionarios locales que tenían vacaciones por 30 días y que ellos tenían autorización para hacer lo que les viniera en gana, según Exame.

Los testigos añadieron que entre los presos había internos de 60 a 80 años de edad, incluidos algunos en recuperación por ataques cardiacos. “Se nos ordenó que dijéramos que se estaban atendiendo todas las necesidades médicas, pero no sabemos de eso”, fue la declaración de un funcionario citada en el informe.

El 2 de octubre, un tribunal de Pará suspendió de sus funciones al agente al mando de la fuerza de tarea, Maycon César Rottava. Pero días después se vio a Rottava al lado de Moro durante una visita del ministro al estado.

La institución penitenciaria federal de Brasil, DEPEN, también ha salido en defensa de los agentes, con un comunicado donde afirma que fueron falsos algunos testimonios claves de internos citados en el informe.

Análisis de InSight Crime

Aunque el presidente Jair Bolsonaro ha impuesto una cultura de virtual impunidad para los organismos de seguridad del estado, la negación absoluta de informes oficiales bien documentados sobre los horrendos abusos cometidos por esos mismos organismos sienta un precedente preocupante.

Este escándalo une dos crisis que vive Brasil. En primer lugar, una larga historia de hacinamiento y abandono que ha convertido las prisiones del país en polvorines, que por lo general estallan en episodios de violencia alarmantes. En segundo lugar, animado por el mejoramiento de los índices de homicidios, el gobierno está doblegando sus tácticas de “mano dura contra el crimen”, que pueden llevar a la normalización de abusos contra los derechos humanos, como los observados en Pará.

Hay pocos motivos para dudar de los hallazgos del informe de los fiscales. La tortura en las prisiones de Brasil no es nada nuevo.

En 2017, se conocieron videos en los que aparecían prisioneros del estado central de Goiás que recibían repetidas descargas eléctricas de guardias con armas paralizantes.

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La administración Bolsonaro ha defendido a sus agentes en Pará, al decir que las prisiones allí estaban antes bajo el control del Comando Rojo (Comando Vermelho, CV). Aunque la violencia entre el CV y otras pandillas por el control de las prisiones ha dejado docenas de muertos, el hacinamiento en las prisiones, con muchos reclusos a quienes no se les ha hecho imputación formal de cargos, ha sido un factor importante en el fenómeno.

Según el Monitor de Violencia de Brasil (Monitor da Violência), Pará tiene actualmente más de 17.000 reclusos, una cifra que excede su capacidad oficial en 79,5 por ciento.

Y el gobierno del estado de Pará se ha puesto del lado del gobierno, también en un intento por negar o minimizar las acusaciones presentadas contra la fuerza de tarea de seguridad. El 19 de septiembre, un entusiasta comunicado de la Procuraduría General del estado elogiaba la fuerza de tarea por producir “sensibles mejoras” en las prisiones.

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